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PRONTO

Un nuevo estándar para la minería: de la exigencia al propósito

Por: Magdalena Márquez P. Head of Social Studies and International Standards, Arcadis

La industria minera se encuentra en un punto de inflexión crucial. La transición energética global ha puesto en evidencia la importancia de los minerales críticos —desde el litio hasta el cobre— como elementos esenciales para avanzar hacia un modelo más sustentable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta demanda exponencial ha generado una oportunidad única: transformar a la minería en un pilar estratégico para frenar el cambio climático, sin embargo, este potencial solo podrá materializarse si la industria logra responder a las crecientes expectativas de la sociedad, las autoridades y las entidades financieras en materia de sostenibilidad y responsabilidad.

En este contexto surge el nuevo Estándar Consolidado de Minería (CMSI), una iniciativa ambiciosa que busca unificar y elevar los objetivos de sostenibilidad promovidos por diferentes marcos internacionales como Copper Mark, ICMM, Towards Sustainable Mining y el World Gold Council. La meta es crear un estándar global, auditable y verificable, que genere confianza hacia la sociedad y que facilite la trazabilidad a través de toda la cadena de valor minera. 

El CMSI tiene un propósito claro: unificar criterios reconocidos internacionalmente, establecer métricas objetivas que reduzcan la brecha entre el “deber ser” y la realidad, y fortalecer la confianza de comunidades, gobiernos e inversionistas en una industria cada vez más transparente y responsable. 

Pero, ¿cuáles son los enfoques principales de este estándar? En primer lugar, la gestión ambiental y la seguridad, con metas concretas como la reducción real de emisiones, la trazabilidad total del agua utilizada, una mayor seguridad en relaves y una apuesta firme por la conservación de la biodiversidad. Luego, la relación con las comunidades y la gobernanza, promoviendo la participación temprana, la transparencia absoluta, el respeto por los derechos humanos y un compromiso genuino de la alta dirección con la rendición de cuentas. Finalmente, la resiliencia climática, que implica diseñar y adaptar infraestructura, así como también, avanzar en la transición hacia energías limpias.

Cumplir con estos focos no es tarea sencilla. La industria minera ha avanzado en cada uno de estos aspectos, pero aún enfrenta desafíos importantes para gobernar y hacer efectiva esta multiplicidad de acciones. Es necesario invertir en sistemas de gestión ambiental y social integrados, y, sobre todo, fomentar una cultura de planificación a largo plazo que sitúe la sostenibilidad en el centro de la estrategia empresarial. 

Este estándar representa, sin duda, una gran oportunidad. Las empresas que lo adopten de manera temprana, fortalecerán la confianza con sus grupos de interés y se posicionarán como líderes en un sector que busca ser parte de la solución frente a la crisis climática. La sostenibilidad no puede ser vista sólo como un requisito, sino como un propósito integrador que transforme la cultura corporativa y marque la diferencia en la competitividad y la legitimidad de la industria minera.

Desde nuestra experiencia en Arcadis, sabemos que el éxito no radica en cumplir un checklist, sino en integrar la sostenibilidad en la estrategia, gestión y cultura corporativa. Asimismo, cuando este compromiso se asume con convicción, se generan transformaciones que no sólo reducen riesgos, sino que atraen inversión, mejoran y mantienen la reputación y contribuyen a un desarrollo más justo y responsable.

Cuáles son los desafíos y avances en la electromovilidad hacia un futuro sostenible

En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el Centro de Movilidad Sostenible destaca la importancia de acelerar la electromovilidad en Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En el marco del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el Centro de Movilidad Sostenible (CMS) puso sobre la mesa los avances y, sobre todo, los desafíos que enfrenta Chile para consolidar la electromovilidad como eje de su transición energética.

El organismo destacó que el país se ha posicionado como líder regional en transporte público eléctrico, con más de 4.000 buses en circulación en Santiago y nuevas licitaciones que buscan extender el modelo a regiones.

Sin embargo, el escenario es distinto en el mercado privado: los vehículos eléctricos representan hoy menos del 3% de las ventas totales, lo que tensiona las metas de descarbonización y reduce el impacto de las inversiones en energías renovables.

“Chile ya demostró liderazgo en transporte público eléctrico. Ahora se debe replicar esa visión en todos los segmentos y generar condiciones habilitantes que den certeza al mercado e inversionistas”, afirmó Marcela Castillo, subdirectora del CMS.

Las medidas clave

Entre las recomendaciones del organismo, se plantean cinco medidas prioritarias, establecer metas vinculantes para eliminar gradualmente los motores a combustión interna, fortalecer las normas de eficiencia energética para todos los segmentos de vehículos.

Desarrollar una red nacional de carga y modernizar la estructura tarifaria eléctrica, integrar la electromovilidad en la política industrial y en las compras públicas y revisar y reducir los subsidios al diésel como incentivo a la transición energética.

El desafío político

El director ejecutivo del CMS, Sebastián Galarza, advirtió que las decisiones regulatorias de los próximos años serán determinantes.

“Las decisiones que tomemos hoy definirán si Chile se convierte en un modelo integral de electromovilidad o en un caso de éxito parcial”.

Con estos puntos, el debate sobre electromovilidad se instala como uno de los frentes estratégicos que deberá abordar el próximo gobierno, en un país con liderazgo en transporte eléctrico, abundancia de recursos estratégicos —como el litio—, pero también con importantes brechas en infraestructura y en adopción privada.

Invertir para migrar: El nuevo rostro del capital chileno

Por: Esteban Larrondo, Director de Latam en USA

Desde hace algunos años, hemos sido testigos de un fenómeno que refleja no solo una reconfiguración económica, sino también un cambio cultural profundo en ciertos sectores de la sociedad chilena: la creciente búsqueda de residencia en EE.UU a través de la inversión. Lo que antes parecía exclusivo de grandes empresarios, hoy se ha convertido en una estrategia premeditada de diversificación patrimonial y, al mismo tiempo, una apuesta por la estabilidad y proyección familiar.

Chile ya no es, para muchos, el oasis económico que alguna vez se creyó. Tras el estallido social, la pandemia y una serie de transformaciones estructurales que han afectado tanto la percepción de seguridad como la previsibilidad jurídica y tributaria, un número creciente de ciudadanos con alto (y mediano) patrimonio ha comenzado a mirar más allá de nuestras fronteras. Y Estados Unidos, con todas sus complejidades, aparece como una opción atractiva por su estabilidad económica, marco legal claro y posibilidades migratorias ligadas al capital.

Contrario a lo que muchos piensan, no se trata únicamente de millonarios comprando propiedades en Miami. Existen vías formales y específicas, como la visa EB-5, que permiten obtener la residencia legal a cambio de inversiones que, además, deben generar empleo en EE.UU. Para algunos, esto significa colocar entre 800 mil y un millón de dólares en proyectos preaprobados. Para otros, el camino pasa por visados como el E-2, que si bien no otorgan residencia permanente de inmediato, permiten operar negocios en el país con montos menores, pero sustanciales.

Un dato que suele sorprender es que Chile posee, junto a Singapur, un tratado exclusivo que facilita el acceso a visas para profesionales calificados. Sin embargo, este beneficio es ampliamente subutilizado. Es decir, no solo se abren puertas para grandes empresarios, sino también para técnicos y profesionales que, con el debido respaldo y planificación, pueden proyectar una vida en el extranjero a través de la inversión y el talento.

Sectores como bienes raíces, franquicias de servicios y cuidado del hogar, e incluso el rubro del bienestar y las mascotas, están siendo explorados con interés creciente. Las ciudades preferidas van más allá de Miami, incluyendo estados como Texas y zonas emergentes donde se instala la nueva industria tecnológica. La clave está en identificar nichos bien regulados, con proyecciones de crecimiento y, por supuesto, con beneficios tributarios razonables.

Este fenómeno no es menor. Habla de una transformación silenciosa pero significativa del Chile actual. Una élite económica que, antes más nacionalista en sus inversiones, ahora prefiere diversificar internacionalmente; y una clase media-alta emergente que visualiza en la inversión extranjera no solo una posibilidad de negocio, sino también una plataforma para mejorar la calidad de vida y el futuro de sus hijos.

La inversión como herramienta migratoria llegó para quedarse. Y más allá de las valoraciones personales, es reflejo de un país en transición, donde el capital, el talento y la planificación estratégica buscan nuevos horizontes. No se trata de escapar. Se trata de anticiparse.

Municipio viñamarino modifica ordenanza de terrazas en conjunto a gremio de barrios comerciales

Cambios apuntan a regular el uso del espacio público, fortaleciendo una correcta implementación de la infraestructura, junto a ello impulsar el desarrollo económico y poner a la vanguardia la ciudad más turística del país. 

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Tras un intenso trabajo que promovió el diálogo constante con los gremios de los barrios comerciales, el Municipio de Viña del Mar aprobó en la última sesión del Concejo, la modificación a la “Ordenanza sobre instalación de mobiliario destinado al uso de terrazas en bienes nacionales de uso público”, que se encontraba vigente desde el 1 de enero del 2024.

El objetivo de la normativa es el ordenamiento del espacio comunal, fortalecer la correcta implementación de terrazas y regular su ocupación, especialmente en lo referente a la instalación de mobiliario en bienes nacionales de uso público de la ciudad. 

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó el trabajo logrado: “Esta es una discusión bastante larga que incluso creo que precede al Concejo anterior que nos da un marco y una estructura para seguir trabajando con un grado de certidumbre que todos necesitamos; le agradezco al comercio porque se han hecho su tiempo entre todas las obligaciones que tienen para poder discutir esto y al Concejo que ha tenido la capacidad de escuchar también muchas veces”.

La jefa comunal acotó que “estamos construyendo algunas definiciones preliminares para consolidar esta ciudad y que el comercio lo haga de manera participativa y activa; quedan muchas tareas por delante, lo que podamos conseguir como municipio para implementar ciertas obras, adquisiciones de muebles y más cosas para contribuir al comercio. Espero que esto sea la primera etapa de un cambio regulatorio que nos de certezas y a seguir trabajando porque queda mucho por delante”.

Características

La modificación de la Ordenanza perfecciona las normas relativas a: infraestructura de las terrazas, procedimiento para la obtención de permisos y pago de los mismos.

En materia de infraestructura: autoriza extensión más allá del frontis del local, permite la presentación de colores diferentes a los estipulados, establece la obligación de informar y dar acceso si existen elementos de Infraestructura pública (cámaras, alcantarillado), determina un mínimo de 60 centímetros entre terraza contigua, permite que las jardineras, decks, toldos y módulo separador no tengan que ser retirados diariamente y que la jardinera pueda ser diseñada por el locatario.

Respecto a la obtención del permiso se simplifica el procedimiento para iniciar la solicitud y se incorporan plazos para el accionar de los distintos departamentos municipales. 

Asimismo, incorporó al Departamento de Fiscalización de la Dirección de Ingresos y a la Dirección de Seguridad Pública a la Comisión Técnica. 

También se incorpora a la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico en la labor de visita y remisión de antecedentes a la Comisión Técnica, entidad que debe aprobar las propuestas de los locatarios.

Cabe destacar que durante el trabajo de la mesa técnica entre el Municipio y los comerciantes, siempre se planteó la necesidad de recuperar y ordenar el espacio público para una mejor convivencia, entendiendo el aporte de los comerciantes al desarrollo económico, turístico y gastronómico de la ciudad, pero respetando las normativas y promoviendo el cuidado del entorno.

Chillán: la capital regional que se perfila como nuevo polo inmobiliario del país

En medio de un mercado inmobiliario nacional que experimenta ajustes, Chillán destaca silenciosamente como uno de los destinos más prometedores para la inversión en propiedades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La capital de la Región de Ñuble avanza en su consolidación como ciudad-región, con crecimiento urbano sostenido, fuerte inversión pública y una explosiva expansión del turismo que la posicionan como una oportunidad estratégica para los inversionistas inmobiliarios.

La Región de Ñuble fue oficialmente creada en 2018, y desde entonces Chillán ha experimentado una transformación profunda en su rol urbano y económico. Al convertirse en capital regional, se multiplicaron los servicios públicos, universidades, clínicas, proyectos habitacionales y obras de conectividad, posicionando a la ciudad como un eje articulador del sur centro del país.

En el primer semestre de 2025, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental, se ingresaron seis proyectos inmobiliarios por un total de US$112,8 millones, equivalente al 18 % de toda la inversión registrada en la región de Ñuble.

“La ciudad no solo está creciendo, está siendo reconfigurada por actores públicos y privados que reconocen su nuevo rol estratégico. Chillán es una de las pocas capitales regionales donde el precio promedio de los departamentos se mantiene aún bajo, permitiendo a los inversionistas entrar a un mercado en expansión”, comentó Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital.

Según el informe de mercado de enero 2025 de la empresa de servicios inmobiliarios BMl, en la zona de Chillán se presentaron los siguientes números. El valor promedio de los departamentos vendidos fue de 3.249 UF, con un aumento de 3,14 % en 12 meses. El tiempo de absorción del inventario disminuyó, pasando de 16,5 meses a 13 meses en departamentos, y de 12,4 a 8,7 meses en casas.

Desde Rabbitts Capital manifiestan que, a pesar de las altas tasas de interés, se establece una demanda estable especialmente en la zona centro de la ciudad. Esto se explica por la existencia de señales claras de recuperación del dinamismo inmobiliario, impulsadas por el cambio estructural de la ciudad, la mejora en las expectativas de plusvalía, y un mercado que pasó de estar en sobreoferta a mostrar indicios de escasez de oferta atractiva para inversión.

Una señal clara del atractivo de Chillán es la reciente apertura del hotel Hampton by Hilton, ubicado en pleno centro de la ciudad. La llegada de esta cadena internacional marca un hito en el desarrollo urbano de Chillán, posicionándose dentro del mapa de ciudades de interés para el turismo corporativo, médico y recreacional.

En la región del Ñuble el turismo ha crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los motores de su economía local. Según cifras del INE y Sernatur, en 2024 Ñuble superó las 424.000 pernoctaciones turísticas, con un incremento de 9,5 % respecto al año anterior.

Solo en mayo de 2025, la zona de Chillán–Chillán Viejo registró un crecimiento del 30,3 % en pernoctaciones respecto a mayo 2024, impulsado por el turismo invernal en Valle Las Trancas y las Termas de Chillán.

Este flujo constante y diverso (turismo de nieve, turismo médico, estudios, congresos, deporte y naturaleza) favorece fuertemente el modelo de inversión orientado a arriendo por día (renta corta), especialmente en zonas céntricas de la ciudad que hoy no cuentan con oferta pensada desde cero para ese segmento.

“No existen aún edificios diseñados para renta corta, con administración incluida, amenities como piscina temperada, espacios cowork y servicio hotelero, que respondan a la demanda actual de estadías flexibles. El espacio de oportunidad es evidente: quien desarrolle el primer edificio diseñado para inversión con uso mixto (renta por día o mensual), estará liderando un nuevo segmento en la ciudad”, confirma Conejeros.

En los últimos 3 años, el valor del metro cuadrado en Chillán ha aumentado entre 15 % y 20 %, según reportes de portales inmobiliarios y tasadoras locales. Lo que proyecta una plusvalía acumulada de hasta 30 % en los próximos 3 a 5 años, especialmente en zonas céntricas, dado el crecimiento institucional, la llegada de marcas internacionales y la escasez futura de suelos bien ubicados.

El desequilibrio estructural del mercado inmobiliario chileno

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS

Nuestro país está cruzando una de las crisis más significativas que enfrenta el sector inmobiliario y de la construcción. Le llaman el “bajón inmobiliario”, el cual se manifiesta en la brecha creciente entre los ingresos de los hogares y el alza sostenida de los precios de las viviendas.

En un artículo del diario El Mercurio de hace un tiempo atrás, se señaló que los valores de las viviendas han subido un 100% desde el año 2010, pero los sueldos tan solo han subido un 31% desde ese mismo año; siendo, a juicio de varios, la verdadera razón del actual problema inmobiliario, consistente en la abismante diferencia entre el crecimiento de los costos (y precios) y el bajo crecimiento de los sueldos. Esta causal estructural va más allá de las coyunturas económicas o regulatorias, pues resulta evidente la pérdida real del poder adquisitivo de las personas frente al creciente costo de acceder a una vivienda (“digna” o no).

Prueba de lo anterior, y conforme a ese mismo informativo, se señaló que en el año 2018, 1.365.000 personas clasificaban con ingresos suficientes para comprar una vivienda, pero en el año 2024, solo 763.000 (44% menos) personas podrían optar a un crédito hipotecario.

La tesis central es inapelable, pues el desfase entre los ingresos y costos ha mermado la capacidad de compra, reduciendo casi a la mitad el universo de personas que pueden acceder hoy a un crédito hipotecario y por ende, acceder a una vivienda (ahora se entiende el superhabit de viviendas en nuestro país); situación que no se vislumbra con un futuro cercano promisorio si además consideramos otros factores actualmente negativos como las tasas de interés hipotecaria, la inflación persistente (especialmente estos últimos 5 años), el casi nulo crecimiento, la todavía permisología excesiva, el encarecimiento de los precios de la construcción y el endurecimiento del crédito; y eso que no he mencionado, exprofeso, que a fin de año tendremos elecciones, para ponerle más “pelos a la sopa”.

Sin embargo, una visión más sistémica de esta crisis podría enriquecer incluso aún más el análisis, incluyendo de esta forma otros elementos que también influyen en la misma, como la creciente concentración del suelo urbanizable, la especulación inmobiliaria o la insuficiencia de políticas públicas de vivienda en sectores medios, tradicionalmente desatendidos por los subsidios y otras ayudas estatales.

Lo paradójico, es que demanda existe, y mucha, y también un amplio stock de viviendas, dos elementos clave que, en una economía sana o “normal” serían suficientes para que la industria inmobiliaria y de la construcción estuviesen en un “boom” o período de bonanza… pero eso no está pasando acá, precisamente porque el precio de las viviendas y las condiciones de los crédito hipotecarios para comprarlas están totalmente desfasados con la realidad de los ingresos de las personas.

Pensar en soluciones de largo plazo que lamentablemente requieren de una serie de medidas que hoy no pueden tomarse ya sea por falta de voluntad política (la nueva ley de subsidio a la tasa hipotecaria es una, pero no resulta suficiente y no resolverá el problema) o porque definitivamente son muy lentas de implementar dado sus daños colaterales aparejados o simplemente porque rayan en lo onírico, como por ejemplo la reducción de los costos de desarrollo y construcción, hacer crecer definitivamente al país y con ellos los sueldos, reducir las tasas de interés hipotecarias a su nivel histórico más bajo, y controlar la inflación a sus mínimos.

Otra solución pasaría por determinar las remuneraciones en UF, pero el riesgo de afectar fuertemente a las empresas, especialmente a las MiPyME’s, es muy alto.

Así, y en lugar de aspirar a grandes soluciones macro, quizás el enfoque más efectivo sería impulsar una serie de medidas coordinadas entre ellas, tácticas e innovadoras, que si bien no van a resolver el problema de raíz, sí pueden mitigar sus efectos y reactivar paulatinamente el acceso a la vivienda en forma rápida, que es lo que se desea al final.

La primera propuesta, consiste en el diseño de mecanismos que permitan a dos o más personas (familiares, amigos, parejas no formalizadas) postular a un crédito conjunto, con reglas claras de copropiedad; lo que permitiría ampliar el universo de la demanda susceptible de crédito, sin que con ello se aumente el riesgo bancario por insolvencia del deudor.

Otra propuesta, pasaría porque el Estado disponga de terrenos fiscales en arriendo a largo plazo para proyectos habitacionales mixtos, o promueva figuras de usufructo habitacional en terrenos privados no utilizados, a cambio de incentivos tributarios reales, no transitorios o limitados.

Una tercera propuesta, consiste en el rediseño del sistema de subsidios estatales que permitiera atender a quienes no califican para subsidios sociales pero tampoco pueden financiar una vivienda sin ayuda. Es decir, una versión “2.0” del DS1, como figura especial y focalizada a la clase media de dicho subsidio. Esta política, aplicada con éxito (obviamente) en países como Canadá y Australia, podría adaptarse al contexto chileno.

Otra propuesta, vendría siendo la necesaria industrialización de la construcción y digitalización de la permisología, a través de incentivos a procesos constructivos industrializados (prefabricados, modulares, etc.) y digitalizar por completo la cadena de permisos de edificación, reduciendo así plazos, costos e incertidumbres para los desarrolladores y generando externalidades positivas hacia los precios.

Finalmente, sugiero incorporar en las políticas públicas y en las decisiones financieras, un indicador nacional de acceso a la vivienda (similar al índice de accesibilidad urbana utilizado en algunas ciudades europeas), lo que permitiría orientar y focalizar adecuadamente los esfuerzos públicos y privados, los subsidios, los desarrollos y las inversiones en vivienda y en infraestructura urbana.

Para terminar, este bajón inmobiliario o crisis inmobiliaria, como ha sido nombrado, contrario a lo que se podría pensar, no es solo un problema de mercado, es una alerta social y una oportunidad política, ya que lo que está en juego es la capacidad de las personas de proyectar su vida en un entorno urbano accesible y equitativo.

Esta crisis, aunque estructural, pero bien manejada puede abrir el paso a una reinvención del modelo habitacional chileno, con más innovación, colaboración público-privada, y una visión que ponga al habitante (y no solo al comprador) en el centro de la política urbana.

Inversiones inmobiliarias: agosto se consolida como mes clave para arriendos turísticos tipo Airbnb en Santiago

Demanda de turistas brasileños y auge del turismo invernal impulsan alta rentabilidad en comunas como Santiago Centro, Las Condes, Vitacura y Ñuñoa. Expertos entregan recomendaciones para invertir con éxito en el rubro.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Julio y agosto se han consolidado como los meses de mayor rentabilidad para quienes invierten en propiedades destinadas al arriendo turístico a través de plataformas como Airbnb. Así lo afirma Rodrigo Barrientos, experto inmobiliario y fundador de Gen Proactivo, comunidad especializada en la formación de inversionistas inmobiliarios en Chile.

“El turismo vinculado a la nieve, especialmente por parte de turistas brasileños y latinoamericanos, genera una alta demanda por alojamientos temporales en comunas con buena conectividad y equipamiento”, señala Barrientos. En este contexto, Santiago Centro, Las Condes, Vitacura y Ñuñoa se posicionan como las zonas con mayor ocupación y retorno.

Según datos proporcionados por Gen Proactivo —firma que administra propiedades para sus clientes inversionistas—, la ocupación promedio de una cartera de 25 departamentos alcanzó un 94% durante julio de 2025. “En mi caso particular, llegamos al 100%”, precisa Barrientos. En tanto, para agosto, la ocupación ya registraba un 71,7% al día 2 del mes, confirmando la tendencia.

No obstante, Barrientos advierte que este tipo de inversión requiere planificación y un enfoque estratégico. “El arriendo turístico no es un ingreso pasivo automático. Se trata de un negocio que exige diferenciarse, ofrecer una experiencia de calidad y competir activamente por la atención de los visitantes”, comenta.

Entre las recomendaciones que entrega el especialista se encuentran la necesidad de contar con un presupuesto realista, invertir en amoblamiento de buen nivel, considerar gastos operacionales y proyectar flujos de caja con prudencia. “Quienes ingresan sin planificación suelen enfrentar dificultades para alcanzar la rentabilidad esperada”, agrega.

El creciente interés por el turismo invernal, sumado a la estabilidad en la demanda durante la temporada alta, convierte al mes de agosto en una oportunidad estratégica tanto para hospedar como para iniciar un proyecto de inversión inmobiliaria bajo el modelo de arriendo turístico.

Mercado de centros de bodegas consolida su estabilización en Santiago durante primer semestre de 2025

La absorción neta alcanzó los 176.667 m², superando toda la cifra anual de 2024, mientras que la producción de nuevos espacios creció un 54%, liderada por los submercados Norte y Poniente. A pesar del aumento en la oferta, la vacancia se mantuvo estable en 5,8%.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Santiago, julio de 2025.– El mercado de centros de bodegas en Santiago mostró señales claras de estabilización durante el primer semestre de este año, con una demanda sólida y un incremento significativo en la actividad de desarrollo, según el informe elaborado por JLL.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que la absorción neta alcanzó los 176.667 metros cuadrados, cifra que no solo supera la absorción total de 2024 (157.258 m²), sino que también contrasta fuertemente con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una absorción negativa de -79.671 m². Esto consolida la tendencia positiva iniciada en el segundo semestre de 2024, que había cerrado con 236.929 m².

“Esta cifra confirma una robusta recuperación del mercado. La fuerte absorción, junto con una alta producción, demuestra confianza en el sector y consolida su estabilización”, explicó Alessandro Piffardi, analista de Investigación y Valoración en JLL.

Producción en alza y vacancia controlada

En paralelo, el estudio destaca una fuerte producción de nuevos espacios, con 206.392 m² incorporados al mercado entre enero y junio, lo que representa un aumento del 54% respecto al primer semestre de 2024. De esta nueva superficie, un 80% se concentró en los submercados Norte y Poniente, con 81.712 m² y 79.698 m² respectivamente.

A pesar del volumen de nueva oferta, la tasa de vacancia se mantuvo estable en 5,8%, levemente superior al 5,5% registrado al cierre de 2024. El submercado Norte lideró en disponibilidad, alcanzando un 7,0% de vacancia, tras un aumento del 73%. En contraste, el Norponiente fue el más demandado, con la vacancia más baja del semestre (3,4%), mientras que el Sur marcó el mayor nivel, con 9,2%.

Arriendos al alza y nuevas configuraciones

El informe también evidencia una recuperación en los precios de arriendo, que promediaron 0,158 UF/m² (USD 6,62/m²), un alza de 8,9% respecto al cierre de 2024. Este incremento se explica en parte por la mayor oferta de bodegas con modulación de hasta 800 m², que concentraron el 30% de la disponibilidad inmediata y registraron precios promedio de 0,200 UF/m².

En contraste, los centros con superficies de mayor tamaño se mantuvieron en valores promedio de 0,140 UF/m², con una dispersión entre 0,110 y 0,180 UF/m², dependiendo de factores como ubicación, antigüedad, calidad constructiva y niveles de seguridad.

Proyecciones para el segundo semestre

Para la segunda mitad del año, se espera que la producción se mantenga activa, con 488.542 m² en construcción que se proyectan en operación entre 2025 y 2027. Las estimaciones apuntan a una vacancia entre 7,0% y 7,5%, dentro de los márgenes saludables para el mercado. En tanto, los valores de arriendo podrían mantenerse estables, siempre que la absorción continúe fuerte y sostenida.

Seguridad privada: un nuevo deber empresarial ante un escenario de crisis de seguridad pública

Por: Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile.

Chile atraviesa una de las crisis de seguridad más intensas de las últimas décadas. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, el aumento de delitos violentos, robos organizados y crimen transnacional ha puesto en entredicho la capacidad del Estado de responder con eficacia a la creciente demanda ciudadana por seguridad.

En este contexto, la reciente publicación del reglamento de la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada —cuya entrada en vigor será en noviembre de este año— no sólo representa una actualización regulatoria, sino un punto de inflexión para el sector privado.

Este nuevo marco legal redefine las reglas del juego: ya no basta con contar con guardias de seguridad y cámaras. Asimismo, la lógica cuantitativa asociada al monto de 500 UF diarias de efectivo que maneja una empresa para declararla como entidad obligada queda atrás. Hoy, las características de riesgo inherentes a cada actividad determinarán si una entidad está obligada a implementar medidas de seguridad. Además, existirá una clasificación de riesgo —alto, medio o bajo—, la cual será determinada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que asume el rol de órgano rector en materia de seguridad privada en el país.

El Estado ha trazado una línea clara: el sector privado debe jugar un rol coadyuvante y complementario en la seguridad pública. Y ese rol no es menor. Implica elaborar estudios de seguridad con planes para cada instalación, invertir en tecnología con ciertos requisitos técnicos, para cámaras de seguridad (cctv y corporales) y lectores de placas, contratar y capacitar personal autorizado (de acuerdo al nivel de riesgo), garantizar la realización de denuncias en 24 horas, mantener grabaciones y evidencias durante al menos dos años si están asociadas a delitos.

El problema es que muchas empresas aún no dimensionan la envergadura del desafío. Las obligaciones no son menores, y las sanciones tampoco. Las multas por incumplimientos gravísimos pueden alcanzar hasta 13.500 UTM, sin contar la posibilidad de clausura temporal o definitiva de establecimientos. En un entorno de creciente inseguridad y presión reputacional, no cumplir no solo es caro: es arriesgado.

Por eso, este es el momento de buscar asesoría especializada que acompañe a las empresas para una correcta implementación de cumplimiento regulatorio en esta materia. Comenzando con un diagnóstico de brecha en cuanto a la clasificación de riesgos, diseño de estudios de seguridad y planes por sucursal, implementación de las medidas de seguridad exigidas, auditoría de niveles de cumplimiento, y estrategias para enfrentar la eventual aplicación de multas.

La seguridad privada ya no se perfila tan sólo como un gasto accesorio. Es una obligación legal, un estándar reputacional y, sobre todo, una inversión estratégica para la continuidad operacional y confianza del entorno. 

Por ende, la nueva ley no sólo exige cumplir, exige transformarse. Las empresas que lo comprendan a tiempo no sólo evitarán sanciones: estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del país que viene.

Electromovilidad avanza en Biobío: nuevos modelos se suman al programa Mi Taxi Eléctrico en Los Ángeles

Además del subsidio, el programa incluye la entrega e instalación gratuita de un cargador domiciliario de 7 kW.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La comuna de Los Ángeles fue el escenario de una nueva jornada que reafirma el avance de la electromovilidad en la Región del Biobío. Con la incorporación de cuatro nuevos modelos eléctricos por parte del proveedor Salazar Israel, el programa Mi Taxi Eléctrico amplió su catálogo, ofreciendo más opciones a los conductores del transporte público menor de la provincia.

Durante la actividad, decenas de taxistas y colectiveros participaron en una completa jornada informativa y de test drive, donde pudieron conocer en terreno las características de los modelos DFSK Seres, GAC Aion-Y, MG ZS EV y MG4, todos vehículos 100% eléctricos que se integran a esta iniciativa que busca modernizar la flota y reducir la huella de carbono del sector.

Impulsado por el Ministerio de Energía, con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío y ejecución de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), el programa contempla un cofinanciamiento de hasta $18.825.000 por vehículo, permitiendo a los conductores renovar sus autos con tecnología más limpia, eficiente y económica.

Para el seremi de Energía del Biobío, Danilo Ulloa, la actividad refleja el impacto real de la electromovilidad en las regiones. “Hoy ya no hablamos de un futuro lejano. La electromovilidad está ocurriendo aquí y ahora, y la incorporación de nuevas marcas al programa es una clara señal del compromiso por ampliar las oportunidades para que más conductores puedan acceder a esta tecnología”, afirmó.

El evento, realizado en las instalaciones de Salazar Israel, contó con la presencia de representantes de la AgenciaSE y una activa participación de conductores, quienes pudieron resolver dudas técnicas, conocer los beneficios del programa y vivir la experiencia directa de manejar un auto eléctrico.

Benjamín Franco, profesional de Infraestructura de Carga de la AgenciaSE, valoró el entusiasmo de los asistentes. “Fue una jornada muy positiva. Los conductores están felices de probar estas nuevas unidades, que ofrecen buena autonomía y prestaciones. Estamos llegando a más territorios con una oferta cada vez más robusta”, destacó.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Cristian Rogazy, presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Los Ángeles, quien valoró la instancia como un paso necesario. “Muchos estábamos escépticos respecto a los vehículos eléctricos, pero hoy pudimos comprobar su comodidad y funcionamiento en la calle. Esto marca un hito en el camino hacia una electromovilidad real para nuestra comuna”, señaló.

Además del subsidio, el programa incluye la entrega e instalación gratuita de un cargador domiciliario de 7 kW. En caso de que el beneficiario decida prescindir de este equipamiento, puede optar a un cofinanciamiento mayor para la adquisición del vehículo.

Las postulaciones continúan abiertas en el sitio web oficial www.mitaxielectrico.cl, donde los interesados pueden revisar el catálogo actualizado, consultar las bases del programa y acceder a toda la información necesaria para sumarse al cambio.

21/10/2025 16:00
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