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diciembre 22, 2024 11:41 pm

No hay tiempo, la permisología es ahora (o es para otro ciclo político)

Por: Dante Pancani, Director y Socio de Gestión Social.

Existen muchos proyectos, sin distinguir su envergadura, que, a la hora de obtener permisos, terminan en un largo historial de idas y venidas para su evaluación y posterior aprobación, que a veces termina por difuminarlos en el tiempo y/o perdiendo significativamente las oportunidades sociales, económicas y ambientales de ser realizados.

El Ministro de Hacienda acaba de anunciar dos nuevas modificaciones en la dirección de simplificar la permisología, esta vez respecto de las concesiones marítimas, traspasando funciones al Ministerio de Bienes Nacionales, además de hallazgos arqueológicos, incorporando una instancia dentro del mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Esto se suma al gran consenso generado dentro del Proyecto de Ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos que pretende disminuir en 30% y 70% el tiempo de tramitación de estos.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa ya está en discusión en la Comisión de Economía del Senado, esperemos que se logre el mismo consenso que hubo entre Diputados para impulsar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Sin embargo, mientras éstas nuevas normas sean discutidas en el Congreso las trabas de la permisología siguen cobrando víctimas y ahuyentando la inversión. Recientemente hemos conocido anuncios como el de CMPC, que ha optado por otros países de la región para concretar grandes inversiones, o el de Colbún, que decidió paralizar un proyecto de almacenamiento de energía.

De aquí nace una pregunta de difícil respuesta ¿son estos proyectos legislativos las llaves correctas para abrir definitivamente este candado? ¿Los resultados están garantizados? Avanzar en las modificaciones legales es una necesidad; pero es insuficiente para el corto plazo, el ojo también debe estar puesto en lo que podemos modificar y mejorar con las reglas actuales.

Se ha vuelto urgente tomar medidas: ajustarse a los tiempos legales, disponer medidas administrativas que no requieran cambios reglamentarios, fortalecer la capacidad de las instituciones, respetar el trabajo de los profesionales y directivos pero controlar los altos niveles de discrecionalidad y agendas particulares que algunos enarbolan. La sostenibilidad no es patrimonio de algunos, si se cumplen las normas ambientales solo queda apoyar con entusiasmo proyectos que generen empleos de calidad, actividades económicas y desarrollo social.

Los impactos del greenwashing en el negocio inmobiliario

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

Ya sabiendo en qué consiste el greenwashing y como normalmente éste se materializa, el mismo puede tener varios impactos en el sector inmobiliario. Estos impactos están relacionados normal o generalmente con la percepción de los proyectos inmobiliarios, la confianza de los consumidores y las políticas gubernamentales.

Algunos de los impactos más destacados son:

  1. Desconfianza del consumidor: Cuando los consumidores descubren que una empresa inmobiliaria está involucrada en prácticas de greenwashing, pueden perder la confianza en la marca y ser más escépticos ante las afirmaciones de sostenibilidad. Esto puede resultar en una disminución de la demanda de propiedades de esa empresa y un impacto negativo en su reputación.
  2. Dificultad para acceder a financiamiento: Los proyectos inmobiliarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente pueden recibir apoyo financiero y beneficios fiscales. Sin embargo, si los desarrolladores son acusados de greenwashing, los bancos y otras instituciones financieras pueden mostrar desconfianza para financiar sus proyectos, lo que afectaría su viabilidad económica.
  3. Riesgo legal y regulatorio: A medida que aumenta la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad, los gobiernos pueden implementar regulaciones más estrictas para combatir el greenwashing en el sector inmobiliario, sea por la vía legal o reglamentaria. Esto podría resultar en multas y sanciones para las empresas que utilizan tácticas engañosas para promover sus proyectos, afectando claramente al consumidor.
  4. Dificultades para obtener certificaciones: Muchos proyectos inmobiliarios buscan obtener certificaciones de sostenibilidad como una garantía de su producto hacia l cliente o el mercado, siendo ello un elemento diferenciador de su competencia. Sin embargo, el greenwashing puede dificultar la obtención de estas certificaciones, ya que los organismos evaluadores serán más cautelosos y exigentes para asegurarse de que los proyectos cumplan realmente con los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad requeridos para calificar.
  5. Perdida de la ventaja competitiva: Las empresas inmobiliarias genuinamente comprometidas con la sostenibilidad pueden ser perjudicadas si otras utilizan tácticas de greenwashing para aparentar ser igual de responsables con el medio ambiente. Esto podría llevar a una competencia desigual y perjudicar a los actores realmente comprometidos con prácticas sostenibles y sustentables.

En suma, el greenwashing en el sector inmobiliario no solo afecta negativamente la percepción y confianza de los consumidores, sino que también genera serios riesgos económicos, legales y competitivos para las empresas involucradas. La falta de transparencia y la proliferación de afirmaciones engañosas sobre la sostenibilidad ponen en peligro tanto la credibilidad de las compañías como la integridad del mercado. Para evitar estos impactos, es crucial que las empresas adopten prácticas auténticas de sostenibilidad y que se implementen regulaciones claras y rigurosas que definan y certifiquen lo que realmente significa ser un proyecto inmobiliario sostenible.

La importancia de protegerse de la suplantación digital en esta era

Por: Marcelo Mora, CEO de IDOK

Hoy en día la suplantación de identidad digital es una amenaza cada vez más latente. Este fenómeno, lejos de ser una simple molestia, se ha convertido en un peligro real que puede tener consecuencias devastadoras, tanto económicas como sociales, para sus víctimas, sin importar si son personas particulares o empresas.

Las cifras son alarmantes. Según un reciente estudio realizado por Javelin, una reconocida consultora de estrategia e investigación financiera, el fraude por robo de identidad en Estados Unidos alcanzó la astronómica cifra de $23 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior. Estos números son una muestra de un fenómeno mundial y que no discrimina.

Los métodos en como opera esta “amenaza invisible” son variados. Pueden ser ataques informáticos simples, pero efectivos, hasta acciones más sofisticadas, dado que los ciberdelincuentes están en constante evolución, adaptándose a las nuevas medidas de seguridad con una velocidad vertiginosa. Casos recientes, como transferencias fraudulentas de vehículos realizadas desde la cárcel o intentos de desviar grandes sumas de dinero a cuentas falsas, demuestran la creciente sofisticación de estos delincuentes digitales.

Frente a este panorama, la clave está en la prevención y en la adopción de hábitos de seguridad digital que, aunque simples, pueden marcar la diferencia entre ser una víctima más o mantenerse a salvo en el ciberespacio.

Desde nuestra vereda, destacamos siempre la importancia de utilizar servicios de certificación acreditados de acuerdo a las legislaciones locales, especialmente al realizar trámites en línea que involucren firmas electrónicas.

Otra recomendación es la protección de nuestras claves de acceso. En la era digital, nuestras contraseñas son las llaves de nuestro castillo virtual. Compartirlas o almacenarlas en lugares inseguros es equivalente a dejar las puertas de nuestra casa abiertas de par en par. Asimismo, la desconfianza ante enlaces sospechosos y la navegación exclusiva en sitios web seguros son prácticas que deben convertirse en segunda naturaleza para todo usuario de internet.

En el ámbito empresarial, la responsabilidad es aún mayor. Las compañías, independientemente de su tamaño, deben considerar la protección de datos personales como una prioridad absoluta. La encriptación de bases de datos y la realización de respaldos regulares no son lujos, sino necesidades imperativas en un mundo donde el ransomware se ha convertido en una amenaza constante.

Desde la educación en ciberseguridad hasta la implementación de políticas públicas que protejan a los ciudadanos en el entorno digital, todos tenemos un papel que desempeñar. La tecnología avanza a pasos agigantados, ofreciéndonos oportunidades inimaginables, pero también exponiendo nuevas vulnerabilidades. Por esto, la vigilancia constante y la adopción de prácticas seguras no son opcionales, sino que una obligación para generar la mejor defensa contra las amenazas invisibles que acechan en el mundo virtual.

Comprar una propiedad sin pie: ¿Es recomendable en el escenario actual?

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

El escenario del mercado inmobiliario se mantiene aún con una ventana interesante de stock de unidades, lo que da una posibilidad para quienes buscan invertir en una propiedad, de aquí a fin de año. En ese escenario, hay una pregunta que ronda en las mentes de muchas personas: ¿Es posible y recomendable invertir en propiedades sin dar pie? Si bien, existen alternativas para hacerlo, es fundamental entender los riesgos y consideraciones antes de tomar esta decisión.

El mercado ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Hace una década, aproximadamente, cuando la rentabilidad inmobiliaria rondaba el 7% y las tasas de interés se mantenían cerca del 3%, el panorama era más favorable para los inversionistas. Hoy, con tasas superiores al 4% o 5%, y rentabilidades que apenas alcanzan el 3,5%, el escenario es mucho más desafiante.

En esta nueva realidad, las inmobiliarias han desarrollado diversas estrategias para facilitar el acceso a la vivienda sin pie inicial, como el pago en cuotas sin intereses a la misma inmobiliaria, el cual transita por una zona un tanto gris, dado que no se informa al sistema financiero, facilitando la posterior evaluación con los bancos; por otro lado, también el aporte parcial del pie por parte de las inmobiliarias, el cual es devuelto total o parcialmente, bajo un método de “cashback”, entre otros.

Una práctica muy reconocida es el llamado «bono pie», donde se infla artificialmente el precio de la propiedad para simular ante los bancos un pie que realmente no existe. Esto permite el acceso inicial, aunque tiene un punto a considerar: las cuotas resultantes suelen superar significativamente los ingresos por arriendo, comprometiendo la viabilidad financiera de la inversión.

En el mercado de propiedades usadas, también se observan prácticas similares, donde se aumenta ficticiamente el valor para aparentar un pie inexistente. Aunque esto reduce el desembolso inicial, incrementa considerablemente el costo financiero a largo plazo.

Aunque existan estas alternativas, la ausencia de pie inicial tiene importantes implicaciones. Primero, eleva significativamente el costo del dividendo mensual. Segundo, reduce el compromiso del inversionista con el crédito, aumentando el riesgo de mora. Y tercero, incluso en escenarios «sin pie», siempre es importante considerar que hay que tener dinero, dado los gastos operacionales al momento de adquirir una vivienda.

Por todo lo anterior, la sugerencia es que, si bien, es posible acceder a propiedades sin pie, es preferible contar con un aporte inicial, dado que esto no solo asegura dividendos más manejables, sino que también representa un compromiso real con la inversión. En tiempos donde los arriendos apenas cubren las cuotas hipotecarias, partir con un pie sólido puede ser la diferencia entre una inversión exitosa y un dolor de cabeza financiero.

Antes de aventurarse en cualquier esquema de inversión sin pie, es vital evaluar cuidadosamente la capacidad de pago a largo plazo y considerar que esta ventaja inicial puede convertirse en una carga financiera que puede alcanzar ribetes, incluso, insostenibles, comprometiendo la inversión.

Colaboración a nivel global: El futuro de los proyectos de ingeniería

Por: Javiera Garín, Líder del Área de Proyectos I&D, Arcadis Chile

En el dinámico mundo de la ejecución de proyectos de ingeniería, la colaboración se ha convertido en un pilar fundamental para alcanzar resultados de excelencia.

Hoy en día, el avance tecnológico no solo optimiza las herramientas para potenciar el trabajo interdisciplinario, sino que también abre la puerta a logros antes inimaginables. La cooperación ahora se nutre de las competencias de profesionales de diversas latitudes, derribando barreras geográficas y culturales.

Este desarrollo tiene un impacto significativo en el capital humano. En Arcadis, desde Chile, tenemos la oportunidad de enriquecer nuestras capacidades a través de experiencias globales, conectándonos con profesionales de todo el mundo. Esta interacción no solo nos beneficia, sino que también nos permite contribuir a proyectos en cualquier rincón del planeta.

Hoy, las relaciones con nuestros pares de múltiples áreas operativas de Arcadis en cualquier parte del mundo, ocurren sin importar la distancia, horario e idioma. Para Arcadis, una firma con 130 años de historia y más de 400 mil proyectos a nivel mundial, la colaboración Inter Compañía es vital, permitiendo fortalecer equipos internos distribuidos globalmente y aumentar las competencias técnicas multidisciplinarias en beneficio de las soluciones, s clientes y profesionales.

La eliminación de barreras de distancia e idioma nos han permitido expandir nuestra experiencia y cartera a nivel global, hemos contribuido a 3.500 iniciativas en sectores como la minería y la energía, aportando conocimiento en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, experiencias y conocimientos trasferibles entre las regiones del mundo

El enfoque de colaboración global marca la diferencia al permitir el uso de recursos especializados y consolidar un trabajo más eficiente. Nuestros servicios integran las competencias de un equipo global de alto nivel. Sin duda, este capital humano brinda mayor confianza y valor a nuestros clientes para enfrentar los enormes desafíos del contexto actual, asegurando resultados sostenibles que impulsan la innovación y el crecimiento en un entorno en constante cambio.

Ubi eadem ratio, eadem dispositio  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

La expresión latina del título de esta columna de opinión es un conocido principio del derecho que significa que «cuando hay la misma razón, debe haber una misma disposición» y por ello aludimos y complementamos la carta publicada el 18/10/2024 en el diario El Mercurio, con nombre «Vivienda propia en Estación Central», firmada por el abogado Ignacio Pérez Walker, en la cual objeta que en esa comuna existan 4.000 departamentos vacíos porque «el alcalde Felipe Muñoz se niega a otorgar las recepciones finales de proyectos habitacionales que cumplen con la normativa vigente» (sic).

El abogado también dice que «hay acciones penales e investigación por parte del Ministerio Público». 

En nuestra calidad de conocedores de la situación, motejada por la prensa como guetos verticales, expresamos que se trata de 4 altos edificios autorizados con permisos que vulneraron la normativa urbana, actos administrativos municipales que no se invalidaron oportunamente, ello conforme al contenido del reciente dictamen N° E552568/2024 del 15/10/2024, emitido por la Contraloría General de la República. 

Se debe recordar que este episodio comenzó hace varios años cuando un arquitecto, ejerciendo el cargo de director de obras municipales (DOM), cursó infinidad de permisos para edificios con agrupamiento continuo, los que, por ser contrarios a derecho, fueron denunciados por organizaciones ciudadanas de la comuna de Estación Central.

En paralelo, la fundación Defendamos la Ciudad fue escuchada por el directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), presidida por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, instancia que no mostró mayor interés en resolver la situación, motivo por el cual todos los antecedentes le fueron entregados en el año 2017 a la Contraloría para que resolviera a la luz de un listado del 23/06/2017, referido a 73 de este tipo de permisos otorgados a partir del año 2013, cuando Rodrigo Delgado ejercía como alcalde.   

A través de unos cuantos dictámenes del ente fiscalizador, dirigidos a la municipalidad de Estación Central, se le ordenó la paralización de faenas de los mismos y la invalidación de los permisos, orden vinculante que fue desacatada por el DOM en ejercicio, instancia que continuaba otorgando permisos, motivo por cual fue destituido y reemplazado por otra funcionaria que, campante, seguía tramitando y otorgando permisos.

Suponemos que ambos funcionarios municipales se resistían a obedecerle a la Contraloría porque sabían que en Chile no se cumplen los 2 artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que exigen las demoliciones de los edificios ilegales.  

En razón a que los dictámenes de la Contraloría eran desoídos por dicha municipalidad, quien firma, se entrevistó con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, proponiéndole una solución concreta, consistente en contemplar compensaciones económicas a las empresas, para ser utilizadas en obras en el espacio público de esa comuna, ello por cuanto en esa fecha ya se habían levantado del orden de las 40 torres habitacionales transformados en hechos consumados.

Al ministro le gustó la idea y por ello nos solicitó que se la enviáramos por escrito, lo que con prontitud se hizo, pero su sucesor, Felipe Ward, no se interesó en la propuesta. El actual ministro Carlos Montes, tampoco se ha pronunciado sobre tal propuesta.  

Actualmente existen unos 60 edificios construidos y habitados, por ende todos con recepciones finales otorgadas, menos los 4 edificios mencionados en el segundo párrafo, y por ello debe prevalecer obligatoriamente el principio mencionado en esta columna, ya que ese municipio no puede proceder de manera distinta con edificios levantados con el mismo vicio de origen.

Ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar la querella interpuesta, hace 3 años, en el 6° juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de prevaricación administrativa en contra de todos los funcionarios municipales que no respetaron las reglas del juego urbanístico en la comuna de Estación Central. 

Quienes firmaron dicha querella criminal fueron los arquitectos Miguel Lawner, Jonás Figueroa y Miguel Prieto, el dirigente ciudadano de Estación Central, Alejandro Verdugo, el ingeniero civil Antonio García y quien suscribe, promotor de la misma.

La fiscal Giovanna Herrera inició la investigación y como después hubo nuevas querellas, una del actual alcalde Felipe Muñoz, en contra de funcionarios venales y otras en contra de él mismo, todas ellas se fusionaron en una y como la investigación, por extraños motivos no avanzaba, a pesar de nuestras solicitudes de entrevista a los fiscales Xavier Armendáriz y Ángel Valencia, la Contraloría en días recientes, se dirigió entregando todos los antecedentes de respaldo, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el propósito de que finalmente «las instituciones puedan funcionar». 

En concreto, los malos funcionarios municipales deben ser sancionados por la Jueza del 6° Garantía de Santiago, Vania Boutaud, a la luz de los cargos que les imputen el fiscal que está investigando y conforme al título de la columna, somos partidarios de que los 4 edificios todavía no habitados, cuenten a la brevedad con las recepciones finales respectivas y por ello, estamos seguros de que el alcalde Felipe Muñoz instruirá al DOM en funciones para que proceda en consecuencia.     

El riesgo del Greenwashing en el negocio inmobiliario. Más allá que una etiqueta “verde”

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

La industria de la construcción (sustento del negocio inmobiliario) es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, además de tener un impacto significativo en el consumo de agua y la generación de residuos.

Así, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los problemas ambientales, los desarrolladores inmobiliarios han comenzado a etiquetar sus proyectos como «sostenibles», “sustentables” o «ecológicos» para atraer a un mercado más amplio. Sin embargo, esto a menudo se hace sin un análisis riguroso del impacto real de estas afirmaciones, lo que puede llevar a una percepción errónea de sostenibilidad, sustentabilidad  otros conceptos asociados.

En los últimos años, el sector inmobiliario ha experimentado un creciente interés en prácticas sostenibles, sustentables y respetuosas con el medio ambiente. Por su parte, los consumidores, cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus decisiones, buscan opciones que promuevan la sostenibilidad y reduzcan el daño al entorno. Sin embargo, en este camino hacia la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios responsable, ha surgido una nueva preocupación significativa: el greenwashing. 

El greenwashing, o lavado verde, es una práctica engañosa en la que las empresas presentan sus productos o servicios, como más sostenibles, sustentables, ecológicos, etc., de lo que realmente son. En la industria inmobiliaria, esta tendencia ha cobrado relevancia debido al creciente interés por la sostenibilidad y la presión del mercado para adoptar prácticas más ecológicas. No estoy efectuando una denuncia, sino solo levantando las alertas a todo el negocio y la industria.

En este escenario, se presenta la tentación de aprovechar los atributos de sustentabilidad, sostenibilidad o ecológicos del proyecto o del inmueble para poder captar con mayor facilidad la atención de potenciales clientes, sin necesariamente haber hecho el análisis del verdadero impacto que generaría la consideración de cada atributo, y mientras esto no se regule, bien podríamos encontrarnos con proyectos inmobiliarios que se consideren respetuosos del medio ambiente sólo por el hecho de instalar un cargador de autos eléctricos en su estacionamiento o poner recolectores de basura diferenciados. Eso, no es ser sostenible, sustentable y/o ecológico.

A medida que crece el interés por la sostenibilidad en el sector inmobiliario, también aumenta el riesgo de que los desarrolladores caigan en prácticas de greenwashing, presentando proyectos como ecológicos sin un análisis riguroso de su verdadero impacto ambiental. Esta tendencia no solo engaña a los consumidores, sino que también socava los esfuerzos genuinos por reducir las emisiones y promover un desarrollo sostenible.

Así pues, el greenwashing en la industria inmobiliaria representa un desafío significativo que puede socavar los esfuerzos genuinos hacia la sostenibilidad, sustentabilidad y protección del medio ambiente. Es fundamental que la industria adopte un enfoque más transparente y que se implementen regulaciones claras para evitar que la etiqueta de «sostenible» sea utilizada de manera superficial y engañosa, asegurando así que los proyectos realmente contribuyan a la protección del medio ambiente. Es por ello que la adopción de prácticas transparentes, la educación del consumidor y la regulación adecuada son pasos cruciales para combatir esta problemática y promover un desarrollo inmobiliario verdaderamente sostenible y sustentable.

Por oponerse a la corrupción destituyeron al juez Sergio Muñoz 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Hace unos meses atrás, la prensa de negocios informó que la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA le ganó un juicio a la Municipalidad de Las Condes y que producto de ello, esta corporación de derecho público le tendrá que pagar a la anterior, por concepto de indemnización de perjuicios, la altísima suma de UF 306.000 más intereses, por cuanto la Justicia estimó que ese municipio había incurrido en una falta de servicio, porque el proyecto de 2 torres de 11 y 19 pisos, de oficinas y viviendas, respectivamente, más 975 estacionamientos, fue paralizado por el entonces alcalde UDI, Joaquín Lavín. Los lectores deben saber que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes para ese sector establece una altura máxima de 15 pisos. 

Tenemos el deber de excusarnos, por expresar en este opúsculo, diversos términos técnicos para demostrar que el juez Sergio Muñoz en este episodio, fue el único de los 5 magistrados miembros de la 3a Sala de la Corte Suprema, que entendió y objetó con su voto de minoría, la trampa urdida por el actor privado que buscó beneficiarse en este negocio inmobiliario.

Pues bien, el proyecto ya terminado se emplaza en un predio de 7.361,03 m2, generado por la fusión de varios predios de una universidad privada que enfrentaban las vías Américo Vespucio Sur, Renato Sánchez y Asturias, el que actualmente está localizado en la esquina de la avenida Américo Vespucio Sur 345 con la calle Renato Sánchez 4355 de esa comuna y para justificar la pretensión de que el proyecto fuera considerado Conjunto Armónico, figura de excepción que permite aumentar el coeficiente de constructibilidad y la altura, la empresa aseguraba que ese predio, Lote N° 21-A, tenía una superficie de 7.505, 21 m2. 

Conforme a las inveteradas prácticas de corrupción vigentes en Chile, la superficie del predio fue falsificada por la inmobiliaria con el único propósito de obtener los cuantiosos beneficios constructivos mencionados y por ello había tanto interés en que el municipio aceptara la ingeniosa movida. Sería impúdico si más adelante se llegara a cumplir la sentencia, ya que dicha municipalidad debiera desembolsar esa altísima suma de dinero, para engrosar injustificadamente la caja de la inmobiliaria.  

Este asunto fue publicado el 10/12/2018, suscrito por innumerables vecinos, incluyendo a este columnista no vecino, en el medio de prensa El Mostrador, mucho antes que se conocieran los fallos judiciales que se aprecian al final de esta columna. 

Quienes reclamaron judicialmente al municipio por los impactos negativos que producía el volumen de esa inversión, fueron varios vecinos debidamente informados, entre los cuales, estaban el abogado Alberto Dalgalarrando, quien interpuso el 06/09/2017 un Reclamo de Ilegalidad Administrativo ante la Municipalidad de Las Condes, en contra del oficio ORD. N° 126, de fecha 09/08/2017 de la Dirección de Obras Municipales (DOM), instancia local que, equivocadamente, había rechazado un recurso extraordinario de revisión. Otros vecinos fueron Felipe Alessandri, ex alcalde UDI de Santiago y actual candidato a alcalde en Lo Barnechea, el diputado UDI, Jorge Alessandri, la conocida periodista Constanza Vergara y el ciudadano extranjero David Billikopf. Recordemos que el beneficio para que el proyecto fuera calificado  como Conjunto Armónico solo se podía lograr si el terreno tuviera 7.500 m2, lo que no acontecía. 

El ex alcalde Lavín se vio forzado a firmar la paralización de faenas, sin tener atribuciones legales para proceder en tal sentido, debido a que la DOM, Rocío Crisosto, desacató la instrucción de su jefatura técnica, Seremi Minvu, instancia nacional que, en su  oficio ORD. N° 5470, del 22/12/2017, le señaló: “….…de ser la superficie resultante del predio, inferior a 7.500 m2, el proyecto aprobado por el PE N° 31 y modificado por la Resolución N° 621, ambos de 2016, no se ajustaría a las disposiciones sobre conjunto armónico a las que se ha acogido, por lo cual su Dirección de Obras Municipales deberá arbitrar las medidas correctivas pertinentes al caso, informando a esta Seremi de lo actuado……”. Ante la inexplicable desobediencia de la funcionaria municipal, la Seremi Minvu tuvo que reiterarle lo anterior, mediante su oficio Ord. N° 3623 del 02/08/2018, también desoído.  

Se da la paradoja que en la solicitud de fusión predial la empresa declaró, a través de su arquitecto, que el predio tenía 7.361,03 m2 y en el plano previo al definitivo se declarara 7.411,96 m2 y por qué el alcalde Lavín tuvo que decretar la paralización de las obras, si la propia DOM conocía que la superficie predial efectiva era inferior al mínimo exigido para obtener los beneficios de Conjunto Armónico. ¿Qué razón tuvo la DOM de Las Condes para no reconocer esta irregularidad? 

El permiso de edificación N° 31 del 21/03/2016 para un Conjunto Armónico de 2 edificios contemplaba una superficie total de 63.086,07 m², acto administrativo que fue modificado el 14/11/2016 para aumentar la superficie edificada a 67.036,60 m2, con lo cual se violó el artículo 5.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y para dilucidar la superficie del terreno, la Municipalidad de Las Condes encargó un Informe de Levantamiento Topográfico al IDIEM de la UCH, el cual concluye que la superficie del lote 21-A, del plano S-7872 es igual a 7.371,54 m²

Como ya era evidente que la superficie del terreno era inferior a los 7.500 m2, la Inmobiliaria interpuso un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N° 86.440-2017 en contra del Decreto N° 8.914 de 23/12/2017 de la Municipalidad y luego, mediante Decreto N° 1.799 de 21/03/2018, la municipalidad invalidó el permiso de edificación N° N°31, de 2016, y su posterior Resolución Modificatoria. Sin embargo, mediante sentencia de 04/04/2018, la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el Recurso de Protección dejando sin efecto el Decreto N° 8.914, de 2017, fundado en que es competencia de la Directora de Obras iniciar el procedimiento de invalidación de sus actos, lo cual es de toda lógica. 

En contra de dicho fallo, la municipalidad dedujo Recurso de Apelación ante la Corte Suprema, con fecha 10/04/2018 y como era de suponer, con fecha 22/05/2018, la Municipalidad se desistió de este recurso y así se dejaron sin efecto los Decreto N° 4.383 y N° 8.914. 

Se debe destacar que la Justicia nunca se pronunció sobre el fondo de la cuestión, que se centra en el hecho de que Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, logró la aprobación de una fusión de predios declarando las superficies de los mismos, sin que correspondieran a las dimensiones del terreno e incluso, en una de las acciones judiciales, los interesados aluden a una disposición contenida en el PRC de Las Condes, que corresponde a la disminución del 5% de la superficie predial, lo cual significaría que en Las Condes para los Conjuntos Armónicos se contemplan beneficios adicionales, que no tienen otras comunas. Sobre este controvertido asunto la Seremi Minvu estableció que ello era improcedente y ordenó a la  DOM de Las Condes que corrigiera la situación, tarea no abordada por la anterior. 

En conclusión, a la luz del fallo del 13/01/2020, rol N° 20.741-2019, de la 3a Sala de la Corte Suprema, acordado con el voto en contra del juez Sergio Muñoz y votos a favor de las juezas María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, juez Carlos Aránguiz y abogado integrante Antonio Barra, más la sentencia del 4º Juzgado Civil de Santiago, del 11/06/2024, Rol C-5078-2021, caratulado Inmobiliaria Nueva El Golf SPA/ Municipalidad de Las Condes, que obliga a esta última a pagar la suma de UF 306.000 a esa inmobiliaria, es necesario que los concejales le exijan prontamente a la alcaldesa UDI Daniela Peñaloza una explicación por no saber defender correctamente los intereses municipales en los tribunales de justicia. 

En paralelo, es necesario que todos los candidatos a alcalde de Las Condes, conociendo el desarrollo de los hechos, para lo cual estamos a sus órdenes, públicamente se refieran a este mayúsculo escándalo, dejándose en claro que, bajo ninguna circunstancia, el municipio debe pagar esa enorme suma de dinero a una empresa que falseó la superficie del terreno para obtener un privilegio constructivo. Queda claro entonces que la próxima alcaldesa en esta comuna de Derecha, ya sea Marcela Cubillos (ex UDI) o bien Catalina San Martín (ex Evópoli), una de ellas, como ganadora de la elección, deberá contratar a un buen estudio jurídico para revertir esta ignominiosa situación en el máximo tribunal judicial.   

Finalmente, este caso como otros tantos, en que el juez Muñoz hizo prevalecer la ley y la Justicia, fue el motivo por el cual los senadores de la Derecha, en bloque y sin argumentos válidos, lo destituyeron, con lo cual dieron una señal de que, a partir del 17/10/2024, los tribunales tendrán que evaluar muy bien sus sentencias para que no se afecten los intereses de aquellos que disponen de poder económico.    

Efectos de las tasas de interés altas en la inversión inmobiliaria en Chile

Por: Gerardo Ureta Campos, Doctor(c) en Industria Inteligente, Socio Fundador de Economía Urbana | Ciencia de Datos Urbanos e Inmobiliarios

En un escenario marcado por el alza de las tasas de interés, que a octubre de 2024 algunos bancos llegan hasta un 6,5% en Chile para un plazo de 25 años, el sector inmobiliario enfrenta desafíos considerables. El encarecimiento del financiamiento ha impactado tanto a inversionistas como a compradores de vivienda, afectando la demanda y reduciendo las posibilidades de acceso a créditos hipotecarios. Un crédito de 3.000 UF ha visto un aumento del 30% en sus dividendos, lo que ha frenado significativamente la adquisición de viviendas y ha llevado a constructoras a reevaluar o cancelar proyectos en zonas de alta demanda como Santiago.

Propuesta conjunta para reducir dividendos hipotecarios

En respuesta a esta situación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la CChC y los bancos han trabajado en una propuesta para reducir el impacto de las altas tasas. En octubre de 2024, se anunció un plan para disminuir en 2 puntos porcentuales las tasas de interés de créditos hipotecarios, especialmente para viviendas de hasta 4.000 UF, lo que reduciría los dividendos mensuales entre un 16% y un 17%. Este esfuerzo busca aliviar la presión sobre las familias, impulsar la demanda y reactivar la inversión en proyectos inmobiliarios detenidos.

La propuesta también incluye un subsidio estatal y la creación de un fondo de garantías hipotecarias, que reducirá el riesgo para los bancos al momento de otorgar créditos a sectores vulnerables y familias de clase media. Esta medida no solo fomentaría el acceso a la vivienda, sino que también dinamizaría el sector, beneficiando a más de 30.000 familias al año y generando un crecimiento del 2% en el sector de la construcción para 2025.

La importancia de la ciencia de datos urbanos e inmobiliarios

Ante este escenario, es crucial aprovechar herramientas avanzadas como la ciencia de datos urbanos e inmobiliarios para tomar decisiones más informadas y eficientes en un entorno incierto. El análisis de grandes volúmenes de datos permite anticipar tendencias, evaluar riesgos y optimizar inversiones en el mercado inmobiliario, especialmente en momentos de volatilidad económica.

En Economía Urbana (www.economiaurbana.cl), trabajamos con este enfoque, aplicando ciencia de datos a la planificación urbana y al mercado inmobiliario para proporcionar a nuestros clientes, tanto públicos como privados, una visión más clara de las oportunidades y riesgos. Este enfoque no solo mejora la toma de decisiones estratégicas, sino que también contribuye a generar soluciones más sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del mercado.

Perspectivas para inversionistas

Para los inversionistas inmobiliarios, este escenario ha implicado una revisión de sus estrategias. El encarecimiento de los créditos ha reducido las tasas de retorno de muchos proyectos, lo que ha obligado a los desarrolladores a buscar formas más eficientes y sostenibles de gestionar sus inversiones. Proyectos de arriendo con opción de compra o desarrollos orientados a la renta residencial se presentan como alternativas para sortear la incertidumbre del mercado, con modelos que permiten mayor flexibilidad y menos exposición a las fluctuaciones del financiamiento hipotecario.

La tendencia hacia la densificación urbana también podría ganar fuerza, ya que los inversionistas se ven presionados a optimizar el uso del suelo disponible en las grandes ciudades. Esta densificación puede contribuir a aliviar el déficit habitacional en zonas urbanas, aunque podría generar tensiones sociales en torno a la gentrificación y el acceso equitativo a la vivienda.

Finalmente…

Si bien la propuesta del gobierno y los bancos es un paso importante hacia la reactivación del mercado, el éxito dependerá de su implementación efectiva. A largo plazo, el uso de ciencia de datos urbanos será crucial para adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales, optimizando las inversiones y ofreciendo soluciones innovadoras tanto en el desarrollo de viviendas como en la planificación urbana.

En resumen, la crisis provocada por el alza de las tasas de interés está obligando a todos los actores del sector inmobiliario a adaptarse. La combinación de medidas económicas, como las propuestas del gobierno, y el uso de herramientas avanzadas como la ciencia de datos, ofrecerá una ventaja competitiva a quienes sepan interpretar y anticipar los cambios en el mercado.

¿Qué es lo que se busca al momento de contratar un Software para edificios y condominios?

Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.

Generalmente lo que se busca es optimizar tiempo realizando ciertas operaciones que nos puedan liberar de algo de  tiempo en el qué hacer administrativo de las comunidades. 

La verdad es que en la oferta hay montones de sistemas así mismo precios de diferenciación entre uno y otro sistema.

En Chile la verdad es que si bien existe una cantidad no menor de Softwares de administración de edificios y condominios muy centrados en la contabilidad (gasto común) y bastantes simples de operar, éstos han innovado muy poco en funcionalidad y sobre todo en atención de público.

En nuestra empresa hemos operado con casi todos los sistemas, prefiriendo en el último tiempo uno por sobre el resto, a diferencia de los Softwares tradicionales, Coliver, es un ecosistema de convivencia que conecta a todas las partes interesadas entre residentes, comité de administración, proveedores y colaboradores con todas las herramientas de gestión para cada perfil, personalizando la experiencia de cada uno y separando muy bien las partes del condominio y la solución con las herramientas de gestión para el administrador.

El sistema incorpora en cada condominio una red social (Tipo Facebook y muy diferente al típico chat de catarsis en los condominios) en la cual el administrador puede hacer anuncios y publicaciones de una forma mucho más actual (además de enviarlos por correo tradicional), Conserjería digital (paquetes, visitas, accesos, bitácora, etc), CRM de atención al residente omnicanal (chat, correo, teléfono en el lugar), contabilidad con Inteligencia Artificial, recursos humanos, control de asistencia y gestión de operaciones entre otros módulos.

En este sistema podemos medir objetivamente el desempeño de cada comunidad y demostrar nuestra gestión con métricas de operación, finanzas y colaboradores desde cualquier dispositivo. Nos llamó mucho la atención varias cosas, entre ellas, es que como toda empresa, la administración de edificios y condominios debe poder trabajar maximizando cada uno de los procesos en los que participa, pagos y cobros entre otros y éste sistema tiene cada proceso creado con sus respectivos procedimientos lo que facilita el seguimiento de cada operación a realizar, además el sistema cuenta con asistencia de Inteligencia Artificial lo que ayuda bastante a la gestión de cobros y pagos entre otros, lo que se traduce en una operación más limpia y sin fallas, sumado a lo anteriormente mencionado ofrecen atención de clientes el día sábado lo cual para quienes estamos en movimiento durante la semana es espectacular. 

Un 10 de 10 para Coliver que ha captado a la perfección las necesidades de una administración profesional y las necesidades de la convivencia en condominios, separando la privacidad de datos para cada uno.

diciembre 22, 2024 11:41 pm
Lunes 23 de Diciembre de 2024
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