Por estos días, quienes arriendan o pagan dividendos lo sienten en carne propia: la UF continúa su ascenso, incluso cuando la inflación parece haberse moderado.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Esteban Jara, subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transsa, pone el foco en una de las grandes paradojas del mercado inmobiliario chileno 2025: los precios no bajan al ritmo que suben los sueldos, y eso genera un desacople estructural que impide a muchas familias acceder a una vivienda.
“La UF fue creada para protegernos de la inflación, pero en el contexto actual termina siendo un arma de doble filo para quienes deben pagar arriendo o dividendo mes a mes. Aunque el IPC ha estado más contenido este año, la UF sigue reflejando el alza acumulada post pandemia. El problema es que los salarios reales no han seguido el mismo ritmo de crecimiento”, señala Jara.
El ejecutivo advierte que este desfase se agudiza con otro fenómeno: la aparente baja en las tasas hipotecarias. Si bien han disminuido, no ha sido suficiente para aliviar el peso del dividendo, sobre todo cuando las exigencias de la banca siguen siendo altas y el precio de las viviendas continúa elevado.
“Las tasas bajaron, sí, pero eso no alcanza. El dividendo que resulta sigue siendo alto para muchas familias. Además, la banca hoy es mucho más estricta en la aprobación de los créditos y eso deja fuera a un segmento amplio que quiere, pero no puede”, explica.
Desde Transsa observan un mercado en proceso de ajuste, en el que conviven proyectos inmobiliarios con entrega inmediata sin compradores, y una demanda latente de personas que no logran cumplir los requisitos para comprar.
“Estamos frente a un reacomodo estructural. No hay una burbuja clásica, pero tampoco una reactivación sostenida. Lo que vemos son señales puntuales, pequeños ajustes que podrían abrir paso a una recuperación gradual, pero aún distante de ser masiva”, comenta.
Ante este panorama, Jara propone avanzar hacia una política habitacional integral, con tres ejes concretos: acceso, inversión y regulación del arriendo.
“El primer foco es el acceso al financiamiento. Necesitamos esquemas más inclusivos, donde el Estado garantice parte de los créditos o se flexibilicen algunos criterios para que más personas puedan cumplir con las exigencias del sistema. En segundo lugar está la inversión: hay que facilitarle el camino a los desarrolladores. Menos trabas en la permisología y estabilidad normativa para incentivar la construcción en zonas de alta demanda. Eso no solo activa el mercado, sino también el empleo y los ingresos de las familias”, afirma.
Finalmente, destaca el arriendo como un terreno que requiere atención urgente: “El arriendo ha crecido con fuerza en las zonas céntricas, porque para muchos es la única vía de acceso a una vivienda. Pero si no se regulan los precios, terminaremos con un problema mayor. Se necesitan políticas claras desde ya para evitar que esto se descontrole”.
