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Ley de Reconstrucción entra en su fase decisiva: los ajustes que podrían definir su impacto en la economía chilena

Mientras el proyecto avanza hacia su votación final en el Senado, economistas y especialistas advierten que su éxito dependerá no solo de reducir impuestos y entregar mayor certeza jurídica a la inversión, sino también de perfeccionar mecanismos clave relacionados con el empleo, la institucionalidad ambiental y las contribuciones. El debate ocurre en un momento en que Chile enfrenta uno de los mercados laborales más débiles de los últimos años y un crecimiento económico que aún no logra recuperar dinamismo.

Renato Herrera
PorRenato Herrera·03 de julio de 2026·4 min de lectura
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Ley de Reconstrucción entra en su fase decisiva: los ajustes que podrían definir su impacto en la economía chilena

La discusión del proyecto de Ley de Reconstrucción entra en su etapa más relevante. Tras superar su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y ser aprobado en general por el Senado, la iniciativa se prepara para enfrentar la discusión en particular, una fase que será determinante para definir el alcance de una de las reformas económicas más importantes impulsadas en los últimos años.

La propuesta nace con un objetivo ambicioso: recuperar la competitividad de la economía chilena, acelerar la inversión privada y convertirse en uno de los principales motores para la creación de empleo formal en un escenario donde el crecimiento continúa mostrando señales de fragilidad.

Sin embargo, el debate ya no gira únicamente en torno a la necesidad de aprobar el proyecto. La discusión se ha desplazado hacia cómo perfeccionar sus instrumentos para garantizar que las medidas realmente produzcan los efectos esperados sobre la economía.

Un análisis elaborado por el centro de estudios Libertad y Desarrollo sostiene que la iniciativa representa una oportunidad para despejar la incertidumbre que ha frenado numerosas inversiones, aunque advierte que existen aspectos técnicos que requieren ser corregidos antes de su aprobación definitiva.

El empleo, la principal urgencia

Uno de los ejes centrales del informe apunta al complejo escenario laboral que enfrenta el país.

Las cifras del mercado del trabajo muestran que el desempleo alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, el nivel más alto observado en casi cinco años. A ello se suma un fenómeno que comienza a preocupar a economistas: el desacople entre crecimiento económico y generación de empleo.

Históricamente, un aumento de la actividad económica se traducía en una expansión del empleo. Sin embargo, tras la pandemia esa relación se ha debilitado, dificultando la recuperación del mercado laboral pese a los avances registrados por algunos indicadores económicos.

Frente a este escenario, el documento plantea que el proyecto de Ley de Reconstrucción debe transformarse en una herramienta efectiva para incentivar la contratación formal y no limitarse únicamente a promover la inversión.

Entre las propuestas aparece revisar el diseño del crédito tributario al empleo, orientándolo hacia la creación de nuevos puestos de trabajo, además de avanzar paralelamente en reformas laborales relacionadas con mayor flexibilidad contractual, modificaciones al sistema de indemnización y el proyecto de sala cuna.

Inversión con mayor certeza jurídica

Otro de los aspectos más relevantes del proyecto busca fortalecer la confianza de los inversionistas mediante un mecanismo que compense los perjuicios ocasionados cuando un proyecto obtiene una Resolución de Calificación Ambiental favorable y posteriormente esta es anulada por decisiones judiciales o administrativas.

El informe considera positiva la señal hacia el mundo privado, aunque advierte que el mecanismo requiere mayor precisión jurídica.

Entre las observaciones figura que la figura propuesta corresponde más bien a una indemnización por responsabilidad del Estado que a una restitución propiamente tal, lo que obliga a revisar su tratamiento legal y tributario.

Asimismo, plantea que el derecho a una compensación debería aplicarse únicamente en casos claramente definidos por los tribunales ambientales y siempre que el titular del proyecto haya actuado de buena fe y con la diligencia exigible durante todo el proceso de evaluación ambiental.

El debate sobre la evaluación ambiental

La iniciativa también introduce modificaciones relevantes al funcionamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), otorgándole mayores atribuciones como órgano rector de los procesos de evaluación.

No obstante, el análisis sostiene que aún existen dudas respecto del verdadero alcance de esta nueva rectoría técnica.

La recomendación apunta a definir con mayor claridad las competencias del organismo para evitar conflictos de interpretación y asegurar un adecuado equilibrio entre la agilización de proyectos y los mecanismos de control institucional.

En paralelo, el documento plantea que restringir ciertos mecanismos administrativos para impugnar resoluciones ambientales podría trasladar los conflictos hacia otras instancias judiciales, como los recursos de protección, generando nuevas incertidumbres para los inversionistas.

Contribuciones: un problema que trasciende a los adultos mayores

Otro de los puntos abordados corresponde al sistema de contribuciones.

Si bien el proyecto contempla beneficios para adultos mayores propietarios de sus viviendas, el informe sostiene que el problema de fondo afecta a un universo mucho más amplio de contribuyentes.

Según el análisis, numerosos propietarios enfrentan incrementos importantes en el avalúo fiscal de sus inmuebles sin que sus ingresos hayan aumentado en la misma proporción, generando dificultades para cumplir con el pago de este impuesto.

Por ello, la propuesta plantea avanzar hacia un sistema donde las contribuciones no superen un porcentaje determinado de los ingresos del propietario, ampliando un beneficio que actualmente existe de manera limitada para algunos adultos mayores.

Un proyecto clave para la recuperación económica

Más allá de las modificaciones específicas, el informe concluye que la aprobación de la Ley de Reconstrucción constituye una pieza estratégica para enfrentar uno de los principales desafíos económicos del país: recuperar el crecimiento.

El fortalecimiento de la inversión privada, la creación de empleo formal y una mayor competitividad aparecen como condiciones indispensables para mejorar la situación fiscal y responder a otras demandas estructurales, como la seguridad ciudadana y el financiamiento de políticas públicas.

Sin embargo, los especialistas advierten que la rapidez en la tramitación no debe ir en desmedro de la calidad del texto legal. La discusión que resta en el Senado será determinante para definir si el proyecto logra transformarse en una herramienta capaz de impulsar la economía chilena o si termina desaprovechando una oportunidad para acelerar la recuperación del país.

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