El estudio advierte la magnitud de las ocupaciones irregulares en el país, donde la mayoría de los terrenos corresponde al Estado, evidenciando desafíos urgentes en materia de gestión territorial, control y recuperación de suelos fiscales.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Un reciente estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor reveló la magnitud de las megatomas en Chile, evidenciando un escenario complejo para la gestión territorial del Estado. Según la investigación, las 34 mayores ocupaciones irregulares del país abarcan más de 200 mil hectáreas, de las cuales un 75% corresponde a terrenos fiscales.
El informe adquiere especial relevancia en un contexto donde el Gobierno ha manifestado la urgencia de recuperar estos espacios y darles un uso legal y público. En esa línea, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, aseguró que actualmente se está desarrollando un catastro actualizado de los inmuebles fiscales con ocupación irregular.
“Estamos actualizando los antecedentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado”, señaló la autoridad. Asimismo, indicó que ya se han iniciado reuniones con distintas organizaciones y actores territoriales con el objetivo de abordar el problema y avanzar en soluciones concretas.
Una vez finalizada esta etapa, el Ministerio proyecta iniciar acciones judiciales para recuperar los terrenos, en coordinación con los organismos correspondientes.
Desde Atisba Monitor, su directora ejecutiva, Caroline Iribarne, explicó que la alta proporción de terrenos fiscales en estas ocupaciones responde, en parte, a la amplia disponibilidad de suelo estatal.
“En su minuto, el déficit habitacional y la presión migratoria llevaron a que muchas personas buscaran soluciones informales vía usurpaciones”, afirmó.
En cuanto a los desafíos que enfrenta el Estado, Iribarne advirtió que no se trata únicamente de atribuciones legales, sino de capacidades operativas y tecnológicas. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar catastros georreferenciados apoyados en imágenes satelitales, que permitan monitorear en tiempo real las modificaciones en el uso del suelo.
“Hay un desafío tecnológico importante en el resguardo de estos terrenos”, puntualizó.
Respecto a los plazos, la experta estimó que un catastro completo podría realizarse en aproximadamente seis meses. Sin embargo, advirtió que los procesos de recuperación serán más extensos, debido a la consolidación de algunas tomas y a la presencia de redes delictuales en ciertos sectores.
Casos como los registrados en Antofagasta, Cerrillos o en el camino a Melipilla evidencian la complejidad del fenómeno. “Intervenir estos territorios requiere desactivar redes delictuales, de lo contrario pueden generarse situaciones de violencia, como ya ocurrió en San Antonio”, concluyó.
