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“Diez años construyendo comunidad: lo que aprendí entre pasillos, asambleas y sueños compartidos”

Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.

En abril del año 2026 mi empresa cumplirá diez años. Diez años pueden parecer poco o mucho, dependiendo de cómo se cuenten. En el mundo de la administración de edificios y condominios, equivalen a cientos de reuniones, miles de correos, incontables llamados a la medianoche y muchas más conversaciones con personas que, de una u otra forma, terminan compartiendo un mismo techo.

Cuando comencé en este oficio, no imaginaba la complejidad humana, técnica y emocional que implica administrar una comunidad. Pensaba que era, principalmente, un trabajo de números y reglamentos. Hoy sé que, si bien eso es una parte importante, el verdadero corazón de este trabajo está en la convivencia, la comunicación y la construcción de confianza.

El edificio como reflejo de la sociedad

Administrar un edificio o un condominio es mirar, en pequeño, cómo funciona una sociedad. Hay diversidad, conflicto, colaboración, injusticias, solidaridad, normas que algunos cumplen y otros no. Hay vecinos que se saludan y otros que prefieren el anonimato. Hay quienes sienten que el edificio es su casa y quienes lo ven como una inversión.

En esos contrastes se juega gran parte del rol del administrador. Somos mediadores entre lo técnico y lo humano, entre la ley y el sentido común, entre los intereses particulares y el bien común. Aprendí que las comunidades no se gestionan solo con planillas: se gestionan con empatía, criterio y paciencia.

He visto edificios donde los conflictos se resolvían en asambleas tensas que duraban hasta pasada la medianoche, y otros donde el respeto mutuo convertía la administración en un verdadero trabajo en equipo. En ambos casos, siempre hay una oportunidad de aprender: de cómo se comunican las personas, de cómo se construye comunidad y de cómo la gestión puede marcar la diferencia.

La administración profesional: mucho más que cobrar gastos comunes

Durante años, el oficio de administrar edificios fue visto como algo secundario, casi accesorio. Hoy, por fortuna, el panorama está cambiando. La profesionalización del rubro ha avanzado, y cada vez hay más formación, herramientas tecnológicas y marcos legales que fortalecen nuestra labor.

Pero también es cierto que sigue existiendo una distancia entre lo que se espera del administrador y lo que realmente puede hacer. Nos piden ser contadores, abogados, psicólogos, ingenieros y mediadores, todo a la vez. Y, de alguna forma, terminamos siéndolo.

En estos diez años he entendido que la clave no está en saberlo todo, sino en rodearse de los profesionales adecuados, mantener la humildad para aprender y tener la convicción de actuar con transparencia. La confianza no se pide, se construye día a día.

Los desafíos silenciosos

Uno de los grandes desafíos que enfrentamos los administradores es la invisibilidad del trabajo bien hecho. Cuando todo funciona, nadie lo nota; cuando algo falla, todos lo notan. Es parte del juego, ingrato por cierto.

También está la dificultad de conciliar la eficiencia con la empatía. Hay decisiones impopulares que deben tomarse para el bienestar general: subir el gasto común, exigir el cumplimiento de una norma o enfrentar a un copropietario moroso. Pero hacerlo con respeto, explicando las razones y mostrando coherencia, marca la diferencia entre una comunidad que confía y una que se fractura.

Otro desafío es el cambio constante. Las leyes, las tecnologías, los hábitos de convivencia, todo evoluciona. Hace diez años nadie hablaba de paneles solares en condominios, de cámaras inteligentes o de aplicaciones para votaciones en línea. Hoy son parte de la conversación cotidiana. Adaptarse, sin perder el trato humano, es el reto permanente.

La gente detrás de las puertas

Podría hablar de balances, mantenciones y asambleas, pero lo más valioso que me deja esta década son las historias. La vecina que me llamó a agradecer porque por fin se reparó una filtración que llevaba años sin solución. El conserje que me enseñó más sobre liderazgo que cualquier curso. El comité que confió en mi empresa cuando recién comenzaba sólo.

Cada comunidad tiene su propio pulso, su propio carácter. Algunas funcionan como familias grandes; otras, como pequeñas empresas. En todas hay algo en común: las personas. Y, por encima de todo, el deseo de vivir tranquilos, de sentirse seguros y de que su aporte sea reconocido. Aprendí que una comunidad no se mide solo por sus metros cuadrados o su presupuesto, sino por su capacidad de cuidar lo que tiene y mejorar lo que falta.

El valor de decir la verdad

En este trabajo, la verdad puede incomodar, pero siempre libera. He aprendido a decir lo que se debe decir, incluso cuando no conviene. Explicar por qué el gasto común sube, por qué una decisión técnica es necesaria o por qué un proyecto no se puede ejecutar.

La transparencia es un hábito, no un discurso. Las comunidades detectan rápidamente la incoherencia, y una vez que la confianza se quiebra, cuesta mucho reconstruirla.

A veces, la mejor forma de cuidar una comunidad es decir “no”. No a un gasto innecesario, no a una excepción injusta, no a una decisión apresurada. Decir “no” también es una forma de protegerse.

Modernizar sin perder el alma

La tecnología ha sido una gran aliada en los últimos años. Digitalizar procesos, automatizar pagos, llevar control en línea o usar plataformas de comunicación ha permitido hacer más eficiente la gestión.

Pero la administración sigue siendo un trabajo de personas. Ninguna app reemplaza una conversación a tiempo o una visita al terreno. La pantalla ayuda, pero el vínculo lo construye el contacto humano.

En SOMA Gestión Inmobiliaria aprendimos que la modernización es necesaria, pero que debe ir acompañada de presencia, de mirada directa y de compromiso con cada comunidad. Porque la confianza no se programa, se gana.

Los momentos difíciles

También hubo momentos duros. Comunidades complicadas, decisiones que no resultaron, errores que dolieron. Este oficio enseña humildad. Aprendí a pedir disculpas, a corregir rumbos y a aceptar que no todo se puede controlar.

La pandemia, por ejemplo, puso a prueba nuestra capacidad de gestión y de humanidad. Administrar en ese contexto fue un ejercicio de equilibrio: mantener los servicios funcionando, cuidar la salud del personal, atender las urgencias y, sobre todo, contener a las personas.

Fueron tiempos que dejaron huella. Y también demostraron que, en los edificios, la solidaridad existe. Que los vecinos pueden cuidarse entre sí. Que, al final del día, todos queremos lo mismo: sentirnos acompañados.

El oficio que nunca se termina de aprender

A los diez años, puedo decir que sigo aprendiendo. Cada comunidad enseña algo nuevo: sobre convivencia, liderazgo, gestión o simplemente sobre paciencia.

He aprendido que el rol del administrador no es mandar, sino servir. No es imponer, sino orientar. Y que el verdadero éxito no está en tener más edificios a cargo, sino en tener comunidades más tranquilas, más ordenadas y más humanas.

Cuando comencé SOMA, mi meta era construir una empresa profesional, seria y cercana. Con los años entendí que eso también significaba acompañar procesos de cambio, adaptarse, y crecer junto a las personas que confían en uno.

Mirar hacia adelante

Hoy el rubro enfrenta nuevos retos: la escasez de personal calificado, la alta rotación de comités, los costos crecientes, la burocracia, y la necesidad de modernizarse sin deshumanizarse.

Pero también hay una oportunidad: la de dignificar la profesión, de mostrar que la administración de comunidades es una tarea clave para la calidad de vida urbana.

Chile vive un proceso de densificación creciente, y los edificios son el nuevo espacio social. Aprender a vivir juntos, con respeto y organización, es quizás uno de los mayores desafíos culturales de nuestra época. Y ahí estaremos los administradores, en primera línea, haciendo que eso funcione.

Una década que deja huella

Diez años después, sigo sintiendo la misma responsabilidad del primer día: la de cuidar lo que otros valoran. No siempre es fácil, pero sigue siendo profundamente gratificante.

He aprendido que la administración es, en el fondo, un oficio de servicio. Que las planillas y los presupuestos son solo herramientas para algo más grande: la convivencia.

Y que detrás de cada portón eléctrico, de cada asamblea, de cada decisión técnica, hay personas. Personas que confían, que se frustran, que esperan.

Por ellas vale la pena seguir aprendiendo, mejorando y construyendo comunidad.

“Purga del SII”: no todas las irregularidades son intencionales, pero todas pueden tener consecuencias

Por: Eduardo Lara, abogado Departamento Asistencia Deudores del estudio jurídico Alfaro & Madariaga

El Servicio de Impuestos Internos (SII) inició en octubre una fiscalización masiva que podría afectar a miles de contribuyentes en todo el país. Muchos de ellos no son grandes evasores ni empresas con estructuras complejas; son personas comunes que, sin saberlo, podrían haber incurrido en movimientos bancarios que hoy están bajo la lupa.

Según el reporte entregado por 14 instituciones financieras, al 14 de agosto de este año se registraron 165.571 contribuyentes con movimientos sospechosos, que suman más de 62 millones de abonos por un monto total que supera los $15 billones. De ellos, el 72% corresponde a personas naturales y el 28% a empresas.

Esta fiscalización se enmarca en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que exige a las instituciones financieras a informar al SII cuando un titular de cuenta recibe más de 50 transferencias en un mes o 100 abonos en un semestre, siempre que provengan de distintas personas o entidades. 

Después de analizar los primeros casos, observamos que el SII clasificó las situaciones en tres grupos:

  1. Quienes no han formalizado su inicio de actividades.
  2. Aquellos que sí lo hicieron, pero presentan transferencias sin respaldo contable o tributario.
  3. Y un tercer grupo, conformado por personas que no tienen ninguna justificación para sus movimientos, quienes serán citadas directamente por el servicio.

Lo cierto es que no todas las irregularidades son intencionales, pero todas pueden tener consecuencias. En muchos casos, las transferencias provienen de pagos informales, ayudas familiares o actividades esporádicas que nunca se declararon correctamente. Y aunque no haya dolo, el SII podría aplicar sanciones o incluso iniciar procedimientos de auditoría más profundos.

Ante esto, el consejo es actuar con anticipación. Si ya recibió una notificación o sospecha de que podría estar en los registros del servicio, no se quede de brazos cruzados. Aún está a tiempo de ordenar sus cuentas, revisar su información bancaria y preparar la documentación necesaria para demostrar el origen de los fondos.

Esta “purga del SII”, como algunos la han llamado, puede ser vista como una amenaza, pero también como una oportunidad para regularizar su situación fiscal y evitar problemas mayores a futuro. Profesionalizar la gestión contable, apoyarse en asesoría experta y mantener registros claros ya no es una opción: es una necesidad.

Los municipios están incapacitados para ejercer sus funciones     

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El pasado 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Urbanismo, instancia que promueve la planificación en las ciudades para que siempre tenga preeminencia el interés público en las políticas sectoriales de las mismas. Está claro que en Chile, donde la planificación existe solo en el papel y en los buenos deseos de algunos ilusos, opera solo el libertinaje para que los especuladores apitutados, vía grotescas interpretaciones legales, obtengan lucros violando los planes reguladores comunales (PRC), cuyos custodios son los municipios.   

A continuación damos a conocer algunos ejemplos de las incompetencias de muchos de sus alcaldes, directores de obras municipales (DOM) y concejales y en tal sentido se debe saber que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se establecen, con suma claridad, las características de los distintos tipos de equipamientos, conforme a sus cargas de ocupación, los que se clasifican como mayor, mediano, menor y básico. Estos, como es obvio, se relacionan directamente con las vías que pueden enfrentar, las que a su vez son, expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales. 

En nuestra experiencia hemos detectado infinidad de «errores» que cometen esos DOM con sus elaboraciones de los Certificados de Informaciones Previas (CIP) que les entregan a quienes desean solicitar anteproyectos de construcción en las diferentes comunas del país, dejándose en claro que dichos CIP no generan derechos a sus poseedores, llamándonos la atención que en el PRC de Concón existen 27 vialidades clasificadas como troncales, en circunstancias de que no lo son, con lo cual los propietarios de los predios que las enfrentan, con esta ocurrente trampa, están habilitados para construir equipamientos mayores, luego edificaciones más voluminosas y por ende más rentables. 

Esta anómala situación, verdadero ardid del municipio, fue denunciada por la fundación Defendamos la Ciudad en octubre de 2023, con ingreso N° 167.211, en la Contraloría General de la República, pues esas calles son solo colectoras y algunas hasta de servicio que limitan los negocios de construcción. El ente fiscalizador nos informó que está investigando la situación expuesta y estamos atentos a su resultado.      

Pues bien, con el arquitecto Mauricio Zulueta (QEPD) y con el abogado Rodrigo Avendaño, nuestra fundación se vio en la necesidad de exigir, en todos los servicios de la administración de Valparaíso, el cumplimiento de la regulación urbana, referida al tipo de vía que tenía que enfrentar, según su carga de ocupación, el millonario proyecto mall Barón de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Falabella, ya que el mismo era mayor y por lo tanto debía enfrentar una vía expresa o troncal. Diversas organizaciones sociales y otros también se oponían al proyecto por idéntica razón, pero como el lobby ejercido por los interesados era muy convincente, la DOM otorgó el permiso de edificación, sabiendo que no lo podía hacer. Este caso llegó a la Corte Suprema, instancia que falló conforme a derecho, es decir, anulando el permiso. 

Con anterioridad nos hemos referido a lo que acontece con el anteproyecto de un supermercado en Zapallar, en donde hemos explicado con lujo de detalles la relación directa que debe haber entre cada proyecto, según su propia característica, con el tipo de vía que enfrenta. En este caso la DOM había dicho que la calle era de servicio exclusivamente para posibilitarlo, en circunstancias de que era local. Naturalmente el anteproyecto autorizado por ella lo debió haber invalidado, lo que no ocurrió y como la polémica continúa, el titular del negocio fue a los tribunales de justicia, los que, suponemos, deberán emitir sentencia conforme a lo establecido en la OGUC.          

En fecha 31/10/2025, con ingreso N° E143557/2025, la misma fundación tuvo que poner en conocimiento de la Contraloría las razones por las cuales se producen atochamientos vehiculares en los alrededores del equipamiento deportivo Claro Arena de la Universidad Católica, pues la DOM de Las Condes cometió el mismo y reiterativo error. Le señalamos al ente fiscalizador que revisado el permiso de edificación N° 105/2016 y un CIP erróneo, se concluyó que este equipamiento mayor debía enfrentar obligatoriamente una vía troncal o expresa, lo que no aconteció, razón más que suficiente para que próximamente la Contraloría exija el cumplimiento del marco regulatorio.  

Se debe destacar, como un hecho positivo, que el dirigente vecinal, ingeniero civil y perito judicial, Juan Pablo Salinas, quien es uno de los miles de perjudicados por los flujos vehiculares de los asistentes a Claro Arena, también denunció en la Contraloría y ante el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, esta falta de servicio del municipio de Las Condes, resultando hasta divertido que el alcalde de Peñalolén esté impulsando el millonario proyecto inmobiliario «Hijuelas Quilín» de 38 edificios de 9 pisos c/u, en conocimiento que en esa zona el PRC contempla una altura máxima de 4 pisos, materia radicada en Contraloría y en la Seremi Minvu, órganos de la administración que aún no se pronuncian.   

El Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) fijó en la comuna de Iquique que ciertos sectores urbanos están afectos a riesgos por inundación y cuando Defendamos la Ciudad conminó al DOM, en orden a que debía invalidar unas cuantas decenas de CIP, anteproyectos y permisos de edificación mal cursados en esas zonas, se le respondió que ello no era posible porque las normas de dicho PRICT se incorporan en el nuevo PRC en trámite. Con ese tipo de simplona contestación se evidenció que ese funcionario desconoce el artículo 38 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que ordena la incorporación automática de sus normas en los PRC.  

Por este motivo, con fecha 02/01/2025, la Contraloría a través de su dictamen N° 310/2025, se dirigió al alcalde Mauricio Soria, para que respetándose la ley, se dejaran sin efecto esos actos administrativos ilegales. Quienes han intervenido como denunciantes en este viciado episodio ha sido el abogado y candidato a diputado, Enzo Morales, y el empresario, Manuel Palacios, baluartes iquiqueños que constataron el desacato municipal y por ello el 23/10/2025, le expresamos a la Contraloría que su dictamen y los siguientes sobre esta materia, a la fecha no han producido efecto.  

El puntudo y capacitado vecino de Las Condes, Lorenzo Opazo, denunció en la Contraloría que algunas autoridades de esta municipalidad se acogen al denominado Programa para Mejorar la Gestión, lo cual es indicativo de que esas personas carecen de los suficientes conocimientos para ejercer sus roles. En rigor, esta curiosa política es para aumentar los ingresos de quienes logran las metas establecidas por los mismos y en el año 2024 el 100% de esas autoridades obtuvieron tales jugosos premios. Asimismo destacamos la iniciativa de la empresaria Paula Behnke, quien acusó formalmente en el Colegio de Arquitectos, a uno de sus miembros, por cometer éste prácticas indebidas en el ejercicio de su condición de revisor independiente en un proyecto localizado en la comuna de Pudahuel.       

Por lo relatado, para que las normas urbanas se puedan respetar, le formulamos un llamado al arquitecto Yuri Rodríguez, DOM de Casablanca, para que, como presidente de la respectiva asociación gremial, tome cartas en el asunto, pues así se podría evitar la repetición de las prácticas corruptas en los otorgamientos de permisos y en tal sentido, si queremos mejorar la institucionalidad, habría que llevar a cabo una reingeniería en las díscolas municipalidades, las que curiosamente se autodesignan como «ilustres» y el gobierno central, entre otras medidas, debiera impulsar un más alto gravamen del que existe, para los terrenos urbanos sin edificación y que las plusvalías producidas con los cambios en las reglas del juego, se destinen, por lo menos parcialmente, para obras que beneficien a las comunidades.   

Finalmente, podría seguir dando cuenta de innumerables hechos engañosos, pero el espacio lo impide y muchos se preguntarán porqué este columnista es el único que informa con publicidad este tipo de situaciones venales y la respuesta es muy simple: por la sencilla razón de que no tengo relaciones con la clase política, la que, de una u otra forma, tolera la corrupción y porque el mercado debe funcionar con privados que respeten las leyes, pues en sentido contrario, no existe una sana competencia y los más pillos son los que obtienen beneficios indebidos.  

El nuevo ciclo inmobiliario. Cómo adaptarse a un mercado más lento y más exigente

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios

El sector inmobiliario está viviendo uno de los momentos más complejos de las últimas dos décadas. Después de un largo período de expansión sostenida, marcado por tasas de interés bajas, alta demanda y valorización continua de los activos, hoy enfrentamos un cambio estructural. Ya no se trata solo de una desaceleración coyuntural, pues el mercado ha entrado en una nueva etapa, más lenta, más selectiva y profundamente diferente.

La inflación, las restricciones crediticias, los mayores costos de construcción y un consumidor más racional han modificado las reglas del juego. Sea en forma definitiva o solo transitoria, lo cierto es que en este nuevo entorno, las estrategias que antes garantizaban éxito ya no bastan. Las empresas que no ajusten su modelo de negocio y gestión corren el riesgo de perder competitividad o incluso desaparecer.

Durante años, el crecimiento del mercado permitió operar con modelos centrados en la oportunidad más que en la eficiencia. Hoy, el escenario obliga a profesionalizar cada decisión, desde la adquisición de suelos hasta la definición de productos, el pricing y la estructura de financiamiento.

Esta nueva realidad demanda en consecuencia una mirada más integral y de largo plazo. Los márgenes son más estrechos y el acceso al crédito más limitado; por tanto, la capacidad de planificación, control y análisis de riesgos se vuelve un activo estratégico, en donde las empresas que logren alinear sus áreas técnicas, comerciales y financieras bajo una gobernanza sólida podrán navegar mejor este ciclo.

Lo cierto es que el comprador también ha cambiado, y en donde ya no basta con ofrecerla ubicaciones atractivas o promesas de plusvalía. Hoy, el cliente busca certeza, transparencia y respaldo. En un contexto de incertidumbre económica, la decisión de invertir en una vivienda se vuelve más reflexiva y comparativa.

Por ello, construir confianzas se ha transformado en la principal ventaja competitiva. Las empresas que comunican de forma transparente, cumplen sus plazos, mantienen estándares de postventa y respetan sus compromisos contractuales no solo venden más, sino que consolidan reputación a largo plazo.

Por otro lado, la digitalización ofrece herramientas que el sector aún aprovecha de forma limitada. La gestión de datos, el análisis del comportamiento de clientes y el uso de tecnologías como BIM o CRM avanzados permiten optimizar decisiones y anticipar escenarios.

Del mismo modo, la colaboración entre actores tales como los desarrolladores, constructoras, bancos, proveedores y municipios, será clave para reducir fricciones, mejorar la productividad y generar valor compartido. Este es el momento de pasar del enfoque transaccional al enfoque colaborativo en toda la cadena inmobiliaria.

Este nuevo ciclo no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para reordenar el sector sobre bases más sostenibles. Aquellos que entiendan que la rentabilidad futura dependerá de la gestión eficiente, la innovación, el cumplimiento normativo y la transparencia estarán mejor posicionados, pues el mercado ya no premia la rapidez, sino la consistencia. No basta con construir edificios: hay que construir confianza, procesos y equipos preparados para un entorno donde cada decisión cuenta.

Así pues, el nuevo ciclo inmobiliario en nuestro país no será de expansión acelerada, sino de consolidación estratégica. Y eso puede ser una buena noticia, ya que significa que sobrevivirán y prosperarán quienes realmente comprendan que el negocio inmobiliario, en su esencia, es un negocio de gestión, de personas y de confianza, y no solo de construir metros cuadrados aceleradamente.

Urbanismo y ciudades nutritivas

Por: Francisco Vergara Director del Núcleo de Investigación Centro de Producción del Espacio Universidad de Las Américas.

Es el Día del Urbanismo 2025 y conviene abandonar la comodidad del plano neutro de un urbanismo normativo para mirar las ciudades chilenas desde el hambre, otra forma espacial de la desigualdad. La seguridad alimentaria desvela territorios de nutrición interrumpida, donde el acceso no se resuelve con distancias isócronas, sino en ensamblajes cotidianos de ferias, supermercados, ingresos, género, cuidados y trayectorias barriales.

Ese paisaje gastronómico, heterogéneo y cambiante, no calza con los mapas rutinarios de la segregación; exige marcos situados y técnicas sensibles a la variación espacial de los determinantes, capaces de leer cómo la accesibilidad y sus mediaciones cambian de escala y de barrio.

Aquí emerge una noción insistente: la ciudad nutritiva. Esta idea se puede ver como un proyecto territorial que articula producción, distribución y consumo con gobernanza urbana, poniendo el metabolismo alimentario como problema de justicia espacial, como un desafío a considerar desde el urbanismo. Las aproximaciones de sistemas alimentarios regionales ofrecen un andamiaje útil para ello: conectar el abastecimiento con la planificación, evitando confinarlas a políticas sectoriales y reconociendo la centralidad del lugar y del caminar —el derecho a una proximidad practicable— en la experiencia alimentaria.

Cómete-tu-ciudad (Eat-your-city) nombra, en este registro, una ética urbana concreta: diseñar la ciudad para comer bien aquí y ahora. Significa proteger y amplificar activos comunitarios: ollas comunes y ferias libres como infraestructura social de bajo costo y alto impacto nutricional, urbanístico y cohesivo de las comunidades. A la vez, someter a escrutinio los circuitos modernos de provisión que, en nombre de la eficiencia, vacían de afecto la experiencia diaria del comer, expulsando o bien precarizando principios urbanos que sostienen la nutrición cotidiana. También implica metodologías comparables, replicables y transparentes que reduzcan la arbitrariedad del diagnóstico y permitan orientar intervenciones con trazabilidad pública para producir ciudades nutritivas.

Este horizonte convive con mutaciones aceleradas en los modelos de negocio alimentario. La financierización de los servicios de comercio barrial en cadenas multinacionales de provisión tienen el poder de reescribir la forma de organizar el espacio comunal y apretar las posibilidades de supervivencia de los locales de barrio, obligándoles a abrazar la capacidad de rentabilidad como norte principal más que como soportes de reproducción social. La ciudad-portafolio también amenaza la seguridad alimentaria. 

Urbanismo y seguridad alimentaria, entonces, como una misma praxis permiten leer la heterogeneidad territorial y ensayar escenarios posibles anclados en el lugar para convertir conocimiento en agencia, y ensamblar regulaciones, infraestructuras y cuidados que garanticen que cada barrio pueda literalmente comerse su ciudad. Esa es la medida de una ciudad nutricional justa.  

¿Es la protección de datos una decisión estratégica para el negocio inmobiliario y de la construcción?

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios

En la última década, el sector inmobiliario y de la construcción en Chile ha experimentado una acelerada digitalización. Hoy, las empresas del rubro ya no solo administran terrenos, planos o contratos. También gestionan un enorme volumen de información personal y sensible de clientes, trabajadores, proveedores e inversionistas. En este nuevo escenario, contar con un sistema sólido de protección de datos ya no es una opción; es un requisito estratégico para la sostenibilidad del negocio.

Chile está inmerso en una modernización normativa en materia de protección de datos personales, que transformará el tratamiento de la información en todos los sectores. La nueva Ley de protección de datos, alineada con los estándares de la Unión Europea, eleva las exigencias para las empresas, introduciendo sanciones significativas y obligaciones de gestión activa de riesgos.

En este contexto, las empresas inmobiliarias y constructoras se enfrentan a un doble desafío: cumplir con las normas y, al mismo tiempo, preservar la confianza del mercado. La exposición a ciberataques, fugas de información o uso indebido de datos puede traducirse no solo en sanciones legales, sino también en un grave daño reputacional que afecte ventas, relaciones comerciales y valor de marca.

En el negocio inmobiliario, los datos personales son hoy una herramienta de alto valor. Son un activo estratégico, pues permiten segmentar clientes, anticipar demanda, diseñar estrategias de venta más efectivas y optimizar la experiencia de compra. Sin embargo, el uso intensivo de esta información exige protocolos robustos de gobernanza y seguridad.

La información de compradores, arrendatarios o inversionistas (RUT, datos financieros, direcciones, preferencias de inversión, historial crediticio) constituye un activo que debe ser gestionado con el mismo rigor que cualquier otro recurso estratégico. Proteger esos datos no solo cumple una norma, sino que protege el corazón mismo del negocio.

De esta manera, un sistema sólido de protección de datos no debe entenderse solo como un inevitable costo de cumplimiento, sino como una inversión en reputación, eficiencia y competitividad. Las empresas que implementen políticas de seguridad, capacitación al personal, protocolos de respuesta ante incidentes y auditorías internas no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que también proyectarán confianza frente a clientes, inversionistas y autoridades.

En un mercado cada vez más exigente, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de información se están convirtiendo en un nuevo estándar de calidad empresarial. Las constructoras e inmobiliarias que lo comprendan a tiempo podrán diferenciarse y consolidar relaciones de largo plazo basadas en confianza y credibilidad.

De esta manera, la adopción temprana de políticas de protección de datos ofrecerá una oportunidad para liderar el cambio cultural que el sector requiere. Integrar la seguridad de la información al sistema de cumplimiento, incorporar la figura del encargado de protección de datos y fortalecer la ciberseguridad corporativa son pasos esenciales para una gestión moderna y resiliente de todos quienes no quieran quedarse atrás en este avance tecnológico y normativo frente a sus pares y competencia.

En definitiva, proteger los datos ya no es solo proteger la información: es proteger la confianza, la reputación y la viabilidad futura del negocio. En un entorno cada vez más digital y regulado, las empresas inmobiliarias y de la construcción que comprendan esto no solo estarán cumpliendo la ley, sino que estarán construyendo una ventaja estratégica sostenible.

Crisis en el Minvu: Cómo darle en el suelo a la industria de la construcción

Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

Hace poco se reveló una problemática inquietante: la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Más allá de simples retrasos administrativos, hay deudas vencidas que superan los mil millones de dólares con constructoras, inmobiliarias y proveedores de todas las escalas y regiones del país.

Lo que comenzó como un ambicioso Plan de Emergencia Habitacional, lanzado a fines de 2022 con la promesa de entregar 260 mil viviendas para enfrentar el déficit de 640 mil hogares, se ha transformado -sin ser exagerado- en una bomba de tiempo para toda la industria.

El entuerto es estructural y revela una irresponsabilidad fiscal que resulta difícil de justificar. Lo primero para tratar de explicar esto es que se generaron compromisos que superan ampliamente la capacidad presupuestaria real del Estado y. si bien es cierto, el avance del 85% en la ejecución del programa suena impresionante en términos políticos, el costo ha sido grande: sobre endeudar al Estado y no pagarles correctamente, en tiempo y forma, a los proveedores que hicieron posible ese avance.

Aquí aplica una premisa básica dentro de cualquier economía doméstica: los gastos no pueden superar los ingresos. Si esto lo entendemos a nivel familiar, ¿por qué permitimos que quienes nos gobiernan, supuestamente las personas más capaces y con mayor conocimiento para liderar estos programas, ignoren este principio fundamental? 

Ahora se les pide a las constructoras e inmobiliarias que no facturen hasta marzo del próximo año, cuando, legalmente, el Estado está obligado a pagar a 30 días desde la facturación. Al postergar este proceso hasta después del cambio de gobierno, se está literalmente tirando la pelota al otro lado de la cancha, evadiendo la responsabilidad y dejando que la próxima administración cargue con el problema. 

¿Las consecuencias de esta crisis? Primero, se deteriora aún más una industria que ya viene golpeada en los últimos 5 años. Las empresas no quiebran por patrimonio, quiebran por flujo de caja, y este no pago está empujando a muchos actores del sector hacia la insolvencia y las reorganizaciones.

Por otro lado, hay personas esperando con esperanza que les llegue su vivienda, y si estos proyectos no se desarrollan, tendrán que esperar meses o incluso años más para cumplir el sueño de la casa propia.

Y tercero, el impacto en las pymes proveedoras es devastador. A diferencia de las grandes constructoras e inmobiliarias, estas empresas no tienen la espalda financiera para soportar este golpe, al no tener acceso al crédito en las mismas condiciones, y no pudiendo hacer frente a sus propios compromisos.

En el mejor de los casos, muchas tendrán que postergar pagos o pedir créditos con costos adicionales no contemplados y, en el peor escenario, enfrentarán la quiebra, con todo lo que eso implica: desempleo, pérdida de oportunidades y más deterioro del tejido productivo.

Lo más grave es que esta crisis no se limita a la Región Metropolitana, ya que hay constructoras e inmobiliarias comprometidas en Talca, Concepción, el norte del país y prácticamente todas las regiones. Hay empresas a las que se les deben 40 millones de dólares, otras 20 millones. La magnitud varía, pero el problema es transversal y afecta a actores de distintos tamaños y rubros.

El mensaje que se está enviando al mercado es letal para la confianza inversionista. Si el Estado no cumple con sus obligaciones contractuales, ¿qué incentivo tiene el sector privado para seguir participando en programas sociales? La colaboración público-privada, fundamental para resolver el déficit habitacional, se está destruyendo por una gestión financiera irresponsable.

El proyecto inmobiliario Las Salinas en Viña del Mar se podrá ejecutar 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Durante los últimos 20 años hubo una polémica de proporciones respecto a la utilización de un predio, algunos proponían que fuera un área verde, en el cual operaron durante casi 100 años diversas empresas petroleras en Viña del Mar, el que, después de las negociaciones de rigor y posteriores transacciones comerciales, quedó en poder de Copec y como el terreno que enfrenta la avenida Jorge Montt estaba lleno de residuos de hidrocarburos, fue indispensable que la autoridad ambiental emitiera su juicio por la forma inédita en Chile, empleada para su descontaminación. Acorde al título de esta columna, el proyecto de Copec se llama Las Salinas.  

La empresa Copec obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para el método utilizado, la que fue impugnada en el Segundo Tribunal Ambiental por diferentes organizaciones sociales, ente especializado que validó dicha RCA, ante lo cual, unas pocas de esas organizaciones, una de ellas, la fundación Defendamos la Ciudad, recurrieron de casación ante el máximo tribunal judicial del país. 

Pues bien, en un fallo unánime del 22/10/2025, la 3a Sala de la Corte Suprema, ver link https://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/8964-proyecto-inmobiliario-las-salinas-de-la-empresa-copec-en-vina-del-mar  no acogió las argumentaciones técnicas y jurídicas planteadas por los abogados de los recurrentes, de tal manera que el proyecto inmobiliario Las Salinas, que contempla una inversión de US$ 1.300 millones, tiene una inicial luz verde y como ya está resuelta la controversia, vale la pena recordar que años atrás, el arquitecto Esteban Undurraga, entonces gerente de ese proyecto, me invitó a almorzar en Santiago para intercambiar opiniones sobre esa iniciativa comercial. 

Entre otras materias, recuerdo haberle propuesto que los estacionamientos de los vehículos motorizados de los residentes estuvieran localizados en el subsuelo del amplio terreno de 16 hectáreas, actualmente subdividido, ello por razones de estética y para que relucieran mejor las áreas verdes previstas. Los estacionamientos de visitas, le expresé al gerente, se podrían situar en ciertos y acotados espacios en superficie con guardias permanentes, ideas que aparentemente fueron acogidas por Undurraga.     

Por la prensa hemos sabido que la alcaldesa Macarena Ripamonti ha expresado su férrea oposición al proyecto, pero llama sumamente la atención que su municipio nunca haya congelado (postergación de permisos) el sector para fijar, en un Plan Seccional, las normas urbanísticas que ella y su Concejo Municipal quisieran que se apliquen para ese terreno, teniéndose presente que en el actual Plan Regulador Comunal (PRC) son bastante permisivas. A modo de ejemplo, la altura allí fijada es libre y por ende, la misma de los futuros edificios se regirá solo por el tamaño del predio y por la rasante.  

Ahora ya es tarde, y hasta de mal gusto, para que la alcaldesa proceda en tal sentido y como dicho fallo alude solo a la remediación del suelo contaminado, una vez concluida esa tarea de limpieza, la empresa Copec tendrá que solicitarle al Director de Obras Municipales (DOM) los actos administrativos necesarios para que, tan pronto se aprueben, se inicie la construcción de su proyecto que considera infraestructura, edificios habitacionales, distintos tipos de equipamientos como comercio, oficinas, hoteles, servicios y áreas públicas. La empresa se ha comprometido a ejecutar un gran parque que será utilizado, sin restricciones de ninguna especie, por la comunidad viñamarina y miles de veraneantes. Pero, otros actores bien documentados señalan que, una vez remediado el terreno, se debe modificar el PRC para habilitar los usos de suelo que admitirán las construcciones mencionadas.   

Finalmente, como un hecho curioso, se debe destacar que este predio enfrenta la playa Los Marineros y por ello es incomprensible que el proyecto en comento se llame Las Salinas, nombre relacionado con la playa ubicada más al norte, pero le reconocemos a la empresa que ella decida como se denomina su millonaria inversión en la ciudad jardín.   

Marcas propias vs tradicionales: una competencia que redefine el mercado

Por: Gabriela Jorquera, Research Manager / Customer Success en NielsenIQ Chile

Las marcas propias, también conocidas como “private labels”, han irrumpido tanto en el mercado chileno como en el resto del mundo. Según el estudio Chile 3D 2025, el 81% de los encuestados afirma haber comprado productos de marcas propias en el último año, y un 61% asegura que seguirá comprándolos en el futuro. A nivel global, más de la mitad de los consumidores declara que es probable que consuman más productos de marcas propias que antes, según datos de NielsenIQ (NIQ) global en 2025.

A diferencia de años anteriores, la compra de marcas propias se ha vuelto transversal a los distintos segmentos socioeconómicos, siendo los estratos medios altos-altos los que más afirman haber cambiado alguna de sus marcas tradicionales por una propia en el último tiempo.

Y aunque las marcas propias han estabilizado su crecimiento en el último año, hay razones para pensar que llegaron para quedarse. Al competir con precios mucho menores y con una calidad similar, han logrado generar pérdida en la sensibilidad al precio en los consumidores.

La percepción de paridad entre ambas clases de marcas también ha impactado en el posicionamiento de las marcas tradicionales. Según datos del Chile 3D 2025, el 64% de los encuestados piensa que las marcas propias han mejorado su calidad en el último tiempo, un 57% afirma que son de muy buena calidad y un 54% que prefiere ciertas marcas propias sobre otras tradicionales del mercado.

Por otro lado, las marcas propias también han entrado a disputar espacio en la góndola, donde los retailers cada vez dan mayor importancia a su propio portafolio de marcas propias. Aunque un escenario más competitivo no necesariamente es negativo, sí plantea la necesidad de buscar estrategias que permitan a las marcas tradicionales no perder territorio y mantenerse visibles y vigentes, por ejemplo, a través de la promocionalidad.

Sin embargo, las marcas propias también enfrentan desafíos, especialmente en un contexto donde las tradicionales han ido recobrando terreno. Las marcas tradicionales generan mayor lealtad con sus consumidores apelando a la trayectoria y la confianza, cualidades que son más complejas de alcanzar para las marcas propias.

En este punto, existe una oportunidad para las marcas tradicionales en segmentos más jóvenes, ya que los Gen Z (20%) y los Millennials (20%) son los que, en mayor medida, expresan que nunca comprarían productos de marcas propias. En el caso de los Gen Z, las principales razones para no hacerlo son que prefieren comprar marcas reconocidas (28%) y que las marcas propias no se encuentran en todas partes (26%).

Mientras que en los Millennials, los motivos más relevantes son la lealtad a sus marcas de siempre (27%) y malas experiencias previas (26%). Apelar a cierta deseabilidad en el caso de los Gen Z y a la lealtad y la nostalgia en los Millennials puede ser clave para enfrentarse al mundo de las “private labels”.

Por otro lado, las marcas tradicionales también tienen la ventaja de estar disponibles en más canales de venta y no quedar relegadas a retailers específicos, lo que les ayuda a fortalecer su presencia y alcance entre los consumidores.

En conclusión, las marcas propias han demostrado ser una fuerza disruptiva en el mercado, ganando terreno y fidelidad entre los consumidores de diversos segmentos socioeconómicos.

Aunque enfrentan desafíos, su capacidad para ofrecer calidad a precios competitivos les asegura un lugar en el futuro del retail. Las marcas tradicionales, por su parte, deben adaptarse y encontrar nuevas formas de conectar con los consumidores, especialmente los más jóvenes, para mantener su relevancia.

La competencia entre marcas propias y tradicionales no solo beneficia a los consumidores con más opciones, sino que también impulsa la innovación y la mejora continua en el mercado.

Arquitectura con propósito: diseñar para un futuro sostenible

Por: Liset Sapaj, arquitecta y jefa Área de Especificaciones de Volcán

En octubre conmemoramos a la arquitectura, aquella disciplina definida como el arte y la ciencia de planificar, diseñar y construir edificaciones, comunidades y otros entornos para ofrecer espacios funcionales, seguros, estéticos y por sobre todo sostenibles. Su gran objetivo: mejorar la habitabilidad y en consecuencia, la calidad de vida de las personas

¿Pero cómo seguimos adelante frente a la escasez de recursos naturales y la alta densidad demográfica de las ciudades? En este contexto, contribuir a urbes más amigables con el medio ambiente es algo crucial en el mundo de la construcción, donde cada diseño, desde la selección de materiales hasta la orientación de una fachada, puede generar un impacto positivo.

En esa línea, la construcción industrializada y modular ha demostrado ser una gran aliada para alcanzar estos objetivos. Los Métodos Modernos de Construcción (MMC), tal como los explica la Guía del Centro Tecnológico para la Innovaciones  en la Construcción (CTEC), permiten organizar soluciones constructivas que hacen los proyectos más eficientes y sostenibles. Estas metodologías, hoy aplicables, revelan que es posible construir con rapidez y calidad ahorrando agua, tiempo y energía.

En tanto, la actualización de la reglamentación térmica en Chile a partir de noviembre próximo, será otro paso importante para elevar los estándares de confort y eficiencia en los edificios. Este cambio requiere colaboración entre arquitectos, ingenieros, fabricantes y constructores, abriendo la puerta a proyectos más responsables en todo sentido.

En este mes de reflexión, vale recordar que la arquitectura no solo crea espacios físicos: también construye comunidad, identidad y futuro. Diseñar con conciencia es la mejor manera de honrar nuestra profesión y de aportar a un mejor mundo.

12/03/2026 08:16
Jueves 12 de Marzo de 2026
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