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julio 2, 2025 4:35 am

PRONTO

Esteban Jara, subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transsa: «La UF sigue subiendo, pero los sueldos no»

Por estos días, quienes arriendan o pagan dividendos lo sienten en carne propia: la UF continúa su ascenso, incluso cuando la inflación parece haberse moderado.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Esteban Jara, subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transsa, pone el foco en una de las grandes paradojas del mercado inmobiliario chileno 2025: los precios no bajan al ritmo que suben los sueldos, y eso genera un desacople estructural que impide a muchas familias acceder a una vivienda.

“La UF fue creada para protegernos de la inflación, pero en el contexto actual termina siendo un arma de doble filo para quienes deben pagar arriendo o dividendo mes a mes. Aunque el IPC ha estado más contenido este año, la UF sigue reflejando el alza acumulada post pandemia. El problema es que los salarios reales no han seguido el mismo ritmo de crecimiento”, señala Jara.

El ejecutivo advierte que este desfase se agudiza con otro fenómeno: la aparente baja en las tasas hipotecarias. Si bien han disminuido, no ha sido suficiente para aliviar el peso del dividendo, sobre todo cuando las exigencias de la banca siguen siendo altas y el precio de las viviendas continúa elevado.

“Las tasas bajaron, sí, pero eso no alcanza. El dividendo que resulta sigue siendo alto para muchas familias. Además, la banca hoy es mucho más estricta en la aprobación de los créditos y eso deja fuera a un segmento amplio que quiere, pero no puede”, explica.

Desde Transsa observan un mercado en proceso de ajuste, en el que conviven proyectos inmobiliarios con entrega inmediata sin compradores, y una demanda latente de personas que no logran cumplir los requisitos para comprar.

“Estamos frente a un reacomodo estructural. No hay una burbuja clásica, pero tampoco una reactivación sostenida. Lo que vemos son señales puntuales, pequeños ajustes que podrían abrir paso a una recuperación gradual, pero aún distante de ser masiva”, comenta.

Ante este panorama, Jara propone avanzar hacia una política habitacional integral, con tres ejes concretos: acceso, inversión y regulación del arriendo.

“El primer foco es el acceso al financiamiento. Necesitamos esquemas más inclusivos, donde el Estado garantice parte de los créditos o se flexibilicen algunos criterios para que más personas puedan cumplir con las exigencias del sistema. En segundo lugar está la inversión: hay que facilitarle el camino a los desarrolladores. Menos trabas en la permisología y estabilidad normativa para incentivar la construcción en zonas de alta demanda. Eso no solo activa el mercado, sino también el empleo y los ingresos de las familias”, afirma.

Finalmente, destaca el arriendo como un terreno que requiere atención urgente: “El arriendo ha crecido con fuerza en las zonas céntricas, porque para muchos es la única vía de acceso a una vivienda. Pero si no se regulan los precios, terminaremos con un problema mayor. Se necesitan políticas claras desde ya para evitar que esto se descontrole”.

Augusto Merino y el auge del multifamily: “El arriendo es hoy una respuesta estructural a la crisis de acceso a la vivienda”

La Región Metropolitana cerrará 2025 con 183 edificios destinados exclusivamente a la renta residencial. Según Colliers, el modelo multifamily se expande ante el encarecimiento del crédito hipotecario y la creciente demanda por viviendas pequeñas, bien ubicadas y seguras.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

A cargo del Área de Multifamily de la consultora Colliers, Augusto Merino ha sido testigo directo de cómo este modelo inmobiliario —basado en edificios construidos exclusivamente para arriendo— se ha consolidado como una de las respuestas más robustas ante la creciente crisis de acceso a la vivienda en Chile. Y sus proyecciones son contundentes: “Durante 2025 cerraremos el año con 183 edificios multifamily operando en la Región Metropolitana, lo que equivale a más de 44.000 unidades en oferta”, afirma.

La tendencia, lejos de estabilizarse, sigue en expansión. En lo que va del año, ya han ingresado cuatro nuevos edificios en la región, dos de ellos en el sector oriente, una zona que hasta hace poco parecía menos receptiva a este tipo de desarrollo. “Entre Providencia y Las Condes ya alcanzan el 7,5% de participación en la oferta multifamily, y todo indica que esa cifra seguirá creciendo”, asegura Merino.

Este tipo de inversión inmobiliaria responde a un fenómeno estructural: la demanda por arriendo ha aumentado de forma sostenida, mientras que las posibilidades de acceder a un crédito hipotecario para adquirir vivienda siguen restringidas por las altas tasas de interés y las exigencias bancarias. “El arriendo dejó de ser una etapa transitoria. Hoy es una solución permanente para miles de personas que, aunque cuentan con ingresos estables, no pueden comprar una propiedad”, explica.

Aunque Santiago Centro continúa liderando el mercado con un 29,8% de participación, seguido por Estación Central (12,2%) y La Florida (9,3%), la atención de los desarrolladores comienza a desplazarse hacia el sector oriente. “Ahí se concentra un perfil de arrendatario más solvente, en zonas con baja depreciación de inmuebles, mejor infraestructura pública y menor percepción de inseguridad”, detalla Merino.

Con este panorama, el multifamily se consolida no solo como un negocio inmobiliario rentable, sino también como un nuevo paradigma habitacional. Para Merino, el mensaje es claro: “El mercado de la renta residencial no es una moda. Es una respuesta directa a un sistema de acceso a la vivienda que dejó de ser funcional para gran parte de la población”.

Arquitecta UV lidera proyecto para la protección patrimonial de la Población Lord Cochrane

La iniciativa cuenta con la participación de los académicos UV Hilda Arévalo y Gonzalo Abarca, la arquitecta UV Chantal Naudon y el ingeniero forestal Patricio Novoa.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Elaborar un expediente que permita el reconocimiento nacional del valor patrimonial como Zona Típica que tiene el Conjunto Población Lord Cochrane de Viña del Mar, considerando sus atributos de arquitectura moderna y modelo de desarrollo social característico de mediados del siglo XX, es el objetivo del proyecto que lidera la arquitecta UV Claudia Torres, actual académica de la Universidad de Chile.

Titulada en 1998 de la Universidad de Valparaíso, Claudia Torres comenta que “la Población Lord Cochrane representa un modelo social de desarrollo de viviendas colectivas que, junto a su equipamiento, paisajismo y emplazamiento urbano, han propiciado la vida comunitaria en espacios de gran calidad arquitectónica y medioambiental, siendo un ejemplar sobresaliente de las políticas públicas progresistas de mediados de siglo XX”.

“El conjunto habitacional, finalizado en 1964, presenta características morfológicas singulares que surgen de las condiciones de emplazamiento  y que son radicales en la propuesta de diseño de los arquitectos Juan Echenique, José Cruz y Alberto Piwonka”, explica.

“El diseño de las edificaciones se plantea con largos volúmenes horizontales que sinuosamente siguen la curvatura de la cota del terreno en el borde de la calle superior. Se destacan por las circulaciones exteriores, con cajas de escaleras como contrapunto vertical que marcan ritmo en las fachadas a la calle, junto con las pasarelas de acceso y las baldosas en cerramientos de los pasillos. Su forma curva es icónica y con unos largos que la hacen única en nuestro país”, añade.

Integración social

La directora del proyecto destaca que “la Población Lord Cochrane es reflejo de la política  de la época, especialmente en relación al Plan Habitacional de 1959: viviendas para clase media y baja, con departamentos de entre setenta y noventa metros cuadrados, con tres y cuatro dormitorios en que caben hasta siete personas”.

“Fueron proyectos concursados y adjudicados a arquitectos reconocidos de la época y no diseñados por arquitectos de la misma Corvi, diseños en que se proponía la integración social con habitantes de diferentes grupos sociales, como empleados fiscales y particulares, comerciantes, marinos, entre otros. Son viviendas con equipamiento social para desarrollar una vida de barrio, con escuela, iglesia, comercio y espacios deportivos, con densificación en altura para liberación de áreas verdes, especialmente promulgando la idea de ciudad jardín”, explica.

Acciones posteriores

Los resultados del área a proteger serán presentados en la sala Aldo Francia del Palacio Rioja, y posteriormente el Expediente Patrimonial será presentado al Consejo de Monumentos Nacionales.

“Lo ideal es que se desarrollen acciones posteriores de mejoramiento de aspectos comunitarios, como la realización de un proyecto paisajístico que involucre la conservación de especies nativas, espacios recreacionales y seguridad, entre otros”, indica.

El proyecto está financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural, del Serpat, realizado de forma conjunta con la Junta de Vecinos de la Población Lord Cochrane, la colaboración de la Escuela Lord Cochrane, la Parroquia Madre de Dios, el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar y el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

Plazos en rojo: SERNAC irrumpe en el negocio inmobiliario chileno

En conversación con Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios, abordamos la nueva circular del SERNAC, la cual redefine las reglas del juego en el negocio inmobiliario, exigiendo mayor responsabilidad a las inmobiliarias desde la reserva hasta la entrega final.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado inmobiliario chileno vive una transformación silenciosa, pero profunda. La reciente Circular Interpretativa N° 495 del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha remecido las bases contractuales de la compraventa de viviendas, extendiendo la protección al consumidor hacia zonas que, hasta ahora, eran tratadas con notable laxitud: las promesas, las reservas y toda la comunicación previa a la firma del contrato.

La nueva normativa establece que incluso las ofertas publicitarias, las conversaciones sostenidas con vendedores o las promesas hechas en salas de ventas —por muy informales que sean—, deben considerarse parte vinculante del acuerdo comercial. Así, el relato de una entrega “en doce meses” o una promesa “en blanco o en verde” deja de ser una intención blanda para convertirse en un compromiso exigible.

“Es un antes y un después”, señala el abogado de negocios Eduardo Ricci Burgos. Para el jurista, esta circular marca un hito al situar los contratos preparatorios en materia inmobiliaria como instrumentos de adhesión, lo que implica que deben ajustarse a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (LPC), tanto en forma como en fondo. En otras palabras, ya no se trata solo de lo que se firma, sino de lo que se promete.

Abusos bajo la lupa

El documento también identifica prácticas que serán consideradas abusivas. Entre ellas, imponer multas al comprador por desistirse de la compra sin causas atribuibles a él, como el rechazo de un crédito hipotecario; la ausencia de sanciones para la inmobiliaria por retrasos en la entrega; o exigir la firma de contratos sin entregar planos ni especificaciones técnicas completas.

En esta línea, la exigencia de plazos claros y sanciones por incumplimiento ya no es solo una buena práctica, sino una obligación. «Las inmobiliarias deben entender que ahora, la publicidad y los folletos no son marketing blando, son declaraciones contractuales», insiste Ricci.

Aunque la relación jurídica del consumidor es exclusivamente con la inmobiliaria, la circular pone presión sobre otro actor clave: las empresas constructoras. En muchos casos, los retrasos e incumplimientos provienen de su ejecución, pero legalmente se mantienen al margen.

¿Y las constructoras?

“El problema es que las constructoras son formalmente ajenas, pero materialmente involucradas. Y esa desconexión genera zonas grises que complican la resolución de conflictos”, explica Ricci. Cuando ambas entidades pertenecen al mismo holding, la jurisprudencia podría avanzar hacia una interpretación que configure una corresponsabilidad civil, abriendo una nueva etapa de fiscalización y litigios.

La propuesta del abogado es clara: identificar explícitamente a la constructora en todo material publicitario y contractual, fortalecer los contratos entre inmobiliarias y constructoras con penalidades automáticas por incumplimiento, y establecer seguros de cumplimiento obligatorios. «No se trata solo de cumplir la norma, sino de alinear toda la cadena de valor con los derechos del consumidor», plantea.

Compensaciones automáticas y justicia ágil

Ricci incluso propone ir más allá de la Circular. Entre sus ideas destaca la inclusión de cláusulas que establezcan compensaciones automáticas para el consumidor ante retrasos injustificados; el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos más ágiles que la vía judicial, como mediación o arbitraje; y un sistema de certificación externa de contratos, que garantice el cumplimiento normativo y la eliminación de cláusulas abusivas.

«Hoy el consumidor está obligado a acudir a tribunales para exigir lo que por derecho le corresponde. Eso no es eficiencia, ni equidad», sentencia.

Una advertencia, no un castigo

La Circular no debe ser leída como una amenaza, sino como un paso hacia la madurez de un sector que tradicionalmente operaba con asimetrías de poder. “Las inmobiliarias que ya han profesionalizado su trato con el cliente, y que entienden la venta como un proceso con responsabilidad integral, no tienen nada que temer”, afirma Ricci. El desafío es para quienes aún tratan la reserva como un gesto simbólico y el folleto como un poema comercial.

Chile avanza así hacia una mayor transparencia y equilibrio en el mercado inmobiliario. Pero el camino no será corto ni exento de tensiones. Integrar a las constructoras en la ecuación, asegurar compensaciones reales y construir un sistema coherente de contratos exige voluntad política, jurídica y empresarial.

Por ahora, la advertencia está sobre la mesa. Y el reloj corre.

Reinaldo Gleisner, vicepresidente Colliers: “Es urgente actualizar la normativa urbana vigente”

El ejecutivo plantea que en la actualidad, la ciudad diseñada para personas que ya no existen, no desean vivir de tal manera y buscan otro tipo de realidades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En Santiago, hay una ciudad que se diseñó para cuatro personas por hogar. Pero esa ciudad ya no existe. Según el último Censo, la capital chilena está habitada, en promedio, por 2,4 personas por vivienda.

En el caso del municipio de Santiago Centro, casi la mitad de los hogares (41%) son unipersonales. Es decir, gente que vive sola, que habita departamentos chicos, que no tiene hijos o que ya los vio partir. Esta transformación silenciosa, pero sostenida, ha ido modelando un nuevo paisaje urbano. Lo insólito es que la normativa que regula la forma en que construimos nuestras ciudades sigue atada a una demografía que ya no nos representa.

La advertencia la hace Colliers, una de las principales consultoras inmobiliarias del país. “La planificación urbana requiere de una urgente actualización para terminar con la brecha que mantiene con la realidad demográfica”, dice Reinaldo Gleisner, su vicepresidente.

A su juicio, el mercado inmobiliario hace rato viene adaptándose a las nuevas formas de habitar: viviendas más pequeñas, eficientes y funcionales. Sin embargo, las reglas del juego siguen considerando una densidad rígida —cuatro personas por hogar— que encarece los proyectos, traba el desarrollo y multiplica las barreras de entrada al acceso a la vivienda.

Gleisner es enfático: se puede vivir bien en 30 metros cuadrados si uno vive solo. O en 40 m² si se trata de una pareja. Incluso 50 metros bastan para un hogar de dos adultos que requieran dos habitaciones. Pero la normativa impide que esta lógica se masifique. ¿La razón?

Una visión urbanística anclada en el miedo al hacinamiento, al mal diseño y a la especulación. Temores comprensibles, pero mal abordados: en lugar de fiscalizar la calidad del diseño o promover espacios comunes funcionales, se prohíbe construir viviendas de menor superficie. Como si el tamaño fuera siempre el problema.

Y eso en un contexto crítico: con los costos de construcción por las nubes y tasas de interés aún en niveles históricos, reducir la superficie construida no es una estrategia de precarización, sino de eficiencia. Más aún si se considera que la ciudad ha hecho una inversión millonaria en transporte público que permitiría —como nunca antes— fomentar una densificación bien planificada. ¿Qué sentido tiene prohibir densificar donde hay metro, servicios y conectividad?

La respuesta, quizás, está en la ausencia de voluntad para asumir que el rol de las normas no debe ser dirigir cómo deben vivir las personas, sino ofrecer marcos flexibles y creativos para que ellas puedan elegir. La rigidez normativa no solo ralentiza la inversión: también nos condena a habitar una ciudad que ya no se parece a quienes la viven.

Matías Zulueta y el origen de Somos Rentable: “Queríamos que otros también pudieran tener un pedacito de ese paraíso que es el sur de Chile”

En tiempos de digitalización, la apuesta es mantener el contacto humano.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Desde la ingeniería comercial al mundo del financiamiento colectivo inmobiliario. Así se ha trazado el camino de Matías Zulueta, fundador de Somos Rentable, una plataforma de inversión en proyectos de tierra que ya ha recaudado más de $7.000 millones desde su creación. Su historia comienza, curiosamente, lejos del mundo inmobiliario.

“Partí emprendiendo en un rubro completamente distinto, pero en 2021 vendí mi empresa a Betterfly. Fue entonces cuando vimos una oportunidad de hacer proyectos vinculados con la conservación en el sur”, relata.

Esa visión dio vida a Sur Profundo, una de las primeras empresas del grupo, centrada en la compra de terrenos extensos —de 70 hectáreas o más— donde el negocio inmobiliario y la conservación se cruzaran.

“Queríamos desarrollar un modelo que tuviera impacto. Empezamos a vender terrenos, pero dejando un área importante para la conservación, usando lo que se conoce como derecho real de conservación”, explica Zulueta, subrayando que este fue el sello desde el primer día. “Siempre con conciencia, siempre dentro del marco jurídico, y siempre tratando de ir un poco más allá”.

Fue en este contexto que nació, de manera natural, la semilla de lo que hoy es Somos Rentable.

“Desde el minuto uno, aunque no existía la marca, ya existía la función. Comprar un campo de 700 hectáreas podía costar 800 o 900 millones de pesos, y nosotros no éramos millonarios. Entonces desarrollamos una red de inversionistas: familiares y amigos que confiaban en nosotros”.

A medida que los proyectos de Sur Profundo crecieron, también lo hizo la necesidad de capital. Cuando el círculo cercano se agotó, decidieron dar un paso más: abrir esta posibilidad a más personas, con una estrategia enfocada en generar confianza.

Así nace Somos Rentable, una empresa de financiamiento colectivo —también conocido como crowdfunding— especializada en inversiones inmobiliarias con respaldo tangible. Hasta la fecha, han levantado más de 7.000 millones de pesos en unos doce proyectos y proyectan rentabilidades en torno al 14% en un plazo promedio de 18 meses.

“Parece una cifra gigante, pero la clave está en el modelo. Cada inversión está respaldada por un activo inmobiliario: una casa, un terreno, una oficina… algo que protege el capital del inversionista”, explica Zulueta.

“A diferencia de acciones, donde puedes perder el 99% del capital como pasó con Latam, aquí el activo está ahí. No es líquido, no se puede vender de inmediato, pero no desaparece”, señala.

El modelo que propone Somos Rentable no solo busca rentabilidad, sino también generar un vínculo cercano y personalizado con los inversionistas. En tiempos de digitalización, la apuesta es mantener el contacto humano.

“Nuestro perfil de inversionista parte en los 15 millones de pesos. No buscamos algo masivo. Queremos conocer a cada persona, que nos pueda llamar, venir a la oficina, tener nuestro WhatsApp. Eso solo es posible con tickets más altos”.

Y no se trata solo del monto. Los clientes de Somos Rentable, en su mayoría, son personas con poco tiempo y ahorros que han mantenido en depósitos a plazo, fondos mutuos o cuentas corrientes. Buscan oportunidades claras, simples y confiables.

“No es como explicar una criptomoneda. Acá compramos tierra, abrimos caminos, generamos uso, y luego vendemos. Es un modelo que cualquiera puede entender, pero que no cualquiera puede ejecutar bien. Por eso es importante la experiencia que tenemos y el respaldo de los activos”.

Finalmente, lo que mueve a Zulueta no es solo el negocio, sino una visión más amplia: democratizar la inversión inmobiliaria sin perder el propósito original.

“Nos enamoramos del sur de Chile, y queríamos que más personas pudieran tener un pedacito de ese paraíso. Lo hacemos con respeto por el entorno, y con proyectos que tienen sentido. Eso es lo que tratamos de transmitir”.

Aumentan 152% las contribuciones de predios no agrícolas en los últimos 15 años

Estudio de Colliers revela fuerte alza de impuesto territorial en zonas urbanas y cambios en el tratamiento tributario de terrenos agrícolas.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El impuesto territorial en Chile ha experimentado transformaciones importantes en los últimos 15 años. Según un reciente informe de la consultora inmobiliaria Colliers, las contribuciones de predios no agrícolas crecieron un 152,76% entre 2008 y 2024. Esta alza evidencia un cambio en la carga fiscal hacia sectores urbanos, mientras los terrenos rurales han perdido participación en la recaudación, a pesar del aumento en su valor.

Daniela Olmos, subgerente del Área de Desarrollo Inmobiliario y Regularizaciones de Colliers, explica que el avalúo fiscal de predios no agrícolas subió un 202% en ese periodo, alcanzando los $1,03 billones en 2024. Este crecimiento se debe tanto al reavalúo del suelo como al aumento del número de propiedades urbanas, que pasaron de 9,9 millones en 2008 a más de 16,2 millones en 2024, reforzando la tendencia de urbanización en Chile.

En contraste, las contribuciones agrícolas aumentaron un 64,84%, a pesar de que el avalúo de estos terrenos creció un 322%. ¿Por qué esta diferencia?

En 2008, el sector agrícola representaba el 8% de la recaudación por contribuciones, mientras que en 2024 esa cifra bajó al 5,4%. Esto se debe a que, aunque los suelos rurales han subido de valor, su peso relativo en el sistema tributario ha disminuido.

Olmos señala que este desbalance crea una estructura tributaria que penaliza el desarrollo de las ciudades, ya que muchos predios agrícolas han sido reclasificados como no agrícolas, sin considerar factores técnicos como tipo de suelo o ubicación, sino solamente criterios productivos. Esta práctica encarece los impuestos para propietarios de terrenos rurales, aun si estos están en procesos de transición productiva.

Por otro lado, el número de predios agrícolas también creció, pasando de 1.465.831 en 2008 a 2.002.053 en 2024, lo que implica un aumento del 37% en la base gravada. Además, Olmos destaca que la reclasificación discrecional de terrenos agrícolas a no agrícolas está promoviendo la especulación inmobiliaria, desincentivando la permanencia de la actividad agrícola y acelerando la urbanización de terrenos rurales.

Conclusión: ¿cómo enfrentar este escenario? Desde Colliers proponen revisar y actualizar los criterios técnicos que determinan si un terreno es agrícola o no, considerando aspectos como localización geográfica, características del suelo y su potencial productivo, con el fin de evitar cargas tributarias injustificadas y fomentar un desarrollo territorial equilibrado.

Inteligencia Artificial revolucionaria la auditoría de riesgos empresariales

La automatización documental permite mejorar la seguridad, reducir costes y optimizar la gestión del cumplimiento normativo.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La digitalización ha transformado por completa la gestión documental en las empresas, dejando atrás el uso de archivos físicos y procesos manuales para dar paso a soluciones automatizadas con tecnología de vanguardia. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una clave aliado para optimizar la seguridad, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo, especialmente en la prevención de riesgos y auditorías.

Rodrigo Mortara, gerente general de Despapeliza, empresa chilena con presencia en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica, cómo destaca la IA está impactando en la administración de documentos: “Una gestión documental oportuna permite a las empresas mantenerse al día con las normativas, garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad y asegurar un control centralizado en la actualización de información clave”.

Gracias a la automatización, las organizaciones pueden evitar sanciones por incumplimiento, mejorar su calificación en auditorías, realizar seguimiento a medidas correctivas y garantizar un acceso rápido y eficiente a grandes volúmenes de información. Además, las soluciones tecnológicas permiten validar la identidad en procesos de firma o asistencia, incluso en zonas sin conexión a internet.

Flujos de trabajo sin papel y mayor eficiencia

Uno de los mayores beneficios de la digitalización es la reducción de costos. Según estimaciones de Despapeliza, gestionar un documento digital puede ser hasta 30 veces más barato que manejarlo en formato físico. “Nuestra alianza con Microsoft nos permite acceder a lo último en innovación para que nuestros clientes mejoren su eficiencia operativa sin necesidad de grandes inversiones en tecnología”, agrega Mortara.

La plataforma de Despapeliza se integra con distintos softwares empresariales y ofrece funcionalidades diseñadas para optimizar la prevención de riesgos, tales como notificaciones automáticas, formularios inteligentes, filtros avanzados de búsqueda, firma digital sin conexión y métodos de validación de identidad por selfie o video.

“La clave de nuestra solución es la seguridad, ya que cumplimos con los más altos estándares de certificación internacional, la innovación, al incorporar IA para mejorar el soporte y asistencia a clientes, y la personalización, permitiendo a los usuarios configurar sus procesos según sus necesidades específicas”, concluye Mortara.

Con estas herramientas, la digitalización no solo agiliza la gestión documental, sino que también se convierte en un pilar fundamental para fortalecer la seguridad y la eficiencia en las empresas del futuro.

Eduardo Díaz, CEO de Associa Servicios Inmobiliarios: «No podemos seguir sometidos a trámites eternos que desincentivan la inversión”.

A través de una serie de propuestas concretas, desde la modernización del procedimiento administrativo hasta la creación de un registro unificado de la propiedad, el experto plantea la necesidad de eliminar barreras burocráticas que frenan el desarrollo económico.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La inversión en Chile enfrenta una sombra persistente: la inseguridad jurídica. Eduardo Díaz Zeballos, CEO de Associa Servicios Inmobiliarios, levanta la voz sobre la necesidad urgente de generar un marco legal moderno que brinde certeza a los agentes económicos, en especial en el sector inmobiliario. En entrevista con este medio, Díaz Zeballos desglosa las medidas clave para destrabar la burocracia y fomentar la inversión en el país, señalando cómo su ausencia ha frenado la reactivación económica y desalentado proyectos de gran envergadura.

«Un ecosistema basado en la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y la superación de crisis. Cuando los inversores tienen garantías claras, las transacciones fluyen con mayor rapidez, lo que contribuye al crecimiento y genera empleos de calidad», explica el experto. Según él, esta falta de garantías se ha convertido en un «escollo invisible» que ha estancado la economía, afectando no solo a grandes desarrolladores sino también a pequeños emprendedores y familias que buscan estabilidad en sus inversiones.

Entre las propuestas planteadas, destaca la urgencia de una nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, que sea «moderna y práctica». «El actual sistema administrativo es obsoleto. Alarga los plazos, enreda a los actores económicos y genera vacíos legales que permiten decisiones arbitrarias de algunas autoridades», critica Díaz Zeballos. La solución, según él, pasa por implementar mecanismos como el silencio administrativo positivo y negativo, la fusión de procedimientos y la eliminación de requisitos innecesarios que ya obran en poder de las autoridades. «No podemos seguir sometidos a trámites eternos que desincentivan la inversión. Cada retraso en la aprobación de un proyecto significa pérdidas económicas y una menor generación de empleo», agrega.

Uno de los aspectos que más preocupa al CEO de Associa es la situación del Certificado de Informes Previos (CIP), documento emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) que establece los criterios constructivos aplicables a un inmueble. «Hoy, su vigencia depende de modificaciones al Plan Regulador Comunal. Esto impide la planificación y genera un alto nivel de incertidumbre. Un CIP debería tener una validez mínima de 24 a 36 meses para garantizar estabilidad a los proyectos, y mientras se mantengan vigente, debe respetarse los criterios constructivos que ahí se establecen, al margen de las modificaciones al Plan Regulador «, subraya. Explica que muchas inversiones quedan en suspenso o se encarecen porque un cambio abrupto en la normativa puede hacer inviable un proyecto ya en fase de diseño.

Otro punto crítico es la excesiva discrecionalidad en los requisitos administrativos. «No puede seguir existiendo frases como ‘todo aquello que requiera o solicite la autoridad según su juicio’. Esto abre espacio para exigencias arbitrarias y corrupción. Los requisitos deben ser claros y seguir criterios de razonabilidad y pertinencia», enfatiza.

Asimismo, cuestiona la solicitud de documentos que ya están en poder del Estado. «Si una entidad tiene acceso a un documento en sus registros, no debería pedírselo nuevamente a los ciudadanos o empresas. Esto no solo es absurdo, sino que demuestra una falta de integración institucional que urge corregir», afirma. Según Díaz Zeballos, esta falta de coordinación se traduce en un desgaste innecesario para los administrados, que deben presentar múltiples veces la misma documentación.

La modernización del sistema de registro de propiedad es otra de sus prioridades. «Los distintos Conservadores de Bienes Raíces operan con criterios dispares, lo que complica y encarece las transacciones. Necesitamos una entidad estatal única, digitalizada, descentralizada y con mecanismos de bloqueo registral automático para garantizar la transparencia y seguridad en la compraventa de inmuebles», sostiene. Argumenta que este cambio es imprescindible para evitar fraudes y simplificar los procesos de compraventa, que hoy pueden tardar meses en concretarse.

Díaz Zeballos pone como ejemplo a seguir la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi en Perú. «Es una institución clave para fiscalizar procedimientos, requisitos y disposiciones contrarias a la ley o la razonabilidad. Sus resoluciones son vinculantes y pueden sancionar directamente a los funcionarios responsables. En Chile, una entidad similar podría corregir muchas distorsiones burocráticas», argumenta. Explica que esta institución ha logrado desmantelar trabas innecesarias en distintos sectores económicos peruanos, favoreciendo el dinamismo empresarial.

Finalmente, enfatiza la importancia de establecer la Acción Constitucional de Cumplimiento en la legislación chilena. «Es una herramienta fundamental para garantizar que las autoridades cumplan la ley y no actúen de manera arbitraria, protegiendo a los ciudadanos y a los agentes económicos de decisiones injustificadas», concluye.

Para Eduardo Díaz Zeballos, eliminar las barreras burocráticas y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica es una tarea impostergable. «El sector inmobiliario y la economía chilena en su conjunto necesitan reglas claras y estables. Es momento de modernizar el sistema y permitir que la inversión fluya sin trabas innecesarias», sentencia. Agrega que este no es un tema exclusivo del sector inmobiliario, sino una necesidad transversal que permitiría el crecimiento económico sostenido de Chile en los próximos años..

Carlos Bermúdez, director de operaciones de Fluor Chile: “La digitalización potencia la experiencia humana”

La innovación se posiciona hoy como el eje central para transformar la industria minera.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Con la alza en el valor del cobre, el crecimiento sostenido de la demanda y el impulso de la electromovilidad, empresas líderes como Fluor están apostando por la digitalización para expandir operaciones y cumplir con altos estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

El contexto global actual, marcado por una creciente necesidad de transición energética, impulsa a la industria minera a reinventarse. Proyectos y ampliaciones en regiones clave – desde Sudamérica hasta Australia, Estados Unidos y Canadá – anticipan una intensa actividad cuprífera en los próximos años.

En este escenario, la implementación de herramientas digitales avanzadas se convierte en un factor decisivo para anticipar escenarios y optimizar cada fase del desarrollo de proyectos mineros.

Fluor ha adoptado soluciones digitales que incluyen simulación, automatización y análisis de datos, permitiendo una visión integral de las operaciones antes de su ejecución. La modelación y simulación digital no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también minimizan riesgos en términos de costos, tiempos y seguridad laboral, generando un entorno de trabajo más seguro y predecible.

La digitalización representa, además, un cambio de paradigma en la gestión del conocimiento dentro del sector. La incorporación de la Inteligencia Artificial, que complementa y potencia la experiencia humana, plantea un reto y una oportunidad para el desarrollo de talento especializado. La colaboración entre el sector privado y el público se perfilan como pilares fundamentales para formar profesionales capaces de liderar la transformación digital en minería.

Compromiso con el futuro

“El futuro de la minería se construye hoy, combinando la tecnología con la experiencia humana para lograr una industria más segura, eficiente y sostenible”, afirma el entrevistado de Fluor. Esta visión estratégica posiciona a la digitalización no solo como una ventaja competitiva, sino como una responsabilidad para toda la industria, abriendo paso a una minería que responde a los desafíos actuales y prepara el terreno para las nuevas generaciones de profesionales.

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