La medida, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, contempla hasta 50 mil subsidios para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, una cobertura estatal a través de Fogaes y una reducción significativa en las tasas hipotecarias.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
En un esfuerzo por dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar el acceso a la vivienda propia, el Gobierno de Chile ha lanzado el nuevo Subsidio al Dividendo, una política pública que promete marcar un antes y un después para miles de familias que aspiran a adquirir su primer hogar. La ley, ya aprobada por el Congreso, contempla la entrega de hasta 50 mil subsidios a personas naturales interesadas en comprar viviendas nuevas cuyo valor no supere las 4.000 unidades de fomento (UF).
La iniciativa incluye un componente financiero clave: un subsidio de 60 puntos base aplicado a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, lo que, sumado a una nueva garantía estatal —el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes)—, podría permitir una reducción total de hasta 100 puntos base en las tasas. Esto se traduciría en dividendos mensuales considerablemente más bajos y un ahorro global que, en algunos casos, supera los 27 millones de pesos a lo largo de un crédito a 30 años.
Como parte de esta política habitacional, se han reservado 6 mil subsidios específicos para familias que ya cuentan con apoyos del DS1 o DS19, orientados a la compra de su primera vivienda de hasta 3.000 UF. Estos beneficiarios podrán acceder también a las garantías del Fogaes, que cubre hasta el 60% del valor de la propiedad, facilitando así la aprobación de los créditos por parte de los bancos.
El impacto esperado no es menor. Para una vivienda de 3.500 UF financiada a 30 años, por ejemplo, el dividendo mensual podría caer desde los $678.341 a $601.672, generando un ahorro mensual de casi $77 mil. En el caso de una vivienda de 4.000 UF, la diferencia en el costo total del crédito puede llegar a los $27.910.080.
El Subsidio al Dividendo se enmarca en una batería de medidas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para enfrentar el déficit habitacional y reactivar una industria clave para la economía nacional, especialmente en un momento en que las condiciones de acceso al crédito se han endurecido.
Con esta nueva política, el Estado no solo busca aliviar la carga financiera de las familias, sino también enviar una señal clara al sector inmobiliario: hay voluntad política para recuperar el dinamismo del mercado de la vivienda, sin dejar a nadie atrás.
