Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS
La digitalización del sector de la construcción en Chile ha transformado la manera en que se diseñan, gestionan y ejecutan proyectos.
El uso de tecnologías avanzadas como el BIM (Building Information Modeling), el Internet de las Cosas (IoT) y plataformas de gestión de proyectos ha aumentado significativamente la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, esta evolución también ha expuesto a las empresas constructoras a un nuevo conjunto de riesgos relacionados con la ciberseguridad, que van desde el robo de datos sensibles hasta ataques de ransomware que pueden paralizar operaciones completas.
En el contexto jurídico chileno, el derecho de la construcción enfrenta la necesidad de adaptarse a este nuevo panorama digital, en el cual la protección de datos y la ciberseguridad se convierten en pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad y la confianza en el sector. La nueva Ley de Protección de Datos Personales que busca alinearse con estándares internacionales como el RGPD europeo, obligan a las empresas a implementar medidas estrictas para el manejo de datos sensibles.
Como principales desafíos específicos en el sector de la construcción, podemos visualizar, en primer lugar, un ecosistema complejo y descentralizado, pues los proyectos de construcción involucran múltiples actores (proveedores, subcontratistas, clientes y reguladores) que manejan y comparten datos críticos, lo que amplifica el riesgo de ciberataques.
A lo anterior, debe sumarse el hecho de que el negocio de la construcción maneja información estratégica altamente sensible, como planos, cronogramas y contratos diversos (financiamiento, proveedores, etc.) que contienen información que podría ser utilizada maliciosamente para extorsión o, eventualmente, sabotaje.
Además, la adopción de tecnologías emergentes, como herramientas como BIM e IoT amplían los blancos de ataque cibernéticos al requerir conexiones constantes a redes y almacenamiento de datos en la nube.
Así, y para abordar estos desafíos, el derecho de la construcción y las empresas del sector deben adoptar estrategias innovadoras que combinen aspectos legales, tecnológicos y organizativos, tales como, por ejemplo, la realización de contratos con cláusulas específicas de ciberseguridad, es decir, incorporar en los contratos de construcción cláusulas que regulen el manejo de datos sensibles, las responsabilidades en caso de ciberataques y las medidas de mitigación necesarias. Por ejemplo, exigir a subcontratistas el cumplimiento de estándares internacionales como la ISO 27001 puede reducir significativamente los riesgos.
Asimismo, implementar sistemas BIM que incluyan autenticación multifactor, encriptación de datos y monitoreo constante de accesos, resulta tan importante como la promoción del desarrollo de «gemelos digitales» que puedan operar en entornos aislados como medida de seguridad adicional.
Por otro lado, las posibles alianzas estratégicas de colaboración público-privadas, con organismos gubernamentales y empresas privadas como así también startups tecnológicas para diseñar soluciones específicas para el sector pueden ser de gran utilidad y mutuamente beneficiosas. Por ejemplo, el desarrollo de una plataforma nacional de ciberseguridad para la construcción podría centralizar la protección de datos y estandarizar los protocolos de seguridad.
El uso de inteligencia artificial y análisis predictivo, como aplicar herramientas de inteligencia artificial para identificar amenazas en tiempo real y realizar simulaciones de ciberataques, es otra idea, ya que esto permite a las empresas anticiparse a posibles vulnerabilidades antes de que sean explotadas.
Asimismo, las auditorías legales y técnicas regulares y periódicas que evalúen tanto el cumplimiento normativo como la eficacia de las medidas de ciberseguridad implementadas, asegurando que las empresas estén siempre un paso adelante en un entorno legislativo y tecnológico cambiante.
Finalmente, la capacitación especializada para actores del sector, siemrpe será necesaria en estos contextos evolutivos, promoviendo programas de formación en ciberseguridad específicos para el sector construcción, dirigidos tanto a empleados internos como a subcontratistas, con el fin de reducir errores humanos que puedan comprometer la seguridad de los datos.
El avance tecnológico en la construcción chilena no solo exige una transformación operativa, sino también un enfoque renovado desde el ámbito jurídico. Incorporar la ciberseguridad como eje central de la gestión empresarial y contractual es esencial para proteger la integridad de los datos y garantizar la continuidad operativa en un sector crítico para el desarrollo del país.
Con ello, las empresas que adopten un enfoque proactivo e integrador, combinando innovación tecnológica con cumplimiento normativo, para un desafío global, estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro y consolidar su posición en un mercado altamente competitivo.
En definitiva, la ciberseguridad no es solo una necesidad técnica, sino un imperativo estratégico y legal para el éxito sostenible en la era digital.
