En las últimas semanas, la actuación de la Contraloría General de la República ha vuelto a situarse en el centro de la discusión pública, particularmente en materia de regulación urbana y probidad administrativa. Los recientes dictámenes emitidos por este organismo no solo evidencian la necesidad de reforzar el marco regulatorio en el desarrollo urbano, sino que también exponen las malas prácticas que aún persisten en ciertas municipalidades y sectores empresariales.
Uno de los casos más notorios es el de la Municipalidad de Colina, donde se denunció una operación comercial en la que se vendió un terreno a una corporación municipal para la construcción de un hospital, transacción declarada ilegal por la Contraloría. A pesar del tiempo transcurrido, la persona responsable de esta venta no ha devuelto el dinero obtenido de manera indebida. Este tipo de acciones, que además involucran a figuras políticas como el exalcalde Mario Olavarría, quien creó la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano en 2018, exponen cómo los intereses privados pueden entremezclarse con la gestión pública, perjudicando a la comunidad y retrasando proyectos de interés general.
La ilegalidad de la mencionada corporación fue ratificada por el dictamen N° E498347/2024 de la Contraloría, que ordenó su disolución inmediata. Esta resolución demuestra el papel crucial que juega el ente fiscalizador al corregir irregularidades en la administración pública. En particular, la creación de entidades como la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano de Colina, que se constituyó bajo una figura jurídica privada, sin fines de lucro, para gestionar proyectos comunales, es un claro ejemplo de cómo se puede distorsionar el marco regulatorio con fines ajenos al bienestar colectivo.
El estatuto de la corporación otorgaba facultades tan amplias que incluso le permitía administrar bienes nacionales de uso público, una situación inaceptable en términos de probidad y transparencia. Esta operación reflejaba cómo algunos municipios pueden establecer vínculos oscuros con el sector privado para beneficiarse mutuamente, dejando de lado el interés público. La actuación de la Contraloría, bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez, fue clara y determinante en revertir este tipo de abusos, lo que subraya la necesidad de mantener la autonomía de este organismo frente a las presiones políticas.
En un ámbito más amplio, el dictamen N° E529723/2024, que obligó a la Seremi Minvu de Valparaíso a invalidar un convenio con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), refuerza la importancia de evitar el lobby y los acuerdos poco transparentes entre el sector público y privado. Este caso, que involucra a la funcionaria Belén Paredes y su rol como titular de la Seremi, es otro recordatorio de que las decisiones de los funcionarios públicos deben estar siempre alineadas con los principios de probidad.
La transparencia y la correcta administración de los recursos públicos son esenciales para un desarrollo urbano justo y equitativo. Los dictámenes de la Contraloría no solo actúan como correctores de irregularidades, sino que también envían un mensaje claro: cualquier intento de manipular las leyes en beneficio de unos pocos será enfrentado y sancionado. La integridad de las decisiones urbanísticas no puede estar al servicio de intereses empresariales, y mucho menos en desmedro de los ciudadanos.
Es fundamental que los organismos de control mantengan su independencia y rigor frente a las posibles influencias de sectores interesados en perpetuar prácticas poco éticas. La situación de la contralora Dorothy Pérez, quien enfrenta presiones para su destitución, es un recordatorio de que los agentes de fiscalización son el último bastión en la defensa de la probidad administrativa. Sin su firme liderazgo, seguirían prosperando los abusos y la falta de transparencia en la regulación urbana.
En conclusión, el panorama actual de la regulación urbana en Chile refleja tanto los desafíos como los logros en la lucha por un desarrollo sostenible y equitativo. La Contraloría ha demostrado ser un actor esencial en esta batalla, y su labor es indispensable para asegurar que las decisiones públicas estén alineadas con el bienestar común. Si no se defiende este bastión de la transparencia, corremos el riesgo de que los intereses mercantiles prevalezcan una vez más, perjudicando no solo las reglas del mercado, sino también el futuro de nuestras ciudades y comunidades.
