La regulación de los precios del alquiler en algunas zonas tensionadas ha llevado a los propietarios a esquivar las restricciones mediante el alquiler de temporada y habitaciones.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La combinación de salarios estancados, aumento del costo de vida y dificultades para acceder al crédito hipotecario ha limitado la capacidad de los menores de 45 años para adquirir una vivienda propia.
Mientras que los mayores de 65 años acumulan el 62% de las viviendas en propiedad, los adultos nacidos entre 1980 y 1990 apenas alcanzan el 36%, según la 36ª edición del Informe Económico y Financiero de Esade.
El informe destaca cómo el peso de la vivienda principal en el patrimonio de los hogares ha disminuido en las últimas dos décadas, mientras que ha crecido la adquisición de otras propiedades inmobiliarias. En 2022, un 47% de los hogares eran propietarios de activos inmobiliarios distintos de su vivienda principal, y un 34% poseía una segunda vivienda.
Esta desigualdad intergeneracional se debe, en parte, a la acumulación de riqueza neta por parte de las generaciones anteriores. La crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión en el acceso a la vivienda, con restricciones bancarias y políticas macroprudenciales que redujeron la concesión de hipotecas. Actualmente, los requisitos para obtener crédito hipotecario son más estrictos, dificultando el acceso a la compra de vivienda para los jóvenes.
Ante la imposibilidad de adquirir vivienda propia, muchos jóvenes recurren al alquiler, pero los precios también han aumentado considerablemente, especialmente en las grandes ciudades. Una gran parte de los jóvenes destina más del 40% de sus ingresos al arriendo, lo que dificulta el ahorro y perpetúa la exclusión del mercado inmobiliario.
Esta situación ha llevado a un aumento del fenómeno de los «adultos boomerang», jóvenes que regresan a vivir con sus padres tras un intento fallido de emancipación. Según datos recientes, el 55% de los jóvenes de entre 25 y 34 años sigue viviendo con sus progenitores, una cifra en constante aumento.
La regulación de los precios del alquiler en algunas zonas tensionadas ha llevado a los propietarios a esquivar las restricciones mediante el alquiler de temporada y habitaciones. Estos formatos quedan fuera de los límites impuestos por la ley de vivienda, lo que ha reducido la oferta de arriendo tradicional y encarecido aún más los precios para quienes buscan una vivienda estable.
Consecuencias de una desigualdad estructural
La desigualdad en la propiedad de la vivienda afecta la calidad de vida de los jóvenes y tiene consecuencias económicas y sociales a largo plazo. La falta de acceso a la vivienda dificulta la estabilidad laboral y familiar, retrasa la independencia económica y agrava la crisis demográfica.
Desde el sector inmobiliario y las organizaciones sociales se ha planteado la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes, como el impulso de vivienda pública asequible, el control de precios del alquiler y la ampliación de ayudas para la compra. Sin embargo, mientras no se adopten medidas concretas, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio reservado a las generaciones más antiguas, dejando a los jóvenes atrapados en un ciclo de inestabilidad y precariedad habitacional.
