Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS
Especial impacto está generando el Proyecto de Ley, impulsado por parlamentarios, que busca prohibir el uso de la UF en cobros esenciales como arriendos, créditos hipotecarios, educación, salud, colegios, entre otros. Si bien se justifica como una medida de alivio para las familias afectadas por la inflación, su implementación tiene efectos estructurales profundos, especialmente en el mercado inmobiliario y financiero.
En principio, no soy especialmente amigo de la UF, pero si creo en la necesidad de una unidad que mantenga “actualizado” el real valor adquisitivo del dinero para las operaciones comerciales; por lo que la UF, es el clásico amigo que a nadie le gusta, pero que es necesario para que la fiesta se realice bien y salgan todos felices (unos más que otros, es cierto)
Lamentablemente, este proyecto, si prospera, veo varios impactos negativos generales, tales como: el desincentivo al crédito hipotecario, ya que la UF permite que las instituciones financieras mantengan el valor real de los créditos a largo plazo. Su eliminación elevaría el riesgo de inflación para los prestamistas. Por otro lado, ya lo advirtió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que esto podría significar un “terremoto para los créditos hipotecarios”, haciendo que los bancos suban las tasas o incluso reemplacen la UF con préstamos en dólares, más volátiles y regresivos para los hogares.
Asimismo, produciría un impacto en el Mercado de Capitales de relevancia, pues se reduciría la inversión institucional en instrumentos asociados a la UF, debilitando el financiamiento a largo plazo afectando el desarrollo de este mercado y provocando una mayor incertidumbre económica.
Además, generaría sdistorsiones financieras y fiscales importantes, dado que eliminar la UF parcialmente provocaría asimetrías, dificultando la fijación de precios y contratos, pero también podría haber efectos negativos en impuestos y cotizaciones sociales, dado que muchos mecanismos usan la UF como referencia de actualización.
Como la industria inmobiliaria y de la construcción es especialmente sensible en nuestra economía, también veo especiales e importantes impactos en ellas, en caso de prosperar esta Proyecto de Ley.
En primer lugar, creo que habría una gran incertidumbre para desarrolladores y compradores, quienes sin la UF, los precios de venta podrían fijarse en pesos nominales, lo que expondría tanto a compradores como a empresas al riesgo inflacionario; pero además, se dificultarían los mecanismos de financiamiento y preventa, ralentizando aún más (y ahora con justa razón) la actividad constructiva, reduciendo oferta y empleo.
Por otra parte, se generaría con esta medida un mayor costo para proyectos a largo plazo, pues los proyectos inmobiliarios, que toman años en completarse, así como su venta en blanco o verde, necesitan certidumbre financiera; y es precisamente la UF la que les permite mantener el poder adquisitivo del retorno esperado. En caso de no haber, habría que proyectar la inflación a “x” años, lo que aumentaría en al menos un 10-12% más el valor de venta de cada unidad. Sin considerar que además, los bancos ya no prestaría a 30-25-20 años… En suma, sin este instrumento, podría producirse un encarecimiento del financiamiento y una mayor selectividad en la aprobación de proyectos.
A ver, los que creemos que el Poder Legislativo en principio, sabe lo que hace, tendemos a pensar en qué de bueno tendría este Proyecto, y así, en principio, lo positivo de eliminar la UF, es que permitiría que en el corto plazo, podría aliviar la carga de familias endeudadas en UF frente a un contexto de inflación alta; y, de paso, también podría fomentar el debate sobre transparencia de precios y la excesiva “ufización” de bienes y servicios no financieros. Porque es interesante: hoy muchas cosas se compran o venden en UF, pero las remuneraciones es de las pocas cosas que sigue fijada en pesos. Adicionalmente, podría ser una oportunidad para avanzar hacia sistemas mixtos o alternativos de indexación que consideren el IPC pero con mayores mecanismos de protección al consumidor.
Para concluir, quiero decir que eliminar la UF sin rediseñar el sistema financiero es como quitar los cimientos a una casa que aún está en construcción: es riesgoso, especialmente en un país con inflación volátil y necesidad de financiamiento a largo plazo. En este sentido, creo que más que eliminar la UF, Chile necesita modernizar su sistema de indexación: integrar mecanismos híbridos que protejan a consumidores sin paralizar el crédito y la inversión.
Además de lo anterior, el mercado inmobiliario no solo construye viviendas, construye confianza, por lo que quitar la UF sin un sistema sustitutivo robusto puede socavar esa confianza e incrementar la informalidad o dolarización de la economía.
Así, una reforma de esta magnitud exige mirada sistémica, gradual y técnica. La reacción emocional frente a la UF por su vinculación con la inflación no puede ni debe nublar el análisis profundo de sus beneficios como herramienta de estabilidad macrofinanciera. Es por ello que innovar no es destruir lo existente, sino evolucionarlo o permitir que evolucione; quizás el camino sea diseñar una “UF social” o la “UF de la construcción” con topes de actualización o mecanismos automáticos de alivio frente a crisis.
