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noviembre 8, 2024 12:12 am

Permisos y prácticas indeseables       

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

A propósito de la incisiva campaña de prensa en contra de la permisologia, con el argumento de que en Chile es muy difícil obtener permisos para iniciar proyectos de inversión, sin reconocerse que en ocasiones los retrasos se deben a incompetencias técnicas de los privados, ciertos actores del mercado han optado por no solicitarlos, a sabiendas que, según ellos, esa omisión es una simple falta que no afecta a nadie, pues el bien superior es el crecimiento económico: así opera el abusivo neoliberalismo.  

Un ejemplo de ello lo observamos con la denuncia formulada por un emprendedor de Mejillones en contra de la empresa Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, la más poderosa del mundo, que utiliza para su proceso extractivo el recurso agua de mar de la desaladora Caitan SpA. En efecto, la estación de bombeo de la anterior vulneró el Plan Regulador Comunal (PRC) de Mejillones, lo que fue denunciado por el director de obras municipales (DOM) al Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, pues la instalación carecía de un permiso y por lo tanto no disponía de una recepción de obras. 

Y por si fuera poco, la edificación clandestina se instaló en un terreno fiscal, asunto que fue corroborado por la Seremi de Bienes Nacionales, es decir, BHP ha estado usufructuando ilegalmente de este vital insumo desde el año 2020, fecha en que inició su operación. La ley en estos casos ordena la demolición, pero nadie de la municipalidad de Mejillones ni de región de Antofagasta se atreve a ejercer sus atribuciones.    

Una muestra más del desorden institucionalizado que admite las pillerías que se cometen en el territorio, lo observamos con el abyecto episodio de las dunas de Concón y por ello es muy recomendable que los lectores conozcan el informe legal del 2 de marzo de 1994, ver link: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Pierry__dunas-de-Concon-en-CIPER-Chile.pdf y elaborado hace 30 años por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Pierry, quien posteriormente ejerció el cargo de juez de la Corte Suprema. Consideramos que el máximo de gente debe leer este informe relacionado con lo sucedido en estas dunas milenarias, pues allí se deja en evidencia los malabares ejercidos por la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca S.A. (Reconsa) dueña de 674 hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón, compradas a vil precio al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) de la dictadura de Pinochet.   

El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) impide la edificación de viviendas en los terrenos rurales y le corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones del país cautelar que las subdivisiones y construcciones en ese tipo de terrenos, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

Solo se admiten las viviendas con precios de hasta UF 1.000 que se rijan por las disposiciones fijadas en dicho artículo de la LGUC, pero la opinión pública sabe que por desidia del Estado, apelándose impropiamente al DL 3.516, se han construido infinidad de viviendas fuera de los límites urbanos, actividades comerciales ilegales que son consecuencia del lobby ejercido por quienes se desenvuelven en este tipo de negocios. Debido a dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, actualmente se está tramitando una ley en el Congreso Nacional para permitir la edificación de viviendas, con algunas exigencias, en los territorios rurales. 

Asociado a lo anterior, hemos sabido que un avispado privado intenta desarrollar un proyecto inmobiliario fuera del límite urbano de la comuna de Olmué, 5a. Región de Valparaíso, disfrazándolo como un desarrollo turístico para la tercera edad. El inversionista informa a la prensa que su “sustentable” iniciativa considera 60 cabañas, 2 edificios de 4 pisos c/u (sic), con piscinas, canchas de pádel, bowling, salas de reuniones, quinchos, multi canchas y diversos juegos para sus ancianos residentes.  

Como el hombre sabe de negocios, para obtener un mayor lucro, eligió para su proyecto un predio rural, que tiene un reducido precio en el mercado y no ha solicitado un anteproyecto en la DOM. Solo se ha dedicado a promocionarlo con suma perspicacia como una imperiosa necesidad para la comuna, esperando que la municipalidad finalmente se lo apruebe. Los vecinos de la mendaz “explotación turística” se han opuesto a la misma con variados razonamientos, sobre todo del tipo ambiental, haciendo valer la condición agrícola del terreno, y por ello, si él está tan convencido de los atributos del proyecto, debería ejecutarlo en un terreno urbano, y por ende idóneo, de la comuna de Olmué.  

Con estos pocos ejemplos se demuestra fehacientemente que ni el libre mercado ni las instituciones públicas funcionan y, como conocedor de la naturaleza humana y del comportamiento atropellador de aquellos que tienen el poder económico, este columnista estima que todo seguirá igual, salvo que se produzca un milagro. 

No hay tiempo, la permisología es ahora (o es para otro ciclo político)

Por: Dante Pancani, Director y Socio de Gestión Social.

Existen muchos proyectos, sin distinguir su envergadura, que, a la hora de obtener permisos, terminan en un largo historial de idas y venidas para su evaluación y posterior aprobación, que a veces termina por difuminarlos en el tiempo y/o perdiendo significativamente las oportunidades sociales, económicas y ambientales de ser realizados.

El Ministro de Hacienda acaba de anunciar dos nuevas modificaciones en la dirección de simplificar la permisología, esta vez respecto de las concesiones marítimas, traspasando funciones al Ministerio de Bienes Nacionales, además de hallazgos arqueológicos, incorporando una instancia dentro del mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Esto se suma al gran consenso generado dentro del Proyecto de Ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos que pretende disminuir en 30% y 70% el tiempo de tramitación de estos.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa ya está en discusión en la Comisión de Economía del Senado, esperemos que se logre el mismo consenso que hubo entre Diputados para impulsar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Sin embargo, mientras éstas nuevas normas sean discutidas en el Congreso las trabas de la permisología siguen cobrando víctimas y ahuyentando la inversión. Recientemente hemos conocido anuncios como el de CMPC, que ha optado por otros países de la región para concretar grandes inversiones, o el de Colbún, que decidió paralizar un proyecto de almacenamiento de energía.

De aquí nace una pregunta de difícil respuesta ¿son estos proyectos legislativos las llaves correctas para abrir definitivamente este candado? ¿Los resultados están garantizados? Avanzar en las modificaciones legales es una necesidad; pero es insuficiente para el corto plazo, el ojo también debe estar puesto en lo que podemos modificar y mejorar con las reglas actuales.

Se ha vuelto urgente tomar medidas: ajustarse a los tiempos legales, disponer medidas administrativas que no requieran cambios reglamentarios, fortalecer la capacidad de las instituciones, respetar el trabajo de los profesionales y directivos pero controlar los altos niveles de discrecionalidad y agendas particulares que algunos enarbolan. La sostenibilidad no es patrimonio de algunos, si se cumplen las normas ambientales solo queda apoyar con entusiasmo proyectos que generen empleos de calidad, actividades económicas y desarrollo social.

La nueva configuración de la Planificación Territorial: Un enfoque desde la Permisología

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño en Innovación Sostenible

La reciente reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), promulgada el 10 de septiembre de 2024, y la entrada en vigencia del Decreto 33, que modifica el Decreto Supremo Nº 47 de 1992 en materia de caducidad de permisos de construcción, representan hitos relevantes para la normativa que regula el uso del suelo y el desarrollo territorial en Chile.

Estas modificaciones, en conjunto con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el plan regulador metropolitano, así como también los sectoriales, implican una reconfiguración significativa en los procedimientos de planificación territorial, especialmente en relación con la gestión de expropiaciones, servidumbres y permisos de construcción.

Desde la permisología, disciplina que optimiza la obtención de permisos en proyectos de desarrollo, es fundamental analizar cómo estos cambios normativos impactan los procesos de gestión y qué soluciones pueden ser implementadas para garantizar un desarrollo territorial eficiente, en conformidad con las disposiciones legales.

Modificación de la LGUC y su impacto en la Planificación Territorial

La LGUC es la normativa que establece los criterios para el uso del suelo y el desarrollo urbano y rural en Chile. La modificación de septiembre de 2024 busca mejorar la coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, optimizando los procesos de planificación. No obstante, este marco legal plantea nuevos desafíos en lo que respecta a las expropiaciones y servidumbres, herramientas necesarias para viabilizar proyectos, pero que pueden generar conflictos entre los diferentes actores involucrados, incluyendo comunidades locales y propietarios de terrenos.

En este sentido, la modificación de la LGUC ha intentado hacer más transparentes los criterios y procedimientos en estos ámbitos, promoviendo la seguridad jurídica y el equilibrio entre el interés público y los derechos de los propietarios. Sin embargo, su implementación eficaz depende de una gestión estratégica de los permisos que considere no solo los aspectos normativos, sino también las dinámicas sociales y territoriales de los proyectos.

Decreto 33 y la caducidad de los Permisos de Construcción: Nuevas responsabilidades para los proyectos

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 33 es la modificación a la OGUC en materia de caducidad de los permisos de construcción. El Decreto ajusta los plazos y condiciones bajo las cuales los permisos caducan si no se han iniciado las obras o si se interrumpe su ejecución por más de un cierto período. Este cambio introduce una mayor rigurosidad en el control del cumplimiento de los permisos otorgados, lo que impone nuevas responsabilidades tanto para las autoridades como para los titulares de los proyectos.

Desde la permisología, estos cambios implican la necesidad de una planificación más rigurosa y estratégica. La caducidad de los permisos puede impactar severamente en la viabilidad de los proyectos, especialmente en aquellos que dependen de largas fases de preparación y financiamiento. Por tanto, se hace indispensable gestionar los tiempos de manera óptima, asegurando que los proyectos avancen dentro de los plazos establecidos para evitar la pérdida de derechos adquiridos.

Además, el Decreto 33 refuerza la importancia de monitorear de manera continua el cumplimiento de las condiciones de los permisos, lo que exige una colaboración más estrecha entre las autoridades competentes y los titulares de los proyectos. Este monitoreo también contribuye a una planificación territorial más eficiente, permitiendo la adecuada utilización del suelo y evitando que terrenos permanezcan inactivos por extensos períodos, generando externalidades negativas para el entorno urbano o rural.

El rol estratégico de la permisología en lospProcesos de expropiación, servidumbre y caducidad de permisos

La permisología juega un papel clave en la articulación entre las normativas urbanísticas y las necesidades de los proyectos, especialmente en lo relacionado con las expropiaciones, servidumbres y la gestión de los permisos de construcción. Un enfoque integral y estratégico en esta disciplina permite anticipar desafíos y mitigar posibles conflictos mediante una gestión eficiente de los tiempos y procedimientos.

La entrada en vigor del Decreto 33 subraya la necesidad de adoptar una gestión proactiva y flexible. En este sentido, la permisología debe incorporar mecanismos de planificación anticipada, como el uso de tecnologías avanzadas de análisis territorial, las que aun se encuentran incorporadas a un nivel micro, tales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la cual permite identificar con mayor precisión las áreas críticas para el desarrollo de los proyectos, minimizando los riesgos asociados a la caducidad de los permisos y a las expropiaciones.

Asimismo, es fundamental que la permisología promueva la colaboración efectiva entre las autoridades urbanísticas y los desarrolladores. Esto incluye no solo la correcta gestión de los plazos y las condiciones de los permisos, sino también la creación de mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades afectadas ser parte del proceso desde sus etapas iniciales. De esta manera, se fortalece la legitimidad de los proyectos y se facilita su implementación en los términos establecidos.

La planificación territorial y su articulación con los planes reguladores y sectoriales

Los planes reguladores, tanto metropolitano como comunales, y los planes sectoriales, siguen siendo herramientas esenciales para la ordenación territorial. Estos planes definen las directrices que deben seguir los proyectos de infraestructura y construcción, asegurando la coherencia con los objetivos de desarrollo urbano y rural del país.

La permisología debe articularse estrechamente con estos instrumentos, asegurando que los proyectos cumplan con las disposiciones establecidas en los planes reguladores y sectoriales. En este contexto, es clave gestionar de manera eficiente los permisos para que los proyectos puedan avanzar sin contratiempos y dentro de los plazos definidos por la normativa vigente, evitando así la caducidad de los permisos.

Como reflexión final defino la Permisología como un pilar fundamental en la Planificación Territorial, toda vez que mediante la modificación a la LGUC y el Decreto 33, introduce cambios en la OGUC en materia de caducidad de permisos, suponen una oportunidad para reestructurar los procesos de planificación territorial y la gestión de permisos en Chile. Desde mi visión, se puede contribuir de manera significativa a este proceso, mediante la implementación de herramientas tecnológicas, la planificación anticipada y la gestión eficiente de los tiempos de ejecución de los proyectos.

La permisología, en su rol de eje articulador, debe velar por que los proyectos de infraestructura y construcción se implementen en consonancia con las normativas territoriales y urbanísticas, promoviendo un desarrollo sostenible, eficiente y equitativo. Este enfoque permitirá no solo un avance armónico del desarrollo territorial, sino también la consolidación de un sistema urbano y rural que responda a las necesidades actuales y futuras del país.

Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta experta en Permisología: “El desafío está en cómo estos límites afectan el aprovechamiento del suelo urbano”

En entrevista con Mercados Inmobiliarios, la arquitecta analiza desde varios campos la desición de la Municipalidad de Maipú, respecto al nuevo PRC.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El impactos y las reflexiones sobre el Nuevo Plan Regulador de Maipú ha generado el interes de muchos por analizar las implicancia de esta decisión que, para muchos, marca una perspectiva desde la mirada de la Permisología. Por ello, quisimos ahondar en este caso con Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño en Innovación Sostenible.

El reciente anuncio del alcalde Vodanovic sobre el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Maipú ha abierto el debate en torno a las implicancias urbanísticas y legales que conlleva esta normativa.

Con cambios que impactarán más de 248,1 hectáreas, afectando zonas clave como Av. Américo Vespucio y Av. Pajaritos, el plan cierra la puerta a la construcción de megaedificios, una medida que ha polarizado opiniones entre desarrolladores inmobiliarios, ciudadanos y expertos en planificación urbana.

Como arquitecta experta en permisología, Francisca Ibáñez aborda este tema no solo desde la perspectiva urbanística, sino también desde el marco normativo que regula este tipo de decisiones.

En ese punto, la arquitecta establece que el marco legal, es decir, la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y El PRMS, son instancias que deben conversar entre sí, para lograr equilibrios en el proceso y la toma de desición de una indicación de tamaña embergadura.

“El nuevo PRC se fundamenta en las normativas contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su correspondiente Ordenanza General (OGUC). De acuerdo con el Artículo 41 de la LGUC, “los Planes Reguladores Comunales deben propender a la planificación territorial que permita un desarrollo armónico del territorio comunal”, señala

“Esto implica que las restricciones impuestas, como la limitación de la altura, deben estar alineadas con los principios de equilibrio territorial y desarrollo sustentable”, ratifica sobre el mismo punto.

En este sentido, el nuevo PRC de Maipú busca proteger zonas específicas, evitando la sobreconcentración de edificaciones de gran altura que podrían generar un impacto negativo en la infraestructura comunitaria y los espacios públicos. “Sin embargo, el desafío está en cómo estos límites afectan el aprovechamiento del suelo urbano y si, a largo plazo, estas medidas restringen la densificación en zonas con alta demanda de vivienda”, recalca la profesional.

Por otro lado, el Artículo 2.1.31 de la OGUC establece que los Planes Reguladores Comunales deben definir las áreas de desarrollo preferente, así como aquellas destinadas a la protección ambiental, paisajística o patrimonial.

“El nuevo PRC de Maipú, al reducir las alturas permitidas, apunta claramente a resguardar ciertas zonas residenciales, pero la cuestión radica en cómo esta regulación afecta las áreas de mayor conectividad, donde la densificación podría ser más eficiente”, determina la arquitecta de la Universidad del Desarrollo.

Uno de los puntos clave en esa ordenanza tiene que ver la altura como cuestión secundaria, donde se prioriza el suelo urbano como un recurso crítico.

Sobre este punto Ibáñez Recabarren comenta que, si bien el nuevo PRC prohíbe de forma definitiva la construcción de megaedificios, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en la altura, sino en cómo gestionar y regular de manera más eficiente el suelo urbano.

“El Artículo 58 de la LGUC permite que las autoridades locales establezcan las alturas máximas permitidas según las características de cada sector, pero también establece la necesidad de asegurar que las decisiones urbanísticas no afecten negativamente el uso racional del suelo”, dice la profesional.

“En zonas como Av. Américo Vespucio y Av. Pajaritos, bien conectados a la red de transporte público, limitar las alturas podría representar una oportunidad perdida para maximizar el uso del suelo en áreas de alta demanda habitacional. De acuerdo con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), estas áreas están clasificadas como “Zonas de desarrollo preferente“, justamente por su conectividad y acceso a servicios públicos. Entonces, ¿por qué no aprovechar mejor este recurso limitado?”, se pregunta la arquitecta.

Respecto a la conectividad y el acceso a viviendas, desde un enfoque integral, Ibáñez establece que lo primero que se debe hacer es maximizar el acceso a viviendas en áreas con buena conectividad es uno de los principales desafíos en la planificación urbana moderna.

“Según el artículo 81 de la LGUC, los Planes Reguladores deben favorecer la localización de viviendas en sectores con acceso a transporte público, servicios y equipamientos urbanos. La restricción de altura en Maipú podría limitar este tipo de desarrollo, especialmente en zonas como Av. Pajaritos, donde el metro y las autopistas brindan una excelente conectividad con el resto de la ciudad”, señala.

En este contexto, sería ideal revisar si el nuevo PRC está alineado con las directrices del PRMS, que fomenta la densificación en áreas bien conectadas para reducir la expansión descontrolada de la ciudad hacia la periferia. Si bien es crucial evitar la saturación en ciertas zonas, también es necesario preguntarse si la limitación de altura en sectores estratégicos de Maipú no está frenando el desarrollo de un modelo urbano más eficiente y sostenible.

Asimismo, no podemos ignorar el papel crucial de la infraestructura pública existente, como el metro y las autopistas. Consultada, la arquitecta señala que, “La OGUC, en su Artículo 2.1.22, subraya la importancia de coordinar la planificación urbana con la infraestructura de transporte, asegurando un uso óptimo de las inversiones públicas ya realizadas. Sin embargo, con el nuevo PRC, parece que se está desestimando este principio, al limitar la posibilidad de generar proyectos habitacionales en áreas con acceso directo a transporte público masivo”.

La infraestructura pública debe ser un factor determinante a la hora de diseñar planos reguladores. Ignorar el potencial de zonas como Av. Américo Vespucio, donde confluyen autopistas y el metro, puede generar un crecimiento desordenado en otras áreas menos conectadas y saturar sectores que no cuentan con las mismas facilidades de transporte.

El nuevo PRC de Maipú presenta una oportunidad para replantear el desarrollo urbano de la comuna, pero también impone interrogantes sobre su compatibilidad con las normativas nacionales y metropolitanas. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y la OGUC ofrecen un marco que busca equilibrar el desarrollo territorial con la protección de los recursos y la infraestructura existente, y es vital que este equilibrio se refleje en el plan comunal.

“Más allá de limitar o permitir la altura de los edificios, la planificación urbana debe enfocarse en aprovechar al máximo el suelo disponible y en desarrollar zonas con acceso a infraestructura de transporte y servicios. Solo así podremos crear ciudades más justas, sostenibles y habitables para todos”, sentencia Ibáñez.

Se busca a ‘Burocracia’

Señor director:

La incertidumbre asociada a la ‘permisología’ está encareciendo los proyectos y, por ende, desincentivando la inversión y el crecimiento de nuestro país. Eso es un hecho.

Sin embargo, detrás de esta verdadera enfermedad que comentamos entre actores del rubro de la construcción, existe una capa que está pasando desapercibida detrás de esta serie de permisos (muchas veces triplicados) y de plazos eternos, que parecen un mal necesario para tramitar un nuevo proyecto. Se trata de la Burocracia -sí, con mayúscula-, que no tiene cara y que es imposible de encontrar cuando se exige el cumplimiento de una norma o su respectiva aclaración.

No la reconocen quienes la legislaron, ni tampoco aquellos que la implementan o fiscalizan en algún servicio público. Tampoco es propiedad de algún secretario de Estado que debe tomar una decisión respecto del futuro de una iniciativa. Estamos frente a una dominación burocrática anónima, que entrampa y paraliza, y no existe gestión ágil para revertir esta situación. Como unos legislan y otros ejecutan, no hay con quien conversar, ni menos a quién protestar.

Por algo, entre los miembros de la OCDE, Chile anota el triste récord de ser uno de los países que presenta mayor complejidad en sus procedimientos regulatorios para la aprobación de nuevos proyectos.

Es urgente ponerle rostro a la burocracia, sacar el freno de mano y subirnos al tren de la inversión.

Por: Rodrigo Boetsch, Gerente General Corporativo Grupo Boetsch

Proyecto de Ley que busca reducir los atrasos en la permisología

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

Recientemente fue despachada para la promulgación por parte del Presidente, del Proyecto de Ley que busca reducir los atrasos en la permisología, modificando con ello la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley N° 20.703 (Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra), la Ley N° 20.071 (Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación), el Código Orgánico de Tribunales y la Ley N° 19.496 (Protección de los Derechos de los Consumidores), significando un avance para destrabar los proyectos y reducir los tiempos en las Direcciones de Obras Municipales.

Este Proyecto, próximo a ser ley, incorpora, en principio, varios aspectos interesantes tales como por ejemplo:

1.- Redefine el rol de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), otorgándole la facultad para resolver reclamos contra resoluciones de los Directores de Obras Municipales (DOM), reemplazándose el reclamo de ilegalidad municipal por uno ante la SEREMI de Vivienda respectiva y la Corte de Apelaciones, con plazos más definidos.

2.- Reduce a 30 días el plazo para que la DOM se pronuncie sobre los permisos y a 60 en casos de proyectos con carga de ocupación igual o superior a 1.000 personas. Los plazos señalados se reducirán a la mitad si a la solicitud se acompaña el informe favorable de un revisor independiente.

3.- Se establece el silencio administrativo “negativo”, por el cual, transcurrido el plazo respectivo sin que la DOM se pronuncie, el solicitante podrá hacer valer este silencio. La solicitud se entenderá rechazada una vez realizada la presentación del solicitante ante la mencionada DOM, en que manifiesta su voluntad de tenerla por rechazada. La DOM no podrá omitir la resolución de la solicitud de permiso bajo pretexto de haber transcurrido el plazo para pronunciarse. Sin embargo, estará impedida de emitir pronunciamiento desde el momento en que se haya realizado la presentación del solicitante; y el problema entonces lo tendrá que derivar el solicitante del permiso a la SEREMI de Vivienda respectiva.

4.- Se determina una mayor responsabilidad para los arquitectos y profesionales de los proyectos por errores en sus proyectos, ampliando la cobertura a estudios de mecánica de suelos y otros aspectos técnicos.

5.- Las empresas de servicios sanitarios y energéticos tienen 10 días para entregar información requerida para los proyectos.

6.- Se fijan nuevos procedimientos simplificados para ciertas obras que solo requieren declaración jurada, permitiendo su ejecución previa al otorgamiento formal del permiso.

7.- Los plazos de tramitación se ajustan con mayor claridad y el acta de observaciones se limitará a incumplimientos urbanísticos.

El punto aca, es que hoy ya existen plazos perentorios para que la DOM evacúe observaciones, rechazos o aprobaciones a permisos, pero no se cumplen en general, independiente de las razones para ello. También existe la reducción de plazos si es que la solicitud de permiso viene acompañada de informe de revisor independiente. Pero como señalé, el problema no es si hay o no plazos, o si estos son más largos o cortos. El punto es que si nadie los cumple, el problema se mantiene.

En este sentido, llamo a que no nos engañemos, pues del proyecto normativo que a primeras luces se ve muy bueno y necesario, me surgen las siguientes dudas:

La primera de ellas, pasa por si la DOM no cumple el plazo y, por lo tanto, se aplica el silencio administrativo negativo, ¿debe considerarse entonces que la DOM incumplió con su pronunciamiento en dicho plazo (falta) o debe asumirse que lo rechaza por su silencio (acto administrativo decisorio)?

Esta pregunta no es menor, si comprendemos que la inacción de los órganos públicos debe ser la excepción a la regla general de la administración pública en su actuar, estando sujeta entonces a reclamaciones y eventual sanción por falta de servicio. Por otro lado, ¿qué necesidad tendrá la DOM para aprobar los permisos que se le soliciten dentro de los plazos pertinentes si ahora puede transferirle la responsabilidad a la SEREMI de que ella lo haga? ¿cuál será entonces la sanción para la DOM por no cumplir los plazos?

Pero avancemos. Mi segunda duda pasa por que hagamos cuenta que, salvado lo anterior, y ante este “silencio” de la DOM, el asundo pasa ahora a la resolución de la SEREMI de Vivienda respectiva. En este caso, ¿a quién se le reclamará si la SEREMI no cumple sus propios plazos y qué sanción le corresponderá por no cumplirlo? Supongo que habrá que reclamarle al Ministro de Vivienda. Me imagino el costo adicional que podrá significar para un solicitante de provincia esta situación, además de los nuevos plazos involucrados en los distintos recursos y reclamaciones, que normalmente, no se cumplen, sobre todo los judiciales de impulso del propio tribunal. Capaz que el remedio, sea peor que la enfermedad.

Adicionalmente, y resulta una interrogante del todo atingente y necesaria: ¿Tienen o tendrán las distintas SEREMI de Vivienda del país la capacidad para recoger, revisar y resolver los reclamos y revisiones que supondrán el no cumplimiento de plazos por parte de la DOM? Todos sabemos que para una mayor cantidad de actividades o roles, se requiere de más gente que pueda cumplirla. Entonces, y sin perjuicio de la interrogante anterior, ¿se habrá considerado (o al menos pensado) considerar en la ley de Presupuestos que deberá empezar a tramitarse pronto para el próximo año, el ítem o partida correspondiente para reforzar la dotación de personal de las SEREMIs para esta nueva carga laboral?

Asimismo, ¿tendrán la capacidad suficiente las Cortes de Apelaciones para poder ver adecuadamente estos recursos sin que ello signifique una mayor demora en la tramitación de los permisos?

Finalmente, y mi última duda: si la SEREMI aprueba un permiso e instruye a la DOM a aprobarlo, ¿quién deberá entenderse como el responsable ante un reclamo por vicio oculto en el permiso respectivo? ¿Se podrá oponer la DOM a la recepción final de la obra aludiendo que ellos fueron “obligados” a aprobar el permiso por la SEREMI, sin haber estado de acuerdo con ello?

No piensen mal, me parece un buen avance estas nuevas iniciativas, pero ojalá se atiendan bien y se resulevan adecuadamente los posibles problemas en su implementación.

Diputado Pino destaca avance del proyecto de ley de Permisología

Junto a ello, la autoridad anunció otras importantes medidas que afectan a diferentes sectores económicos.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Víctor Pino, anunció el despacho del proyecto de Permisos Sectoriales, tras siete meses de tramitación, y adelantó que próximamente comenzará la discusión sobre el postnatal de un año.

El parlamentario de la región de Coquimbo, Víctor Pino, en su calidad de presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, informó con satisfacción que “el proyecto de ley de Permisos Sectoriales, conocido como permisología, fue despachado hasta la Comisión de Hacienda para su revisión final antes de su votación en sala”. E

ste proyecto, que estuvo en discusión desde marzo pasado, busca agilizar la tramitación de permisos sectoriales, un proceso que históricamente ha ralentizado el crecimiento y la inversión en el país.

El legislador del Partido Demócratas destacó que, “fueron 7 meses de tramitación, en los cuales dialogamos con todos los sectores hasta llegar a los consensos necesarios entre el oficialismo y la oposición. Era fundamental darle al país una institucionalidad que permitiera tramitar los permisos con mayor celeridad, algo que no habíamos logrado en más de 30 años”, destacó el diputado Pino.

El parlamentario hizo un llamado a la Comisión de Hacienda para que mantenga la rapidez en la tramitación del proyecto: “Esperamos que siga avanzando con la misma celeridad que le dimos nosotros en la Comisión de Economía. Este proyecto es crucial para el país, ya que permitirá mejorar los tiempos de inversión y desarrollo, aspectos que a menudo han sido obstaculizados por trámites burocráticos”, enfatizó el parlamentario.

Además, el diputado Pino anunció la próxima discusión en la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley de postnatal de un año, a partir del 24 de septiembre.

“Este es un proyecto muy esperado por la ciudadanía. En la Comisión escucharemos a las ministras de Trabajo y Salud, al ministro de Economía y a la Dirección del Trabajo, además de las organizaciones sociales que han impulsado esta iniciativa”, comentó.

Finalmente, la autoridad parlamentaria reiteró su compromiso con sacar adelante este importante proyecto de postnatal: “Estamos comprometidos en avanzar lo más rápido posible con esta discusión para que las familias chilenas puedan ver esta realidad materializada pronto”, concluyó.

La innovación en las Direcciones de Obras Municipales y el caso de Las Condes: Un análisis crítico

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño en Innovación Sostenible

Como arquitecta especialista en permisología y Máster en innovación, he observado con preocupación la falta de compromiso de muchos alcaldes a la hora de inyectar recursos para innovar en las direcciones de obras municipales.

Esta situación no solo retrasa el desarrollo urbano, sino que también afecta las inversiones y el crecimiento social. Un ejemplo reciente y relevante es el fallo condenatorio hacia la Municipalidad de Las Condes por la paralización injustificada de obras.

Porque debemos darle  Importancia a la Innovación en el área publica en especial a las Direcciones de  Obras Municipales

Esta es crucial para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. La implementación de metodologías ágiles, la capacitación del personal y la digitalización deberían ser tratados de manera urgente y con plazos establecidos por ley.

Esto es esencial para mejorar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, la falta de compromiso y visión a largo plazo por parte de las autoridades locales obstaculiza estos avances.

El Caso de Las Condes

En junio de 2024, la Municipalidad de Las Condes fue condenada a pagar más de $9.400 millones (casi US$10 millones) a la inmobiliaria Nueva El Golf por la paralización injustificada de un proyecto inmobiliario. La Dirección de Obras de Las Condes, bajo la presión del alcalde en ese momento, paralizó la construcción en tres ocasiones, a pesar de que el proyecto contaba con todos los permisos necesarios. Este fallo destaca la falta de un procedimiento administrativo adecuado y la deficiencia en la toma de decisiones, lo que resultó en una “falta de servicio” por parte del municipio.

Metodologías Ágiles y Personal Capacitado

Ahora, ¿qué ha pasado con todos esos profesionales capacitados que debieran haber asesorado de manera íntegra al alcalde y su toma de decisiones? ¿Por qué los contribuyentes deben pagar por malas prácticas? Aquí nos encontramos nuevamente con la falta de metodologías ágiles y personal capacitado.

La adopción de metodologías ágiles y la capacitación continua del personal son esenciales para evitar situaciones como la de Las Condes. Estas metodologías permiten una gestión más eficiente de los proyectos y una rápida adaptación a los cambios, lo que podría haber evitado las paralizaciones injustificadas y las pérdidas financieras asociadas.

Digitalización y el cruce de información de todas las unidades involucradas, es simplemente un reflejo a la falta de compromiso y es crucial para mejorar la transparencia y la eficiencia. En el caso de Las Condes, una mejor gestión digital podría haber facilitado el acceso a la información y evitado las decisiones erróneas que llevaron a la paralización del proyecto.

Rapidez y Eficiencia en los Resultados

La rapidez y eficiencia en generar resultados es vital para el éxito de cualquier proyecto de obras municipales. La simplificación de los trámites administrativos y la reducción de la burocracia son necesarias para permitir una mayor agilidad en la revisión e implementación de los  proyectos. En Las Condes, la falta de estos elementos resultó en una gestión defectuosa y en la paralización injustificada de las obras.

Alcaldes y Asesores Especialistas en Permisología

Es fundamental que los alcaldes y sus asesores sean realmente especialistas en permisología y comprendan la importancia de la innovación en las direcciones de obras. En el caso de Las Condes, la falta de conocimiento y compromiso del alcalde y sus asesores contribuyó a la paralización injustificada del proyecto, lo que resultó en un fallo condenatorio y una multa millonaria.

Como conclusión debemos entender que la innovación tanto en  las direcciones de obras municipales, asi como en el area publica y la inyección de recursos tanto en personal calificado como en la constante reducción de la burocracia es esencial para el desarrollo de comunas más eficientes, sostenibles y habitables. Solo así podremos evitar situaciones similares y construir un futuro mejor para todos.

Gremios proponen “fast track” para agilizar “permisología” en la construcción

El presidente de la AOA, Juan Sabbagh lo describe como “la única manera de agilizar nuestro sector, agilizar nuestra economía y provocar realmente un impacto”.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Las principales recomendaciones incluyen la implementación de un sistema “fast track” para agilizar trámites y la instauración de un marco de responsabilidades administrativas y penales para todos los involucrados en el proceso.

Los prolongados retrasos en la tramitación de permisos para proyectos de inversión están generando una profunda inquietud tanto en el sector privado como en el público, justo cuando las cifras indican una significativa caída en los planes de inversión empresarial en el país.

Juan Sabbagh, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA) y Premio Nacional de Arquitectura, ha expresado su preocupación: “Estamos inquietos porque tememos que este proyecto que se está tramitando ahora en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta termine por empeorar el escenario que estamos viviendo hoy, en el que tenemos que lidiar con un retraso inédito en la tramitación de los permisos”. Sabbagh añadió: “Es inaceptable que obtener los permisos tome el doble de tiempo que construir una obra”.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, el nivel actual de permisos de edificación es comparable al de hace 30 años. Un ejemplo concreto: un proyecto de edificio de barrio de cinco pisos y 1.500 metros cuadrados, considerado de mediana envergadura, que antes tardaba un año en obtener los permisos necesarios, ahora puede demorar hasta tres años.

El llamado proyecto sectorial de “permisología”, liderado por el ministro Nicolás Grau, busca, por su parte, agilizar el otorgamiento de autorizaciones para proyectos de inversión en Chile, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación en al menos un 30%. Sin embargo, los expertos del sector temen que estas medidas puedan resultar insuficientes o incluso contraproducentes.

Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, advierte sobre las consecuencias a largo plazo: “En los distintos segmentos, esto va a ocurrir sí o sí en los próximos tres años, con más fuerza o con menos fuerza, pero vamos a tener un problema de stock importante que va a encarecer la compra y también los arriendos de una buena parte de las viviendas”.

Ante esta situación, los expertos del sector abogan por un sistema “fast track” para proyectos de edificación, ya que el perjuicio es significativo en un sector que representa el 7% del PIB nacional y genera un 10% del empleo en el país. El presidente de la AOA, Juan Sabbagh lo describe como “la única manera de agilizar nuestro sector, agilizar nuestra economía y provocar realmente un impacto”.

Esto, estaría albergado en la Futura Ley de Agilización de Permisos (ex Ley Fuenzalida), que se está tramitando en la Comisión de Vivienda del Senado, siempre y cuando se hagan las modificaciones solicitadas por las distintas Asociaciones, apuntando directamente a solucionar los problemas y retrasos en la obtención de permisos de edificación. La industria hace un llamado urgente a las autoridades para abordar esta problemática y encontrar soluciones que permitan agilizar los procesos de tramitación sin comprometer la calidad y seguridad de los proyectos.

Gremios proponen “fast track” para agilizar trámites de permisos en la construcción

El llamado proyecto sectorial de “permisología”, liderado por el ministro Nicolás Grau, tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de autorizaciones para proyectos de inversión en Chile, con la meta de reducir los tiempos de tramitación en al menos un 30%.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La industria de la construcción enfrenta una creciente crisis debido a los prolongados retrasos en la tramitación de permisos para proyectos de inversión. Ante esta situación, líderes del sector han propuesto la implementación de un sistema “fast track” que permita agilizar estos trámites, además de establecer un marco de responsabilidades administrativas y penales para todos los involucrados en el proceso.

El impacto de estos retrasos se refleja en la notable disminución de los planes de inversión empresarial en el país, lo que ha generado preocupación tanto en el sector privado como en el público.

Juan Sabbagh, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA) y Premio Nacional de Arquitectura, expresó su inquietud sobre el tema: “Tememos que el proyecto que se está tramitando en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta empeore el escenario actual, donde lidiamos con un retraso inédito en la tramitación de los permisos”. Añadió que “es inaceptable que obtener los permisos tome el doble de tiempo que construir una obra”.

La Cámara Chilena de la Construcción advierte que el nivel actual de permisos de edificación es comparable al de hace 30 años. Como ejemplo, un proyecto de edificio de barrio de cinco pisos y 1.500 metros cuadrados, que antes tomaba un año en obtener los permisos necesarios, ahora puede demorar hasta tres años.

El llamado proyecto sectorial de “permisología”, liderado por el ministro Nicolás Grau, tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de autorizaciones para proyectos de inversión en Chile, con la meta de reducir los tiempos de tramitación en al menos un 30%. Sin embargo, los expertos del sector temen que estas medidas puedan ser insuficientes o incluso contraproducentes.

Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: “En los próximos tres años, habrá un problema de stock importante que encarecerá tanto la compra como los arriendos de una buena parte de las viviendas”.

Dado este panorama, los expertos abogan por un sistema “fast track” para proyectos de edificación, considerándolo crucial para agilizar la economía y generar un impacto significativo en un sector que representa el 7% del PIB nacional y genera un 10% del empleo en el país. Según Sabbagh, esta sería “la única manera de agilizar nuestro sector, nuestra economía y provocar realmente un impacto”.

Esta propuesta estaría contenida en la futura Ley de Agilización de Permisos (ex Ley Fuenzalida), que se está tramitando en la Comisión de Vivienda del Senado. Los gremios instan a que se hagan las modificaciones necesarias para solucionar los problemas y retrasos en la obtención de permisos de edificación, enfatizando la urgencia de encontrar soluciones que permitan agilizar los procesos sin comprometer la calidad y seguridad de los proyectos.

noviembre 8, 2024 12:12 am
Viernes 8 de Noviembre de 2024
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