Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
Dado que la caja fiscal, según el gobierno de Kast, dispone de pocos recursos monetarios, lo que fue desmentido a la ligera por la administración de Boric, teniéndose en cuenta que el ministro Quiroz es experto en cifras y el ministro Poduje es un conocido especialista en vivienda y urbanismo, a sabiendas que, como lo hemos publicado hasta la saciedad, el anterior gobierno, aceptando las peticiones de experimentados lobbystas, favoreció con diversas prebendas al sector económico de la construcción y a otros tantos, comportamiento que es absolutamente contrario al sistema económico de libre mercado, sería necesario que la actual administración permita en los hechos de que exista una sana competencia entre los actores privados que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía, pues de esta manera se asignan correctamente los recursos y si excepcionalmente, por motivos ocasionales, hay que asistir a algún sector, debe ser vía legal.
A modo de ejemplo, a través de la Circular ORD. N° 112 de la obsecuente División de Desarrollo Urbano (DDU) 533 del Minvu, del reciente 27 de febrero de 2026, se amplió discrecionalmente en un año y medio la vigencia de los permisos de edificación, materia contenida en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que fijaba la caducidad de los mismos en los 3 años si no se iniciaban las faenas de los proyectos.
Con esta amistosa práctica administrativa del gobierno de Boric, si un empresario tiene un permiso de edificación cursado por una dirección de obras municipales (DOM) para un proyecto de 2 torres de oficinas o de departamentos de 25 pisos cada una, adscribiéndose a las normas de un determinado Plan Regulador Comunal (PRC) y si ese municipio, por razones de bien público, modificó ese instrumento reduciendo la altura máxima a 12 pisos, ese feliz actor inmobiliario ahora podrá construir sus torres de 25 pisos sin ningún inconveniente, ya que las autoridades anteriores del Minvu fueron muy serviciales con ese influyente sector de la economía.
Recientemente se aprobó una expropiación del antiguo Club Hípico de Punta Arenas, equipamiento deportivo clasificado como área verde en el respectivo PRC, con el propósito de transformar sus 20 hectáreas en un proyecto denominado «Central Park», auspiciado por el saliente presidente Boric.
Pero como el monto de dinero que se le pretende pagar a la sociedad comercial que tiene el dominio de ese predio es sumamente elevado, algunos consejeros regionales que conocen los precios en que se transan los terrenos, más aún, cuando son áreas verdes, tuvieron que denunciar ese injustificado regalo en la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que todavía no se pronuncia. Este «Central Park» chilensis, a diferencia del parque público de verdad situado en Manhattan, Nueva York, EEUU, considera en una de sus partes, la ejecución de edificios de viviendas.
Como las dadivosas autoridades regionales estaban muy apuradas para pagarle a la empresa Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. los desmesurados $ 21.832.000.000, esta suma ya está consignada en un tribunal y los transparentes y responsables denunciantes magallánicos, liderados por el consejero regional, Max Salas, acusaron graves inconsistencias en la alegre tasación elaborada por 3 arquitectos de la zona. Quienes financian la enorme indemnización al privado es el Minvu y el Gobierno Regional de Magallanes, destacándose que 2 de los llamados peritos tasadores son socios de una empresa de corretaje de propiedades.
En lo que respecta a los terrenos considerados áreas verdes en los instrumentos de planificación urbana, el actual gobierno, habida cuenta lo sucedido con el caso del Club de Tenis Tarapacá de Iquique, debería revisar la exención de las contribuciones de bienes raíces que tienen tales terrenos.
Los avispados directores del club, menos uno, Manuel Palacios, compraron el terreno en $ 500 millones y enseguida lo vendieron en $ 3.500 millones a un inversionista libanés para que desarrolle en ese terreno un lucrativo proyecto inmobiliario. Ello sucedió porque tales directores hábilmente renunciaron a la franquicia tributaria de las contribuciones que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII) a los terrenos clasificados como áreas verdes, expresándose que este impúdico asunto está radicado en la Justicia y es muy conocido por la ex Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, actual ministra de Seguridad Pública.
Otra situación impropia que deberá revisar la dupla Quiroz-Poduje es la mantención de la figura conocida como «viviendas económicas DFL2» creada en el año 1959, cuando la realidad del país era muy diferente a la actual, pues las así clasificadas están exentas de pagar las contribuciones de bienes raíces por un cierto período de tiempo, según los m2 que tienen y otras regalías.
Las viviendas de hasta 140 m2 se acogen a esta disposición y el 80% de las casi 8.000.000 viviendas que hay en el país disfrutan de este beneficio tributario, a pesar de que infinidad de ellas superan ese metraje por ampliaciones que se ejecutan después de las recepciones finales municipales. Y aunque los lectores no lo crean, existen en el mercado este tipo de «viviendas económicas» que se transan entre los $ 500.000.000 y los $ 1.000.000.000, pues hasta la fecha ningún gobierno a tomado el toro por las astas para derogar esa tramposa forma de evadir el pago de impuestos.
En conclusión, esperamos que ambos ministros, cuidando las disminuidas arcas fiscales, revisen la cuantiosa suma de la expropiación del terreno en Punta Arenas que le pertenece a la mencionada sociedad anónima y que, después de analizar las millonarias sumas de dinero que deja de percibir el Estado, por la libertina política señalada en el párrafo anterior, promuevan una ley para suprimir la mentira institucionaliza de las «viviendas económicas DFL2».
Tampoco podemos perder de vista que, durante varias decenas de años, todos aquellos que arrendaban viviendas acogidas al DFL2 nunca pagaron el impuesto a la renta por los ingresos mensuales que recibían, práctica procaz recién terminada hace 2 años. Si Quiroz desea revisar este asunto puntual con sus técnicos, este columnista tiene la mejor voluntad para entregarle, en sus manos, la documentación respectiva emanada del SII.
