Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios
En la última década, el sector inmobiliario y de la construcción en Chile ha experimentado una acelerada digitalización. Hoy, las empresas del rubro ya no solo administran terrenos, planos o contratos. También gestionan un enorme volumen de información personal y sensible de clientes, trabajadores, proveedores e inversionistas. En este nuevo escenario, contar con un sistema sólido de protección de datos ya no es una opción; es un requisito estratégico para la sostenibilidad del negocio.
Chile está inmerso en una modernización normativa en materia de protección de datos personales, que transformará el tratamiento de la información en todos los sectores. La nueva Ley de protección de datos, alineada con los estándares de la Unión Europea, eleva las exigencias para las empresas, introduciendo sanciones significativas y obligaciones de gestión activa de riesgos.
En este contexto, las empresas inmobiliarias y constructoras se enfrentan a un doble desafío: cumplir con las normas y, al mismo tiempo, preservar la confianza del mercado. La exposición a ciberataques, fugas de información o uso indebido de datos puede traducirse no solo en sanciones legales, sino también en un grave daño reputacional que afecte ventas, relaciones comerciales y valor de marca.
En el negocio inmobiliario, los datos personales son hoy una herramienta de alto valor. Son un activo estratégico, pues permiten segmentar clientes, anticipar demanda, diseñar estrategias de venta más efectivas y optimizar la experiencia de compra. Sin embargo, el uso intensivo de esta información exige protocolos robustos de gobernanza y seguridad.
La información de compradores, arrendatarios o inversionistas (RUT, datos financieros, direcciones, preferencias de inversión, historial crediticio) constituye un activo que debe ser gestionado con el mismo rigor que cualquier otro recurso estratégico. Proteger esos datos no solo cumple una norma, sino que protege el corazón mismo del negocio.
De esta manera, un sistema sólido de protección de datos no debe entenderse solo como un inevitable costo de cumplimiento, sino como una inversión en reputación, eficiencia y competitividad. Las empresas que implementen políticas de seguridad, capacitación al personal, protocolos de respuesta ante incidentes y auditorías internas no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que también proyectarán confianza frente a clientes, inversionistas y autoridades.
En un mercado cada vez más exigente, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de información se están convirtiendo en un nuevo estándar de calidad empresarial. Las constructoras e inmobiliarias que lo comprendan a tiempo podrán diferenciarse y consolidar relaciones de largo plazo basadas en confianza y credibilidad.
De esta manera, la adopción temprana de políticas de protección de datos ofrecerá una oportunidad para liderar el cambio cultural que el sector requiere. Integrar la seguridad de la información al sistema de cumplimiento, incorporar la figura del encargado de protección de datos y fortalecer la ciberseguridad corporativa son pasos esenciales para una gestión moderna y resiliente de todos quienes no quieran quedarse atrás en este avance tecnológico y normativo frente a sus pares y competencia.
En definitiva, proteger los datos ya no es solo proteger la información: es proteger la confianza, la reputación y la viabilidad futura del negocio. En un entorno cada vez más digital y regulado, las empresas inmobiliarias y de la construcción que comprendan esto no solo estarán cumpliendo la ley, sino que estarán construyendo una ventaja estratégica sostenible.
