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Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

Quien firma esta columna de opinión siempre ha señalado que las excesivas demoras producidas en las tramitaciones de los proyectos de inversión son por responsabilidades compartidas entre las diversas instituciones públicas y por falta de conocimiento técnico de los actores privados que solicitan sus aprobaciones. Lo anterior, por cuanto las asociaciones gremiales empresariales y sus «opinólogos» de turno argumentan, sin base alguna, que los únicos culpables en los atrasos son los organismos administrativos del Estado. Ese falaz discurso se utiliza para que el gobierno simplifique los trámites. 

Los grandes empresarios, mirando desde las alturas, sostienen que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ejerce demasiada tramitación para sus propios     proyectos, misma crítica que formulan al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otros organismos que velan por el cumplimiento de las leyes. Tampoco aceptan que las comunidades organizadas hagan prevalecer sus demandas para que se respeten sus derechos constitucionales de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero no reclaman cuando los afectados son pequeños empresarios.

Continuando con el uso de la palabrita «permisología», en esta oportunidad, como conocedores de segunda fuente de una dilación injustificada a una inversión determinada con reducida densidad habitacional, por parte del Director de Obras Municipales (DOM interino) de Colina, Iván León, se le recuerda a su función administrativa que debe atenerse a los plazos perentorios contenidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para darle curso a esa solicitud de anteproyecto de construcción en el sector urbano del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Vale la pena destacar que la Inmobiliaria Manquehue es el mayor inversionista en esta comuna, la que, por tal motivo, allí dirige el pandero. 

Los funcionarios que se desempeñan como DOM en las municipalidades tienen por misión evaluar y resolver los expedientes que llegan a sus manos respetándose los plazos vigentes y, muy importante, sin ceder ante las presiones externas que no desean las autorizaciones de ciertos proyectos que les incomodan, que es lo que sucede en este caso en particular. 

El ejemplo en comento lo observamos en la iniciativa del 15/07/2024 de unos jóvenes emprendedores, la cual fue rechazada por la DOM sin un razonamiento detallado, por lo tanto se dejó a los solicitantes sin una explicación adecuada y en una situación de total desamparo. Una resolución técnica de rechazo, emitida desde un DOM, debe ser tratada con el máximo rigor y apego a la normativa vigente, sin espacio para manipulaciones, presiones ajenas o prácticas que obstruyan el justo trámite de los proyectos. De lo contrario, se generan comportamientos arbitrarios que solo fomentan un clima propicio para la inveterada corrupción y el abuso de poder, asunto del cual ya todos los chilenos estamos aburridos de conocer día tras día.  

Los trámites de proyectos de  construcción no son complejos, si todas las partes involucradas se ajustan a la ley y su reglamento, pues así se cumplen los plazos allí estipulados. Al tener claras las normas y su aplicación, todo ello reflejado en los Certificados de Informes Previos (CIP), se facilita el camino para aquellos que buscan construir con responsabilidad y en armonía con el entorno: de esta manera se promueve la vida en una comunidad civilizada donde el desarrollo se produce de manera justa y equitativa. Somos contrarios de la descomposición y ejemplo de ello son las miles de columnas publicadas, pues hay que poner atajo a la impudicia de algunos servicios públicos que benefician a unos pocos interesados, generalmente poderosos, en desmedro de otros no apitutados con el poder.  

Es por ello que le hacemos un cordial llamado a la buenamoza alcaldesa reelecta, Isabel Valenzuela, quien en su calidad de jefa administrativa del aludido DOM, tiene la obligación de supervisar las actuaciones de él, para asegurarse que se respeten los principios contenidos en nuestro Estado de Derecho. La comunidad exige que cada proyecto sea evaluado conforme a criterios técnicos y jurídicos, pareciéndonos propicio señalar que esta situación extraña e irregular ya ha sido comunicada a la Seremi del Minvu, Carolina Casanova, quien es la jefa técnica del DOM.  

Por lo someramente relatado, estamos seguros que el mencionado DOM y la propia alcaldesa Isabel Valenzuela, comprenderán que el imperio de la legalidad y el apego a la transparencia en cada proceso administrativo son necesarios para que Colina tenga un adecuado desarrollo urbano, recordando a los lectores que esta comuna se incorporó en el año 1997 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo que tiene tuición sobre las 52 comunas de esta macro región. 

En conocimiento además que desde el 26/03/2010, está vigente el PRC de Colina, estamos convencidos que Iván León en su condición de DOM transitorio, no repetirá bajo ninguna circunstancia las malas decisiones de su antecesora, Ángela Prado, funcionaria experta en cursar permisos de edificación ilegales para viviendas en el área rural de Colina. 

Ya que estamos aludiendo a una materia que es resorte del gobernador que próximamente se elegirá, en nuestra calidad de independiente, tenemos el deber de testimoniar que nuestro voto será para Claudio Orrego.