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Los parques de “bolsillo” y su importancia en el entorno urbano

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLER & PARTNER

¿Qué tan lejos está el parque más cercano a tu casa o trabajo? Con excepción de algunas ciudades, lo más probable es que la respuesta sea “10 minutos o más”, si tienes suerte. Y es que la mayoría de las zonas urbanas del mundo presentan importantes déficits de espacios públicos recreacionales como plazas y parques. Este problema nos afecta de muchas formas, pues limita nuestra capacidad de interactuar con miembros de las comunidades en las que vivimos, descansar de recorridos diarios, o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Una alternativa que ha ganado popularidad en Latinoamérica en la última década es la reconversión de espacios sub-utilizados o incluso en desuso en áreas recreacionales. Los parques de bolsillo son una propuesta innovadora que propone la generación de espacios públicos a partir del reciclaje de remanentes de ciudad que usualmente son relativamente pequeños y se encuentran en terrenos abandonados, en mal estado, o incluso incómodamente ubicados en la trama urbana. 

El origen de estos parques de bolsillo se puede rastrear hasta la década de los 60 en Harlem, Nueva York.

En Santiago de Chile el primer parque de bolsillo (plaza de bolsillo) fue creado junto al Palacio La Moneda en calle Morandé el año 2016.​ Fue una iniciativa del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura Pública del Gobierno Regional de Santiago.

Diferentes ciudades y organizaciones han establecido sus propias definiciones de parques de bolsillo para garantizar que puedan ser regulados y reproducidos ordenadamente. En Chile, incluso, se han empezado a institucionalizar y diferenciar las plazas de bolsillo, las cuales siguen el mismo principio pero hacen un énfasis particular en la temporalidad del equipamiento (y el mobiliario) ya que éste podría ser trasladado a otros espacios, una vez se consolida la plaza y se hace permanente.

Un parque de bolsillo (pocket park en inglés) es un parque pequeño accesible al público general. Los parques de bolsillo muchas veces son creados en un terreno urbano vacante o en terrenos pequeños irregulares. También pueden ser creados como componente del requisito espacial público de proyectos de edificios grandes.

Un jardín de bolsillo es “un pequeño espacio vegetado situado entre parcelas urbanizadas, creando un enclave de vida vegetal en un entorno citadino”.

Los parques de bolsillo son un concepto reciente, creado de la necesidad de las grandes ciudades de tener espacios verdes. Estos son espacios libres con una modalidad vecinal, que cuentan con un área inferior a 1000 m2. Estos parques están destinados fundamentalmente para la recreación de los niños y de las personas de la tercera edad. Muchas veces estos parques son construidos en pequeños predios incluso en azoteas de edificios abandonados, patios de gobierno, etc.

A pesar de las diferentes interpretaciones, existen una serie de elementos básicos que son comunes en todas las versiones de los parques de bolsillo:

1. Ubicación: Los parques de bolsillo se caracterizan más que nada por estar emplazados en terrenos baldíos, abandonados, callejones, remanentes viales o espacios similares que, además, son usualmente públicos.

2. Tamaño: Estos espacios públicos son relativamente pequeños con respecto a los parques y plazas tradicionales. La Asociación de Recreación y Parques Nacionales de los Estados Unidos (NRPA por sus siglas en inglés) estima que el área promedio es de 1000 metros cuadrados, sin embargo, pueden ser mucho más pequeños y ocupar lo mismo que un una sala de una casa o un jardín.

3. Equipamiento: El foco de estos espacios es activar dinámicas urbanas, por lo tanto, el mobiliario debe facilitar las actividades de interacción de su contexto inmediato, ya sea para facilitar reuniones de vecinos y foros en zonas residenciales, bancas y mesas en zonas de oficina que inviten a los trabajadores a hacer vida pública, y/o juegos para niños.

4. Costo: Una de las grandes ventajas de los parques de bolsillo es su posibilidad de ser de bajo presupuesto porque no implican la adquisición de grandes parcelas ni de una gran cantidad de mobiliario.

La necesidad de estos parques para una ciudad con problemas de sobrepoblación es cada día más notorio. Ya que es una manera en la cual se puede aprovechar todos los espacios urbanos y brindar mejor calidad de vida a la comunidad. Las características que debe de poseer un parque público de bolsillo son muy simples. Debe de ser visible desde cualquier calle, ser un espacio amigable, contar con caminos, cerca del transporte público y sociable.

La clave para un jardín de bolsillo es la capacidad de crear una comunidad de plantas en un espacio pequeño pero diverso. No tienen un tamaño fijo, siempre y cuando maximicen la biodiversidad en el espacio disponible estos jardines se pueden intalar en:

  • Espacios intersticiales en la ciudad.
  • Terrazas, azoteas o balcones.
  • Patios en viviendas, comercios o industrias.
  • Enclaves urbanos públicos, denominados ‘parques públicos de bolsillo’.

Plantas de bajo consumo hídrico como el algarrobo, espino, quillay, maitén y huingán, entre otros, utilizando el método Miyawaki, el que consiste en utilizar terrenos baldíos y plantarlos densamente con una gran variedad de plantas de semillero nativos, para luego, a largo plazo, dejarlos crecer con el mínimo de intervención.

Estos pequeños espacios verdes están convirtiéndose en importantes espacios de biodiversidad en áreas urbanas densamente pobladas y presentan la virtud de colindar de manera inmediata con las comunidades de la ciudad.

la importancia de hacer bosques urbanos por distintos factores, desde el lado ecológico es crucial ya que genera hábitat para la biodiversidad de fauna y flora en la ciudad. Sumado a lo anterior, presenta un beneficio mucho más directo para aquellas personas que rodean estos bosques, puesto que bajan las temperaturas locales drásticamente, al incrementarse el nivel de árboles alrededor.

Tener más y mejores espacios públicos aumenta nuestra calidad de vida dentro de las ciudades, brindando lugares para satisfacer nuestro derecho a la recreación, ya sea en términos de actividad física como los deportes y juegos, o de reposo y contemplación. Cuando estos beneficios dejan de estar únicamente concentrados en algunas pocas parcelas regadas por la ciudad para empezar a formar un sistema de espacios públicos de diferentes escalas que sea accesible para todos los habitantes, se genera un valor agregado adicional.

La proliferación de parques de bolsillo permite que haya más gente conviviendo en el ámbito público a todas horas y en todos los rincones de la ciudad, lo cual está asociado con reducción de índices de violencia e inseguridad porque es menos frecuente que los delincuentes actúen en presencia de muchos testigos.

Los parques de bolsillo, además, nos ayudan como sociedad a hacer recorridos más humanos y más amigables para el peatón. Nos dan opciones de cómo y dónde pasar nuestro tiempo libre dentro de la ciudad, facilitando el encuentro entre vecinos y promoviendo la construcción de capital social.

Las ciudades tienen opciones muy limitadas para generar nuevos espacios públicos recreacionales dentro de la mancha urbana y, en este sentido, los parques de bolsillo son una gran opción para aprovechar hasta la última esquina.

La crisis habitacional, un riesgo global: España y Chile enfrentan el desafío de garantizar el acceso a la vivienda

Mientras España enfrenta el colapso de su mercado del arriendos y la gentrificación turística, Chile busca reactivar la compra con subsidios estatales y nuevas garantías. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado sin desvirtuar el mercado?

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios y Renato Herrera Lagos

El acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión social. Hoy es también un factor macroeconómico crítico. Esa es la advertencia que lanza el Banco de España en su Informe Anual 2024: si no se abordan los profundos desequilibrios entre oferta y demanda de vivienda, el mercado inmobiliario puede convertirse en un “cuello de botella” para el crecimiento económico y en un “problema social de primera magnitud”.

A más de 10.000 kilómetros al sur, Chile ha llegado a un diagnóstico similar, aunque desde un ángulo distinto: el estancamiento del mercado inmobiliario, con más de 100 mil viviendas nuevas sin vender, obligó al Congreso a aprobar en mayo de 2025 un subsidio estatal a la tasa hipotecaria, junto con una garantía pública, en un intento por estimular la demanda y contener el deterioro de la industria.

Dos países. Dos modelos. Pero una misma urgencia: la vivienda como derecho básico y motor económico.

España: cuando la vivienda se convierte en privilegio

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación para los españoles, por encima incluso de la inflación o el desempleo.

El informe del Banco de España detalla que este problema se agrava por una combinación letal: una oferta escasa, una demanda creciente (impulsada por flujos migratorios y compradores no residentes), y una presión turística que transforma viviendas en activos especulativos.

El resultado es un aumento del 8,7% en el precio real de la vivienda solo en 2024, con incrementos aún más marcados en las zonas turísticas, como Alicante o Málaga. El alquiler, por su parte, subió en torno a un 10%, según estimaciones de los principales portales inmobiliarios.

El número de operaciones de compraventa alcanzó las 715.000 en 2024, pero el 90% de ellas correspondió a viviendas de segunda mano. La nueva construcción —aunque en crecimiento— no logra absorber la demanda: solo se visaron 127.500 nuevas unidades en todo el año. La rehabilitación, con apenas 24.000 permisos, también quedó por debajo de las metas del Plan de Recuperación español.

La consecuencia más grave, advierte el informe, la viven los jóvenes: una tasa de empleo del 43,2%, con un 20% de paro, y apenas el 10,4% de los compradores menores de 30 años. La emancipación juvenil se retrasa y la propiedad se vuelve una aspiración lejana.

Chile: estimular la compra como respuesta al sobrestock

En Chile, el problema es casi inverso. Mientras España enfrenta una demanda intensa con poca oferta, el mercado chileno sufre de exceso de oferta y demanda débil. Para revertir esta situación, el Congreso aprobó un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base, destinado a personas naturales que compren su primera vivienda nueva de hasta 4.000 UF (unos 140.000 USD).

La medida se complementa con una garantía estatal del 60% del valor del inmueble, un mecanismo que busca reducir el riesgo bancario y facilitar condiciones más flexibles de financiamiento.

Se trata de una intervención ambiciosa, con potencial de transformar el mercado, pero también con riesgos estructurales: “Este tipo de subsidios puede terminar elevando artificialmente los precios si no se acompaña de un aumento sostenido en la oferta y una regulación eficaz”, advierte el economista urbano Tomás Herrera.

Y es que el problema de fondo en Chile —como en España— es estructural: un sistema que no logra generar suficiente vivienda social ni de arriendo asequible, y que ha delegado en el mercado la mayor parte de la solución habitacional.

Lo que une a ambas crisis: desigualdad, inversión extranjera y gentrificación

Pese a las diferencias de contexto, las causas profundas coinciden: la transformación de la vivienda en un activo de inversión, la presión de los alquileres turísticos, la falta de suelo urbano bien planificado, y el impacto de los flujos migratorios no siempre acompañados de políticas habitacionales integradas.

En España, los compradores no residentes representan ya el 8,4% de las operaciones, y poseen más de medio millón de viviendas. En zonas costeras, como Alicante, llegan al 11%. En Chile, si bien la proporción de inversión extranjera en vivienda es menor, la expansión de plataformas como Airbnb también ha afectado el acceso a arriendo en ciudades como Santiago, Valparaíso o Puerto Varas.

A ambos lados del Atlántico, el fenómeno de la gentrificación transforma barrios populares en enclaves turísticos, desplazando a residentes históricos y profundizando la brecha social.

¿Qué se puede hacer?

Según reporte obtenidos del Banco de España, ellos propone una batería de cinco medidas urgentes:

  1. Garantizar seguridad jurídica y contractual en el mercado.
  2. Fomentar la colaboración público-privada para viviendas de alquiler asequible.
  3. Reducir trabas administrativas para la construcción y rehabilitación.
  4. Impulsar la construcción industrializada para abaratar costos.
  5. Crear programas de compensación para arrendadores.

En Chile, el desafío será evaluar el impacto real del nuevo subsidio y evitar que este beneficio transitorio se transforme en una distorsión estructural. “Sin una política de suelo, sin arriendo protegido y sin participación del Estado en la producción directa de vivienda, todo esfuerzo será limitado”, afirma Carolina Véliz, urbanista y asesora de políticas públicas.

La vivienda como síntoma y como solución

Lo que está en juego no es solo la capacidad de adquirir una casa. Es el tipo de sociedad que queremos construir. Si el acceso a la vivienda sigue dependiendo del ingreso, el crédito o la herencia, la desigualdad se convertirá en destino.

La gran lección de España y Chile es clara: la vivienda ya no puede tratarse como un bien de consumo individual, sino como infraestructura básica para una economía justa y una democracia estable. Y el reloj corre.

Chile aprueba subsidio histórico para reducir dividendos hipotecarios y reactivar demanda de viviendas nuevas

Con una política que mezcla alivio financiero y estímulo económico, el país busca enfrentar el alto stock inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda. Pero los desafíos de implementación siguen siendo considerables.

Por: Equipo Mercados In mobiliarios

En un momento marcado por la desaceleración del mercado inmobiliario, el alza en las tasas de interés y un déficit estructural de viviendas, Chile ha dado un giro inédito: el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitirá reducir el costo mensual de los créditos hipotecarios para personas naturales, mediante un subsidio directo a la tasa de interés. El objetivo no es solo aliviar el bolsillo de quienes buscan adquirir su primera casa, sino también reactivar un sector clave de la economía.

La medida llega en medio de un estancamiento del sector construcción, con más de 100 mil viviendas nuevas aún sin vender a fines de 2024, según estimaciones del propio Ejecutivo. “Es una señal clara para el mercado, pero también para las familias”, señalan desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el proyecto fue despachado para convertirse en ley.

El núcleo de la normativa es simple pero potente: un subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés hipotecaria, dirigido a personas naturales que adquieran viviendas nuevas con un valor máximo de 4.000 UF (aproximadamente USD 140.000). El subsidio se entrega junto con una garantía estatal, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras y facilita condiciones de crédito más accesibles.

Condiciones para acceder al beneficio

Pero no todos los compradores podrán optar al subsidio. La nueva ley establece restricciones claras:

  • Aplica únicamente a viviendas nuevas, en su primera venta.
  • El valor de la propiedad no puede superar las 4.000 UF, y en una línea paralela de subsidios más focalizada, hasta 3.000 UF.
  • Se excluyen operaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2024, así como créditos novados (renegociaciones).
  • Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos del Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva y otros criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda.

Según el texto legal, al menos 6.000 subsidios serán asignados a personas naturales que cumplan con estas condiciones, con especial énfasis en quienes acceden a su primera vivienda.

Un nuevo rol para el Estado

El Estado no solo subsidiará la tasa de interés. También asumirá riesgos con la creación de un nuevo programa de garantías estatales, dentro del Fondo de Garantía Estatal (FOGAES). Este cubrirá hasta un 60% del valor del inmueble, con una duración de entre 5 y 15 años, y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, o hasta 15 años después de otorgado el último crédito garantizado bajo esta modalidad.

Para muchos economistas, se trata de un rediseño estratégico del rol público en el acceso a la vivienda. “Chile ha optado por intervenir en el mercado hipotecario no sólo como facilitador, sino también como garante. Es un modelo que busca incentivar la demanda sin distorsionar la competencia bancaria”, explica Carolina Véliz, economista urbana de la Universidad de Chile.

Reactivación con mirada regional

La ley también contempla una dimensión productiva, con la creación del Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional. Este nuevo instrumento apunta a empresas con ventas netas anuales entre 25 mil UF y un millón de UF, excluyendo a la Región Metropolitana. El foco está puesto en regiones afectadas por baja inversión, desempleo o desastres naturales.

Los Ministerios de Hacienda y Economía deberán revisar anualmente si una región amerita la activación del programa, basándose en indicadores como ingresos, empleo e inversión. La idea es que la recuperación no solo sea sectorial, sino territorial.

La ley representa un cambio significativo respecto de la política habitacional chilena de las últimas décadas, centrada en subsidios directos a la demanda. Aquí, en cambio, se combinan estímulos al crédito con instrumentos de gestión de riesgo, buscando además resolver un problema coyuntural: el exceso de oferta en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, persisten dudas sobre su sostenibilidad y equidad. “Hay que evitar que este tipo de subsidios terminen encareciendo los precios o beneficiando a quienes ya tienen mayor acceso al crédito”, advierte Tomás Herrera, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). “Si no se complementa con mayor oferta de viviendas sociales y arriendo protegido, es una solución parcial”.

Para muchas familias, una oportunidad real

En las afueras de Rancagua, Verónica y Felipe —una pareja de profesores jóvenes— siguen con atención las noticias. “Teníamos miedo de no poder comprar nunca. Las tasas estaban por las nubes. Ahora tal vez sí podremos postular”, dice ella. “No es un regalo. Es una ayuda justa”, agrega él.

Historias como la suya son las que el gobierno espera multiplicar. Porque detrás del frío lenguaje técnico de las tasas y garantías, hay una necesidad urgente: que más personas puedan acceder a una vivienda digna, sin hipotecar toda su vida en el intento.

Silencio en las calles: El Bosque apuesta por la movilidad eléctrica como herramienta de transformación social

En una comuna históricamente marginada del sur de Santiago, tres nuevos buses eléctricos marcan más que un hito de infraestructura: representan un gesto de equidad, acceso y esperanza.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

A primera vista, parecen buses más. Blancos, silenciosos, modernos. Se deslizan por las calles de El Bosque sin emitir ruido ni humo, transportando vecinos a sus destinos con una suavidad inusual para los estándares del transporte urbano chileno.

Pero estos tres vehículos no son simplemente una innovación tecnológica: son, para muchos en esta comuna del sur de Santiago, un símbolo tangible de que las ciudades también pueden cambiar desde sus márgenes.

“Uno de estos buses ya está en el sector 5, conectando a los vecinos con la estación de metro más cercana”, explica con orgullo Manuel Zúñiga, alcalde de El Bosque. “Los otros dos apoyarán los programas comunitarios y facilitarán el acceso de nuestras vecinas y vecinos a la salud, la cultura, el deporte”.

La escena parece casi una anomalía en una ciudad donde el transporte público, por décadas, ha sido sinónimo de hacinamiento, ruido y contaminación. Pero en El Bosque —una comuna que rara vez encabeza los titulares nacionales— el proyecto de electromovilidad impulsado por su gobierno local comienza a cambiar esa narrativa.

La apuesta municipal por un transporte más justo

La llegada de estos tres buses eléctricos es el resultado de un esfuerzo sostenido por parte del municipio, que gestionó la iniciativa ante el Gobierno Regional Metropolitano. La inversión —más de 766 millones de pesos— fue adjudicada mediante una licitación que priorizó criterios sociales, ambientales y de inclusión.

“Trajimos la última generación de buses ecológicos porque creemos en fortalecer a los municipios”, expresó Claudio Orrego, gobernador regional de Santiago, durante la ceremonia de entrega. “Compartimos con la gestión del alcalde Zúñiga esta visión de recuperar la ciudad para la gente”.

Los buses cuentan con una autonomía de 278 kilómetros, están equipados con 24 asientos con cinturones de seguridad y poseen accesibilidad universal: una rampa permite el ingreso de personas en silla de ruedas, un detalle que, para muchas familias, representa la diferencia entre participar o quedar al margen.

Además, el municipio ha decidido que la conducción de estos nuevos vehículos estará a cargo de mujeres con licencia profesional, en una apuesta concreta por la equidad de género en un rubro históricamente dominado por hombres.

Un futuro más limpio y silencioso

La transición hacia un sistema de transporte eléctrico no sólo reduce las emisiones contaminantes. También transforma el paisaje sonoro y ambiental de los barrios. Menos ruido, menos vibración, menos humo. En comunas como El Bosque, donde los niveles de congestión y polución afectan directamente la calidad de vida, este detalle importa.

“El cambio se siente. No sólo en el aire. Es un mensaje de respeto”, dice Claudia Méndez, vecina del sector Lo Blanco. “Es como si, por fin, alguien pensara en nosotros para algo bueno”.

Y para que el sistema funcione con eficiencia, el municipio habilitó tres modernos puntos de carga en el Parque Estadio Lo Blanco. Desde allí, los vehículos podrán operar a plena capacidad, cubriendo rutas estratégicamente diseñadas para atender necesidades reales: acceso a centros de salud, estaciones de metro, programas comunitarios.

Electromovilidad en clave social

Mientras en otras comunas de Santiago la electromovilidad aparece ligada a flotas privadas o rutas exclusivas, en El Bosque se instala desde una lógica de servicio público. No se trata de mover pasajeros, sino de acercar derechos.

“La electromovilidad en sí misma no es progreso si no mejora la vida de las personas que más lo necesitan”, reflexiona el alcalde Zúñiga. “Este es un paso. Pequeño si se mira desde arriba. Pero enorme si se mide desde abajo”.

El proyecto ha despertado atención y respaldo de distintas autoridades locales. A la ceremonia de entrega asistieron concejales, diputados y consejeros regionales, además de dirigentes vecinales, organizaciones deportivas y vecinos. Muchos veían por primera vez un bus eléctrico.

No hubo discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Hubo, en cambio, algo más valioso: una comunidad mirando un futuro posible, más limpio, más digno.

Más que movilidad

En tiempos en que las desigualdades urbanas se profundizan, las decisiones de inversión pública adquieren una dimensión política y ética. En El Bosque, la llegada de tres buses eléctricos puede parecer un gesto modesto. Pero también puede leerse como un acto de justicia urbana: una forma concreta de redistribuir el bienestar, de acortar distancias físicas y simbólicas.

Por ahora, los buses avanzan en silencio por las calles del sur de Santiago. Pero su impacto resuena fuerte: en la vida de los vecinos, en el aire que respiran, en la manera en que se sienten parte de la ciudad.

Tratos preferenciales para algunos y propuesta para reducir la corrupción 

Por: Patricio Herman  Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

El pasado 14 de mayo del año en curso, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó a 6 de los candidatos presidenciales, dejando afuera a Mulet y Parisi, a una actividad proselitista llevada a cabo en el Centro de Eventos Metropolitan en la comuna de Vitacura, acto profusamente cubierto por la prensa.

En la cita, llena de ministros, parlamentarios y altas autoridades del Estado, la organización les entregó a esos candidatos un elegante manual, en donde se les dice cuales son sus demandas sectoriales «para que el país pueda salir del letargo en que está» (sic), según se lee en su página web. 

Cinco días después, vale decir, el lunes 19 de mayo, la Cámara de Diputados obedeciendo rigurosamente los dictados de la CChC, despachó el proyecto de ley que crea un subsidio al dividendo del crédito hipotecario que pagarán los futuros compradores de viviendas nuevas, es decir, con ingentes recursos públicos se reduce la tasa del interés de esos créditos que otorgan los bancos.

Esta propuesta, ¡era que no!, fue impulsada por la misma CChC, por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y por el propio Ministerio de Hacienda y fue aprobada por 129 votos a favor, con una sola abstención. 

Nos preguntamos ¿cuál habrá sido el motivo que tuvieron todos esos políticos, de izquierda a derecha, para impedir que las decenas de miles de necesitados de viviendas usadas y más baratas, puedan verse favorecidos con esa gravitante regalía monetaria? Recordemos que este subsidio focalizado sale del bolsillo de todos los contribuyentes. 

La razón es una y muy simple, esas 2 asociaciones gremiales empresariales y el propio ministro Marcel buscaron que el subsidio tuviera como único propósito reducir la sobreoferta en el mercado de viviendas nuevas que han construido las inmobiliarias, por lo tanto esta es una mera política de salvataje al más influyente de los poderes fácticos, luego no persigue ayudar a todos los adquirentes de viviendas.

Si los diputados también apoyaron esa inicua iniciativa, quiere decir que estaban de acuerdo con este trato discrecional y arbitrario, o bien no leyeron la ley. 

Aprovechamos la ocasión para decirle al presidente y directores de la CChC, tan exigentes en la certeza jurídica de los permisos de edificación y tan críticos con la palabrita «permisología» que se produce, según ellos, en los servicios que intervienen en la emisión de esos actos administrativos y en las autorizaciones para el inicio de faenas de sus proyectos, que obliguen a sus asociados que se debe respetar la Ley N° 19.878 del 31 de mayo del 2003, que establece un procedimiento de publicidad para este tipo de actos, incorporada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Eso se llama transparencia, de la cual tanto se habla, pero tan poco se practica. 

Conforme a esa ley, los directores de obras municipales (DOM), cuando cursan permisos de edificación, deben darlos a conocer a las Juntas de Vecinos del sector en donde se emplazará el proyecto y al respectivo Concejo Municipal, lo que sucede en muy pocas ocasiones. Ante esos recurrentes «olvidos» municipales, se vulneran las leyes y tales permisos se transforman en simples actos enigmáticos.

Relacionado con este asunto, se debe saber que los permisos ilegales otorgados por estos funcionarios municipales se pueden invalidar dentro de los 2 años desde que han sido cursados y notificados, razón por la cual un ciudadano puntudo, apelando a la ley N° 19.878, a través de su abogado Rodrigo Avendaño, le está exigiendo al DOM de Quillota que deje sin efecto el permiso contrario a derecho otorgado el año 2019 a un establecimiento sanitario en dicha ciudad. Ello, pues dicho DOM violó el procedimiento legal de publicidad y además porque el uso de suelo del terreno no era el idóneo. 

Llama la atención que la prensa dominante solo le de tribuna permanente a aquellos particulares que proponen, por cuenta de ellos mismos, o actuando en función de empresas interesadas, eliminar varias normas ambientales que consideran innecesarias, sin aceptar la publicación de criterios más equilibrados, a sabiendas que es posible reducir en cierta medida la burocracia. Hemos manifestado en numerosas oportunidades que la demora en los trámites se produce por falta de profesionalismo de los agentes públicos y de los actores privados, es decir, son culpas compartidas. 

En la municipalidad de Colina, por indebidas presiones externas, el DOM sistemática y antojadizamente, se niega a cursar un anteproyecto de edificación que cumple con todas las exigencias vigentes para ese tipo de actos administrativos y por ello consideramos indispensable que estos funcionarios no ejerzas sus cargos en forma vitalicia, como ocurre en la actualidad.

Si quisiéramos mejorar estas vitales funciones públicas, se debería acceder a ellas a través del Sistema de Alta Dirección Pública, con permanencias determinadas en el tiempo, para así evitar la lacra del amiguismo que genera la inveterada corrupción que se conoce. Este comentario, por razones obvias, está dirigido a Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo. 

Atraer el talento joven: clave para avanzar con propósito e impactos

Por: Fernando Morales Bravo, Jefe de Especialidad de Geotecnia y Geomecánica, Arcadis

Apostar por el talento joven, responde a la necesidad de fomentar la cultura del aprendizaje, generando espacios en donde cada profesional emergente se sienta impulsado a crecer y proponer nuevas ideas. 

En nuestro caso, atraer y potenciar a jóvenes ingenieros es parte de la identidad de Arcadis, un propósito que debiese ser un atributo central para toda organización que quiera plasmar un impacto significativo en una época donde la humanidad enfrenta grandes desafíos. 

La diversidad de talento, energía y ambición, incentivan a cualquier grupo humano a evolucionar constantemente, tanto en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas como en su adhesión a grandes causas. En nuestra experiencia, la integración de las actuales generaciones de ingenieras e ingenieros, es una vía para innovar con propósito y avanzar hacia una real contribución social. 

En este proceso, el acompañamiento de profesionales experimentados es esencial para fortalecer su formación y brindarles la confianza para enfrentar nuevos desafíos. 

En estas más de cuatro décadas de Arcadis en Chile, hemos sido testigos de la evolución de la relación entre las comunidades y las industrias, un cambio en el paradigma donde profesionales jóvenes han desempeñado un papel fundamental. Su energía movilizadora, sensibilidad social y mirada innovadora, han sido determinantes para consolidar este vínculo positivo, demostrando que la forma en que nos conectamos con el entorno genera impactos reales y sostenibles. 

Esto se traduce en un aprendizaje verdaderamente multidisciplinario, donde la ingeniería se vive desde una perspectiva que combina eficiencia, innovación y un fuerte compromiso con el medioambiente. 

Captar talento joven también requiere de un enfoque integral que ponga en el centro a las personas, abordando temas emergentes como la salud mental, la conciliación de la vida familiar y un ambiente laboral positivo. Se deben promover beneficios concretos que equilibren la vida personal con el trabajo, que fomenten el desarrollo profesional, pero también el bienestar. 

PEH avanza en entregas de viviendas, pero necesita reforzarse para enfrentar el déficit habitacional.

El reporte, además, sostiene que es urgente comenzar la discusión legislativa sobre cómo continuar y fortalecer el PEH para consolidar los avances y abordar los desafíos pendientes.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

A menos de un año para que termine el plazo del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) -la iniciativa que busca generar 260 mil viviendas durante este periodo presidencial- Déficit Cero lanzó su octavo reporte, que revela un panorama mixto respecto a los avances.

Si bien los números generales son optimistas respecto a la meta, sobre todo considerando el rendimiento del último año, el desempeño ha sido dispar entre programas y regiones.

Hay una mejora en la finalización y entrega de viviendas, con más de 184 mil 500 unidades completadas, pero los avances en zonas críticas y programas específicos presentan desafíos que requieren continuidad y fortalecimiento a través de un marco legislativo renovado.

A pesar de los avances en la construcción de viviendas iniciadas, estas siguen estando por debajo de las metas presupuestadas, especialmente en programas como el D.S. 49 y el D.S. 19, considerados pilares de la política habitacional en el país.

El D.S. 49, al considerar tanto el programa regular -Fondo solidario de elección de vivienda- como otras líneas de acción como la vivienda municipal, microrradicación y arriendo a precio justo, entre otras, presenta un 48% de subsidios aún en ejecución, lo que representa un gran desafío, considerando que es el programa con la meta más ambiciosa.

En el resto de las líneas programáticas se aprecian avances más alineados con los objetivos. El D.S. 19 ha alcanzado 67.945 viviendas finalizadas, un 70% de su meta, con 56 mil unidades en ejecución.

«A pesar de lo anterior, el Programa de Integración Social y Territorial (D.S. 19) tuvo una caída importante en la cantidad de viviendas finalizadas en el último año, y el número de viviendas en ejecución ha ido en declive -en marzo 2022 había más de 75 mil viviendas en ejecución y en marzo 2025 el número se redujo a 56 mil-, lo que podría comprometer la continuidad de la generación de esa magnitud de viviendas para el próximo período», señaló Saúl Ketterer, analista de estudios y políticas públicas de Déficit Cero.

En esa línea, Trinidad Vidal, directora de políticas públicas de Déficit Cero, agregó que “estamos en un momento crítico donde la continuidad de estos esfuerzos debe materializarse a través de una discusión legislativa del futuro del Plan de Emergencia Habitacional. Necesitamos un plan fortalecido que perpetúe lo logrado, institucionalice estas políticas y aborde con eficacia los desafíos pendientes en las regiones más afectadas”.

Desempeño regional

Las regiones del norte han mostrado avances más lentos; en Antofagasta hay solo un 32% de avance y 45% de viviendas sin iniciar. Pese a esto, en regiones como Arica y Parinacota y Atacama se están ejecutando más viviendas que las contempladas originalmente.

Otro caso relevante es el de la región Metropolitana y Valparaíso, donde un 40% de las viviendas se encuentran en ejecución a solo un año del término del gobierno.

En tanto, las regiones del sur superan la meta anualizada del PEH. Por otra parte, las regiones con mayor aumento en la ejecución de unidades habitacionales son la Magallanes, Ñuble y Los Lagos.

Así, el aspecto crítico que revela el reporte es la situación en el norte del país, donde no se está llegando a las metas establecidas. «Es preocupante porque es precisamente en estas regiones donde existe mayor demanda», agregó Vidal subrayando la urgencia de focalizar esfuerzos en Antofagasta, región y ciudad más crítica, con cifras preocupantes de avance y otorgamiento de subsidios. «Esta disparidad regional refuerza la necesidad de un nuevo marco legislativo que priorice y garantice recursos específicos para estas zonas críticas», puntualizó.

Nuevas líneas de acción

Cuando se lanzó el PEH, este tenía metas concretas para regiones y programas. Si bien el objetivo de las 260.000 viviendas se mantuvo, con el paso de los meses este se ha ido logrando mediante la generación de soluciones adicionales y a programas cuyos avances se fueron incorporando en el cómputo final.

Así, se diversificaron las herramientas para poder entregar soluciones a través de créditos o subsidios, sin embargo «estas medidas no se explicitaron en el marco del plan, ni se dieron a conocer las metas concretas para cada una de ellas; se hace complicado evaluar el plan», enfatizó Ketterer, quien agregó que «se incorporaron nuevos diseños y líneas de acción con cada reporte, pero no se indicaron en las metas. No sabemos cuántos FOGAES se querían entregar por año o cuánto subsidio para adulto mayor».

De acuerdo con el reporte, ahora es momento de transformar la experiencia del PEH y continuarlo o crear uno nuevo con respaldo legislativo, que establezca metas claras y que asigne recursos específicos para cada línea de acción.

«El déficit habitacional es un problema estructural que no se resuelve en un solo período gubernamental. Se necesita un compromiso de Estado que trascienda los ciclos políticos y garantice la continuidad de las soluciones», indicó Vidal.

En esa línea, el reporte destaca la necesidad de impulsar estrategias más allá de la construcción tradicional para abordar el déficit habitacional de manera integral. Estas estrategias podrían complementar los esfuerzos actuales diversificando las soluciones habitacionales.

Un marco legislativo renovado permitiría institucionalizar estas innovaciones y asegurar que los avances logrados hasta ahora se consoliden como políticas habitacionales permanentes.

«La urgencia de iniciar cuanto antes la discusión legislativa sobre el futuro del Plan de Emergencia Habitacional es evidente. No podemos permitirnos perder el impulso conseguido ni dejar en el aire los miles de proyectos que aún están en ejecución. El acceso a la vivienda adecuada debe ser una prioridad nacional que convoque a todos los sectores políticos», concluyó Vidal.

Santiago Centro concentra 63 mil m² de oficinas desocupadas

La comuna concentra el 17% de la oferta disponible en la capital, mientras los valores de arriendo se mantienen por debajo del promedio metropolitano. La reconversión a vivienda se perfila como la principal salida para revitalizar el sector.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El centro de Santiago atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia inmobiliaria. A pesar de la incipiente recuperación que comienza a observarse en el mercado de oficinas de la capital —particularmente en el sector Oriente—, Santiago Centro permanece rezagado.

Según un informe de la consultora Colliers, durante el primer trimestre de 2025 la comuna registró una tasa de vacancia del 15,1%, con 63.117 metros cuadrados disponibles y un 17% de participación en el total de oferta de oficinas en la Región Metropolitana.

Mientras que la vacancia promedio en la capital desciende al 9,9%, el casco histórico de la ciudad mantiene cifras altas y persistentes.

“A diferencia de lo que ocurre en zonas como El Golf o Nueva Las Condes, donde se aprecia una reactivación del mercado, el Centro continúa sin repuntar. Sin embargo, para quienes buscan espacios a buen precio y con buena infraestructura, se abren oportunidades interesantes”, explica Matías Bucci, subgerente del Área de Estudios de Colliers.

En efecto, el valor promedio de arriendo en Santiago Centro alcanza apenas las 0,30 UF por metro cuadrado, lejos de las 0,47 UF/m² que promedia la Región Metropolitana. Las razones del rezago, según la consultora, se arrastran desde hace varios años.

Heridas abiertas desde 2019

El estallido social de 2019 supuso un punto de inflexión. Las constantes manifestaciones, los daños al mobiliario urbano y el cierre de calles y estaciones de Metro impactaron directamente sobre el atractivo del centro como polo corporativo.

La posterior llegada de la pandemia no hizo más que profundizar la crisis, impulsando el trabajo remoto y desplazando el eje de oficinas hacia zonas con mejor calidad urbana y mayor seguridad.

“La expansión del comercio ambulante y el aumento de la delincuencia en ciertos sectores de la comuna terminaron por acelerar decisiones empresariales que ya estaban en evaluación. Muchas compañías optaron por abandonar el centro de manera definitiva, en busca de entornos más estables para sus trabajadores y clientes”, señala Bucci.

Vivienda: una salida plausible

Paradójicamente, la demanda habitacional en Santiago Centro se ha mantenido firme. La buena conectividad, la cercanía a servicios y la centralidad siguen siendo elementos valorados por quienes buscan vivir en la comuna.

Esto ha impulsado un fenómeno que podría redefinir el paisaje urbano en los próximos años: la reconversión de oficinas en desuso hacia proyectos residenciales.

“Mientras las condiciones de seguridad mejoren y se mantenga el control del comercio informal, es posible prever una paulatina recuperación del tejido urbano a través del desarrollo de nuevas viviendas”, sostienen desde Colliers.

No obstante, advierten que el regreso de las empresas al centro parece improbable: “Quienes se fueron, ya no volverán”.

La revitalización del corazón de Santiago dependerá, en última instancia, de una estrategia pública y privada que combine seguridad, infraestructura, planificación y oferta residencial atractiva. Porque más allá de las cifras de vacancia, lo que está en juego es el alma de la ciudad.

2D-2B: La tipología que domina el mercado en la RM

A pesar del contexto económico moderado, estas unidades mantienen su protagonismo en comunas clave de la capital.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El 2025 arrancó con indicadores sólidos para el mercado inmobiliario, aunque aún es prematuro hablar de una tendencia definida para el resto del año. Factores como la estacionalidad, una inflación contenida y las expectativas de una baja en las tasas hipotecarias no han provocado variaciones drásticas en los precios, pero sí un aumento en la cantidad de publicaciones, especialmente en comunas con alta rotación.

Según un estudio de la consultora inmobiliaria Transsa, centrado en el primer trimestre de este año, el mercado de departamentos en la Región Metropolitana mantuvo una estabilidad en los precios promedio.

En ese contexto, los departamentos de dos dormitorios y dos baños (2D-2B) siguen liderando el mercado. Esta tipología se ha consolidado en los últimos años tanto en la oferta de unidades nuevas como en el mercado de arriendos, gracias a su funcionalidad para familias pequeñas, buena distribución y precios relativamente competitivos.

“Durante el primer trimestre de 2025, esta tipología mantiene una fuerte presencia en comunas como Santiago, Ñuñoa, Macul y Providencia, representando en muchos casos más del 30% del total de publicaciones, tanto en venta como en arriendo”, señaló Esteban Jara, subgerente de la Unidad de Estudios de Transsa.

En términos de rentabilidad neta, el promedio en las comunas más activas ronda el 4,2%, destacando casos como Independencia o Quinta Normal, donde se supera el 4,8%. “Cabe destacar que estas comunas presentan una alta rotación, por lo que las rentabilidades esperadas deben analizarse en zonas específicas dentro de cada comuna”, advirtió Jara.

El aumento en la oferta debe leerse con cautela. Por un lado, puede reflejar un mayor interés por ingresar al mercado; sin embargo, también podría evidenciar una mayor dificultad para concretar operaciones, en un escenario donde la demanda se mantiene contenida.

Por ahora, el mercado de 2D-2B exhibe señales de solidez, aunque con márgenes más estrechos que en años anteriores. “La evolución del segundo trimestre será clave para determinar si este año marcará una reactivación sostenida o si seguiremos en un ciclo de estabilización, como el que ha predominado durante los últimos dos años”, concluyó el subgerente de Transsa.

Tecnología que respira por nosotros: El monitoreo de gases, una herramienta vital en hospitales 

Por: Carlos Saul, representante de AyT Grupo.

Estamos en pleno peak de enfermedades respiratorias en el país. Los servicios de urgencia colapsan, los hospitales operan al límite y los funcionarios de la salud, una vez más, extienden sus jornadas para responder a la alta demanda generada por la campaña de invierno.

En este contexto, hay un factor que suele pasar desapercibido y que puede marcar la diferencia en el adecuado tratamiento que reciben los pacientes: la calidad de los gases que se utilizan en una clínica u hospital.

Mantener un monitoreo constante de estos gases es esencial para garantizar un tratamiento adecuado de los pacientes y para eso la tecnología está a favor de estos recintos. Soluciones como el MedAir 2200 de ENMET, un monitor en línea de gases críticos, se transforman en aliados estratégicos.

Para ayudar a los recintos de salud, empresas como AyT ofrecen una amplia gama de productos para aplicaciones hospitalarias diseñados para cumplir con los requisitos de monitoreo de sistemas de aire medicinal, incluyendo monitores de líneas de aire comprimido, verificadores de gases medicinales, monitores de oxígeno ambiental en salas o instalaciones de resonancia magnética, detectores portátiles de uno o varios gases, y sistemas continuos de monitoreo de gases fijos multicanal con sensores remotos y capacidad de extracción de muestras. 

Se suministran analizadores para medir CO₂, CO, deficiencia y abundancia de oxígeno, metano, óxido nitroso, gases anestésicos, punto de rocío, hidrocarburos y numerosos gases tóxicos, como ETO, Cl₂, O₃ y formaldehído. Muchos de estos sistemas de monitoreo de aire medicinal están diseñados para cumplir con los requisitos de monitoreo de OSHA para aire respirable de Grado D y las Directrices para Sistemas de Aire Medicinal NFPA 99.

¿Por qué es tan importante monitorear estos gases? Aquí algunas razones clave:

Seguridad del paciente: Los gases medicinales —oxígeno, aire comprimido, óxido nitroso, entre otros— se administran a personas en estado crítico o durante procedimientos complejos. Cualquier impureza o concentración incorrecta puede derivar en complicaciones respiratorias, infecciones, reacciones adversas o incluso la muerte. Un monitoreo riguroso garantiza que los gases cumplan con los estándares de pureza exigidos por farmacopeas y normativas sanitarias.

Eficacia del tratamiento: Un gas de mala calidad puede comprometer el éxito de un tratamiento. Por ejemplo, si el oxígeno suministrado tiene una concentración menor a la requerida, el soporte respiratorio puede ser insuficiente. A su vez, contaminantes en el gas pueden interferir con los efectos terapéuticos esperados.

Cumplimiento normativo: Los hospitales y proveedores de gases deben cumplir con estrictas regulaciones nacionales e internacionales. Estas normativas no solo aseguran la calidad de los productos, sino que también protegen la acreditación de las instituciones. El incumplimiento puede tener consecuencias legales y éticas.

Detección temprana de fallas: La monitorización continua permite detectar rápidamente desviaciones en la calidad del gas, facilitando acciones correctivas inmediatas y evitando que los pacientes sean expuestos a riesgos innecesarios.

Mantenimiento de equipos: Un análisis detallado de los gases puede alertar sobre fallas en los sistemas de filtración o contaminación en tuberías, lo que permite llevar a cabo mantenimientos preventivos antes de que el problema se agrave.

Responsabilidad ética y legal: Garantizar la calidad de los gases medicinales es parte del compromiso de los profesionales e instituciones de salud con la vida y el bienestar de las personas. No es sólo una exigencia técnica: es una obligación ética.

Medir la calidad de los gases hospitalarios no es un lujo, es una necesidad. Es una práctica clave para asegurar tratamientos seguros y efectivos, cumplir con las normas, prevenir fallos operativos y, sobre todo, proteger la vida de los pacientes. En tiempos donde cada respiración cuenta, contar con tecnología confiable que respira por nosotros puede marcar la diferencia.

17/03/2026 01:29
Martes 17 de Marzo de 2026
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