Por: Matías Echeverria, CEO y fundador de Housepricing.cl
En Chile existen más de 30 mil entidades registradas con giro de corretaje, pero solo unas 7 mil están realmente activas. Esa inquietante cifra dada a conocer recientemente nos muestra una diferencia que no es sólo estadística sino que refleja un mercado donde la barrera de entrada es casi inexistente. Es decir, cualquiera puede ofrecer servicios de corretaje sin formación, sin respaldo profesional y, peor aún, sin estándares mínimos.
Este escenario genera dos efectos inmediatos. Por un lado, los compradores y vendedores quedan expuestos a malas prácticas tales como contratos mal diseñados, información incompleta, falta de respaldo legal e incluso fraudes. En un sector donde se mueven los ahorros de vida de miles de familias, la ausencia de estándares básicos es un riesgo demasiado grande.
Por otro lado, los corredores profesionales ven cómo su oficio se erosiona. La reputación del corretaje se mezcla entre quienes trabajan con transparencia y quienes improvisan, generando desconfianza generalizada hacia todo el sector. ¿El resultado? Un mercado que en lugar de fortalecerse con más competencia, se debilita por la falta de reglas claras.
La discusión, entonces, no es si debemos regular o no, sino qué nivel de regulación es razonable. No se trata de crear una burocracia que dificulte la entrada al oficio, sino de establecer un mínimo estándar de confianza. Y en ese sentido algunas medidas posibles debieran ser.
- Certificación básica obligatoria, que asegure conocimientos mínimos de derecho, contratos y tasación.
- Registro público y activo de corredores, donde solo quienes cumplan con requisitos puedan operar formalmente.
- Sanciones claras y aplicables frente a malas prácticas, respaldadas por un marco legal concreto.
- Educación al consumidor, para que compradores y vendedores puedan distinguir entre profesionales y aficionados.
Chile no necesita inventar la rueda. En países como España o Australia, el corretaje inmobiliario exige licencias y cursos obligatorios. Esto no elimina la competencia, pero sí garantiza que todos jueguen con las mismas reglas y que el consumidor esté protegido.
En Estados Unidos, por ejemplo, cada agente debe estar licenciado por su respectivo estado y aparece en un registro público que cualquier persona puede consultar. Esa transparencia, sumada a códigos de ética como los de la National Association of Realtors, ha permitido elevar la confianza en la industria y reducir las malas prácticas.
El corretaje inmobiliario es, en esencia, un servicio de confianza. Quien entrega su propiedad o sus ahorros espera transparencia, respaldo y profesionalismo. Hoy, Chile no está asegurando esas condiciones.
La pregunta de fondo es simple: ¿Queremos seguir en un mercado donde cualquiera puede improvisar, o preferimos construir una industria donde la confianza sea la regla y no la excepción? El debate está abierto. Y la respuesta no puede seguir esperando.
