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PRONTO

MinCiencia presentó Guía de Inversión para que más Data Centers se instalen en Chile

Este instrumento técnico busca brindar confianza y agilizar los procesos de inversión, integrando en un solo texto los trámites indispensables, lineamientos en áreas sensibles y una hoja de ruta con tiempos y etapas de desarrollo.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Con el objetivo de posicionar a nuestro país como un polo estratégico para la industria digital en América Latina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) presentó este martes la Guía de Inversión en Data Centers en Chile. 

El documento cumple una doble función, ya que ofrece información detallada sobre las principales ventajas competitivas para la instalación de este tipo de infraestructura en Chile y también recoge recomendaciones para apoyar una planificación clara y eficiente de acuerdo con la factibilidad energética, uso del suelo y permisos críticos.

“La guía tiene un propósito concreto: dar certezas a quienes están tomando decisiones de inversión en el sector más dinámico y estratégico de esta década. Es una señal clara de que Chile está decidido a liderar en infraestructura digital, a generar empleos de calidad, a promover inversiones sostenibles y a garantizar que la economía de los datos se desarrolle con responsabilidad e inclusión”, destacó el ministro de Ciencia, Aldo Valle.

El manual -que forma parte del Plan Nacional de Data Centers, iniciativa que articula a distintos ministerios y servicios- busca además dar certezas y facilitar la inversión al reunir en un sólo documento permisos clave, recomendaciones en ámbitos críticos y una ruta de plazos y etapas de instalación. Con ello se apunta a reducir la asimetría de información y fortalecer la planificación de proyectos. 

“Chile ofrece un entorno único para el desarrollo de data centers. Energía limpia y abundante, con 66% de generación renovable en 2024 y una proyección de superar el 80% al 2030. Conectividad robusta y en expansión, con más de 62.000 km de fibra óptica y cables submarinos, que nos posicionan como el primer puente digital entre América Latina y Asia-Pacífico. Estabilidad institucional y un clima de inversión confiable, que ya se refleja en más de 30 proyectos en desarrollo y $2.300 millones de dólares invertidos en los últimos cinco años. Y un entorno natural favorable, con territorios que ofrecen eficiencia energética y condiciones excepcionales para el uso de energías renovables. Esta combinación nos desafía a ser un destino seguro, competitivo y sostenible para la industria digital”, agregó el secretario de Estado.

La gerente general de la Asociación Chilena de Data Centers, Catalina Achermann, destacó que son los data centers la base del ecosistema digital y “tienen un impacto en la vida de las personas, en el día a día de las empresas y del país en su conjunto”. “Todos los mails, las películas, las transacciones financieras, las transacciones de e-commerce, todo se realiza pasando por un datacenter”, señaló.

Hub digital regional

Durante la ceremonia también se firmó un convenio de colaboración con la empresa estatal Desarrollo País, que permitirá dar un paso decisivo en la creación de un Campus de Data Centers en Antofagasta, vinculado al Campus de Inteligencia Artificial. 

El acuerdo busca habilitar infraestructura estratégica y consolidar un modelo de cooperación público-privado orientado a atraer inversión internacional y posicionar a Chile como un hub digital regional, fortaleciendo su liderazgo en innovación y transformación tecnológica.

“Este proyecto representa un paso relevante para el futuro digital de Chile. Desde Desarrollo País estamos colaborando en el diseño de un Campus de Inteligencia Artificial en Antofagasta, que permitirá aprovechar el potencial de energía renovable de la región y habilitar condiciones para que la industria invierta de manera responsable en infraestructura crítica”, dijo el gerente general de la institución, Patricio Rey. 

Y agregó: “Estamos en una fase inicial de estudios, pero con la convicción de que esta iniciativa puede contribuir a descentralizar la economía digital, atraer nuevas inversiones y generar impactos positivos en las comunidades y en el posicionamiento de Chile como un hub tecnológico regional”.

El Plan Nacional de Data Centers incluye la creación de un centro de entrenamiento de Inteligencia Artificial que será construido con la colaboración público-privada que permita descentralizar la inversión y aprovechar las capacidades de nuestras energías renovables. La colaboración con Desarrollo País es fundamental para construir la gobernanza de inversión de este nuevo modelo de negocios.

Departamentos sociales y nuevos espacios comunitarios entregó el Minvu en la Provincia de Petorca

Se trata de la entrega de llaves a 52 familias del conjunto habitacional Villa Las Rosas en Cabildo, y la recuperación de dos espacios comunitarios en La Ligua que eran sitios abandonados.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Importantes y esperadas obras habitacionales y urbanas, inauguró el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la provincia de Pertorca, hasta donde llegó la seremi Minvu Belén Paredes Canales y la directora de Serviu, Nerina Paz Lopez, para celebrar junto a las comunidades. 

Las autoridades regionales de la cartera de vivienda comenzaron el recorrido en la comuna de Cabildo, con la entrega de llaves del conjunto habitacional “Villa Las Rosas” a 52 familias. Se trata de un proyecto ejecutado bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, conformado por cuatro edificios, áreas verdes, estacionamientos, mobiliario urbano y accesibilidad universal.

Tras el corte de cinta, la seremi Belén Paredes, señaló que «estamos haciendo entrega de estas 52 viviendas en la comuna de Cabildo, una comuna en que no entregamos viviendas sociales hace más de 8 años, y lo estamos logrando con el Plan de Emergencia Habitacional, donde este conjunto es parte de las 200 mil viviendas que anunció el presidente en la pasada cuenta pública y decir que ya hay más de 20 mil familias en la región de Valparaíso que ya están viviendo en su casa propia».

«Esto es sumamente significativo, porque es dar cuenta que el Plan de Emergencia es una política del presidente Gabriel Boric que da resultados, se muestra con hechos concretos, por ejemplo, en este conjunto, que comenzó en el 2023 y hoy las familias ya tienen sus llaves. Esto no da una profunda alegría porque el compromiso lo cumplimos”, ratificó la autoridad.

En tanto, la directora (s) de Serviu Valparaíso, precisó que “hemos realizado una gran visita en la provincia de Petorca donde destaca la labor de las dirigencias vecinales en cada uno de sus hitos. Gracias al trabajo conjunto con las comunidades logramos sacar adelante proyectos como Villa Las Rosas, departamentos largamente esperado por los vecinos y que dan cuenta del trabajo de nuestro ministerio a través del Plan de Emergencia Habitacional llegando a todos los territorios. Así también, con un monto de inversión que supera los 168 millones de pesos, recuperamos dos espacios públicos que estaban en estado de abandono y delincuencia y que hoy son plazas de alto estándar para las comunidades”. 

En representación de los vecinos, la presidenta del comité Villa Las Rosas, Melinda del Pilar Zamora Vivanco, expresó que “siento una gran emoción al recibir las llaves de mi departamento. Es un sueño de años que al fin se hizo realidad. Los departamentos son hermosos y espaciosos para los niños. Hace poco estábamos en la ceremonia de la primera piedra, y ahora estamos recibiendo nuestras casas. Agradezco al MINVU por agilizar este proyecto”.

Sitios abandonados se transforman en plazas   

La visita continuó en La Ligua donde se inauguraron dos espacios comunitarios que antes eran sitios abandonados y focos de delincuencia. Se trata de la plaza Tiro al Blanco, ubicada en el sector xxxx y que se llevó a cabo gracias al Programa de Mejoramiento de Viviendas, Barrios y Entornos DS27, con una inversión cercana a los 130 millones de pesos. Y de la microplaza y acopio de residuos “Juan Vargas”, una obra de confianza del programa de Quiero mi Barrio con una inversión de 38 millones de pesos. 

Ambas intervenciones transformaron los sitios en un entorno inclusivo y funcional, con juegos infantiles, máquinas de ejercicio, accesos universales y paisajismo con vegetación nativa.

Al respecto, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, subrayó el impacto de esta transformación en la vida cotidiana: “Este lugar antes era foco de consumo y delincuencia, y hoy es un punto de encuentro familiar. Está iluminado, tiene máquinas de ejercicio, árboles nativos. Es un trabajo hermoso, y agradezco al gobierno por esta gestión en conjunto con la municipalidad”.

Un Gobierno, Justicia territorial e infraestructura sobre rieles

Durante décadas, vivir en el extremo sur o poniente de Santiago fue sinónimo de exclusión. Para muchas comunas, el desarrollo era una promesa que llegaba en micro amarilla, tarde y repleta.

Mientras algunas zonas de la ciudad acumulaban parques, hospitales y líneas de Metro, otras aprendieron a resistir con lo justo, sabiendo que el tiempo —ese derecho negado— no jugaba a su favor.

Por eso, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la extensión del Metro a comunas históricamente postergadas como La Pintana, San Bernardo y Lo Espejo, no es solo una noticia de infraestructura: es una señal de justicia territorial.

En palabras simples, justicia territorial significa acortar las distancias que no se miden en kilómetros, sino en oportunidades. Es dar dignidad a la movilidad, al acceso equitativo a servicios y al derecho a vivir en un barrio donde el futuro también tenga estación.

Que el Metro llegue a La Pintana, por ejemplo, no sólo conectará a sus vecinos con el resto de la ciudad; conectará también sus trayectorias de vida con posibilidades reales de trabajo, estudio y cultura, sin depender de viajes interminables.

La desigualdad en Chile no se dibuja solo con gráficos de ingresos, sino también con mapas. Hay comunas que han sido olvidadas por décadas, y ese olvido se expresa en calles de tierra, en ausencia de centros de salud especializados, en tiempos de traslado que duplican los de otras zonas. Por eso, decisiones como estas no pueden verse como obras aisladas, sino como parte de una política pública consciente de que el desarrollo debe ser equitativo o simplemente no es desarrollo.

Por supuesto, no basta con anunciar estaciones. La justicia territorial se construye con planificación participativa, inversión sostenida y diálogo con las comunidades. Las nuevas líneas del Metro deben ir acompañadas de planes que fortalezcan el comercio local, la seguridad barrial, el acceso a la cultura y la protección del entorno urbano. No se trata solo de mover personas, sino de transformar vidas.

El desafío ahora es no perder el impulso. Que esta promesa sobre rieles se concrete, que las máquinas avancen, que las estaciones se levanten. Y que cuando se inauguren, no sean solo obras de concreto, sino símbolos de una ciudad que comienza, por fin, a reconocerse en toda su diversidad.

Porque una ciudad justa no es aquella donde todos tienen lo mismo, sino aquella donde nadie se queda atrás.

Nuevo subsidio al dividendo busca reactivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda en Chile

La medida, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, contempla hasta 50 mil subsidios para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, una cobertura estatal a través de Fogaes y una reducción significativa en las tasas hipotecarias.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En un esfuerzo por dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar el acceso a la vivienda propia, el Gobierno de Chile ha lanzado el nuevo Subsidio al Dividendo, una política pública que promete marcar un antes y un después para miles de familias que aspiran a adquirir su primer hogar. La ley, ya aprobada por el Congreso, contempla la entrega de hasta 50 mil subsidios a personas naturales interesadas en comprar viviendas nuevas cuyo valor no supere las 4.000 unidades de fomento (UF).

La iniciativa incluye un componente financiero clave: un subsidio de 60 puntos base aplicado a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, lo que, sumado a una nueva garantía estatal —el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes)—, podría permitir una reducción total de hasta 100 puntos base en las tasas. Esto se traduciría en dividendos mensuales considerablemente más bajos y un ahorro global que, en algunos casos, supera los 27 millones de pesos a lo largo de un crédito a 30 años.

Como parte de esta política habitacional, se han reservado 6 mil subsidios específicos para familias que ya cuentan con apoyos del DS1 o DS19, orientados a la compra de su primera vivienda de hasta 3.000 UF. Estos beneficiarios podrán acceder también a las garantías del Fogaes, que cubre hasta el 60% del valor de la propiedad, facilitando así la aprobación de los créditos por parte de los bancos.

El impacto esperado no es menor. Para una vivienda de 3.500 UF financiada a 30 años, por ejemplo, el dividendo mensual podría caer desde los $678.341 a $601.672, generando un ahorro mensual de casi $77 mil. En el caso de una vivienda de 4.000 UF, la diferencia en el costo total del crédito puede llegar a los $27.910.080.

El Subsidio al Dividendo se enmarca en una batería de medidas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para enfrentar el déficit habitacional y reactivar una industria clave para la economía nacional, especialmente en un momento en que las condiciones de acceso al crédito se han endurecido.

Con esta nueva política, el Estado no solo busca aliviar la carga financiera de las familias, sino también enviar una señal clara al sector inmobiliario: hay voluntad política para recuperar el dinamismo del mercado de la vivienda, sin dejar a nadie atrás.

PEH avanza en entregas de viviendas, pero necesita reforzarse para enfrentar el déficit habitacional.

El reporte, además, sostiene que es urgente comenzar la discusión legislativa sobre cómo continuar y fortalecer el PEH para consolidar los avances y abordar los desafíos pendientes.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

A menos de un año para que termine el plazo del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) -la iniciativa que busca generar 260 mil viviendas durante este periodo presidencial- Déficit Cero lanzó su octavo reporte, que revela un panorama mixto respecto a los avances.

Si bien los números generales son optimistas respecto a la meta, sobre todo considerando el rendimiento del último año, el desempeño ha sido dispar entre programas y regiones.

Hay una mejora en la finalización y entrega de viviendas, con más de 184 mil 500 unidades completadas, pero los avances en zonas críticas y programas específicos presentan desafíos que requieren continuidad y fortalecimiento a través de un marco legislativo renovado.

A pesar de los avances en la construcción de viviendas iniciadas, estas siguen estando por debajo de las metas presupuestadas, especialmente en programas como el D.S. 49 y el D.S. 19, considerados pilares de la política habitacional en el país.

El D.S. 49, al considerar tanto el programa regular -Fondo solidario de elección de vivienda- como otras líneas de acción como la vivienda municipal, microrradicación y arriendo a precio justo, entre otras, presenta un 48% de subsidios aún en ejecución, lo que representa un gran desafío, considerando que es el programa con la meta más ambiciosa.

En el resto de las líneas programáticas se aprecian avances más alineados con los objetivos. El D.S. 19 ha alcanzado 67.945 viviendas finalizadas, un 70% de su meta, con 56 mil unidades en ejecución.

«A pesar de lo anterior, el Programa de Integración Social y Territorial (D.S. 19) tuvo una caída importante en la cantidad de viviendas finalizadas en el último año, y el número de viviendas en ejecución ha ido en declive -en marzo 2022 había más de 75 mil viviendas en ejecución y en marzo 2025 el número se redujo a 56 mil-, lo que podría comprometer la continuidad de la generación de esa magnitud de viviendas para el próximo período», señaló Saúl Ketterer, analista de estudios y políticas públicas de Déficit Cero.

En esa línea, Trinidad Vidal, directora de políticas públicas de Déficit Cero, agregó que “estamos en un momento crítico donde la continuidad de estos esfuerzos debe materializarse a través de una discusión legislativa del futuro del Plan de Emergencia Habitacional. Necesitamos un plan fortalecido que perpetúe lo logrado, institucionalice estas políticas y aborde con eficacia los desafíos pendientes en las regiones más afectadas”.

Desempeño regional

Las regiones del norte han mostrado avances más lentos; en Antofagasta hay solo un 32% de avance y 45% de viviendas sin iniciar. Pese a esto, en regiones como Arica y Parinacota y Atacama se están ejecutando más viviendas que las contempladas originalmente.

Otro caso relevante es el de la región Metropolitana y Valparaíso, donde un 40% de las viviendas se encuentran en ejecución a solo un año del término del gobierno.

En tanto, las regiones del sur superan la meta anualizada del PEH. Por otra parte, las regiones con mayor aumento en la ejecución de unidades habitacionales son la Magallanes, Ñuble y Los Lagos.

Así, el aspecto crítico que revela el reporte es la situación en el norte del país, donde no se está llegando a las metas establecidas. «Es preocupante porque es precisamente en estas regiones donde existe mayor demanda», agregó Vidal subrayando la urgencia de focalizar esfuerzos en Antofagasta, región y ciudad más crítica, con cifras preocupantes de avance y otorgamiento de subsidios. «Esta disparidad regional refuerza la necesidad de un nuevo marco legislativo que priorice y garantice recursos específicos para estas zonas críticas», puntualizó.

Nuevas líneas de acción

Cuando se lanzó el PEH, este tenía metas concretas para regiones y programas. Si bien el objetivo de las 260.000 viviendas se mantuvo, con el paso de los meses este se ha ido logrando mediante la generación de soluciones adicionales y a programas cuyos avances se fueron incorporando en el cómputo final.

Así, se diversificaron las herramientas para poder entregar soluciones a través de créditos o subsidios, sin embargo «estas medidas no se explicitaron en el marco del plan, ni se dieron a conocer las metas concretas para cada una de ellas; se hace complicado evaluar el plan», enfatizó Ketterer, quien agregó que «se incorporaron nuevos diseños y líneas de acción con cada reporte, pero no se indicaron en las metas. No sabemos cuántos FOGAES se querían entregar por año o cuánto subsidio para adulto mayor».

De acuerdo con el reporte, ahora es momento de transformar la experiencia del PEH y continuarlo o crear uno nuevo con respaldo legislativo, que establezca metas claras y que asigne recursos específicos para cada línea de acción.

«El déficit habitacional es un problema estructural que no se resuelve en un solo período gubernamental. Se necesita un compromiso de Estado que trascienda los ciclos políticos y garantice la continuidad de las soluciones», indicó Vidal.

En esa línea, el reporte destaca la necesidad de impulsar estrategias más allá de la construcción tradicional para abordar el déficit habitacional de manera integral. Estas estrategias podrían complementar los esfuerzos actuales diversificando las soluciones habitacionales.

Un marco legislativo renovado permitiría institucionalizar estas innovaciones y asegurar que los avances logrados hasta ahora se consoliden como políticas habitacionales permanentes.

«La urgencia de iniciar cuanto antes la discusión legislativa sobre el futuro del Plan de Emergencia Habitacional es evidente. No podemos permitirnos perder el impulso conseguido ni dejar en el aire los miles de proyectos que aún están en ejecución. El acceso a la vivienda adecuada debe ser una prioridad nacional que convoque a todos los sectores políticos», concluyó Vidal.

Con foco en la colaboración, se realizó segunda sesión de la Mesa de Hoja de Ruta BIM

Continuando con el trabajo colaborativo, se llevó a cabo la segunda reunión de la Mesa de Hoja de Ruta BIM que busca alianzas entre organismos que impulsan esta metodología y el Estado.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El jueves 9 de enero, en el marco de la Hoja de Ruta BIM, cuyo objetivo es establecer lineamientos y acciones estratégicas que permitan alcanzar la meta de adopción de BIM de un 70% en Chile al año 2028, se desarrolló una nueva sesión de la Mesa de Hoja de Ruta (Mesa HdRBIM).

El objetivo de la instancia es velar por la ejecución de sus acciones y ser un espacio de encuentro entre los 17 organismos de esta alianza público – privada y academia, que impulsan el desarrollo de esta metodología en nuestro país, permitiendo analizar el avance del proceso de implementación de las acciones comprometidas.

Durante la actividad, Rodrigo Sánchez, Líder BIM de la CChC, presentó brevemente un reporte con los principales indicadores de avances de 8 de las 14 las acciones y 13 de las 54 actividades.

En el grupo de acción de Estrategia, por ejemplo, se comentó sobre la acción 1, que busca impulsar la incorporación de BIM en proyectos públicos, permisos municipales y sectoriales, donde se reportaron los avances de las reuniones sostenidas con el equipo DITEC del Minvu, DGOP del MOP y la VP de Codelco.

También, como parte de esta acción, Marcos Brito, gerente de Construye2025, presentó el estudio realizado sobre DOM en línea y el estado de la documentación realizada por Planbim (esta última disponible en la web de Construye2025).

Se revisó también en el grupo Estrategia, la acción 3, sobre generar una gobernanza intersectorial y definir interlocutores técnicos de cada organización para la articulación de la Hoja de Ruta. Entre los avances destacados, se encuentra la incorporación del Minvu a las instituciones que implementan y desarrollan la Hoja, siendo ahora 17 organismos que impulsan la HdRBIM.

Dentro del grupo Mensaje, se abordó la acción 5, que apunta a consensuar y difundir ampliamente un mensaje sobre BIM como habilitante para la gestión de información. Para ello, se ha avanzado en el desarrollo de un documento con propuesta de mensaje (el cual será validado en un comité) y se han hecho publicaciones sobre las actividades realizadas, tales como: talleres, firmas, eventos de lanzamiento, noticias, entre otros.

Otra iniciativa abordada del grupo Mensaje, fue la acción 7, que busca crear y aplicar indicadores para la medición del impacto de BIM en todo el ciclo de vida de los proyectos. Para esto, se ha trabajado en desarrollar un set de indicadores de desempeño de proyectos para establecer comparativas del potencial beneficio de BIM en la industria de la construcción. Actualmente, se está pronto a crear un comité de pares revisores del trabajo, liderado por BIM Forum Chile.

En cuanto a la acción 9, sobre la Plataforma de información BIM (también del grupo Mensaje), se presentó el sitio: https://www.rutabim.cl/, cuyo objetivo es centralizar información de la Hoja de Ruta y dar acceso a documentación BIM actualizada e histórica.

Las sesiones de la Mesa HdRBIM, se realizarán de forma bimestral durante 2025, con la próxima reunión, agendada para marzo. Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, puedes descargar el documento completo de la Hoja de Ruta en https://www.rutabim.cl/

Republicanos buscan comisión investigadora por fallida compra de casa de Salvador Allende

Los personeros criticaron el trabajo de los abogados del Gobierno que no advirtieron los problemas de orden constitucional que afectarían a la ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Los diputados de la Bancada de Diputados Republicanos anunció que desde este lunes iniciará la búsqueda de los 62 votos que se necesitan para la constitución de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para ahondar en el caso de la frustrada venta de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno.

La iniciativa parlamentaria se funda en la compleja situación desatada por el intento de adquisición, que terminó con la solicitud de renuncia de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.

“Ya la actitud constante por parte del Gobierno, no de cometer errores, no de condorearse, como se dice en buen chileno, sino de pretender constantemente favorecerse ellos y favorecer a sus compañeros de partido, compañeros de coalición, con los recursos de todos los chilenos, es escandaloso. Ya no aguanta más. (…) Y por lo mismo, que desde la Bancada del Partido Republicano hemos decidido presentar la solicitud de que se conforme una Comisión Especial Investigadora para aclarar todos estos hechos, aclarar no sólo cómo ocurrió la suscripción de este contrato de compraventa, sino también qué es lo que ocurre ahora”, anunció el jefe de Bancada Luis Fernando Sánchez.

En esta línea, el legislador explicó que la idea es que se debata respecto de decisiones como el ir ante el Tribunal Constitucional “para iniciar el proceso de destitución, de cesación en el cargo, no sólo de la ministra (Maya) Fernández, sino que también de la senadora (Isabel) Allende”.

Sánchez también abordó la salida de la ministra Sandoval, calificando la decisión como “cortar el hilo por lo más delgado”. “Eso es inaceptable. Aquí el Presidente Boric tiene que dar explicaciones. Aquí la ministra Fernández tiene que dar explicaciones de qué es lo que hay detrás de este contrato de compraventa. Porque hay quienes dicen que esto incluso tiene que ver con la búsqueda de afianzar confianzas y vínculos entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Sería vergonzoso, inaceptable. Tenemos desde Democracia Viva hasta la casa de Salvador Allende que una vez tras otra la izquierda ha pretendido favorecerse y aprovecharse ellos de los recursos de todos los chilenos y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir y que este caso quede impune”, aseveró.

Por su parte, el diputado Cristián Araya -subjefe de Bancada-, ironizó respecto del caso, señalando que “por muy poco, los mil días de Allende se convierten en mil millones de pesos para una senadora y una ministra”.

“Aquí, evidentemente, este no es un hecho aislado, es parte de una política de Gobierno de destinar los recursos de todos los chilenos para sus chiringuitos. Parece que el año 90 no solo volvió la democracia, sino también volvieron los chiringuitos de la izquierda. Creo que aquí hay varias cosas que va a tener que aclarar no sólo la ministra Fernández, la senadora Allende, sino también el Presidente de la República. Aquí hay varias cosas que quedan en cuestionamiento para todos”, aseveró el legislador.

“¿Cómo nadie advirtió que no lo podían hacer?”

El subjefe de Bancada también fustigó a los equipos de confianza del Gobierno, que no advirtieron de los problemas desde el punto de vista constitucional que se podrían producir para la ministra Fernández y la senadora Allende, de concretarse la adquisición.

“¿Cómo nadie advirtió que no lo podían hacer? Esa es una pregunta. ¿Cómo no hubo un abogado de los cientos que han contratado? ¿Cómo no hubo uno que dijera que puede ser una mala idea, puede ser no sólo ilegal, sino inconstitucional? Bueno, parece que ninguno de los cientos de contrataciones de abogados que ha realizado este Gobierno, ninguno lo tuvo a la vista. Esa es una pregunta que va a quedar absolutamente abierta. Yo creo que esta es una situación muy lamentable porque deja en evidencia que hay una política para desviar recursos de todos los chilenos a sus negocios”, manifestó.

Consultado por la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional para buscar la remoción de la senadora del PS Isabel Allende, Araya explicó que “es parte de lo que vamos a estar revisando. Nosotros hemos presentado y anunciado hace pocos instantes el inicio de la junta de firmas para poder generar una Comisión Especial Investigadora. Con esos antecedentes, por supuesto que no descartamos ir al Tribunal Constitucional. Y a todas las instancias.

“Aquí vamos a perseguir las responsabilidades políticas y administrativas en lo que, evidentemente, era una pasada, un negocio de parte de gente muy cercana al presidente de la República, de las cúpulas del Partido Socialista, para variar. Bueno, evidentemente, van a tener que responder y ahí estaremos los republicanos persiguiendo esas responsabilidades con firmeza, como es costumbre”.

Mientras que para el diputado Agustín Romero, ya se ha configurado una inhabilidad respecto de la senadora Allende y la ministra Fernández y llamó a la Contraloría General de la República a pronunciarse de oficio.

“El contrato que es públicamente conocido y que se ha publicado por distintos medios, muestra la celebración de un contrato. La Constitución es muy clara, se habla de celebración en forma directa, aquí no hay interpretaciones posibles, lo de la Comisión Investigadora que nosotros hemos planteado obviamente dice relación con quienes intervinieron en todos estos actos de Gobierno, pero la infracción constitucional de la ministra y de la senadora está absolutamente configurada”, finalizó.

La venta fallida de la casa de Allende: entre la controversia y la historia

El intento de vender la histórica casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, ha desatado una tormenta política y mediática que exponen tensiones no solo ideológicas, sino también legales y patrimoniales. Lo que pudo haber sido una simple transacción inmobiliaria se ha convertido en un debate sobre memoria histórica, manejo administrativo y el legado de un líder que marcó un hito en la política chilena.

La propiedad, declarada Monumento Nacional en 2005, fue puesta a la venta en medio de una compleja trama de herencias y disputas familiares. Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue el aparente incumplimiento de los procedimientos legales que rigen los bienes patrimoniales. La oposición ha alzado la voz, acusando una «falta de respeto a la memoria histórica» ​​y cuestionando la permisividad en torno a los intentos de comercializar un inmueble que guarda un profundo simbolismo para el país.

Desde el marco legal, la Ley de Monumentos Nacionales establece restricciones claras respecto a las modificaciones, uso y venta de propiedades con esta categoría. La ley exige autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales para cualquier tipo de intervención. En este caso, las críticas apuntan a una posible negligencia en la aplicación de estos procedimientos, lo que reaviva el debate sobre cómo proteger de manera efectiva el patrimonio histórico de Chile frente a intereses económicos o particulares.

La figura de Salvador Allende sigue generando pasiones y divisiones en la sociedad chilena. Para algunos, esta casa representa un símbolo tangible de los valores e ideales que impulsaron su gobierno. Para otros, el manejo de la propiedad pone en evidencia las contradicciones y tensiones en torno al uso de bienes históricos. En un país donde la memoria histórica es un campo de disputa, la fallida venta de la casa no es solo un tema inmobiliario: es un recordatorio de las luchas pendientes para reconciliar pasado y presente.

Este episodio deja preguntas importantes. ¿Se están respetando las normativas que protegen los bienes patrimoniales? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades y los particulares en preservar el legado histórico? Más allá de las controversias políticas, este caso debe ser una oportunidad para fortalecer los mecanismos que resguarden nuestra memoria colectiva y para recordar que el patrimonio histórico no solo pertenece a una familia o a un sector político, sino a todo un país.

Las casas de Allende y Aylwin pueden tener la categoría de museos

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En el transcurso de la semana pasada la prensa se deleitó informando, con distintos énfasis, que la decisión del gobierno en orden a comprar, a través del ministerio de Bienes Nacionales, en $ 933.000.000 la casa habitación en la calle Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, en donde vivía el presidente Salvador Allende, no se podía realizar porque el precio de mercado asignado por los tasadores era sumamente alto. Los más intransigentes en esta operación mercantil eran los dirigentes de la UDI, entendiéndose que su oposición se debía a razones puramente políticas. 

El propósito de La Moneda era transformarla en un museo patrimonial y si el inconveniente era el subido precio, este columnista expresó en su Twitter y a una periodista de la radio Bio Bío, que lo entrevistó por un conflicto entre el CDE y Copec, que lo más sano y prudente era que la transferencia se hiciera por el avalúo fiscal de $ 512.832.711 determinado por el SII. 

Después se supo que el inmueble, por pertenecerle a Maya Fernández, nieta de Allende, siendo ella ministra de Defensa, por imperio de la Constitución de la República, la operación comercial era impropia debido al cargo público que la propietaria desempeñaba. El gobierno, con justa razón, también había decidido comprar la casa, en rigor son 2, donde vivía el presidente Patricio Aylwin en una suma aproximada de $ 1.300.000.000, operación que no mereció críticas de nadie. 

Debido a que los hijos y nietos de ambos mandatarios tienen muy buenas situaciones económicas, se hubiera esperado que las dos familias voluntariamente les hayan expresado a Boric que los inmuebles se entregaban en calidad de donación al Estado para así preservar la memoria histórica de sus ascendientes. Pero ese admirable comportamiento democrático, hasta el momento, no ha sucedido. 

Pues bien, el presidente Boric, ante la imposibilidad de que se realice la adquisición, con fondos públicos, de la casa de Allende, ha expresado por la prensa que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado” agregando que «en Chile las instituciones funcionan»

El artículo 37 bis de la Constitución dice que «durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades»

Lo anterior es de toda lógica pues sería de pésimo gusto que estas altas autoridades del país, de confianza absoluta del presidente, obtengan beneficios económicos, mientras ejercen sus cargos, con la caja fiscal administrada por el gobierno.

Entonces, como la ministra de Defensa, por obvias razones, no renunciará a su cargo para posibilitar la compra de la casa de su abuelo, La Moneda, con la anuencia de ambas familias, debe apelar al artículo 2174 del Código Civil, que se refiere a la figura del comodato, para que así los actuales dueños de las casas de Allende y Aylwin se las cedan gratuitamente a Bienes Nacionales, conservando dichas familias el dominio de las mismas, con lo cual las casas podrán funcionar como museos y el Estado se ahorrará la no despreciable suma de $ 2.233.000.000

Venta fallida de casa del expresidente Allende: una polémica marcada por historia, patrimonio y conflictos de interés

La fallida transacción de la propiedad histórica de Salvador Allende, marcada por conflictos de intereses, cuestionamientos políticos y su alto valor patrimonial, pone en debate la conservación de inmuebles con significado histórico en Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La reciente intención del Estado chileno de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en museo ha generado una amplia controversia. La propiedad, ubicada en calle Guardia Vieja en la comuna de Providencia, no solo es un testimonio del legado del exmandatario, sino también el centro de un debate que involucra aspectos históricos, legales y políticos.

La idea inicial era adquirir tanto la casa de Allende como la del expresidente Patricio Aylwin, ambas en Providencia, con el fin de resguardar su valor histórico y convertirlas en museos. Sin embargo, mientras la compra de la casa de Aylwin avanzó sin contratiempos, la de Allende se vio envuelta en una serie de complicaciones que terminaron por hacerla inviable.

La propiedad de Salvador Allende pertenece actualmente a sus descendientes: su hija, la senadora Isabel Allende Bussi, y sus nietos, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y Alejandro Fernández. Esta situación planteó un conflicto de interés, ya que la Constitución chilena establece en el artículo 37 bis que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. La ministra Fernández, al ser copropietaria de la vivienda, se encontraba directamente afectada por esta disposición.

En declaraciones a la prensa, Maya Fernández enfatizó: “Siempre he actuado con total transparencia y me he abstenido de participar en cualquier decisión relacionada con este tema”. Por su parte, el presidente Gabriel Boric sostuvo: “Nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado”, en un intento por disipar las dudas sobre la legitimidad de la operación.

El Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, confirmó que la estructura de copropiedad de la vivienda imposibilitó la adquisición, dejando fuera del plan patrimonial al inmueble conocido como “La Moneda chica”.

Críticas desde la oposición

La oposición no tardó en manifestar su rechazo a la iniciativa. La diputada Camila Flores (RN) calificó la propuesta como “irregular” y cuestionó la prioridad de la compra: “No hay plata para salud, para subir la PGU a nuestros pensionados, pero sí hay mil millones de pesos para comprarle la casa a Salvador Allende, el líder espiritual del actual gobierno”. Asimismo, Flores expresó su preocupación por el posible conflicto de interés: “Uno de los propietarios es precisamente una ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric”.

En tanto, el diputado Gustavo Benavente (UDI) calificó la situación como “vergonzosa e inaceptable”: “No puede ser que se compre, por parte del Estado, el inmueble a una ministra. Esto es totalmente incompatible y genera una inhabilidad establecida en la Constitución”. Además, anunció acciones legales para revisar el procedimiento.

El valor patrimonial y la tasación de la casa

Más allá del debate político, la casa de Allende posee un valor histórico innegable, aunque su valor comercial ha sido motivo de análisis por expertos inmobiliarios. Eduardo Hola, broker de RE/MAX Premier, explicó que el precio de mercado de propiedades en Providencia depende de factores como la ubicación, el estado de conservación y las características específicas del inmueble.

Según Hola, la vivienda de calle Guardia Vieja tendría una tasación comercial entre 23.000 y 24.000 UF. “Para garantizar que el precio sea justo, siempre es mejor consultar con un experto del sector inmobiliario, un agente o tasador certificado”, puntualizó.

Por otro lado, Cristián Ruiz, broker de RE/MAX Central, destacó que el terreno en sí podría valer cerca de 20.000 UF, dependiendo del estado de la construcción. “Si suponemos que la casa está tal cual desde que se construyó en 1948, el valor no debería superar las 1.000 UF adicionales. Pero si tiene mejoras, el valor podría acercarse a las 23.000 UF”, agregó.

Un desenlace inconcluso

Aunque la compra de la casa de Salvador Allende quedó descartada, el debate sobre su preservación patrimonial sigue abierto. La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Lo que se anunció es la adquisición de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende como parte de un ejercicio de conservación patrimonial. Estas son casas que tienen un valor histórico y el objetivo es que se transformen en casas museo”.

Sin embargo, por ahora, la casa del expresidente Allende continuará en manos de su familia, mientras el Gobierno avanza con la adquisición de la propiedad de Patricio Aylwin, también en Providencia, para convertirla en un espacio de memoria y reflexión. El futuro de “La Moneda chica”, en tanto, permanece incierto, pero su simbolismo histórico asegura que seguirá siendo un punto de interés y debate para las generaciones venideras.

03/03/2026 16:12
Martes 3 de Marzo de 2026
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