Informe interno reconoce vínculos frágiles con gobiernos regionales y municipios, además de limitaciones en gestión técnica y tiempos prolongados en licitaciones.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó un diagnóstico crítico sobre el avance de la reconstrucción tras el megaincendio que en febrero de 2024 afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El documento reconoce que la institucionalidad desplegada ha mostrado “relaciones débiles” con delegaciones, seremis y gobiernos regionales, además de una coordinación con municipios que “carece de institucionalidad clara”.
El análisis surge luego de que la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados aprobara el informe general sobre la reconstrucción, aunque desestimara señalar negligencias institucionales. En este contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que el Ejecutivo tomará en consideración las recomendaciones de la instancia, con el fin de fortalecer los mecanismos para enfrentar catástrofes.
“Si no tomamos los datos reales y entendemos las razones de los tiempos que ha tomado este proceso, difícilmente vamos a superar estas debilidades”, afirmó la autoridad.
Limitaciones estructurales
El Minvu detalló que la reconstrucción enfrenta dificultades propias de la magnitud del daño, que varía según condiciones sociales, legales y patrimoniales de las familias, así como por las distintas modalidades de apoyo. Sin embargo, el ministerio subrayó que no existe un modelo único ni estandarizado para procesos de esta naturaleza, lo que complejiza la gestión.
En el plano institucional, el informe cuestiona la falta de claridad en la coordinación operativa del Consejo de Ministros, liderado por la cartera de Desarrollo Social, que elaboró el plan de reconstrucción. También identificó problemas derivados de cambios en los equipos encargados durante los primeros meses del proceso.
Restricciones operativas y dependencia de terceros
El componente operativo aparece como otro de los factores determinantes del retraso. El ministerio admitió que la modalidad predominante –licitaciones externas– demora en promedio diez meses antes de iniciar obras, debido a la preparación de bases, adjudicaciones y aprobaciones técnicas.
Además, la organización carece de capacidades propias en áreas clave como loteos, muros de contención, estudios de suelo y apoyo jurídico, por lo que debe recurrir a contratación externa, ampliando los plazos. A ello se suma una coordinación municipal menor a la esperada, lo que ha limitado la rapidez en la gestión territorial.
Otro elemento relevante ha sido la interacción con organismos técnicos como Conaf, Sernageomin y sanitarias, cuyos requerimientos han introducido nuevos tiempos de revisión y ajustes a los proyectos.
Perspectivas y plazos
El ministerio insistió en que el horizonte para completar la reconstrucción es de dos años, plazo que –según recalcó Montes– “responde a la responsabilidad del Estado de cumplir etapas técnicas antes de materializar obras”.
En esa línea, la cartera destacó que ya existen cambios normativos para destrabar procesos, aunque reconoció que la ejecución depende de múltiples actores externos y que el rol del Serviu se limita principalmente a la supervisión, ya que los contratos son firmados directamente entre familias y constructoras.
“Entendemos la urgencia de las familias, pero también que este es un proceso que exige institucionalidad y seriedad para entregar soluciones habitacionales sostenibles en el tiempo”, concluyó el ministerio.
