Por: Francisco Javier González Cruz, abogado de González, Guzmán y Matthei
Como el legendario Rey Midas, el Estado chileno parece convencido de que todo lo que toca —mediante leyes, decretos o permisos— se convierte automáticamente en oro: orden, desarrollo, seguridad. Cree que su sola intervención garantiza resultados virtuosos. Pero, al igual que el rey que transformaba en metal incluso el pan y el abrazo de su hija, el Estado olvida que no todo puede ni debe ser convertido en oro.
El problema no es la regulación en sí, sino su uso irreflexivo, indiferenciado y desproporcionado. La llamada permisología —ese conjunto extenso y engorroso de trámites previos a iniciar una actividad económica— es el síntoma de un sistema donde la técnica jurídica se aplica sin calibrar sus efectos reales. La abundancia de permisos, certificaciones, pronunciamientos y dictámenes no ha significado más seguridad ni mejor protección del interés público. Por el contrario, se ha traducido, muchas veces, en inmovilismo, incertidumbre y desconfianza.
Pero no hay que confundirse, aquí es donde la técnica jurídica sí importa. Porque una concesión no es una autorización, ni ésta una declaración jurada, ni mucho menos un simple aviso. Cada figura tiene una función, un origen y una lógica distinta. La concesión otorga derechos exclusivos sobre bienes públicos; la autorización condiciona el ejercicio de un derecho privado al cumplimiento de requisitos fundados en el interés general; la declaración jurada se basa en la buena fe del administrado y en la fiscalización posterior. Confundir estas figuras o aplicarlas indiscriminadamente, es como intentar resolver todos los males con una sola fórmula dorada: termina dañando lo que se buscaba proteger.
Como bien explica el profesor Jaime Arancibia, las autorizaciones administrativas son técnicas de policía preventiva, propias de situaciones en que existe un riesgo social difícil de corregir ex post. No se trata de un capricho burocrático, sino de una herramienta legal que busca balancear libertad e interés público. El problema es que en Chile se han utilizado incluso donde no hay riesgo significativo, o se han mantenido pese a que la experiencia demuestra que no aportan valor regulatorio.
Por eso cobra tanta relevancia el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, actualmente en discusión en el Congreso (Boletín N° 16.566-03). Esta iniciativa introduce principios esenciales como la proporcionalidad, la costo-efectividad, la no discriminación, y plantea la posibilidad de reemplazar algunas autorizaciones por técnicas habilitantes alternativas, como declaraciones juradas o avisos. Es decir, busca que la intensidad del control estatal guarde relación con el riesgo y el impacto real de cada actividad.
Sin embargo, como advierte el Centro de Estudios Públicos en un reciente estudio, el proyecto aún adolece de un enfoque excesivamente sectorial, lo que limita su impacto sistémico. En lugar de una reforma profunda, amenaza con convertirse en un nuevo listado de reglas paralelas. Se necesitan más que ajustes cosméticos: hace falta rediseñar la arquitectura regulatoria, fortalecer capacidades institucionales y formar servidores públicos que comprendan no solo la ley, sino la finalidad detrás de cada técnica jurídica.
El estudio del CEP estima que los costos de la permisología equivalen al 7,3% del PIB nacional. No es menor. Pero más grave aún es lo que no se cuantifica: la desconfianza de los ciudadanos hacia un sistema opaco, la frustración de los emprendedores ante reglas ininteligibles, y el deterioro progresivo de la fe pública en que el Estado es capaz de actuar con inteligencia y justicia.
Volviendo a la historia del Rey Midas, su tragedia no fue pedir demasiado, sino no entender lo que realmente valía. Solo cuando transformó en oro aquello que más amaba —su hija— comprendió que no todo lo que brilla es bueno. Y solo entonces pidió revertir el don que se había vuelto maldición.
El Estado chileno todavía está a tiempo. Puede seguir tocando todo con su dedo regulador creyendo que crea valor, o puede hacer un gesto de humildad institucional: distinguir cuándo intervenir, cómo intervenir y con qué instrumentos jurídicos. La técnica legal bien usada no paraliza; permite. No frena; orienta. No transforma en oro, pero sí puede proteger lo que verdaderamente importa.
