Por: Marcelo Mora, CEO de IDOK
El pasado 1 de julio, el Senado despachó el proyecto de Ley de Notarías que prometía modernizar uno de los sistemas más burocráticos de nuestro país. Sin embargo, lo que pudo haber sido un paso decisivo hacia la digitalización y simplificación de los trámites legales, terminó siendo una reforma a medias que mantiene intactos muchos de los elementos que dificultan el acceso, aumentan los costos y ralentizan los procesos para los usuarios.
El proyecto incluía propuestas innovadoras, como permitir la firma electrónica de escrituras públicas y ampliar las capacidades de atención remota. Pero estas medidas fueron eliminadas en la tramitación legislativa, dejando un sabor amargo entre quienes veían en esta ley una verdadera revolución digital. Se mantiene la obligación de firmar en papel y de acudir presencialmente al notario, como si la tecnología no existiera o no fuera lo suficientemente segura.
Este proyecto de ley terminó eliminando aspectos clave de la digitalización que habrían significado un avance real para los usuarios. Y no es solo una opción sectorial. El informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2017 ya advertía que la falta de competencia y digitalización en el sistema nacional generaría costos excesivos, y que podrían ahorrarse hasta 149 millones de dólares al año si se adaptaban procesos digitales eficientes.
La decisión de frenar el avance tecnológico en los trámites notariales parece responder más a presiones gremiales que a una voluntad real de modernización. Esto es particularmente contradictorio cuando el propio Estado impulsa la transformación digital en otros ámbitos, promueve la interoperabilidad entre instituciones y fomenta la reducción de la burocracia para beneficiar a los ciudadanos y a las pymes.
En este contexto, mantener la presencialidad en pleno 2025 no solo es una decisión obsoleta, sino también regresiva. Representa un gasto innecesario en tiempo y recursos para miles de personas y emprendedores que deben interrumpir sus actividades productivas para realizar trámites que podrían resolverse fácilmente desde un computador o celular, con altos estándares de seguridad y validación.
El resultado de esta ley no impacta directamente a las empresas de firma electrónica avanzada, porque simplemente mantiene el esquema actual. Pero sí afecta a los usuarios, quienes seguirán atrapados en un sistema que se resiste al cambio, perdiendo una valiosa oportunidad para hacer de la digitalización una verdadera política pública, y no solo una promesa vacía en el papel.
