PRONTO

Colaboración a nivel global: El futuro de los proyectos de ingeniería

Por: Javiera Garín, Líder del Área de Proyectos I&D, Arcadis Chile

En el dinámico mundo de la ejecución de proyectos de ingeniería, la colaboración se ha convertido en un pilar fundamental para alcanzar resultados de excelencia.

Hoy en día, el avance tecnológico no solo optimiza las herramientas para potenciar el trabajo interdisciplinario, sino que también abre la puerta a logros antes inimaginables. La cooperación ahora se nutre de las competencias de profesionales de diversas latitudes, derribando barreras geográficas y culturales.

Este desarrollo tiene un impacto significativo en el capital humano. En Arcadis, desde Chile, tenemos la oportunidad de enriquecer nuestras capacidades a través de experiencias globales, conectándonos con profesionales de todo el mundo. Esta interacción no solo nos beneficia, sino que también nos permite contribuir a proyectos en cualquier rincón del planeta.

Hoy, las relaciones con nuestros pares de múltiples áreas operativas de Arcadis en cualquier parte del mundo, ocurren sin importar la distancia, horario e idioma. Para Arcadis, una firma con 130 años de historia y más de 400 mil proyectos a nivel mundial, la colaboración Inter Compañía es vital, permitiendo fortalecer equipos internos distribuidos globalmente y aumentar las competencias técnicas multidisciplinarias en beneficio de las soluciones, s clientes y profesionales.

La eliminación de barreras de distancia e idioma nos han permitido expandir nuestra experiencia y cartera a nivel global, hemos contribuido a 3.500 iniciativas en sectores como la minería y la energía, aportando conocimiento en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, experiencias y conocimientos trasferibles entre las regiones del mundo

El enfoque de colaboración global marca la diferencia al permitir el uso de recursos especializados y consolidar un trabajo más eficiente. Nuestros servicios integran las competencias de un equipo global de alto nivel. Sin duda, este capital humano brinda mayor confianza y valor a nuestros clientes para enfrentar los enormes desafíos del contexto actual, asegurando resultados sostenibles que impulsan la innovación y el crecimiento en un entorno en constante cambio.

Ubi eadem ratio, eadem dispositio  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

La expresión latina del título de esta columna de opinión es un conocido principio del derecho que significa que «cuando hay la misma razón, debe haber una misma disposición» y por ello aludimos y complementamos la carta publicada el 18/10/2024 en el diario El Mercurio, con nombre «Vivienda propia en Estación Central», firmada por el abogado Ignacio Pérez Walker, en la cual objeta que en esa comuna existan 4.000 departamentos vacíos porque «el alcalde Felipe Muñoz se niega a otorgar las recepciones finales de proyectos habitacionales que cumplen con la normativa vigente» (sic).

El abogado también dice que «hay acciones penales e investigación por parte del Ministerio Público». 

En nuestra calidad de conocedores de la situación, motejada por la prensa como guetos verticales, expresamos que se trata de 4 altos edificios autorizados con permisos que vulneraron la normativa urbana, actos administrativos municipales que no se invalidaron oportunamente, ello conforme al contenido del reciente dictamen N° E552568/2024 del 15/10/2024, emitido por la Contraloría General de la República. 

Se debe recordar que este episodio comenzó hace varios años cuando un arquitecto, ejerciendo el cargo de director de obras municipales (DOM), cursó infinidad de permisos para edificios con agrupamiento continuo, los que, por ser contrarios a derecho, fueron denunciados por organizaciones ciudadanas de la comuna de Estación Central.

En paralelo, la fundación Defendamos la Ciudad fue escuchada por el directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), presidida por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, instancia que no mostró mayor interés en resolver la situación, motivo por el cual todos los antecedentes le fueron entregados en el año 2017 a la Contraloría para que resolviera a la luz de un listado del 23/06/2017, referido a 73 de este tipo de permisos otorgados a partir del año 2013, cuando Rodrigo Delgado ejercía como alcalde.   

A través de unos cuantos dictámenes del ente fiscalizador, dirigidos a la municipalidad de Estación Central, se le ordenó la paralización de faenas de los mismos y la invalidación de los permisos, orden vinculante que fue desacatada por el DOM en ejercicio, instancia que continuaba otorgando permisos, motivo por cual fue destituido y reemplazado por otra funcionaria que, campante, seguía tramitando y otorgando permisos.

Suponemos que ambos funcionarios municipales se resistían a obedecerle a la Contraloría porque sabían que en Chile no se cumplen los 2 artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que exigen las demoliciones de los edificios ilegales.  

En razón a que los dictámenes de la Contraloría eran desoídos por dicha municipalidad, quien firma, se entrevistó con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, proponiéndole una solución concreta, consistente en contemplar compensaciones económicas a las empresas, para ser utilizadas en obras en el espacio público de esa comuna, ello por cuanto en esa fecha ya se habían levantado del orden de las 40 torres habitacionales transformados en hechos consumados.

Al ministro le gustó la idea y por ello nos solicitó que se la enviáramos por escrito, lo que con prontitud se hizo, pero su sucesor, Felipe Ward, no se interesó en la propuesta. El actual ministro Carlos Montes, tampoco se ha pronunciado sobre tal propuesta.  

Actualmente existen unos 60 edificios construidos y habitados, por ende todos con recepciones finales otorgadas, menos los 4 edificios mencionados en el segundo párrafo, y por ello debe prevalecer obligatoriamente el principio mencionado en esta columna, ya que ese municipio no puede proceder de manera distinta con edificios levantados con el mismo vicio de origen.

Ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar la querella interpuesta, hace 3 años, en el 6° juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de prevaricación administrativa en contra de todos los funcionarios municipales que no respetaron las reglas del juego urbanístico en la comuna de Estación Central. 

Quienes firmaron dicha querella criminal fueron los arquitectos Miguel Lawner, Jonás Figueroa y Miguel Prieto, el dirigente ciudadano de Estación Central, Alejandro Verdugo, el ingeniero civil Antonio García y quien suscribe, promotor de la misma.

La fiscal Giovanna Herrera inició la investigación y como después hubo nuevas querellas, una del actual alcalde Felipe Muñoz, en contra de funcionarios venales y otras en contra de él mismo, todas ellas se fusionaron en una y como la investigación, por extraños motivos no avanzaba, a pesar de nuestras solicitudes de entrevista a los fiscales Xavier Armendáriz y Ángel Valencia, la Contraloría en días recientes, se dirigió entregando todos los antecedentes de respaldo, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el propósito de que finalmente «las instituciones puedan funcionar». 

En concreto, los malos funcionarios municipales deben ser sancionados por la Jueza del 6° Garantía de Santiago, Vania Boutaud, a la luz de los cargos que les imputen el fiscal que está investigando y conforme al título de la columna, somos partidarios de que los 4 edificios todavía no habitados, cuenten a la brevedad con las recepciones finales respectivas y por ello, estamos seguros de que el alcalde Felipe Muñoz instruirá al DOM en funciones para que proceda en consecuencia.     

El riesgo del Greenwashing en el negocio inmobiliario. Más allá que una etiqueta “verde”

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

La industria de la construcción (sustento del negocio inmobiliario) es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, además de tener un impacto significativo en el consumo de agua y la generación de residuos.

Así, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los problemas ambientales, los desarrolladores inmobiliarios han comenzado a etiquetar sus proyectos como «sostenibles», “sustentables” o «ecológicos» para atraer a un mercado más amplio. Sin embargo, esto a menudo se hace sin un análisis riguroso del impacto real de estas afirmaciones, lo que puede llevar a una percepción errónea de sostenibilidad, sustentabilidad  otros conceptos asociados.

En los últimos años, el sector inmobiliario ha experimentado un creciente interés en prácticas sostenibles, sustentables y respetuosas con el medio ambiente. Por su parte, los consumidores, cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus decisiones, buscan opciones que promuevan la sostenibilidad y reduzcan el daño al entorno. Sin embargo, en este camino hacia la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios responsable, ha surgido una nueva preocupación significativa: el greenwashing. 

El greenwashing, o lavado verde, es una práctica engañosa en la que las empresas presentan sus productos o servicios, como más sostenibles, sustentables, ecológicos, etc., de lo que realmente son. En la industria inmobiliaria, esta tendencia ha cobrado relevancia debido al creciente interés por la sostenibilidad y la presión del mercado para adoptar prácticas más ecológicas. No estoy efectuando una denuncia, sino solo levantando las alertas a todo el negocio y la industria.

En este escenario, se presenta la tentación de aprovechar los atributos de sustentabilidad, sostenibilidad o ecológicos del proyecto o del inmueble para poder captar con mayor facilidad la atención de potenciales clientes, sin necesariamente haber hecho el análisis del verdadero impacto que generaría la consideración de cada atributo, y mientras esto no se regule, bien podríamos encontrarnos con proyectos inmobiliarios que se consideren respetuosos del medio ambiente sólo por el hecho de instalar un cargador de autos eléctricos en su estacionamiento o poner recolectores de basura diferenciados. Eso, no es ser sostenible, sustentable y/o ecológico.

A medida que crece el interés por la sostenibilidad en el sector inmobiliario, también aumenta el riesgo de que los desarrolladores caigan en prácticas de greenwashing, presentando proyectos como ecológicos sin un análisis riguroso de su verdadero impacto ambiental. Esta tendencia no solo engaña a los consumidores, sino que también socava los esfuerzos genuinos por reducir las emisiones y promover un desarrollo sostenible.

Así pues, el greenwashing en la industria inmobiliaria representa un desafío significativo que puede socavar los esfuerzos genuinos hacia la sostenibilidad, sustentabilidad y protección del medio ambiente. Es fundamental que la industria adopte un enfoque más transparente y que se implementen regulaciones claras para evitar que la etiqueta de «sostenible» sea utilizada de manera superficial y engañosa, asegurando así que los proyectos realmente contribuyan a la protección del medio ambiente. Es por ello que la adopción de prácticas transparentes, la educación del consumidor y la regulación adecuada son pasos cruciales para combatir esta problemática y promover un desarrollo inmobiliario verdaderamente sostenible y sustentable.

Por oponerse a la corrupción destituyeron al juez Sergio Muñoz 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Hace unos meses atrás, la prensa de negocios informó que la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA le ganó un juicio a la Municipalidad de Las Condes y que producto de ello, esta corporación de derecho público le tendrá que pagar a la anterior, por concepto de indemnización de perjuicios, la altísima suma de UF 306.000 más intereses, por cuanto la Justicia estimó que ese municipio había incurrido en una falta de servicio, porque el proyecto de 2 torres de 11 y 19 pisos, de oficinas y viviendas, respectivamente, más 975 estacionamientos, fue paralizado por el entonces alcalde UDI, Joaquín Lavín. Los lectores deben saber que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes para ese sector establece una altura máxima de 15 pisos. 

Tenemos el deber de excusarnos, por expresar en este opúsculo, diversos términos técnicos para demostrar que el juez Sergio Muñoz en este episodio, fue el único de los 5 magistrados miembros de la 3a Sala de la Corte Suprema, que entendió y objetó con su voto de minoría, la trampa urdida por el actor privado que buscó beneficiarse en este negocio inmobiliario.

Pues bien, el proyecto ya terminado se emplaza en un predio de 7.361,03 m2, generado por la fusión de varios predios de una universidad privada que enfrentaban las vías Américo Vespucio Sur, Renato Sánchez y Asturias, el que actualmente está localizado en la esquina de la avenida Américo Vespucio Sur 345 con la calle Renato Sánchez 4355 de esa comuna y para justificar la pretensión de que el proyecto fuera considerado Conjunto Armónico, figura de excepción que permite aumentar el coeficiente de constructibilidad y la altura, la empresa aseguraba que ese predio, Lote N° 21-A, tenía una superficie de 7.505, 21 m2. 

Conforme a las inveteradas prácticas de corrupción vigentes en Chile, la superficie del predio fue falsificada por la inmobiliaria con el único propósito de obtener los cuantiosos beneficios constructivos mencionados y por ello había tanto interés en que el municipio aceptara la ingeniosa movida. Sería impúdico si más adelante se llegara a cumplir la sentencia, ya que dicha municipalidad debiera desembolsar esa altísima suma de dinero, para engrosar injustificadamente la caja de la inmobiliaria.  

Este asunto fue publicado el 10/12/2018, suscrito por innumerables vecinos, incluyendo a este columnista no vecino, en el medio de prensa El Mostrador, mucho antes que se conocieran los fallos judiciales que se aprecian al final de esta columna. 

Quienes reclamaron judicialmente al municipio por los impactos negativos que producía el volumen de esa inversión, fueron varios vecinos debidamente informados, entre los cuales, estaban el abogado Alberto Dalgalarrando, quien interpuso el 06/09/2017 un Reclamo de Ilegalidad Administrativo ante la Municipalidad de Las Condes, en contra del oficio ORD. N° 126, de fecha 09/08/2017 de la Dirección de Obras Municipales (DOM), instancia local que, equivocadamente, había rechazado un recurso extraordinario de revisión. Otros vecinos fueron Felipe Alessandri, ex alcalde UDI de Santiago y actual candidato a alcalde en Lo Barnechea, el diputado UDI, Jorge Alessandri, la conocida periodista Constanza Vergara y el ciudadano extranjero David Billikopf. Recordemos que el beneficio para que el proyecto fuera calificado  como Conjunto Armónico solo se podía lograr si el terreno tuviera 7.500 m2, lo que no acontecía. 

El ex alcalde Lavín se vio forzado a firmar la paralización de faenas, sin tener atribuciones legales para proceder en tal sentido, debido a que la DOM, Rocío Crisosto, desacató la instrucción de su jefatura técnica, Seremi Minvu, instancia nacional que, en su  oficio ORD. N° 5470, del 22/12/2017, le señaló: “….…de ser la superficie resultante del predio, inferior a 7.500 m2, el proyecto aprobado por el PE N° 31 y modificado por la Resolución N° 621, ambos de 2016, no se ajustaría a las disposiciones sobre conjunto armónico a las que se ha acogido, por lo cual su Dirección de Obras Municipales deberá arbitrar las medidas correctivas pertinentes al caso, informando a esta Seremi de lo actuado……”. Ante la inexplicable desobediencia de la funcionaria municipal, la Seremi Minvu tuvo que reiterarle lo anterior, mediante su oficio Ord. N° 3623 del 02/08/2018, también desoído.  

Se da la paradoja que en la solicitud de fusión predial la empresa declaró, a través de su arquitecto, que el predio tenía 7.361,03 m2 y en el plano previo al definitivo se declarara 7.411,96 m2 y por qué el alcalde Lavín tuvo que decretar la paralización de las obras, si la propia DOM conocía que la superficie predial efectiva era inferior al mínimo exigido para obtener los beneficios de Conjunto Armónico. ¿Qué razón tuvo la DOM de Las Condes para no reconocer esta irregularidad? 

El permiso de edificación N° 31 del 21/03/2016 para un Conjunto Armónico de 2 edificios contemplaba una superficie total de 63.086,07 m², acto administrativo que fue modificado el 14/11/2016 para aumentar la superficie edificada a 67.036,60 m2, con lo cual se violó el artículo 5.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y para dilucidar la superficie del terreno, la Municipalidad de Las Condes encargó un Informe de Levantamiento Topográfico al IDIEM de la UCH, el cual concluye que la superficie del lote 21-A, del plano S-7872 es igual a 7.371,54 m²

Como ya era evidente que la superficie del terreno era inferior a los 7.500 m2, la Inmobiliaria interpuso un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N° 86.440-2017 en contra del Decreto N° 8.914 de 23/12/2017 de la Municipalidad y luego, mediante Decreto N° 1.799 de 21/03/2018, la municipalidad invalidó el permiso de edificación N° N°31, de 2016, y su posterior Resolución Modificatoria. Sin embargo, mediante sentencia de 04/04/2018, la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el Recurso de Protección dejando sin efecto el Decreto N° 8.914, de 2017, fundado en que es competencia de la Directora de Obras iniciar el procedimiento de invalidación de sus actos, lo cual es de toda lógica. 

En contra de dicho fallo, la municipalidad dedujo Recurso de Apelación ante la Corte Suprema, con fecha 10/04/2018 y como era de suponer, con fecha 22/05/2018, la Municipalidad se desistió de este recurso y así se dejaron sin efecto los Decreto N° 4.383 y N° 8.914. 

Se debe destacar que la Justicia nunca se pronunció sobre el fondo de la cuestión, que se centra en el hecho de que Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, logró la aprobación de una fusión de predios declarando las superficies de los mismos, sin que correspondieran a las dimensiones del terreno e incluso, en una de las acciones judiciales, los interesados aluden a una disposición contenida en el PRC de Las Condes, que corresponde a la disminución del 5% de la superficie predial, lo cual significaría que en Las Condes para los Conjuntos Armónicos se contemplan beneficios adicionales, que no tienen otras comunas. Sobre este controvertido asunto la Seremi Minvu estableció que ello era improcedente y ordenó a la  DOM de Las Condes que corrigiera la situación, tarea no abordada por la anterior. 

En conclusión, a la luz del fallo del 13/01/2020, rol N° 20.741-2019, de la 3a Sala de la Corte Suprema, acordado con el voto en contra del juez Sergio Muñoz y votos a favor de las juezas María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, juez Carlos Aránguiz y abogado integrante Antonio Barra, más la sentencia del 4º Juzgado Civil de Santiago, del 11/06/2024, Rol C-5078-2021, caratulado Inmobiliaria Nueva El Golf SPA/ Municipalidad de Las Condes, que obliga a esta última a pagar la suma de UF 306.000 a esa inmobiliaria, es necesario que los concejales le exijan prontamente a la alcaldesa UDI Daniela Peñaloza una explicación por no saber defender correctamente los intereses municipales en los tribunales de justicia. 

En paralelo, es necesario que todos los candidatos a alcalde de Las Condes, conociendo el desarrollo de los hechos, para lo cual estamos a sus órdenes, públicamente se refieran a este mayúsculo escándalo, dejándose en claro que, bajo ninguna circunstancia, el municipio debe pagar esa enorme suma de dinero a una empresa que falseó la superficie del terreno para obtener un privilegio constructivo. Queda claro entonces que la próxima alcaldesa en esta comuna de Derecha, ya sea Marcela Cubillos (ex UDI) o bien Catalina San Martín (ex Evópoli), una de ellas, como ganadora de la elección, deberá contratar a un buen estudio jurídico para revertir esta ignominiosa situación en el máximo tribunal judicial.   

Finalmente, este caso como otros tantos, en que el juez Muñoz hizo prevalecer la ley y la Justicia, fue el motivo por el cual los senadores de la Derecha, en bloque y sin argumentos válidos, lo destituyeron, con lo cual dieron una señal de que, a partir del 17/10/2024, los tribunales tendrán que evaluar muy bien sus sentencias para que no se afecten los intereses de aquellos que disponen de poder económico.    

Efectos de las tasas de interés altas en la inversión inmobiliaria en Chile

Por: Gerardo Ureta Campos, Doctor(c) en Industria Inteligente, Socio Fundador de Economía Urbana | Ciencia de Datos Urbanos e Inmobiliarios

En un escenario marcado por el alza de las tasas de interés, que a octubre de 2024 algunos bancos llegan hasta un 6,5% en Chile para un plazo de 25 años, el sector inmobiliario enfrenta desafíos considerables. El encarecimiento del financiamiento ha impactado tanto a inversionistas como a compradores de vivienda, afectando la demanda y reduciendo las posibilidades de acceso a créditos hipotecarios. Un crédito de 3.000 UF ha visto un aumento del 30% en sus dividendos, lo que ha frenado significativamente la adquisición de viviendas y ha llevado a constructoras a reevaluar o cancelar proyectos en zonas de alta demanda como Santiago.

Propuesta conjunta para reducir dividendos hipotecarios

En respuesta a esta situación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la CChC y los bancos han trabajado en una propuesta para reducir el impacto de las altas tasas. En octubre de 2024, se anunció un plan para disminuir en 2 puntos porcentuales las tasas de interés de créditos hipotecarios, especialmente para viviendas de hasta 4.000 UF, lo que reduciría los dividendos mensuales entre un 16% y un 17%. Este esfuerzo busca aliviar la presión sobre las familias, impulsar la demanda y reactivar la inversión en proyectos inmobiliarios detenidos.

La propuesta también incluye un subsidio estatal y la creación de un fondo de garantías hipotecarias, que reducirá el riesgo para los bancos al momento de otorgar créditos a sectores vulnerables y familias de clase media. Esta medida no solo fomentaría el acceso a la vivienda, sino que también dinamizaría el sector, beneficiando a más de 30.000 familias al año y generando un crecimiento del 2% en el sector de la construcción para 2025.

La importancia de la ciencia de datos urbanos e inmobiliarios

Ante este escenario, es crucial aprovechar herramientas avanzadas como la ciencia de datos urbanos e inmobiliarios para tomar decisiones más informadas y eficientes en un entorno incierto. El análisis de grandes volúmenes de datos permite anticipar tendencias, evaluar riesgos y optimizar inversiones en el mercado inmobiliario, especialmente en momentos de volatilidad económica.

En Economía Urbana (www.economiaurbana.cl), trabajamos con este enfoque, aplicando ciencia de datos a la planificación urbana y al mercado inmobiliario para proporcionar a nuestros clientes, tanto públicos como privados, una visión más clara de las oportunidades y riesgos. Este enfoque no solo mejora la toma de decisiones estratégicas, sino que también contribuye a generar soluciones más sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del mercado.

Perspectivas para inversionistas

Para los inversionistas inmobiliarios, este escenario ha implicado una revisión de sus estrategias. El encarecimiento de los créditos ha reducido las tasas de retorno de muchos proyectos, lo que ha obligado a los desarrolladores a buscar formas más eficientes y sostenibles de gestionar sus inversiones. Proyectos de arriendo con opción de compra o desarrollos orientados a la renta residencial se presentan como alternativas para sortear la incertidumbre del mercado, con modelos que permiten mayor flexibilidad y menos exposición a las fluctuaciones del financiamiento hipotecario.

La tendencia hacia la densificación urbana también podría ganar fuerza, ya que los inversionistas se ven presionados a optimizar el uso del suelo disponible en las grandes ciudades. Esta densificación puede contribuir a aliviar el déficit habitacional en zonas urbanas, aunque podría generar tensiones sociales en torno a la gentrificación y el acceso equitativo a la vivienda.

Finalmente…

Si bien la propuesta del gobierno y los bancos es un paso importante hacia la reactivación del mercado, el éxito dependerá de su implementación efectiva. A largo plazo, el uso de ciencia de datos urbanos será crucial para adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales, optimizando las inversiones y ofreciendo soluciones innovadoras tanto en el desarrollo de viviendas como en la planificación urbana.

En resumen, la crisis provocada por el alza de las tasas de interés está obligando a todos los actores del sector inmobiliario a adaptarse. La combinación de medidas económicas, como las propuestas del gobierno, y el uso de herramientas avanzadas como la ciencia de datos, ofrecerá una ventaja competitiva a quienes sepan interpretar y anticipar los cambios en el mercado.

¿Qué es lo que se busca al momento de contratar un Software para edificios y condominios?

Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.

Generalmente lo que se busca es optimizar tiempo realizando ciertas operaciones que nos puedan liberar de algo de  tiempo en el qué hacer administrativo de las comunidades. 

La verdad es que en la oferta hay montones de sistemas así mismo precios de diferenciación entre uno y otro sistema.

En Chile la verdad es que si bien existe una cantidad no menor de Softwares de administración de edificios y condominios muy centrados en la contabilidad (gasto común) y bastantes simples de operar, éstos han innovado muy poco en funcionalidad y sobre todo en atención de público.

En nuestra empresa hemos operado con casi todos los sistemas, prefiriendo en el último tiempo uno por sobre el resto, a diferencia de los Softwares tradicionales, Coliver, es un ecosistema de convivencia que conecta a todas las partes interesadas entre residentes, comité de administración, proveedores y colaboradores con todas las herramientas de gestión para cada perfil, personalizando la experiencia de cada uno y separando muy bien las partes del condominio y la solución con las herramientas de gestión para el administrador.

El sistema incorpora en cada condominio una red social (Tipo Facebook y muy diferente al típico chat de catarsis en los condominios) en la cual el administrador puede hacer anuncios y publicaciones de una forma mucho más actual (además de enviarlos por correo tradicional), Conserjería digital (paquetes, visitas, accesos, bitácora, etc), CRM de atención al residente omnicanal (chat, correo, teléfono en el lugar), contabilidad con Inteligencia Artificial, recursos humanos, control de asistencia y gestión de operaciones entre otros módulos.

En este sistema podemos medir objetivamente el desempeño de cada comunidad y demostrar nuestra gestión con métricas de operación, finanzas y colaboradores desde cualquier dispositivo. Nos llamó mucho la atención varias cosas, entre ellas, es que como toda empresa, la administración de edificios y condominios debe poder trabajar maximizando cada uno de los procesos en los que participa, pagos y cobros entre otros y éste sistema tiene cada proceso creado con sus respectivos procedimientos lo que facilita el seguimiento de cada operación a realizar, además el sistema cuenta con asistencia de Inteligencia Artificial lo que ayuda bastante a la gestión de cobros y pagos entre otros, lo que se traduce en una operación más limpia y sin fallas, sumado a lo anteriormente mencionado ofrecen atención de clientes el día sábado lo cual para quienes estamos en movimiento durante la semana es espectacular. 

Un 10 de 10 para Coliver que ha captado a la perfección las necesidades de una administración profesional y las necesidades de la convivencia en condominios, separando la privacidad de datos para cada uno.

“Cuando las empresas no denuncian, se fortalece la sensación de impunidad entre los delincuentes”

Por: María de los Ángeles Kassis, Country Manager ALTO Chile.

El avance de la redes criminales además de afectar la vida cotidiana de los ciudadanos, incrementando la violencia y la inseguridad, debilita las instituciones democráticas, fomenta la corrupción y obstaculiza el desarrollo económico.

Frenar su expansión es clave para proteger el estado de derecho, mantener el orden público y preservar el bienestar de la sociedad chilena en su conjunto. Actuar con rapidez y contundencia es esencial para evitar que el crimen organizado se arraigue más profundamente en el país.

En el VI Estudio de Mermas en el Retail realizado en conjunto por ALTO Chile, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Cámara de Comercio de Santiago, (CCS) visibilizamos de qué forma la creciente ola de delitos está impactando a las organizaciones en diferentes dimensiones.

Entre los resultados de este estudio que, contó con la participación de 13 cadenas de retail a lo largo de todo Chile nos alertó el que indica que si bien el crimen organizado como causante de robo/hurto externo bajó respecto al mismo estudio del año anterior, el robo por delincuente solitario se duplicó dando un salto significativo: de 17,9% en 2022 a 35,5% en 2023.

Este fenómeno puede explicarse por varios factores, entre ellos, el hecho de que hoy en día los delincuentes que actúan en solitario han perdido el miedo a usar la violencia para cometer sus delitos. Esto genera un profundo impacto y sensación de inseguridad entre los trabajadores expuestos a estas situaciones, llevándolos a enfrentar altos niveles de estrés, temor, y un deterioro de su bienestar y calidad de vida. 

Además,  hemos visto  que, a largo plazo, este clima de incertidumbre tiende a incrementar la rotación de personal, lo que dificulta la retención de talento y afecta la cohesión de los equipos en el sector.»

En la misma línea,el crimen organizado y/o los robos con violencia introducen un nivel de amenaza que va más allá del robo común, afectando la estabilidad operativa y la confianza en los mercados. Estas organizaciones delictivas suelen estar involucradas en actividades como el contrabando, la extorsión y el lavado de dinero, lo que pone en riesgo la integridad financiera y reputacional de las compañías.

Además, el crimen organizado puede desestabilizar cadenas de suministro, aumentar los costos de seguridad y generar un clima de incertidumbre que dificulta la inversión y el crecimiento empresarial. La necesidad de implementar estrategias de mitigación y cumplimiento normativo se vuelve esencial para proteger los activos y la continuidad del negocio.

¿Qué pueden hacer las empresas en Chile para frenar el crimen organizado?

Frente a este escenario, creo que lo más urgente es que las empresas adopten un enfoque integral de seguridad. Las organizaciones deben perfeccionar constantemente  sus áreas de seguridad y prevención de pérdidas. Pensar en sólo implementar medidas de seguridad disuasivas como cámaras de vigilancia o contratar personal de seguridad, es insuficiente. Es una buena práctica, pero es sólo un ítem de los tantos a abordar para combatir el delito realmente.

Ahora, hay otra arista que tomar en cuenta, y esto es que las empresas en Chile hoy no están denunciando los delitos. La Encuesta Nacional de Victimización del Comercio realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) evidencia que, durante el segundo semestre del 2023, un 62,4% de quienes fueron victimizados no denunció ningún delito.

La falta de denuncias formales puede deberse a diversas razones. Muchas empresas optan por no denunciar delitos como hurtos o robos, a menudo por una cuestión de motivación. Existe una especie de desconfianza en las expectativas de los ciudadanos, quienes consideran que el sistema no funciona, mencionando la «puerta giratoria» y creyendo que no vale la pena denunciar. Sin embargo, la única manera de contribuir con el sistema y las policías de forma efectiva es la denuncia.

Cuando las empresas no lo hacen, los protocolos correspondientes a nivel institucional quedan inactivos,lo que dificulta la persecución efectiva de los responsables. Esto lamentablemente, fortalece la sensación de impunidad entre los delincuentes, convirtiéndose en un factor motivador para la comisión de nuevos delitos.

Por último, es muy importante que las empresas evalúen constantemente sus estrategias de seguridad. Los fenómenos delictuales evolucionan constantemente, por ende, las medidas que tomemos frente a ellos deben estar alineadas a estos cambios.

Propuesta para mejorar el flujo de caja de los Pensionados a través de la liberación de activos inmobiliarios, sin cambios en el sistema de pensiones

Por: Joan Dagá Kunze, Director Investemnt Banking Vector Capital.

En Chile, más de 2,5 millones de personas superan los 65 años, y se estima que este grupo crecerá a más de 4 millones para 2040, representando más del 21% de la población. Este envejecimiento de la población plantea desafíos financieros considerables, ya que muchos adultos mayores enfrentan bajas pensiones.

Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, la mediana de la pensión autofinanciada es de solo 4,02 UF (aproximadamente CLP$152,000), y con los aportes de APS o PGU, la mediana total asciende a 8,17 UF (CLP$310,000). Esto equivale apenas al 62% del sueldo mínimo, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades básicas de los jubilados y sus ingresos.

A pesar de que el debate previsional ha sido arduo, existen oportunidades para mejorar la calidad de vida de los jubilados mediante soluciones financieras que no requieren una reforma integral del sistema. ¿Cómo se podría lograr esto?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, el 44% de las viviendas del país están en manos de personas mayores de 60 años, lo que representa alrededor de 1,8 millones de hogares. Esta alta participación en el mercado inmobiliario sugiere una oportunidad valiosa para liberar capital y mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sin necesidad de modificar por completo el sistema de pensiones.

Los adultos mayores enfrentan problemas de flujo de caja, pero cuentan con una participación significativa en el mercado inmobiliario.

Una posible solución radica en la implementación de hipotecas inversas justas y éticas en activos que se puedan dividir en “acciones”, un mecanismo que permite a los adultos mayores convertir parte del valor de sus propiedades en un flujo mensual de ingresos, manteniendo el derecho a vivir en sus hogares. Este instrumento permite transformar un activo inmovilizado en ingresos estables sin necesidad de vender la propiedad ni desalojar a los jubilados de sus viviendas.

Por ejemplo, un adulto mayor con una vivienda valorada en CLP$100 millones y una pensión de CLP$310 mil, podría acceder a una hipoteca inversa por el 50% del valor de su propiedad. Esto le permitiría recibir pagos adicionales mensuales cercanos a CLP$460 mil. Sumados a su pensión actual, este ingreso extra elevaría su total a CLP$770 mil, un aumento del 148% respecto a su pensión actual. De esta forma, se mejoraría su bienestar sin perder el usufructo de su hogar y conservando el 50% de su propiedad.

La implementación de hipotecas inversas podría transformar la vida de miles de adultos mayores, ofreciéndoles una vida más digna y asegurando el acceso a recursos económicos sin necesidad de cambios estructurales en el sistema de pensiones. Además, presenta una oportunidad para inversores que buscan generar retornos financieros con impacto social positivo, fomentando inversiones éticas. Este enfoque no solo diversifica las fuentes de ingresos de los jubilados, sino que también preserva el patrimonio para las generaciones futuras.

Sin razón alguna acusan al juez Sergio Muñoz

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

La inmobiliaria Fundamenta, sin razón alguna, considera que el juez Sergio Muñoz la ha perjudicado en la tramitación de un juicio entablado por vecinos de Ñuñoa en contra de su proyecto de 4 torres de 32 pisos c/u en esa comuna y por ello, con una pueril e infundada denuncia de un abogado de apellido Fuentes en la Corte Suprema, se le acusó que habría entregado información privilegiada a su hija Graciel, también jueza, con lo cual se configuraría un «notable abandono de deberes». Se utilizó como justificativo el hecho de que ella quería desistirse  de una promesa de compraventa de un par de departamentos de ese cuestionado proyecto. Con esta maniobra, la Derecha justificó su embestida al magistrado presidente de la 3a Sala de la Corte Suprema.  

Se debe saber que dicha empresa, muy enojada con Muñoz, contaba con el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018, mal cursado a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. por un director de obras municipales (DOM) subrogante, recordando que durante el período de un año, 30/08/2018–30/08/2019, hubo un congelamiento de ingresos de permisos de edificación en Ñuñoa, pues la autoridad estaba tramitando una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) para, entre otras cosas, proceder a limitar las alturas máximas de las edificaciones a 15 pisos. Este instrumento normativo entró en vigencia el 30/08/2019, con lo cual se demuestra que el aludido permiso de edificación por las 4 torre de 32 pisos se cursó mientras estaba vigente el congelamiento, pero ello fue posible porque, conforme a la regulación nacional, su solicitud ingresó en la DOM con fecha 25/04/18, luego cuando no había restricción urbana. 

Por las fechas descritas, en conocimiento que construir torres de más de 30 pisos es muy distinto que construirlas con solo 15 pisos, ello por las ganancias a obtenerse, se entiende claramente el apuro que tuvo el funcionario municipal para otorgar el permiso, sin revisar el Estudio de los Conos de Sombra, relacionado con el volumen teórico del proyecto, estudio que la 3a Sala de la Suprema resolvió que debía ser analizado por la Administración, en este caso por la Seremi Minvu, instancia superior jerárquica de la DOM de Ñuñoa, materia que supuestamente se determinará en los próximos días. Sin embargo, esta decisión de la autoridad central competente, por el prolongado tiempo transcurrido, operando la prescripción, no afectará al negocio trucho de las torres, aunque sí se acreditará el embuste en comento.  

Recordamos que hace un par de años, la jefa de gabinete de la alcaldesa Emilia Ríos y un arquitecto de esa municipalidad, nos solicitaron una entrevista para analizar la situación existente, ya que la prensa estaba dando cuenta del conflicto. Nos reunimos los tres en un café de la calle Isidora Goyenechea, Las Condes, y a ambos funcionarios se les explicó que el mencionado «estudio» estaba mal elaborado, sin saber qué acciones correctivas adoptó dicha municipalidad. Es más, el ingeniero civil Rodolfo Acha, miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, también le ha expresado a la Seremi Minvu que ese «estudio» contiene innumerables errores, dando cuenta asimismo que el propio permiso de edificación del año 2018 vulnera diversas disposiciones reglamentarias y legales. Por razones entendibles, estos aspectos asociados a la tramitación del proyecto no son publicados por la prensa de derecha.     

Pues bien, la semana pasada la Cámara de Diputados, con los disciplinados votos de los partidos políticos UDI, RN, Evópoli, que conforman Chile Vamos, más Republicanos y Social Cristiano, livianamente suspendió al juez Muñoz de sus funciones jurisdiccionales, al aprobar la misma acusación constitucional que afectó a la jueza Ángela Vivanco, pero por motivos muy diferentes (sic). En efecto, Vivanco mantenía infinidad de amistosos diálogos y tratos non sanctos con el abogado Hermosilla y por ello fue removida de su cargo por parte de la Corte Suprema, a pesar de la interesante defensa hecha por su abogado Cristóbal Osorio. Todos sabemos que se juntaron las 2 acusaciones para asegurarse su aprobación.   

Volviendo a la acusación constitucional, se concluyó entonces que, con ese garrafal error de los diputados, se pasó por alto el principio de que las responsabilidades son personales, y ahora la suerte del juez Muñoz será resuelta por el Senado, teniéndose en cuenta que la Derecha, sobre todo la pinochetista, lo considera de izquierda por el contenido de las sentencias en que ha participado.   

En nuestra condición de sabedores de las trampas que muchos privados cometen para obtener mayores lucros en las actividades productivas, conociendo además la probidad y el estricto apego a la ley por parte del juez Muñoz, el 10/10/2024 expresamos nuestra posición respecto de este asunto.

Obviamente en el juez Muñoz, bajo ninguna circunstancia, se configura el grave delito del “notable abandono de deberes” y él es rechazado por ese sector político por sus apegos irrestrictos a los derechos humanos, por ceñirse a la ley, haciendo prevalecer los asuntos ambientales, luego procediendo conforme a la sana política que busca la justicia social. Involucrarlo en la acusación porque una empleada de la inmobiliaria Fundamenta, quien actúa por cuenta de su empleadora, diga que la hija de Muñoz le «habría» manifestado a ella la frasecita que la opinión pública ya conoce, es hasta burlesco pues no está comprobado. Así las cosas, sostenemos que estamos ante una vulgar operación política para así empatar con lo acontecido con la ex jueza Vivanco, a quien se le considera de derecha.      

A muchos diputados acusadores, que forman parte del partido Republicano, no les gustó el desenlace conocido respecto de las innumerables cuentas que tenía Pinochet en el Banco Riggs, investigado por el juez Muñoz y por ello son los que lideran, con otros tantos de la UDI, esta pérfida imputación que producirá efecto solamente si al menos26 senadores la aprueban. Si llegara a primar el sentido común, lo cual es posible, esta acusación constitucional no prosperará y así se confirmará que los senadores son bastante más serios y responsables que los faranduleros diputados. 

Ya que estamos hablando de corrupción, si más gente denuncia en la Contraloría o en el Ministerio Público, las malas prácticas que conocen, dejándose en claro que es perder el tiempo recurrir a los municipios, apoyamos con absoluta convicción la nominación anunciada por el gobierno para que Dorothy Pérez sea la titular en ese importante servicio fiscalizador. 

La ignorancia de muchos facilita los fraudes de pocos  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Como consecuencia de la guerra del Pacífico, en el año 1883 se firmó entre Chile y Perú el Tratado de Ancón, en el cual se estableció que la ciudad de Iquique pasa a ser chilena y en el ámbito del urbanismo, esta ciudad se rige todavía por su anticuado Plan Regulador Comunal (PRC) del año 1981, a pesar de que este tipo de instrumentos normativos se deben actualizar cada 10 años, lo que todos los alcaldes del país debieran saber.  Si éstos lo desconocen, los directores de obras municipales y los asesores urbanos de las municipalidades sí lo saben.  

Los lectores agudos e informados ya comprenderán qué razón tuvieron las anteriores autoridades locales y regionales para no preocuparse durante tantos años por esta materia. Suponemos que, con esa voluntaria despreocupación, optaron por entregarles durante 43 años ímprobas facilidades a los inversionistas inmobiliarios para que ejecutaran a sus anchas infinidad de lucrativos  proyectos que les generaron importantes aumentos patrimoniales. Está claro que todo ello está prescripto, y ese sector económico está muy agradecido de tales políticos uniformados y civiles.   

Recordemos que después de mucho bregar, pues los privados interesados en la mantención del libertinaje en la región de Tarapacá, que se oponían a su regulación en un instrumento normativo, dirigidos por la senadora UDI, Luz Ebensperger, y el intendente UDI, Miguel Ángel Quezada, finalmente se logró publicar en marzo de 2022 en el Diario Oficial el Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá (PRICT) que abarca las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara.  

Los usos de suelo que se reflejan en los PRC son de 6 tipos, a saber: residencial, actividades productivas, equipamiento, infraestructura, espacio público y áreas verdes y en el artículo 2.1.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se definen las distintas clases de equipamientos, siendo éstas las siguientes: científico, comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios y social, pudiendo una construcción tener dos o más de ellas. 

Los terrenos de equipamiento deportivo de los clubes de igual destino que se deben reflejar como tales en los PRC, están exentos de pagar contribuciones de bienes raíces al Servicio de Impuestos Internos (SII), ello solo si admiten en sus instalaciones a los alumnos de establecimientos educacionales públicos para que allí practiquen deportes. La inmensa mayoría de estos clubes, por razones de fácil entendimiento, se acogen a esta significativa franquicia tributaria.  

En la ciudad de Iquique, desde el año 1931 ha estado funcionando en un terreno frente al mar, localizado en la calle Bulnes 140, el Club de Tenis Tarapacá que tiene 3 canchas, predio que en el año 2020, la avispada directiva de ese club deportivo se lo transfirió en $ 500.000.000 a una empresa comercial conformada por ellos mismos, uno de los cuales era un ex juez de la Corte de Apelaciones de Iquique: tal persona jurídica «sin fines de lucro» posteriormente revendió el terreno en una suma superior a los $ 3.000.000.000 a un inversionista extranjero, especulativa operación comercial que se aprecia en reportaje publicado en CIPER.

Tiempo atrás, antes de que la directiva del club de tenis Tarapacá vendiera el terreno al ciudadano extranjero, el SII le pidió al club que se le entregara el convenio suscrito con un colegio público para que así ese servicio del Estado no le cobrara las contribuciones de bienes raíces a que tenía derecho. La astuta directiva del club que ya tenía en mente hacer el pingüe negocio inmobiliario, pues en el respectivo PRC de 1981, erróneamente no se consignaba que el terreno es de equipamiento deportivo, rechazó ese ofrecimiento pues deseaba aprovecharse de la desinteligencia administrativa cometida en la modificación del PRC, pues se le había asignado al predio la normativa urbanística de la zona D-2 Balmaceda, que admite todo tipo de actividades.

En efecto, bajo la mano de la consultora Habiterra se está modificando el añejo PRC de Iquique, instrumento nuevo que ha sido objetado por los mismos de siempre y por ello aún no está vigente, pero el municipio, no sabemos si por ignorancia o para entregarle un beneficio económico al comprador del terreno deportivo del Club de Tenis Tarapacá, cometió la misma equivocación de aquellos que tenían el poder en los años de la dictadura, es decir, clasificó el terreno como apto para proyectos residenciales, asignándole las normas de la zona BM-1.

Un socio honesto del Club de Tenis Tarapacá, Manuel Palacios, dándole patrocinio y poder al abogado Enzo Morales, denunció la operación fraudulenta en comento y ya el fiscal a cargo tiene formalizados a todos los agiotistas que tenían la intención de saltarse las reglas del juego, impúdicamente desacatadas por el propio municipio de Iquique. Nos preguntamos cuál es la razón que impide a los concejales controlar este asunto. ¿Será que desconocen la materia o prefieren enmudecer para no aparecer como conflictivos?  Y los diputados de esa región, tampoco ejercen sus roles fiscalizadores.   

Finalmente, ya que todos debemos combatir la corrupción que se está conociendo debido a los whatsAap de Hermosilla, lo más lógico sería que el alcalde Mauricio Soria, en un súbito arranque de probidad y transparencia, en el ejercicio de su alto cargo, instruya a sus funcionarios subordinados en orden a que en el futuro PRC de Iquique ese terreno esté clasificado como equipamiento deportivo, con lo cual se respetará la legislación vigente y por ende se recuperará para la ciudad el Club de Tenis Tarapacá.  

En todo caso si el ex fiscal Guerra, calificado como «mocito» por un conocido periodista, hubiera investigado la acomodaticia compraventa del terreno, sus vendedores estarían felices de la vida con sus millones en los bancos, porque habrían sido declarados inocentes. 

15/04/2026 03:30