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El eventual “Efecto Trump” en el negocio inmobiliario chileno.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado un primer impacto real y directo en Chile, materializado en el alza del precio del dólar, devaluando así al peso chileno, situación que se ha visto incrementada por su retórica proteccionista y la posibilidad de aranceles más altos a productos importados, especialmente de China. Se señala incluso que esto podría llevar el valor del dólar a niveles cercanos a CLP1.000.- lo que impactaría negativamente en los costos operativos de las empresas chilenas y aumentaría los precios de los productos importados.

Evidentemente, esto además, crea casi automáticamente un ambiente de incertidumbre en el negocio inmobiliario en Chile, afectando varios factores económicos que inciden directamente en este sector, ya que una posible devaluación importante del peso chileno tendría un impacto significativo en la renta de las propiedades inmobiliarias, afectando tanto a propietarios como a los arrendatarios.

Como si fuese poco lo anterior, la inflación también podría aumentar debido a las políticas económicas de nuevo presidente electo, que incluirían recortes de impuestos y un enfoque en el gasto público. Estas medidas podrían generar presiones inflacionarias tanto en Estados Unidos como en Chile, lo que obligaría a nuestro Banco Central a ser más cauteloso con la reducción de su tasa de política monetaria. Este entorno inflacionario a su paso, podría desincentivar la inversión en bienes raíces, ya que los costos de financiamiento podrían aumentar significativamente.

Adicionalmente y con la expectativa de tasas de interés más altas en EE.UU., es probable que las tasas locales también se eleven, encareciendo los créditos hipotecarios reduciendo de paso, la demanda por propiedades.

De esta manera, el sector inmobiliario en nuestro país podría experimentar varios efectos. Entre ellos:

Con la devaluación del peso, los costos de materiales de construcción y otros insumos importados tienden a aumentar. Esto puede llevar a los propietarios a ajustar los precios de los arriendos para compensar el incremento en sus gastos operativos, como mantenimiento y servicios públicos.

Una devaluación del peso podría llevar a un aumento en las tasas de interés locales, ya que el Banco Central podría ajustar su política monetaria para controlar la inflación. Esto haría que obtener financiamiento para comprar o arrendar propiedades sea más costoso, afectando negativamente tanto a compradores como a arrendatarios.

Si los arriendos aumentan debido a la inflación provocada por la devaluación, esto podría hacer que muchas propiedades se vuelvan menos asequibles para los arrendatarios, ya que si sus ingresos no se ajustan al mismo ritmo que los arriendos, esto podría resultar en una mayor carga financiera para ellos.

Por otro lado, y dentro de un contexto inflacionario, de incertidumbre económica y depreciación del peso, muchas personas pueden ver entonces la inversión en bienes raíces como una forma de protegerse contra la pérdida de valor del dinero y como un refugio seguro, aumentando así el interés en inversiones inmobiliarias y la demanda por inmuebles, generando una mayor competencia por propiedades, lo que podría elevar aún más los precios de arriendo y, a su vez, podría llevar a una sobrevaloración artificial de los precios de venta.

La incertidumbre económica y las políticas proteccionistas podrían desincentivar a los inversionistas extranjeros, resultando en un aumento significativo de la inflación y una presión sobre el tipo de cambio, lo que impactaría negativamente en los precios de las propiedades en Chile. Además, la incertidumbre económica generada por estas políticas podría desincentivar la inversión extranjera y afectar el crecimiento del mercado inmobiliario, creando un entorno complejo tanto para compradores como para arrendatarios. Esto es crucial para el mercado inmobiliario, donde la inversión foránea juega un papel importante.

Un dólar fuerte puede hacer que los bienes importados sean más costosos, lo que podría llevar a un cambio en el comportamiento del consumidor hacia productos locales. Si bien esto puede beneficiar ciertos sectores, también puede generar un efecto negativo en el mercado inmobiliario si las personas optan por reducir gastos en inversiones grandes como propiedades.

En cuanto a als eprspectivas, si bien algunos analistas sugieren que las políticas arancelarias podrían afectar el crecimiento económico global y, por ende, impactar negativamente en Chile, otros creen que los tratados de libre comercio existentes podrían mitigar algunos efectos adversos. Sin embargo, la combinación de un entorno económico más proteccionista y una posible desaceleración del crecimiento global plantea un escenario complicado para el futuro del negocio inmobiliario.

La elección de Trump trae entonces consigo una serie de desafíos para el sector inmobiliario chileno, principalmente relacionados con la inflación, el tipo de cambio y la inversión extranjera, por lo que se estima que las empresas del sector deberán adaptarse a estas nuevas condiciones para navegar eficazmente en este entorno incierto.

Una mayor inflación en EE.UU. puede afectar negativamente la estabilidad del mercado inmobiliario chileno a través del aumento de las tasas de interés, presiones inflacionarias sobre los precios de las propiedades y arriendos, así como incertidumbre económica que puede desincentivar la inversión.

Adicionalmente, puede tener también efectos significativos sobre los inversionistas inmobiliarios en Chile, incluyendo aumentos en las tasas de interés y costos de financiamiento, cambios en el valor y demanda por propiedades, así como presiones inflacionarias sobre el mercado de arriendo. El llamado es entonces también a los inversionistas que deberán estar atentos a estos factores al momento de tomar decisiones estratégicas en un entorno económico incierto. Sin embargo, también existe el potencial para que algunos inversionistas busquen refugio en bienes raíces como protección contra la inflación. La interacción entre estos factores determinará el impacto final en el mercado inmobiliario chileno.

En este escenario de inversión, se pueden adoptar varias estrategias para mitigar el impacto.

Primero, en materia de diversificación de activos, podemos ver que los bienes raíces tienden a apreciarse en entornos inflacionarios, por lo que aumentar la inversión en propiedades comerciales y residenciales puede ofrecer una cobertura natural contra la inflación.

En segundo lugar, puede resultar interesante considerar financiamiento en UF o bonos que se ajusten por inflación, lo que puede ayudar a proteger el capital invertido dada la indexación de la inflación. En complemento, y dado que la inflación puede erosionar el poder adquisitivo del peso, es recomendable minimizar la exposición a deuda denominada en esta moneda, resultando más conveniente optar por un financiamiento en dólares o UF, ya que puede ofrecer una mayor estabilidad.

En tercer lugar, invertir en acciones de empresas que históricamente se benefician de la inflación, como por ejemplo las del sector financiero o materias primas, puede ser una buena estrategia.

Asimismo, considerar inversiones en comodities o materias primas (como el cobre o el petróleo) y en activos refugio como el oro, podría servir también como una protección contra la inflación, ya que estos activos tienden a mantener su valor o apreciarse cuando hay presiones inflacionarias.

Finalmente, y sin perjuicio lo dicho, siempre es crucial realizar un seguimiento continuo del entorno económico tanto local como internacional, ajustando las estrategias de inversión según las condiciones del mercado y las expectativas inflacionarias, permitiendo así a los inversionistas adaptarse proactivamente. Por otro lado, siempre es recomendable tener reservas líquidas disponibles para aprovechar oportunidades de inversión cuando surgen, especialmente en un entorno inflacionario donde los precios pueden fluctuar rápidamente.

Permisos y prácticas indeseables       

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

A propósito de la incisiva campaña de prensa en contra de la permisologia, con el argumento de que en Chile es muy difícil obtener permisos para iniciar proyectos de inversión, sin reconocerse que en ocasiones los retrasos se deben a incompetencias técnicas de los privados, ciertos actores del mercado han optado por no solicitarlos, a sabiendas que, según ellos, esa omisión es una simple falta que no afecta a nadie, pues el bien superior es el crecimiento económico: así opera el abusivo neoliberalismo.  

Un ejemplo de ello lo observamos con la denuncia formulada por un emprendedor de Mejillones en contra de la empresa Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, la más poderosa del mundo, que utiliza para su proceso extractivo el recurso agua de mar de la desaladora Caitan SpA. En efecto, la estación de bombeo de la anterior vulneró el Plan Regulador Comunal (PRC) de Mejillones, lo que fue denunciado por el director de obras municipales (DOM) al Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, pues la instalación carecía de un permiso y por lo tanto no disponía de una recepción de obras. 

Y por si fuera poco, la edificación clandestina se instaló en un terreno fiscal, asunto que fue corroborado por la Seremi de Bienes Nacionales, es decir, BHP ha estado usufructuando ilegalmente de este vital insumo desde el año 2020, fecha en que inició su operación. La ley en estos casos ordena la demolición, pero nadie de la municipalidad de Mejillones ni de región de Antofagasta se atreve a ejercer sus atribuciones.    

Una muestra más del desorden institucionalizado que admite las pillerías que se cometen en el territorio, lo observamos con el abyecto episodio de las dunas de Concón y por ello es muy recomendable que los lectores conozcan el informe legal del 2 de marzo de 1994, ver link: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Pierry__dunas-de-Concon-en-CIPER-Chile.pdf y elaborado hace 30 años por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Pierry, quien posteriormente ejerció el cargo de juez de la Corte Suprema. Consideramos que el máximo de gente debe leer este informe relacionado con lo sucedido en estas dunas milenarias, pues allí se deja en evidencia los malabares ejercidos por la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca S.A. (Reconsa) dueña de 674 hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón, compradas a vil precio al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) de la dictadura de Pinochet.   

El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) impide la edificación de viviendas en los terrenos rurales y le corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones del país cautelar que las subdivisiones y construcciones en ese tipo de terrenos, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

Solo se admiten las viviendas con precios de hasta UF 1.000 que se rijan por las disposiciones fijadas en dicho artículo de la LGUC, pero la opinión pública sabe que por desidia del Estado, apelándose impropiamente al DL 3.516, se han construido infinidad de viviendas fuera de los límites urbanos, actividades comerciales ilegales que son consecuencia del lobby ejercido por quienes se desenvuelven en este tipo de negocios. Debido a dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, actualmente se está tramitando una ley en el Congreso Nacional para permitir la edificación de viviendas, con algunas exigencias, en los territorios rurales. 

Asociado a lo anterior, hemos sabido que un avispado privado intenta desarrollar un proyecto inmobiliario fuera del límite urbano de la comuna de Olmué, 5a. Región de Valparaíso, disfrazándolo como un desarrollo turístico para la tercera edad. El inversionista informa a la prensa que su «sustentable» iniciativa considera 60 cabañas, 2 edificios de 4 pisos c/u (sic), con piscinas, canchas de pádel, bowling, salas de reuniones, quinchos, multi canchas y diversos juegos para sus ancianos residentes.  

Como el hombre sabe de negocios, para obtener un mayor lucro, eligió para su proyecto un predio rural, que tiene un reducido precio en el mercado y no ha solicitado un anteproyecto en la DOM. Solo se ha dedicado a promocionarlo con suma perspicacia como una imperiosa necesidad para la comuna, esperando que la municipalidad finalmente se lo apruebe. Los vecinos de la mendaz «explotación turística» se han opuesto a la misma con variados razonamientos, sobre todo del tipo ambiental, haciendo valer la condición agrícola del terreno, y por ello, si él está tan convencido de los atributos del proyecto, debería ejecutarlo en un terreno urbano, y por ende idóneo, de la comuna de Olmué.  

Con estos pocos ejemplos se demuestra fehacientemente que ni el libre mercado ni las instituciones públicas funcionan y, como conocedor de la naturaleza humana y del comportamiento atropellador de aquellos que tienen el poder económico, este columnista estima que todo seguirá igual, salvo que se produzca un milagro. 

Estrategias clave para combatir el Greenwashing en el sector inmobiliario

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

Dentro de los principales efectos del greenwashing en el sector inmobiliario, se puede señalar que éste puede dificultar que los consumidores identifiquen proyectos verdaderamente sostenibles, sustentables y/o ecológicos, lo que puede resultar en una falta de confianza en las afirmaciones de sostenibilidad de las empresas. Adicionalmente, las prácticas de greenwashing pueden crear una competencia desleal en el mercado, donde los desarrolladores que realmente implementan prácticas sostenibles se ven en desventaja frente a aquellos que simplemente hacen afirmaciones sin fundamento; todo lo anterior motivado por la falta de regulación clara sobre lo que constituye un proyecto sostenible, sustentable o ecológico, puede permitir que el greenwashing prospere.

Así, pues, se propone para evitar el greenwashing en la industria inmobiliaria, los siguientes aspectos:

Primeramente, es fundamental que las empresas inmobiliarias proporcionen datos verificables sobre sus prácticas sostenibles. Esto incluye informes anuales que detallen las inversiones en sostenibilidad y los resultados obtenidos.

Por otro lado, la industria debe trabajar en la creación de estándares claros y medibles para lo que constituye un desarrollo sostenible. Esto ayudaría a los consumidores a tomar decisiones informadas y a las empresas a ser responsables.

Adicionalmente, el vital el informar a los consumidores sobre cómo identificar prácticas verdaderamente sostenibles puede ayudar a mitigar el impacto del greenwashing. Esto incluye educar sobre las certificaciones y sellos de sostenibilidad reconocidos.

La implementación de regulaciones más estrictas que penalicen y sancionen adecuadamente el greenwashing puede ser también una herramienta efectiva para proteger a los consumidores y fomentar prácticas empresariales responsables.

Pero también es necesario regular y homogeneizar al menos los criterios con los que medir la sostenibilidad. Esto es necesario para cuidar al consumidor y evitar el greenwashing. De esta manera, es posible establecer una competencia leal y evitar que hayan distorciones en los discursos. Esa es la tarea del legislador o al menos, de la autoridad competente, pues el objetivo principal es poder darle a los inversores y en general a los clientes, la posibilidad de tomar decisiones con información fidedigna y poder comparar las alternativas de distintas opciones sin que el discurso de venta esté distorsionado.

Desde la perspectiva del desarrolldor inmobiliario, si su departamento de marketing no trabaja alineado con el equipo de desarrollo de proyectos, es muy probable que los atributos que se promuevan no cuenten con algún método de verificación que los certifiquen. Lo anterior, no sólo podría originar la percepción de una publicidad engañosa para el cliente, sino que además, comprometería la responsabilidad y veracidad de la industria incentivando una mayor cantidad de controles y restricciones para el rubro.

Una alternativa, quizás, para evitar caer en el grupo de empresas que utilizan el greenwashing, sea por desconocimiento o de forma intencional, es comenzar por reconocerse como una empresa contaminante y, en consecuencia, tomar acciones concretas, verificables y medibles para reducir el impacto ambiental que genera en alguna de las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto.

Para mitigar el impacto del greenwashing en el sector inmobiliario, es esencial que las empresas adopten un enfoque más transparente y responsable hacia la sostenibilidad. Esto implica la provisión de datos verificables, la creación de estándares claros, la educación de los consumidores y la implementación de regulaciones estrictas que penalicen prácticas engañosas. Además, es crucial que los departamentos de marketing trabajen en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo de proyectos para garantizar que las afirmaciones sobre sostenibilidad estén respaldadas por métodos de verificación confiables. Al reconocer su impacto ambiental y tomar acciones concretas para reducirlo, las empresas pueden no solo evitar caer en el greenwashing, sino también contribuir a un mercado inmobiliario más justo y responsable.

Educación financiera: una deuda pendiente

Por: Julián Blas, Cofundador y COO de Fraccional.cl

El endeudamiento de los chilenos, que representa el 48,4% del PIB según el último informe del Banco Central, es una señal clara de la falta de educación financiera.

Es más, 1 de cada 5 personas presenta una alta deuda, superior al 50% de su ingreso mensual. Durante décadas, el sistema educativo ha omitido esta formación esencial, dejando a las personas sin las herramientas necesarias para tomar decisiones responsables con sus finanzas.

Es urgente que la educación financiera se integre desde la enseñanza escolar y/o universitaria para preparar a las generaciones a enfrentar los desafíos económicos actuales, promover el ahorro e invertir con criterio. Sin este conocimiento, las personas seguirán cayendo en el ciclo del endeudamiento.

No podemos seguir  auspiciando el consumo a crédito. Es hora de priorizar la educación financiera para construir una sociedad más informada y económicamente estable.

Eduardo Ricci, abogado de COHLERS+PARTNERS: «Las recientes elecciones municipales y su impacto en el sector inmobiliario”

Los alcaldes tienen en sus manos la capacidad para facilitar o entorpecer los procesos de obtención de permisos e influir en la recuperación del sector inmobiliario local.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Las últimas elecciones vividas en nuestro país, generaron cambios fundamentales en las administraciones locales de importantes comunas.

Por esa razón y desde la lógica experta, conversa con el abogado Eduardo Ricci Burgos, experto en materia de negocios de la firma COHLERS+PARTNERS y columnista, quien observa varias noticias relevantes para el sector inmobiliario.

Ricci comenta que las recientes elecciones de este fin de semana recién pasado han traído consigo una serie de modificaciones en la administración local; lo que significa un “cambio de timón” en algunos casos relevantes, y en otros, una nueva y quizás última posibilidad de hacer las cosas bien o como “se debe”.

Junto a ello, las elecciones han tenido la particularidad que se han desarrollado dentro de un clima marcado por la necesidad de reactivar el sector de la construcción e inmobiliario, “así como de la oferta adecuada de viviendas, que ha enfrentado una caída significativa en la aprobación de permisos”, dice el abogado..

Ricci advierte además que según datos recientes, “se ha observado una disminución del 76.7% en la entrega de permisos para nuevas viviendas en comparación con el año pasado, por lo que hace no mucho tiempo atrás”

En ese orden, el Ministerio de Vivienda implementó un decreto que prorroga por 18 meses los permisos de construcción que, indica Ricci, “no han iniciado obras, afectando esta medida a más de 57,000 viviendas, cuyo permiso estaba a punto de caducar. Salvavidas necesario, pero salvavidas al fin y al cabo, mientras no se adopten soluciones reales que ataquen al fondo del problema”.

Lo anterior, especialmente para las municipales, podría llegar a ser muy relevante en lo que respecta a las modificaciones  y actualizaciones de los planes reguladores, permisos de subdivisión, así como a la gestión de permisos de construcción y proyectos inmobiliarios que se encuentran detenidos (por no decir paralizados) en varias de las comunas de nuestro país.

“La extensión de estos permisos sin duda es crucial para evitar que los proyectos caigan en un proceso burocrático que podría obligar a las empresas a iniciar nuevamente desde cero dichos permisos, implicando costos adicionales y mayores plazos o simplemente avandonarlos y hacer la pérdida hasta esperar, quien sabe cuándo, que la situación y el mercado mejoren”

Asimismo, el abogado reflexiona sobre el rol de los nuevos alcaldes, quienes se estrenarán y los reelectos, sin importar la vereda desde donde se encuentren, “deberán priorizar dentro de su ajustada agenda de dirección comunal, las políticas que faciliten y agilicen los procesos administrativos relacionados con la aprobación, construcción y recepción de los proyectos inmobiliarios”, dice

De esta forma, los alcaldes tienen en sus manos, aunque sabemos que siempre la han tenido, una responsabilidad importante en la implementación y supervisión de estas políticas, ya que su capacidad para facilitar o entorpecer los procesos de obtención de permisos puede influir directamente en la recuperación del sector inmobiliario local.

“Aquellos que priorizen la agilidad administrativa y el apoyo a proyectos habitacionales contribuirán significativamente al aumento del stock habitacional disponible para la venta y a la reducción del déficit habitacional en sus comunas, generando de paso mayor empleo y servicios relacionados a dicha industria”, comenta el abogado.

“Finalmente, creo que estas elecciones municipales han marcado un punto de inflexión para el sector inmobiliario en Chile, ya que la combinación de nuevas administraciones locales, llámense Gobernadores, alcaldes, concejales y CORES comprometidos con la reactivación del sector, podría crear un entorno propicio para el desarrollo urbano. Esto es un tema que no puede seguir esperando”.

Sin embargo, será fundamental que los alcaldes, mantengan un enfoque proactivo y eficientemente colaborativo con el Minvu y otros actores del sector, especialmente del sector privado, para garantizar el éxito de las iniciativas que se sugieran, promuevan y acuerden, ya que la capacidad para gestionar eficientemente los permisos.

“No solo impactará el crecimiento económico local, sino también mejorará las condiciones habitacionales para miles de chilenos, tema siempre sensible que incluso puede cambiar el termómetro nacional”, sentencia el abogado

Una buena decisión adoptó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la ciudad.

En un amplio terreno tipificado como área verde en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes,  localizado en la esquina de las vías Américo Vespucio Norte, Cerro Colorado y Alonso de Córdova, funcionaron durante muchos años 22 canchas de tenis explotadas por unos particulares, a través de una concesión gratuita, entregada a ellos por el gobierno de Pinochet y al término de la misma, como esos concesionarios, ya en democracia, se negaban a devolver el terreno al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), fue necesario que el gobierno iniciara acciones judiciales, las que tuvieron éxito en la Corte Suprema, gracias a la mano conductora del abogado René Abeliuk (QEPD).

Cuando el Estado pudo recuperar el predio, con rol 907-25 del Servicio de Impuestos Internos (SII), con la totalidad de sus canchas de tenis operativas, el Serviu se lo entregó en comodato a la Federación de Tenis de Chile para que sus canchas fueran ocupadas en sus actividades propias, pero como su utilización no era la correcta, entre otras cosas, se eliminaron algunas de ellas para dar paso a actividades mercantiles más productivas, el Serviu con fecha 23 de diciembre de 2015 puso término anticipado al contrato, sin que produjera efecto.

Tiempo después, Cristián Monckeberg, titular el Minvu, en conjunto con Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, se pusieron de acuerdo para construir en ese terreno urbano unos cuantos edificios de departamentos orientados a familias de escasos recursos, interesante proyecto de bien público que, por distintas razones, todas imputables a la municipalidad, nunca prosperó y no tiene sentido dar a conocer los motivos por los cuales fracasó esa excelente idea de ambas autoridades.

El actual gobierno de Boric tomó el toro por las astas, dentro de la política pública llamada Plan de Emergencia Habitacional, y decidió tiempo atrás edificar allí 2 edificios para familias vulnerables que tengan acceso a los subsidios del Minvu, conformando un espectacular parque. Para tal propósito la municipalidad de Las Condes debía notificar a la Federación de Tenis de Chile que restituyera el terreno al Serviu fines de mayo de 2024, lo que se incumplió, por lo tanto lesionándose las confianzas suscritas en un formal convenio. Se debe tener presente que ambas partes -Minvu y municipalidad- habían declarado que la integración social es una necesidad impostergable, recordándose que en nuestro país hay 700.000 familias que carecen de una vivienda digna.     

Así las cosas, dado que este indispensable proyecto del gobierno entregará una solución concreta, en un par de años más, para 340 familias necesitadas, las que dispondrán de sus hogares en esos 2 edificios en altura, rodeados de magníficas áreas verdes consolidadas y otros servicios comunitarios, valoramos en su justa dimensión que la devolución del predio, por parte de la municipalidad de Las Condes al Minvu, será el próximo miércoles 30 de octubre de 2024, en una actividad social vecinal y oficial, dentro de un sano ambiente. Entendemos que en esa ocasión estrecharan sus manos el ministro Carlos Montes o la Seremi Carolina Casanova, con la alcaldesa que resulte electa el próximo domingo 27 de octubre.  

BONUS: Elecciones municipales 2024: los alcaldes con más poder sobre el mercado inmobiliario, se puso entrete la cosa

Por: Por: Tracy Dunstan, CRO (Chief Revenue Officer) de Enlaza Ya.

Querid@, si creías que el único drama de estas elecciones era decidir si vas a votar o no, déjame decirte que para los ejecutivos inmobiliarios, este domingo será una mezcla de suspenso, intriga y (quizás) lágrimas. Y es que varios candidatos tienen el futuro del mercado inmobiliario en sus manos, con promesas de cambiar planes reguladores, frenar torres de altura y hasta rediseñar ciudades. Es como una versión chilena de Monopoly, pero sin casitas de plástico y con mucho, mucho más en juego.

Ñuñoa: una novela de drama y rascacielos en conflicto En Ñuñoa, la actual alcaldesa Emilia Ríos se ha enfrentado con fuerza a proyectos inmobiliarios como EcoEgaña y el Mall Vivo. Todo esto ha llegado a la justicia y ha dejado a las constructoras en modo “esperar y ver”, mientras calculan cuántos millones en pérdidas van acumulando. Al otro lado del ring, Sebastián Sichel (sí, el mismo exministro) se presenta como el candidato que quiere “armonía” y “tecnología” en los proyectos. Una promesa que suena tan elegante como una copa de champagne, pero que está por verse si es más burbujeante o más espumosa.

Maipú: menos rascacielos, más estilo “horizontal” Tomás Vodanovic, el alcalde de Maipú, decidió congelar los permisos para edificios en altura. Pero no te preocupes, que las constructoras aún tienen opción… ¡en horizontal! Si gana, veremos una versión extendida de Maipú con torres “mini-me” esparcidas por la comuna. Parece una idea que alguien vio en Pinterest, pero con el 60% de los votos asegurados según encuestas, Vodanovic ya se siente dueño del tablero de Maipú. ¿Sofisticado? Quizás. ¿Efectivo? Solo el tiempo lo dirá.

Estación Central: la comuna donde la altura no se mide en metros, sino en paciencia Estación Central ha sido una especie de “Las Vegas” de los edificios altos en Santiago. Pero con el alcalde Felipe Muñoz retrasando las recepciones finales, ahora tenemos edificios terminados que nadie puede habitar. Es como tener un Ferrari sin llaves. La Contraloría tuvo que intervenir y ordenar la recepción de cuatro edificios, porque hasta los departamentos estaban perdiendo la paciencia (y los inversionistas, ni hablar). Si Muñoz gana la reelección, más de un constructor tendrá que armarse de mucha paciencia y varios tés de tilo.

¿Quiénes son los “Fast & Furious” y los “Slow & Steady” de los permisos? Cuando se trata de la velocidad en los permisos, hay comunas que brillan y otras que… bueno, no tanto. Las Condes y La Reina lideran la categoría “Fast & Furious” de aprobaciones rápidas, con tiempos promedio de unos 300 días. Pero en el otro extremo tenemos a Conchalí, que con un promedio de 795 días, hace que cada permiso se sienta como una obra de arte que se cocina lento. En resumen: si eres impaciente, busca construir en Las Condes; si tienes todo el tiempo del mundo, Conchalí te espera.

Regiones: el drama no se queda en Santiago En regiones, la historia no se queda atrás. Viña del Mar tiene a su alcaldesa Macarena Ripamonti enfrentándose a las constructoras por los deslizamientos de cerros y otros dramas más propios de una telenovela. Su contendor, el arquitecto Iván Poduje, ha criticado su gestión y promete cambios, especialmente en temas como los socavones. Mientras tanto, en Concepción, Camilo Riffo lidera las encuestas y se ha mostrado como un crítico activo de los proyectos inmobiliarios. Todo el suspenso y el drama de las elecciones capitalinas… pero con vista al mar y algo de brisa costera.

¿Zona oriente? Nada es tan “chic” como parece Y si pensabas que en Las Condes y Vitacura el glamour de la zona oriente evitaba problemas, piénsalo de nuevo. En Vitacura, el mall de Cencosud en el terreno del Saint George tiene a los vecinos y a la municipalidad en una batalla que parece más un desfile de modas: todos opinan, todos critican, pero nadie se pone de acuerdo. Y en Las Condes, el proyecto Vespucio 345 se enfrenta a protestas vecinales que le han puesto más trabas que a un trámite en el Registro Civil.

No hay tiempo, la permisología es ahora (o es para otro ciclo político)

Por: Dante Pancani, Director y Socio de Gestión Social.

Existen muchos proyectos, sin distinguir su envergadura, que, a la hora de obtener permisos, terminan en un largo historial de idas y venidas para su evaluación y posterior aprobación, que a veces termina por difuminarlos en el tiempo y/o perdiendo significativamente las oportunidades sociales, económicas y ambientales de ser realizados.

El Ministro de Hacienda acaba de anunciar dos nuevas modificaciones en la dirección de simplificar la permisología, esta vez respecto de las concesiones marítimas, traspasando funciones al Ministerio de Bienes Nacionales, además de hallazgos arqueológicos, incorporando una instancia dentro del mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Esto se suma al gran consenso generado dentro del Proyecto de Ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos que pretende disminuir en 30% y 70% el tiempo de tramitación de estos.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa ya está en discusión en la Comisión de Economía del Senado, esperemos que se logre el mismo consenso que hubo entre Diputados para impulsar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Sin embargo, mientras éstas nuevas normas sean discutidas en el Congreso las trabas de la permisología siguen cobrando víctimas y ahuyentando la inversión. Recientemente hemos conocido anuncios como el de CMPC, que ha optado por otros países de la región para concretar grandes inversiones, o el de Colbún, que decidió paralizar un proyecto de almacenamiento de energía.

De aquí nace una pregunta de difícil respuesta ¿son estos proyectos legislativos las llaves correctas para abrir definitivamente este candado? ¿Los resultados están garantizados? Avanzar en las modificaciones legales es una necesidad; pero es insuficiente para el corto plazo, el ojo también debe estar puesto en lo que podemos modificar y mejorar con las reglas actuales.

Se ha vuelto urgente tomar medidas: ajustarse a los tiempos legales, disponer medidas administrativas que no requieran cambios reglamentarios, fortalecer la capacidad de las instituciones, respetar el trabajo de los profesionales y directivos pero controlar los altos niveles de discrecionalidad y agendas particulares que algunos enarbolan. La sostenibilidad no es patrimonio de algunos, si se cumplen las normas ambientales solo queda apoyar con entusiasmo proyectos que generen empleos de calidad, actividades económicas y desarrollo social.

La importancia de protegerse de la suplantación digital en esta era

Por: Marcelo Mora, CEO de IDOK

Hoy en día la suplantación de identidad digital es una amenaza cada vez más latente. Este fenómeno, lejos de ser una simple molestia, se ha convertido en un peligro real que puede tener consecuencias devastadoras, tanto económicas como sociales, para sus víctimas, sin importar si son personas particulares o empresas.

Las cifras son alarmantes. Según un reciente estudio realizado por Javelin, una reconocida consultora de estrategia e investigación financiera, el fraude por robo de identidad en Estados Unidos alcanzó la astronómica cifra de $23 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior. Estos números son una muestra de un fenómeno mundial y que no discrimina.

Los métodos en como opera esta “amenaza invisible” son variados. Pueden ser ataques informáticos simples, pero efectivos, hasta acciones más sofisticadas, dado que los ciberdelincuentes están en constante evolución, adaptándose a las nuevas medidas de seguridad con una velocidad vertiginosa. Casos recientes, como transferencias fraudulentas de vehículos realizadas desde la cárcel o intentos de desviar grandes sumas de dinero a cuentas falsas, demuestran la creciente sofisticación de estos delincuentes digitales.

Frente a este panorama, la clave está en la prevención y en la adopción de hábitos de seguridad digital que, aunque simples, pueden marcar la diferencia entre ser una víctima más o mantenerse a salvo en el ciberespacio.

Desde nuestra vereda, destacamos siempre la importancia de utilizar servicios de certificación acreditados de acuerdo a las legislaciones locales, especialmente al realizar trámites en línea que involucren firmas electrónicas.

Otra recomendación es la protección de nuestras claves de acceso. En la era digital, nuestras contraseñas son las llaves de nuestro castillo virtual. Compartirlas o almacenarlas en lugares inseguros es equivalente a dejar las puertas de nuestra casa abiertas de par en par. Asimismo, la desconfianza ante enlaces sospechosos y la navegación exclusiva en sitios web seguros son prácticas que deben convertirse en segunda naturaleza para todo usuario de internet.

En el ámbito empresarial, la responsabilidad es aún mayor. Las compañías, independientemente de su tamaño, deben considerar la protección de datos personales como una prioridad absoluta. La encriptación de bases de datos y la realización de respaldos regulares no son lujos, sino necesidades imperativas en un mundo donde el ransomware se ha convertido en una amenaza constante.

Desde la educación en ciberseguridad hasta la implementación de políticas públicas que protejan a los ciudadanos en el entorno digital, todos tenemos un papel que desempeñar. La tecnología avanza a pasos agigantados, ofreciéndonos oportunidades inimaginables, pero también exponiendo nuevas vulnerabilidades. Por esto, la vigilancia constante y la adopción de prácticas seguras no son opcionales, sino que una obligación para generar la mejor defensa contra las amenazas invisibles que acechan en el mundo virtual.

Comprar una propiedad sin pie: ¿Es recomendable en el escenario actual?

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

El escenario del mercado inmobiliario se mantiene aún con una ventana interesante de stock de unidades, lo que da una posibilidad para quienes buscan invertir en una propiedad, de aquí a fin de año. En ese escenario, hay una pregunta que ronda en las mentes de muchas personas: ¿Es posible y recomendable invertir en propiedades sin dar pie? Si bien, existen alternativas para hacerlo, es fundamental entender los riesgos y consideraciones antes de tomar esta decisión.

El mercado ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Hace una década, aproximadamente, cuando la rentabilidad inmobiliaria rondaba el 7% y las tasas de interés se mantenían cerca del 3%, el panorama era más favorable para los inversionistas. Hoy, con tasas superiores al 4% o 5%, y rentabilidades que apenas alcanzan el 3,5%, el escenario es mucho más desafiante.

En esta nueva realidad, las inmobiliarias han desarrollado diversas estrategias para facilitar el acceso a la vivienda sin pie inicial, como el pago en cuotas sin intereses a la misma inmobiliaria, el cual transita por una zona un tanto gris, dado que no se informa al sistema financiero, facilitando la posterior evaluación con los bancos; por otro lado, también el aporte parcial del pie por parte de las inmobiliarias, el cual es devuelto total o parcialmente, bajo un método de “cashback”, entre otros.

Una práctica muy reconocida es el llamado «bono pie», donde se infla artificialmente el precio de la propiedad para simular ante los bancos un pie que realmente no existe. Esto permite el acceso inicial, aunque tiene un punto a considerar: las cuotas resultantes suelen superar significativamente los ingresos por arriendo, comprometiendo la viabilidad financiera de la inversión.

En el mercado de propiedades usadas, también se observan prácticas similares, donde se aumenta ficticiamente el valor para aparentar un pie inexistente. Aunque esto reduce el desembolso inicial, incrementa considerablemente el costo financiero a largo plazo.

Aunque existan estas alternativas, la ausencia de pie inicial tiene importantes implicaciones. Primero, eleva significativamente el costo del dividendo mensual. Segundo, reduce el compromiso del inversionista con el crédito, aumentando el riesgo de mora. Y tercero, incluso en escenarios «sin pie», siempre es importante considerar que hay que tener dinero, dado los gastos operacionales al momento de adquirir una vivienda.

Por todo lo anterior, la sugerencia es que, si bien, es posible acceder a propiedades sin pie, es preferible contar con un aporte inicial, dado que esto no solo asegura dividendos más manejables, sino que también representa un compromiso real con la inversión. En tiempos donde los arriendos apenas cubren las cuotas hipotecarias, partir con un pie sólido puede ser la diferencia entre una inversión exitosa y un dolor de cabeza financiero.

Antes de aventurarse en cualquier esquema de inversión sin pie, es vital evaluar cuidadosamente la capacidad de pago a largo plazo y considerar que esta ventaja inicial puede convertirse en una carga financiera que puede alcanzar ribetes, incluso, insostenibles, comprometiendo la inversión.

15/04/2026 01:45