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Ley de Consolidación de Deudas: se acaba el multicrédito y los “inversionistas invisibles”

A partir de abril de 2026 entrará en vigor el Registro de Deuda Consolidada, que permitirá a bancos y mutuarias conocer en línea todos los compromisos financieros de una persona. Expertos anticipan un cambio estructural para los inversionistas inmobiliarios de clase media.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Por años, cientos de inversionistas de clase media construyeron sus portafolios inmobiliarios apalancados en una estrategia tan arriesgada como eficiente: el multicrédito. El mecanismo consistía en solicitar varios préstamos hipotecarios simultáneamente en distintas instituciones —bancos, mutuarias u otras— aprovechando que el sistema financiero chileno no contaba con un registro en línea que consolidara todas las deudas de una persona. Esa ventana se cerrará definitivamente el 1 de abril de 2026.

Ese día comenzará a regir la Ley N° 21.680, que crea el Registro de Deuda Consolidada (REDEC), administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La nueva normativa obligará a todas las instituciones que otorgan créditos —incluyendo bancos, mutuarias, casas comerciales, cooperativas, cajas de compensación y fintech— a informar en tiempo real las deudas vigentes de sus clientes. Es decir, se acaba la opacidad, y por lo tanto, el multicrédito tal como se conoce.

“El inversionista que antes podía financiar tres departamentos a la vez, uno con una mutuaria y otros dos con distintos bancos, ya no podrá hacerlo. Ahora solo calificará para uno”, explica Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital. Y añade: “El juego cambia. Las oportunidades seguirán existiendo, pero requerirán más planificación tributaria, conocimiento del sistema financiero y asesoría profesional”.

Fin de los “inversionistas invisibles”

Hasta ahora, las mutuarias —que no estaban bajo supervisión directa de la CMF— no reportaban automáticamente las deudas hipotecarias que otorgaban. Esto permitía que sus clientes aparecieran con mayor capacidad crediticia frente a otras entidades. Según Conejeros, “durante años los inversionistas aprovecharon esa brecha para crecer de forma acelerada, aunque con altos niveles de exposición”.

Con el REDEC, todas las obligaciones financieras quedarán registradas en una única plataforma visible para cualquier entidad que evalúe un nuevo crédito. No solo se considerarán los hipotecarios, sino también créditos de consumo, leasing, líneas de crédito, tarjetas y otros productos.

El resultado, afirman los especialistas, será una evaluación más estricta y conservadora por parte de los bancos, lo que impactará directamente en la clase media que solía acceder a propiedades para inversión.

Reordenamiento del mercado

El nuevo escenario implicará una transformación en las estrategias de inversión. El modelo que permitía pagar el pie en cuotas, asegurar la promesa de compraventa y luego obtener el crédito hipotecario con otra institución financiera ya no será viable. A juicio de Conejeros, el sistema será “más transparente, pero también más exigente”.

En un contexto de tasas de interés aún elevadas, plazos más acotados y mayor sensibilidad frente al riesgo, los inversionistas deberán enfocarse en fortalecer su perfil financiero, aumentar su ahorro previo y proyectar cada operación con una visión de largo plazo.

El 2025, advierten los expertos, será el último año completo para operar bajo las reglas actuales. A partir de abril de 2026, el multicrédito —como táctica de expansión patrimonial— dejará de existir. En su lugar, emergerá un ecosistema donde la estabilidad y la planificación reemplazarán al crecimiento acelerado.

Mercado de centros de bodegas consolida su estabilización en Santiago durante primer semestre de 2025

La absorción neta alcanzó los 176.667 m², superando toda la cifra anual de 2024, mientras que la producción de nuevos espacios creció un 54%, liderada por los submercados Norte y Poniente. A pesar del aumento en la oferta, la vacancia se mantuvo estable en 5,8%.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Santiago, julio de 2025.– El mercado de centros de bodegas en Santiago mostró señales claras de estabilización durante el primer semestre de este año, con una demanda sólida y un incremento significativo en la actividad de desarrollo, según el informe elaborado por JLL.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que la absorción neta alcanzó los 176.667 metros cuadrados, cifra que no solo supera la absorción total de 2024 (157.258 m²), sino que también contrasta fuertemente con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una absorción negativa de -79.671 m². Esto consolida la tendencia positiva iniciada en el segundo semestre de 2024, que había cerrado con 236.929 m².

“Esta cifra confirma una robusta recuperación del mercado. La fuerte absorción, junto con una alta producción, demuestra confianza en el sector y consolida su estabilización”, explicó Alessandro Piffardi, analista de Investigación y Valoración en JLL.

Producción en alza y vacancia controlada

En paralelo, el estudio destaca una fuerte producción de nuevos espacios, con 206.392 m² incorporados al mercado entre enero y junio, lo que representa un aumento del 54% respecto al primer semestre de 2024. De esta nueva superficie, un 80% se concentró en los submercados Norte y Poniente, con 81.712 m² y 79.698 m² respectivamente.

A pesar del volumen de nueva oferta, la tasa de vacancia se mantuvo estable en 5,8%, levemente superior al 5,5% registrado al cierre de 2024. El submercado Norte lideró en disponibilidad, alcanzando un 7,0% de vacancia, tras un aumento del 73%. En contraste, el Norponiente fue el más demandado, con la vacancia más baja del semestre (3,4%), mientras que el Sur marcó el mayor nivel, con 9,2%.

Arriendos al alza y nuevas configuraciones

El informe también evidencia una recuperación en los precios de arriendo, que promediaron 0,158 UF/m² (USD 6,62/m²), un alza de 8,9% respecto al cierre de 2024. Este incremento se explica en parte por la mayor oferta de bodegas con modulación de hasta 800 m², que concentraron el 30% de la disponibilidad inmediata y registraron precios promedio de 0,200 UF/m².

En contraste, los centros con superficies de mayor tamaño se mantuvieron en valores promedio de 0,140 UF/m², con una dispersión entre 0,110 y 0,180 UF/m², dependiendo de factores como ubicación, antigüedad, calidad constructiva y niveles de seguridad.

Proyecciones para el segundo semestre

Para la segunda mitad del año, se espera que la producción se mantenga activa, con 488.542 m² en construcción que se proyectan en operación entre 2025 y 2027. Las estimaciones apuntan a una vacancia entre 7,0% y 7,5%, dentro de los márgenes saludables para el mercado. En tanto, los valores de arriendo podrían mantenerse estables, siempre que la absorción continúe fuerte y sostenida.

Operaciones inmobiliarias vinculadas a viviendas sociales crecen 600% según informe de aseguradoras

Un informe de Orsan Seguros reveló que las operaciones inmobiliarias vinculadas a subsidios habitacionales DS19 y DS49 crecieron seis veces en el segundo semestre de 2024, consolidándose como una herramienta clave tanto para las familias como para la reactivación del rubro inmobiliario y de la construcción en 2025.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Durante el segundo semestre de 2024, las operaciones relacionadas con viviendas sociales experimentaron un alza histórica, con un promedio de 10 nuevos proyectos inmobiliarios mensuales, lo que implicó un aumento sostenido del 4,5% durante 2025.

Así lo revela un informe de Orsan Seguros, que indica que las operaciones inmobiliarias ligadas a subsidios habitacionales —especialmente los programas DS19 y DS49— aumentaron un 600% entre julio y diciembre de 2024, en comparación con el primer semestre del mismo año, cuando estas iniciativas mostraron un desempeño muy acotado.

Los subsidios habitacionales son aportes económicos no reembolsables otorgados por el Estado para facilitar el acceso a una vivienda digna. Pueden utilizarse para comprar una propiedad nueva o usada, construir en terreno propio, o mejorar una vivienda existente. Están dirigidos a diversos grupos, como familias de bajos ingresos, personas en situación de discapacidad o adultos mayores, y buscan reducir las brechas de acceso a la vivienda.

En este contexto, el subsidio DS19, orientado a proyectos de integración social y territorial, ha ganado protagonismo entre las inmobiliarias, ya que permite ampliar el espectro de compradores y dinamizar el mercado.

En paralelo, el DS49, destinado a familias del 40% más vulnerable sin solución habitacional, también mostró mayor movimiento en 2024, con múltiples llamados a postulación para proyectos en terrenos SERVIU, nuevas construcciones, autoconstrucción asistida y construcción en sitio propio.

“El rol de los subsidios habitacionales no solo es clave para facilitar el acceso a la vivienda, sino también para dinamizar al sector inmobiliario y de la construcción en contextos complejos. Como compañía, acompañamos a las constructoras en cada etapa del proceso, ofreciendo soluciones que les permiten avanzar con respaldo y seguridad, tanto en iniciativas públicas como privadas”, señaló Alejandra Aguilar, gerente comercial de Seguros de Garantía en Orsan Seguros.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, las operaciones asociadas a los subsidios DS19 y DS49 han mantenido un ritmo estable —con un promedio mensual de 10 iniciativas—, concentrándose principalmente en proyectos bajo el DS19, lo que confirma la consolidación de los programas de integración social como un motor para el sector.

Según cifras de Orsan Seguros, este dinamismo representa un incremento del 4,5% respecto al promedio mensual del segundo semestre de 2024, reafirmando una tendencia positiva en el vínculo entre subsidios habitacionales y la reactivación del negocio inmobiliario en Chile.

Ñuñoa marca un hito: primer edificio en Chile con Certificación de Vivienda Sustentable

El proyecto Guillermo Mann, de Empresas Socovesa, incorpora tratamiento de aguas grises, paneles solares y otras soluciones eficientes en su diseño.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La comuna de Ñuñoa se posiciona a la vanguardia en sostenibilidad urbana con la inauguración del edificio Guillermo Mann, el primer proyecto de vivienda en altura del país en obtener la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), otorgada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Desarrollado por Pilares, filial de Empresas Socovesa, el proyecto fue concebido bajo un enfoque integral de eficiencia energética, uso racional de recursos y bienestar de sus habitantes. La CVS es una certificación voluntaria que evalúa el desempeño ambiental de proyectos habitacionales en seis categorías: Energía, Impacto Ambiental, Salud y Bienestar, Materiales y Residuos, Agua y Entorno Inmediato.

Entre las innovaciones del edificio destacan una planta de tratamiento de aguas grises para riego, paneles fotovoltaicos en áreas comunes, vidrios de control solar en las fachadas, artefactos sanitarios de bajo consumo, paisajismo de baja demanda hídrica, infraestructura para vehículos eléctricos y una sala de acopio para reciclaje.

“El proyecto Guillermo Mann operó como un piloto para evaluar la implementación de distintas medidas y su efecto tanto en el diseño como en la experiencia del usuario”, señaló Matías Abogabir, gerente de Sostenibilidad de Empresas Socovesa. “Este reconocimiento representa una herramienta clave para avanzar hacia una vivienda más eficiente, accesible y comprometida con el entorno”, agregó.

Desde la compañía explican que la elección de Ñuñoa no fue al azar, sino que respondió a un estudio de perfil del consumidor local, donde identificaron un fuerte interés por la sostenibilidad y estilos de vida más conscientes con el medioambiente.

Este hito forma parte de una estrategia de sostenibilidad más amplia impulsada por Empresas Socovesa, que incluye la medición de su huella de carbono, el desarrollo de una biblioteca de atributos sustentables, y la integración progresiva de estos aprendizajes en nuevos proyectos habitacionales.

Visión compartida: dos liderazgos proyectan la Red ECC como motor de la economía circular en Chile

Marisol Cortez, de la Cámara Chilena de la Construcción, y Patricia Pastén, del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red Circular de la Construcción. Desde sus respectivos ámbitos, ambas impulsan un modelo de colaboración público-privada y territorial para transformar estructuralmente la industria.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La economía circular ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una urgencia estratégica. Y en el sector construcción, uno de los mayores generadores de residuos en Chile, este cambio ya comenzó. La reciente instalación de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) marca un punto de inflexión, gracias a un liderazgo dual que conjuga mirada técnica, gremial y territorial.

Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red con una convicción compartida: la transformación del sector solo será posible si se articula a toda la cadena de valor, con participación activa del mundo público y privado.

“Esto no es solo compromiso, es liderazgo para generar cambios concretos”, afirma Cortez. Desde su rol en la CChC, apuesta por movilizar a proveedores, constructoras e inmobiliarias hacia un modelo circular, a través de pilotos replicables, manuales prácticos y programas de capacitación. Pero su meta va más allá de lo técnico: busca articular territorios, conectando comunas generadoras y receptoras de residuos a través de esquemas de simbiosis industrial. “La Red ECC no puede ser solo de Santiago; debe ser un modelo para todo el país”, recalca.

En paralelo, Patricia Pastén plantea que la clave está en conectar lo local con lo estratégico, integrando a municipios y gobiernos regionales a la Red. “La economía circular también debe generar capacidades en los territorios, fortalecer ecosistemas y abrir oportunidades reales para comunidades y empresas locales”, señala.

Ambas coinciden en que uno de los grandes desafíos es la brecha de infraestructura para la valorización de residuos, la falta de normativas habilitantes y la baja articulación entre actores del ecosistema. Por eso, apuestan por una gobernanza que habilite colaboración permanente, con foco en información confiable, reglas claras y mecanismos que incentiven la reutilización y transformación de materiales.

“La circularidad no es solo un deber ambiental. Es una oportunidad económica: anticiparse a regulaciones, reducir costos y abrir nuevos modelos de negocio”, resume Pastén.

Desde esa convicción, la Red ECC busca consolidarse como una plataforma habilitante para la transición del sector, promoviendo inversiones verdes, compras públicas sustentables, articulación público-privada y generación de conocimiento aplicado.

Ambos liderazgos coinciden en que el desafío no solo es técnico ni ambiental: es político, social y económico. Y el momento de actuar es ahora.

Gremio de infraestructura digital suscribe convenio con municipalidades para el retiro y mantención de cableado de telecomunicaciones

Empresas asociadas a IDICAM, como Claro, VTR, OnNet Fibra, American Tower, Entel y Mundo, entre otras, podrán avanzar junto a los municipios en el cumplimiento gradual de metas para el despeje de cables.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Avanzar en el cumplimiento de la Ley “Chao Cables” es un desafío que podría avanzar más rápido. Esto, gracias al reciente acuerdo suscrito entre la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM), la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) y que permite avanzar en un plan para el retiro y reordenamiento de cables aéreos a través de distintas mesas de trabajo que se coordinarán a lo largo del país.

Según explicó Rodrigo Ramírez, presidente de IDICAM, la iniciativa, se enmarca dentro del “Plan de gestión y mantención de líneas aéreas y subterráneas de telecomunicaciones”, que busca implementar colaborativamente la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°176 –conocido como “Ley Chao Cables”–, a partir del 21 de septiembre. Además de avanzar en alternativas tecnológicas para el desarrollo e implementación de proyectos orientados para el despliegue de la infraestructura asociada a los servicios de telecomunicaciones.

Francisco Concha, director de IDICAM y gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Gubernamentales de Claro y VTR, sostuvo que la participación de las empresas de telecomunicaciones en este acuerdo es “fundamental porque nos permite coordinar los trabajos en terreno de manera más eficiente, optimizando la asignación de recursos. De cara a la ciudadanía, esto se traduce en procesos más ágiles e integrales, realizados en concordancia con la autoridad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se sumó a los agradecimientos a esta alianza público-privada y complementó destacando que “Chile es un ejemplo de conexión, pero también debe serlo en la calidad de ésta y ahí tenemos que entrar nosotros como municipios. Por ejemplo, soterrando cables y coordinando con las empresas de telecomunicaciones para futuros proyectos”. 

Entel también suscribió el acuerdo como invitado. Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de la compañía, señaló al respecto: «Siempre el diálogo entre los distintos actores sociales es la mejor forma de pavimentar el desarrollo sostenible y, ese sentido, apoyamos y celebramos este acuerdo entre las asociaciones de municipalidades e IDICAM».

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Rurales y alcalde de la comuna de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, consideró que la iniciativa impactará positivamente a los habitantes de comunas rurales del país, incluso más allá de lo estético. “La basura aérea afecta a la cotidianidad de las personas, cuando hay temporales, por ejemplo, o cuando se caen los postes por el peso que tienen los cúmulos de cables”, dijo. 

Tras la firma del acuerdo se espera que se establezcan mesas de trabajo coordinadas y se definan cuadrantes de acción para que las empresas puedan reordenar cables, amarrándolos y asegurando que estén a la altura correcta, además de retirar aquellos que se encuentran cortados. Todo en coordinación con los municipios, empresas de telecomunicaciones y comunidades locales.

IDICAM agrupa a cerca del 90% de las empresas del rubro en Chile: American Tower, Claro Chile, Copelec, CTR, Huawei, Hughes, IFX, Mundo Telecomunicaciones, OnNet Fibra, Reuna, Silica Networks, SBA Sites, Sites Chile, Ufinet, Mundo y VTR.

Millonarios migran a Centroamérica: Costa Rica y Panamá se consolidan como nuevos refugios de riqueza

Mientras países como Brasil, México y Colombia enfrentan fuga de grandes patrimonios, Costa Rica y Panamá se posicionan entre los mercados de mayor crecimiento en atracción de millonarios, gracias a su estabilidad económica, baja carga tributaria y seguridad jurídica.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La migración de millonarios ya no se limita a destinos tradicionales como Dubái, Suiza o Singapur. En lo que va de 2025, Centroamérica ha ganado terreno como nuevo polo de atracción para los altos patrimonios, con Costa Rica y Panamá liderando el fenómeno. Así lo muestra el Millionaire Migration Report, elaborado por Henley & Partners junto a la firma New World Wealth.

Según el informe, al cierre de este año ambos países habrán sumado 650 nuevos residentes con patrimonios superiores al millón de dólares —350 en Costa Rica y 300 en Panamá—, superando por mucho a varias de las principales economías de la región que, por el contrario, están perdiendo fortunas. Solo Brasil registrará la salida de 1.200 millonarios, seguido por Colombia y México, con 150 cada uno, y Argentina con otros 100.

“Costa Rica y Panamá están entre los diez mercados de millonarios de más rápido crecimiento en el mundo”, afirmó Andrew Amoils, jefe de investigación de New World Wealth.

Por qué eligen estos destinos

La lista de razones es amplia, pero sobresalen tres elementos clave: baja tributación, estabilidad institucional y alta calidad de vida. Ninguno de estos países grava las herencias ni las sucesiones, y Panamá ofrece además una tasa baja de impuesto a las ganancias de capital, muy valorada entre los HNWI (sigla en inglés para individuos de alto patrimonio), cuyas fortunas suelen estar ligadas a acciones o participación en empresas.

Ambos países ofrecen también zonas residenciales de lujo consolidadas, sistemas de gestión patrimonial maduros y niveles de seguridad superiores al promedio latinoamericano. A eso se suman atractivos naturales que no pasan desapercibidos: playas, selvas, volcanes, biodiversidad y clima tropical durante todo el año.

Costa Rica: crecimiento económico y confianza institucional

Costa Rica aparece como el séptimo país del mundo con mayor aumento en su población millonaria entre 2014 y 2024 (73%), acumulando 8.400 personas con más de US$1 millón en patrimonio, 42 centimillonarios y tres multimillonarios.

Para Melizandro Quirós Araya, director del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI), esto no es casualidad: “El país tiene un entorno macroeconómico robusto, con crecimiento del PIB del 3,4%, inflación controlada (-0,12% interanual), y una tasa de interés estable (3,75%)”.

Agrega que el reciente respaldo del FMI y el BID mediante acuerdos y préstamos refuerza la imagen de Costa Rica como un destino confiable para el capital. “Existe una política fiscal predecible, sin señales de cambios bruscos en el modelo tributario, lo cual es clave para inversionistas de largo plazo”.

A nivel institucional, la estabilidad política también es valorada. “El país mantiene una reputación de democracia sólida, con bajo riesgo de cambios estructurales. Eso, sumado a la cercanía con Estados Unidos —fortalecida por la relación entre los presidentes Rodrigo Chaves y Donald Trump—, genera un entorno favorable para mantener o expandir inversiones”, destaca Quirós.

El país también ofrece una red de tratados de libre comercio con más de 15 economías, incluidas EE.UU., la Unión Europea y China. En cuanto a sectores de oportunidad, destacan energía, infraestructura hídrica, gas, y un creciente clúster de exportación de dispositivos médicos y electrónicos.

Panamá: refugio financiero y logístico

Con 7.500 millonarios, 35 centimillonarios y tres multimillonarios, Panamá completa el top 10 de mercados emergentes en atracción de riqueza. Según el economista y consultor Carlos Araúz, esto se explica por una mezcla de factores: una economía dolarizada, un sistema financiero sofisticado y la ausencia de un banco central, lo que obliga a los bancos privados a mantener estándares de prudencia superiores.

“La reciente salida de Panamá de listas grises relacionadas con el lavado de dinero ha fortalecido la percepción de transparencia. Además, el país destaca por su conectividad logística: es un hub natural entre América, Europa y Asia”, señala Araúz.

En términos fiscales, reconoce que Panamá ha lidiado con desórdenes durante la última década, pero ha mantenido su grado de inversión. “Pese a todo, el país sigue siendo un refugio de capitales, con estructuras legales flexibles que permiten ejecutar proyectos con agilidad y protección jurídica”.

Araúz destaca además que Panamá, al igual que Costa Rica, ha consolidado sectores estratégicos como turismo, tecnología y farmacéutica, generando polos de desarrollo atractivos para la inversión extranjera.

Centroamérica en el radar global

Según cifras de la Cepal, Costa Rica fue el país que más inversión extranjera directa recibió en Centroamérica en 2024, con US$5.298 millones (un alza del 13%). Panamá le sigue con US$3.240 millones, lo que representa un crecimiento de 35,7%.

Y aunque el fenómeno de atracción de millonarios podría parecer anecdótico, expertos aseguran que es una señal clara de confianza económica, política y jurídica. Algo que hoy escasea en varios países de la región.

El alto precio de la vivienda en Chile: ¿Por qué se ha encarecido tanto comprar casa?

Según Colliers, más del 60% del aumento en el valor de las viviendas en la última década se explica por el sobreprecio de los terrenos, la permisología y políticas públicas que encarecen el desarrollo inmobiliario.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En los últimos 10 años, el precio de las viviendas en Chile ha aumentado un 54%, muy por encima del crecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Así lo indican las estimaciones de la consultora Colliers, que pone el foco en tres factores clave detrás de este fenómeno: el encarecimiento del suelo, los extensos plazos en la tramitación de permisos y una serie de políticas públicas que han introducido nuevos costos al desarrollo inmobiliario.

A ello se suma que Chile se posiciona entre los países donde más ha subido el valor de las viviendas en los últimos 15 años, según el centro de estudios Espacio Público. ¿Qué explica este fenómeno?

“El principal problema es la disponibilidad de terrenos para desarrollar viviendas”, sostiene Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers. “Los planes reguladores han ido en una dirección contraria a la demanda actual: restringen altura, densidad y uso de suelo en un momento en que las personas buscan viviendas más pequeñas y mejor ubicadas. Esto genera un efecto directo sobre el precio final”, añade.

De acuerdo con el estudio de Colliers, los cambios normativos han derivado en sobrecostos que alcanzan un 5,1% en el sector oriente de la capital, un 7,2% en el sector poniente, 8,7% en el norte y 7,4% en el sur. La caída histórica en la emisión de permisos de edificación es otra consecuencia de este fenómeno.

El segundo factor que empuja los precios al alza es la permisología. El proceso para obtener las autorizaciones clave —anteproyecto, permiso de edificación y recepción final— puede extenderse por años. Esto implica un sobrecosto de 12,2%, cifra que en algunos sectores, como el centro poniente de Santiago, llega al 14%.

Las políticas públicas también han tenido un rol importante. Entre las medidas que han elevado los costos se encuentra la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras, la aplicación de IVA a la venta de viviendas nuevas, la Ley de Aportes al Espacio Público y diversas actualizaciones normativas —como eficiencia energética, normas sísmicas, accesibilidad y estándares de iluminación— que, si bien apuntan a elevar la calidad de las construcciones, han obligado a las empresas a incurrir en mayores costos.

Sumando estos tres factores —valor del terreno, permisología y políticas públicas—, el sobrecosto promedio que hoy enfrentan los proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana es de 32,7%, según cifras de Colliers. De ese total, un 13,4% se atribuye directamente al impacto de las regulaciones.

¿Qué hacer para frenar el alza?

Desde Colliers proponen una serie de medidas para contener el alza en los precios de las viviendas. En materia de suelos, plantean generar incentivos normativos y tributarios para fomentar el uso de terrenos urbanos subutilizados, así como actualizar la normativa que aún considera un promedio de 4 personas por hogar, pese a que el Censo de 2022 situó esa cifra en 2,8.

Respecto a la permisología, sugieren fortalecer el rol de revisores independientes, aplicar silencio administrativo positivo (que otorgue permisos si la autoridad no responde en los plazos establecidos), y retomar los niveles de eficiencia de 2014, cuando los proyectos se aprobaban en 1.298 días, frente a los 1.905 actuales.

En el ámbito normativo, la consultora recomienda simplificar los planes reguladores y alinearlos con los cambios demográficos y sociales. En cuanto a las políticas públicas, proponen restituir la exención del IVA para viviendas DFL2, reponer beneficios tributarios para constructoras y reducir los plazos de apelación que pueden paralizar proyectos por tiempo indefinido.

La discusión sobre cómo equilibrar calidad, regulación y acceso se vuelve cada vez más urgente. Mientras las cifras muestran un mercado cada vez más tensionado, la necesidad de soluciones estructurales que faciliten el acceso a la vivienda se vuelve central para el futuro urbano del país.

Expertos proyectan reactivación de la industria de fondos inmobiliarios tras años de ajuste

Durante un webinar organizado por SURA Investments y Ex-Ante, autoridades y expertos coincidieron en que el sector inicia una nueva etapa, con mejores condiciones de financiamiento y nuevas oportunidades, pese a los desafíos regulatorios y estructurales.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Luego de varios años marcados por un escenario económico adverso y una profunda corrección en la valorización de activos, la industria de fondos de inversión inmobiliarios comienza a mostrar señales de recuperación. Así lo plantearon expertos y autoridades en el webinar “Fondos de Inversión Inmobiliarios: Desafíos, Regulación y Futuro”, organizado por SURA Investments y Ex-Ante.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, destacó que, pese a la complejidad del último ciclo económico —especialmente en los fondos de renta—, el sector ya evidencia signos de estabilización. Sin embargo, hizo una advertencia clara sobre ciertos riesgos emergentes: “La oferta de liquidez que haga el manager debe ser consistente con el grado de iliquidez del activo subyacente”, señaló, aludiendo al uso de fondos mutuos de alta liquidez para invertir en activos como inmuebles, generando un descalce que podría poner en riesgo a los inversionistas.

Berstein recalcó que la CMF está trabajando en una agenda regulatoria para modernizar el marco normativo del sector, con foco en gobernanza, gestión de riesgos y valorización de activos alternativos, en línea con estándares internacionales como los principios de IOSCO. Entre las iniciativas, mencionó las Normas de Carácter General N°507 y N°510, y la elaboración de un nuevo Manual de Sistema de Información de Fondos.

Desde la industria, el diagnóstico fue coincidente: el ajuste ya ocurrió, y ahora comienza una etapa de reactivación.

Pablo Urzúa, country manager de SURA Investments, recordó que el sector vivió su peak en 2019, seguido por una fuerte caída en dinamismo debido a la sobrevaloración de activos residenciales, comerciales y de oficinas. Pero sostuvo que el panorama ha cambiado: “Estamos viendo mejores condiciones de financiamiento, ingresos más estables en activos de renta y valorizaciones más razonables. Todo apunta a un nuevo ciclo”.

Ruperto Lira, gerente de Portafolio Real Estate de SURA Investments, agregó que hay una distinción clave entre shocks transitorios y cambios estructurales. Mientras el teletrabajo ha afectado el mercado de oficinas, el segmento industrial se fortalece gracias al auge del comercio electrónico. “El e-commerce sí parece un cambio más permanente”, afirmó.

Desde el gremio, Daniel Kiverstein, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, reconoció que el mercado “será más pequeño y distinto al que conocíamos”. Según el ejecutivo, el alza en el costo de materiales y del suelo, junto con mayores exigencias de financiamiento, han tensionado la oferta de viviendas. “Hoy, acceder a un crédito hipotecario exige cerca del 80% del ingreso familiar, el doble que hace cinco años”, alertó.

Ante este nuevo escenario, Kiverstein propuso innovar con productos financieros más flexibles, como arriendos con opción de compra o créditos hipotecarios adaptables, y destacó el rol creciente de los fondos de deuda como una alternativa para viabilizar nuevos desarrollos.

Por su parte, Patricio Jaramillo, director de Riesgo Financiero de PwC, hizo un llamado a revisar las exigencias regulatorias impuestas tras la crisis financiera internacional, como Basilea III. “Las normas locales son, en algunos márgenes, más exigentes que las europeas. Hay espacio para ajustar ponderadores de riesgo sin comprometer la estabilidad del sistema”, dijo.

El economista también subrayó el impacto del sector inmobiliario en la economía chilena: representa cerca del 7% del PIB, 10% del empleo y 60% de la inversión total. “Es un sector procíclico: cuando va bien, dinamiza al país entero, y viceversa”, concluyó.

El consenso entre los participantes fue claro: la industria está al inicio de un nuevo ciclo, con mejores condiciones para el desarrollo de fondos de renta y nuevas estructuras de inversión que puedan responder a los desafíos del mercado actual. A juicio de los expertos, este nuevo ciclo no solo será más regulado, sino también más resiliente y diverso.

Un supermercado en Zapallar con «errores» : el alcalde Alessandri tiene que ejercer su rol  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Desde hace unos cuantos meses, varios medios de prensa están dando cuenta de una polémica por la pretendida irrupción de un supermercado Unimarc, denominado Centro Comercial Zapallar, de la empresa SMU, que se localizaría en la calle Januario Ovalle del balneario de Zapallar, ello a pesar de que el interesado dispone de un permiso de anteproyecto mal cursado por la subrogante Directora de Obras Municipales (DOM), Scarlett Salinas, quien cometió el error de considerar que esa vía era «de servicio», en circunstancias que el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) la define como «local».

Se deja en claro que, cuando la SMU compró el terreno de 1.500 m2, éste ya contaba con el anteproyecto de fecha 03/01/2025, autorizado en base a unos Certificados de Informes Previos (CIP) emitidos por la misma DOM, los que tenían idéntica equivocación. 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), define la “carga de ocupación” de los edificios como la relación del número máximo de personas por metro cuadrado para los efectos del cálculo de los sistemas de evacuación, según su destino y relacionado con dicha carga, mismo reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), que clasifica las vías públicas, fijando sus anchos mínimos y considerando sus calzadas y aceras, como expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales. Cabe mencionar también que el artículo 2.1.36 de la OGUC fija la escala del equipamiento (el tamaño) en función a la vía que enfrenta, por lo que no es lo mismo enfrentar una vía local que una de servicio.

Debemos tener presente que los vecinos opositores al proyecto, muy bien asesorados, le exigieron oportunamente a la DOM de Zapallar que, tanto los CIP como el permiso de anteproyecto eran contrarios a derecho, pero dicha funcionaria municipal, pasándose de lista, solo inició la invalidación de los primeros, a pesar de que su obligación era invalidar el anteproyecto y si no lo hizo, se debe investigar a fondo esta negligencia.   

Como las características oficiales de las antes indicadas 5 vías son muy amplias, para conocer las relacionadas, vale decir las «de servicio» y las «locales», los lectores interesados pueden acceder al artículo 2.3.1 de la OGUC,precisándose que las informaciones contenidas en los CIP son meramente indicativas, pues los inversionistas siempre deben respetar las normas urbanísticas de los PRC, OGUC y LGUC, asunto que es de toda lógica y por ello está respaldado por sentencias de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República, con lo cual se infiere que la empresa SMU fue sorprendida por el astuto vendedor del terreno con anteproyecto incorporado. Suponemos que los arquitectos y gerentes del supermercado pecaron de ingenuos al darle crédito a lo que resolvía la DOM subrogante de Zapallar y evidentemente los anteriores no efectuaron la debida due diligence antes de firmar el contrato de compraventa. 

Ante tal situación contraria a los intereses comerciales de la empresa, ésta contrató al abogado Francisco Zúñiga, quien interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la municipalidad porque la invalidación ejercida por la DOM era extemporánea, por haber transcurrido más tiempo que el fijado perentoriamente, 2 años, en el artículo 53° de la Ley N° 19.880. Y aquí se aprecia a todas luces la astuta omisión de la DOM, quien no quiso invalidar el anteproyecto que, por fecha, su proceder era absolutamente legal.  A propósito, esta DOM ejerce su cargo como subrogante desde el año 2019, motivo más que suficiente para que el alcalde Alessandri llame a un concurso público para que esa función sea desempeñada por un profesional en calidad de titular.

En conclusión, dado el desarrollo de los hechos, entendemos que el abogado Zúñiga tendrá que desistirse del recurso en contra de la municipalidad, debiendo  accionar pronto legalmente en contra del vendedor del predio, en la certeza de que el alcalde Alessandri trasladará todos los antecedentes al Ministerio Público para que así un fiscal investigue las «equivocaciones» de la DOM subrogante. Todos sabemos que los precios de los terrenos son fijados en el mercado según sus aptitudes para levantar construcciones y por ello la institucionalidad judicial tendrá que dilucidar si este predio fue calificado como «de servicio», porque la DOM carecía de los conocimientos técnicos necesarios o bien si intentó beneficiar económicamente, con una plusvalía, a su ex propietario. 

16/03/2026 04:11
Lunes 16 de Marzo de 2026
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