Por: Claudia Escobar, Gerente Comercial Seguros CCS
En un país donde los terremotos no son una posibilidad remota, sino parte de la historia reciente y de la memoria colectiva, resulta difícil entender por qué la protección frente a este riesgo sigue siendo, en muchos casos, una decisión postergada.
Chile ha construido su desarrollo urbano bajo una condición estructural evidente: vivimos sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Sin embargo, en el ámbito de la vida en comunidad —particularmente en condominios— persiste una contradicción preocupante. Mientras el seguro de incendio es obligatorio por ley, la cobertura de sismo continúa siendo opcional. Y esa diferencia, lejos de ser técnica, está generando una brecha real en la protección del patrimonio de miles de familias.
Los datos son elocuentes. Cerca de un 30% de los edificios en el país no cuenta con cobertura sísmica. Es decir, uno de cada tres condominios podría enfrentar un evento mayor sin respaldo financiero suficiente para reconstruir o reparar sus espacios comunes. En la práctica, esto significa que ante un terremoto, los costos recaerán directamente en los copropietarios, muchas veces en cifras que superan ampliamente sus capacidades económicas.
La experiencia del 27 de febrero de 2010 debió haber sido un punto de inflexión. No solo por la magnitud del desastre —con pérdidas equivalentes a cerca del 15% del PIB—, sino porque dejó en evidencia una realidad incómoda: la mayoría de las viviendas no estaba asegurada contra sismos. A más de una década de ese evento, la pregunta es inevitable: ¿cuánto hemos aprendido realmente?
El problema no es solo de acceso, sino también de percepción. Existe una tendencia a minimizar el riesgo o a asumir que “no va a pasar ahora”. Sin embargo, expertos advierten que Chile podría estar entrando en un nuevo ciclo de alta actividad sísmica. No se trata de alarmismo, sino de probabilidades. Y frente a eventos de alto impacto, la preparación no puede depender de la intuición ni de la inercia.
A esto se suma un factor clave: el desconocimiento. Muchas comunidades no comprenden del todo qué cubren sus pólizas, cuáles son sus limitaciones o qué implicancias tiene no contar con ciertas coberturas. Esta falta de información termina traduciéndose en decisiones incompletas o derechamente erradas.
La cobertura de sismo no es un lujo ni un exceso de precaución. Es, en rigor, una extensión lógica de la protección en un país como Chile. Más aún si se considera que los daños tras un evento sísmico no se limitan a lo estructural inmediato: fallas eléctricas, incendios posteriores o la inutilización de infraestructura crítica pueden agravar significativamente el impacto inicial.
El punto de fondo es claro: cumplir con lo mínimo exigido por la normativa ya no es suficiente. La realidad exige un estándar más alto de responsabilidad, tanto por parte de las administraciones como de las comunidades.
En este contexto, la conversación debe cambiar. No se trata solo de promover seguros, sino de instalar una cultura de prevención más robusta, donde la información, la anticipación y la toma de decisiones informadas sean la norma y no la excepción.
Porque cuando el próximo gran sismo ocurra —y la historia indica que ocurrirá—, la diferencia entre estar protegido o no, no será técnica ni administrativa. Será, simplemente, la diferencia entre poder recuperarse o quedar expuestos.
