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enero 2, 2025 6:31 pm

Gremios proponen “fast track” para agilizar trámites de permisos en la construcción

El llamado proyecto sectorial de «permisología», liderado por el ministro Nicolás Grau, tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de autorizaciones para proyectos de inversión en Chile, con la meta de reducir los tiempos de tramitación en al menos un 30%.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La industria de la construcción enfrenta una creciente crisis debido a los prolongados retrasos en la tramitación de permisos para proyectos de inversión. Ante esta situación, líderes del sector han propuesto la implementación de un sistema «fast track» que permita agilizar estos trámites, además de establecer un marco de responsabilidades administrativas y penales para todos los involucrados en el proceso.

El impacto de estos retrasos se refleja en la notable disminución de los planes de inversión empresarial en el país, lo que ha generado preocupación tanto en el sector privado como en el público.

Juan Sabbagh, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA) y Premio Nacional de Arquitectura, expresó su inquietud sobre el tema: «Tememos que el proyecto que se está tramitando en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta empeore el escenario actual, donde lidiamos con un retraso inédito en la tramitación de los permisos». Añadió que «es inaceptable que obtener los permisos tome el doble de tiempo que construir una obra”.

La Cámara Chilena de la Construcción advierte que el nivel actual de permisos de edificación es comparable al de hace 30 años. Como ejemplo, un proyecto de edificio de barrio de cinco pisos y 1.500 metros cuadrados, que antes tomaba un año en obtener los permisos necesarios, ahora puede demorar hasta tres años.

El llamado proyecto sectorial de «permisología», liderado por el ministro Nicolás Grau, tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de autorizaciones para proyectos de inversión en Chile, con la meta de reducir los tiempos de tramitación en al menos un 30%. Sin embargo, los expertos del sector temen que estas medidas puedan ser insuficientes o incluso contraproducentes.

Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: «En los próximos tres años, habrá un problema de stock importante que encarecerá tanto la compra como los arriendos de una buena parte de las viviendas”.

Dado este panorama, los expertos abogan por un sistema «fast track» para proyectos de edificación, considerándolo crucial para agilizar la economía y generar un impacto significativo en un sector que representa el 7% del PIB nacional y genera un 10% del empleo en el país. Según Sabbagh, esta sería «la única manera de agilizar nuestro sector, nuestra economía y provocar realmente un impacto».

Esta propuesta estaría contenida en la futura Ley de Agilización de Permisos (ex Ley Fuenzalida), que se está tramitando en la Comisión de Vivienda del Senado. Los gremios instan a que se hagan las modificaciones necesarias para solucionar los problemas y retrasos en la obtención de permisos de edificación, enfatizando la urgencia de encontrar soluciones que permitan agilizar los procesos sin comprometer la calidad y seguridad de los proyectos.

El desafío de la Permisología en Chile, una madeja que hay que destrabar

Fue el miércoles 7 de agosto donde el Diraio La Segunda publicaba una nota que daba cuenta de la víctoria del Ministro Nicolás Grau, respecto a el «Vamos» a oficina para destrabar el debate sobre la «Permisología» en Chile. En ese orden, el gremio de la contrucción es optimista respecto a sus avances a pesar de los retrasos.

El debate sobre la permisología en Chile ha cobrado relevancia en las últimas semanas, enmarcado dentro de las reformas estructurales que el gobierno de Gabriel Boric busca implementar.

El objetivo es claro: simplificar y hacer más eficientes los procesos de obtención de permisos sectoriales, un tema crucial para el desarrollo de proyectos de inversión y la dinamización de la economía del país.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido la figura clave detrás de esta iniciativa, la cual se integra en el contexto del Pacto Fiscal que busca transformar la estructura normativa del país.

Grau ha subrayado la necesidad de una reforma que no solo agilice los trámites burocráticos, sino que también mantenga altos estándares regulatorios, esenciales para asegurar la calidad y sostenibilidad de los proyectos. Según el ministro, la propuesta incluye la creación de un nuevo sistema de gobernanza que supervisará la implementación de estos cambios, garantizando que las modificaciones legales no se queden solo en el papel.

No obstante, el proyecto ha generado cierta controversia y expectativas en distintos sectores. En la Cámara de Diputados, se han expresado tanto apoyos como preocupaciones. Los parlamentarios han planteado la importancia de que cualquier reforma no se traduzca en una relajación de los estándares ambientales y de seguridad.

También han resaltado la necesidad de que la simplificación de los procesos no beneficie desproporcionadamente a los grandes proyectos en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, que también enfrentan dificultades para navegar por la maraña burocrática actual.

La permisología en Chile se ha convertido en un cuello de botella para muchos proyectos, afectando desde grandes inversiones en minería hasta iniciativas más pequeñas en otras industrias. La demora en la obtención de permisos no solo genera costos adicionales, sino que también desincentiva la inversión en sectores clave para el desarrollo del país.

Es por esto que la propuesta del ministro Grau es vista por muchos como un paso en la dirección correcta, aunque con reservas sobre su implementación y efectos a largo plazo.

La discusión sobre la permisología en Chile está lejos de ser un tema menor. Se trata de un elemento central en la agenda de reformas del gobierno, que busca no solo facilitar la inversión, sino también asegurar que esta se realice de manera responsable y sostenible.

A medida que el proyecto de ley avance en su tramitación, será crucial que todos los actores involucrados —gobierno, sector privado y sociedad civil— participen activamente en el debate para asegurar que la reforma cumpla con su propósito sin comprometer los valores fundamentales que definen el desarrollo del país.

Costos del suelo, «Permisología» e IVA golpean más fuerte a precios de viviendas del centro-poniente de la RM

Esta situación afecta con mayor fuerza a las comunas de la zona centro poniente de la capital, donde están Santiago, Estación Central y Cerrillos, entre otras.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El acceso de las personas a una vivienda nueva hoy no solo es más difícil por las restricciones bancarias o mayores tasas, sino también porque los proyectos inmobiliarios residenciales enfrentan costos extras relacionados con el alto valor del suelo, la «permisología» y la aplicación del IVA a las transacciones de compraventa y el término del Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC), que se eliminará progresivamente hacia 2027.

El mayor precio de los terrenos, el IVA y la demora excesiva en los permisos o trámites representan casi un tercio (32,4%) del valor de las viviendas nuevas en la RM, según un estudio de Colliers que abarcó más de 1.000 transacciones y acuerdos de precios reales de los últimos cinco años. Así, por ejemplo, un departamento de unas UF 4mil podría costar unas UF2.800 sin esos elementos adicionales.

Esta situación afecta con mayor fuerza a las comunas de la zona centro poniente de la capital, donde están Santiago, Estación Central y Cerrillos, entre otras, que suman 14 municipios, que representan en promedio 41% de las ventas de viviendas en los últimos 5 años. En esa área se advierte que las personas pagan 35,4% más por las propiedades por dichos impactos.

En la zona oriente, el mayor precio sería de 25,6%. Acá se observa un menor tiempo de duración de las obras de los proyectos -respecto de otras áreas- y una incidencia más baja del IVA, que -en general- pagan solo las construcciones, no los terrenos.

Jaime Ugarte, Director Ejecutivo de Colliers, sostuvo que existe una «sobreincidencia» de los precios del suelo en los valores de los proyectos residenciales.

Afirma que ese indicador debería estar cerca del 10%, pero llega a 20% o más de 30%. «Es decir, por cada 100 UF que se pagan por un departamento, 20 o 30 UF corresponden al terreno y tradicionalmente eso no superaba las 10 UF».

Lo anterior es «consecuencia directa de las crecientes restricciones en el uso de suelo derivado de las modificaciones de los planes reguladores comunales iniciados en la década del 2000 al 2010 y profundizados y extendidos a la mayoría de las comunas del país.

El sobreplazo se origina en los trámites ante las direcciones de obras municipales y demás organismos del Estado. Originan costos adicionales por inmovilizar capital por un plazo mayor. Eso castiga la rentabilidad, el principal incentivo para invertir», sostuvo Jaime Ugarte.

Arquitectura y Permisología: Edificando seguridad y derechos en la estructura urbana

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño e Innovacion Sostenible

La propuesta del presidente Gabriel Boric de construir cárceles de máxima seguridad en el área de Rondizzoni en Santiago ha generado un intenso debate en la esfera pública y profesional, especialmente entre aquellos de nosotros en la arquitectura y la planificación urbana.

Como arquitecta especializada en permisología, reconozco la complejidad de este tema, que se encuentra en la intersección de la seguridad nacional, los derechos humanos y la planificación urbana. La referencia al artículo 5.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es particularmente pertinente, ya que este artículo regula los permisos de edificación, un aspecto crucial en la realización de proyectos de infraestructura tan significativos.

La modificación de los planes reguladores para facilitar la construcción de estas instalaciones penitenciarias plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos humanos. La capacidad de actuar con rapidez para mejorar las condiciones carcelarias es, sin duda, imperativa para garantizar los derechos fundamentales de los internos y para reducir la reincidencia. Sin embargo, estas acciones no deben tomarse a expensas de una planificación urbana cuidadosa y considerada, que tenga en cuenta el bienestar a largo plazo de las comunidades y el desarrollo sostenible de la ciudad.

El congelamiento de terrenos y la alteración de los planes urbanísticos pueden tener consecuencias no deseadas, como el deterioro de la planificación a largo plazo y la posible estigmatización de las comunidades cercanas a estos centros penitenciarios. Es esencial que cualquier cambio en la planificación urbana se realice con una visión holística y participativa, que considere las voces de los ciudadanos y respete el tejido social y urbano existente.

Además, la expansión de las funciones de la Gendarmería de Chile para combatir el crimen organizado debe ser transparente y estar sujeta a rendición de cuentas. Es crucial que el fortalecimiento de la seguridad no se traduzca en una erosión de las libertades civiles. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza pública y asegurar que las medidas de seguridad no socaven los principios democráticos y de derechos humanos que son fundamentales para nuestra sociedad.

En este contexto, la ley 21.636, que permite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos proponer modificaciones a los planes reguladores para la construcción o ampliación de establecimientos penitenciarios, es un ejemplo de cómo la legislación puede facilitar respuestas rápidas a problemas urgentes de seguridad pública. Sin embargo, esta ley también subraya la importancia de proceder con cautela y consideración por los impactos a largo plazo en las comunidades y en la estructura urbana de nuestras ciudades.

La decisión de construir nuevas cárceles de máxima seguridad es, por lo tanto, más que una cuestión de política penitenciaria; es una cuestión de política urbana y social. Debe ser abordada con un enfoque integral que considere todas las implicancias y que busque el equilibrio entre la seguridad, la justicia y el desarrollo sostenible. Como profesionales dedicados a la configuración del espacio urbano, tenemos la responsabilidad de participar activamente en este debate y de abogar por soluciones que reflejen los valores de nuestra sociedad y que promuevan un futuro más justo y seguro para todos.

Advierten que alta cantidad de trámites en proyectos inmobiliarios desincentiva su desarrollo 

Así lo estableció el reciente estudio del especialista de la UTalca, Armando Durán Bustamante, quien alertó que en los últimos 5 años ha disminuido el número de proyectos de construcción presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Un proyecto inmobiliario, desde el estudio de mercado hasta la recepción de las obras, tarda en promedio de 68 meses en recuperar su inversión. Esta fue una de las conclusiones emanadas desde el estudio “Ingresos de proyectos inmobiliarios presentados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, desarrollado por el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante. 

El docente explicó que el factor de la permisología existente no facilita la concreción de estos proyectos. “De esos 68 meses, 58 corresponden a trámites administrativos y técnicos, antes y después del desarrollo de las obras, lo que refleja la realidad de la permisología en Chile”, explicó.

En este sentido, el académico indicó que a principios de este año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó sobre una caída en los permisos de obras para viviendas, las que registrando la cifra más baja de los últimos 30 años.

El experto utalino precisó que, pese a algunas modificaciones que recientemente se hicieron en el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA) en la tramitación de proyectos inmobiliarios, este es «ineficaz, porque los organismos públicos tardan un excesivo tiempo en tramitar las autorizaciones y, en el caso de contar con los permisos para desarrollar proyectos inmobiliarios, finalmente no se puede realizar el inicio de obras por nuevas exigencias no contempladas en los estudios”.

De acuerdo con Durán, esta caída “va de la mano con la información que entregó el gremio inmobiliario, representado por la Cámara Chilena de la Construcción, donde se pronosticó que, alrededor de 140 mil empleos no se crearían el 2024 por esta razón”.

Al respecto, indicó que el estudio incluyó una serie de entrevistas a inversionistas inmobiliarios, quienes insistieron en la necesidad de acelerar y agrupar a la gran cantidad de permisos en “una unidad u organismo como el de Ventanilla Única, que consiste en reducir las innumerables fases de los trámites, por una sola solicitud que resuelva las exigencias administrativas y baje los tiempos de espera, para poder hacer más expedita la inversión en esta área”.

“Hoy los proyectos de arquitectura e ingeniería requieren como mínimo la revisión de las empresas sanitarias, electricidad, SERVIU, Vialidad (MOP), Municipalidad, Dirección de Obras Hidráulicas, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Agricultura. Son más de 10 instituciones solo en los proyectos mencionados”, detalló el académico.

Para finalizar, el académico de la UTalca, indicó que se hace necesario que “el Congreso avance con el proyecto de ley sobre permisología, y, así garantizar que en Chile se continúe trabajando en la senda de la equidad social».

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