Por: Dante Pancani, Director y Socio de Gestión Social.
Existen muchos proyectos, sin distinguir su envergadura, que, a la hora de obtener permisos, terminan en un largo historial de idas y venidas para su evaluación y posterior aprobación, que a veces termina por difuminarlos en el tiempo y/o perdiendo significativamente las oportunidades sociales, económicas y ambientales de ser realizados.
El Ministro de Hacienda acaba de anunciar dos nuevas modificaciones en la dirección de simplificar la permisología, esta vez respecto de las concesiones marítimas, traspasando funciones al Ministerio de Bienes Nacionales, además de hallazgos arqueológicos, incorporando una instancia dentro del mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Esto se suma al gran consenso generado dentro del Proyecto de Ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos que pretende disminuir en 30% y 70% el tiempo de tramitación de estos.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa ya está en discusión en la Comisión de Economía del Senado, esperemos que se logre el mismo consenso que hubo entre Diputados para impulsar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Sin embargo, mientras éstas nuevas normas sean discutidas en el Congreso las trabas de la permisología siguen cobrando víctimas y ahuyentando la inversión. Recientemente hemos conocido anuncios como el de CMPC, que ha optado por otros países de la región para concretar grandes inversiones, o el de Colbún, que decidió paralizar un proyecto de almacenamiento de energía.
De aquí nace una pregunta de difícil respuesta ¿son estos proyectos legislativos las llaves correctas para abrir definitivamente este candado? ¿Los resultados están garantizados? Avanzar en las modificaciones legales es una necesidad; pero es insuficiente para el corto plazo, el ojo también debe estar puesto en lo que podemos modificar y mejorar con las reglas actuales.
Se ha vuelto urgente tomar medidas: ajustarse a los tiempos legales, disponer medidas administrativas que no requieran cambios reglamentarios, fortalecer la capacidad de las instituciones, respetar el trabajo de los profesionales y directivos pero controlar los altos niveles de discrecionalidad y agendas particulares que algunos enarbolan. La sostenibilidad no es patrimonio de algunos, si se cumplen las normas ambientales solo queda apoyar con entusiasmo proyectos que generen empleos de calidad, actividades económicas y desarrollo social.
