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PRONTO

Régimen de garantías en edificios y condominios.

Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.

Los edificios en Chile cuentan con varios tipos de garantías que protegen a los propietarios o residentes, éstas  están establecidas mediante la modificación establecida por la ley 20.016 del año 2005 que modificó el artículo 18 de la LGUC la cual fija los plazos para hacer efectivas las responsabilidades del propietario (primer vendedor) respecto de los daños o perjuicios que provengan de fallas o defectos de construcción, dichos plazos corresponden a los siguientes:

Tipo de fallaPlazoFecha desde la cuál comienza el plazo.
Fallas o defectos que afecten la estructura de soporte del inmueble.10 añosFecha de la recepción definitiva del inmueble por la DOM.
Fallas o defectos en los elementos constructivos o en las instalaciones.5 añosFecha de recepción definitiva del inmueble por la DOM.
Fallas o defectos en los elementos de terminaciones o acabado de la obra.3 añosFecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces-
Otros elementos no asimilables a los anteriores.5 añosFecha de la recepción definitiva del inmueble por la DOM.

Aspectos mejorables de la norma.

De la revisión de los antecedentes desarrollados precedentemente, es posible identificar los siguientes aspectos eventualmente perfectibles de la legislación nacional vigente: a. Revisada la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y las definiciones contempladas, se observa que tales definiciones no existen en todos los casos.

En el Artículo 1.1.2 se definen:  Elemento de estructura: todo elemento resistente u orgánico de una construcción, como cimientos, muros soportantes, suelos, pilares, techumbres, torres y otros análogos.  Elemento constructivo: conjunto de materiales que debidamente dimensionados cumplen una función definida, tales como muros, tabiques, ventanas, puertas, techumbres, etc.” Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria 7 La norma no contiene una definición de “instalaciones”, así como tampoco de “terminaciones”, ambas categorías garantizadas en la ley.

Una precisión conceptual podría facilitar la aplicación de la norma. b. Establecer la obligación de que en la escritura pública de compraventa se precise el plazo de la garantía ya transcurrido, si lo hubiere, así como el saldo de que dispondrá el comprador en caso de que requiera ejercer acciones en las distinta categorías que establece la Ley. 

Particularmente, en el caso de que la primera transferencia se produzca transcurrido un plazo a determinar, desde la recepción de las obras. Complementaria podría establecerse la obligación del primer vendedor de informar de esta situación en la publicidad de la propiedad. c. Explicitar en la norma la posibilidad de que el propietario primer vendedor y el comprador pueda acordar reconocer la vigencia de los plazos ya transcurridos, ampliando convencionalmente los plazos de garantía. 

Ello, especialmente respecto de los elementos constructivos e instalaciones y el de las terminaciones. Lo anterior, acordando, por ejemplo, otro hito como inicio del plazo de prescripción, como sería el Acta de Entrega, y que tal acuerdo quede consignado en este instrumento o bien en el contrato de compraventa.

Ello permitirá prevenir situaciones distintas y no contempladas en la norma vigente, como por ejemplo, la de aquellas edificaciones recepcionadas y dadas en arrendamiento por el primer vendedor, y cuya transferencia de dominio se produce con bastante posterioridad a la recepción de las obras; o cuando la entrega material de la vivienda tenga una fecha diferente, entre otras situaciones. d. 

Finalmente, podría ser adecuado precisar la situación de las garantías cuando se han producido modificaciones, ampliaciones o alteraciones en las edificaciones, en cuanto a la exigencia de la garantía y la responsabilidad de los nuevos profesionales que han intervenido en estas.

“Smart Cities” ¿Son o se hacen inteligentes?

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

La mitad de la población mundial se concentra en el 2% de la superficie del planeta, en donde las ciudades consumen el 75% de la energía que se produce y, al mismo tiempo, se libera el 80% de las emisiones de CO2. Asimismo, se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en ciudades. Para esa misma época, según la OCDE, si no se toman medidas drásticas, el crecimiento económico y demográfico tendrá un impacto medioambiental y social sin precedentes.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población se concentrará en las grandes ciudades, se hace indispensable superar el desafío de los más de 2.000 millones de habitantes adicionales para 2050, por lo que en las décadas que se vienen, las ciudades tendrán que enfrentarse a un creciente número de dificultades relacionadas a este hecho, tales como el abastecimiento de energía, las crecientes emisiones de CO2, el hacinamiento, la planificación vial y del tráfico de vehículos, la obtención de bienes y materias primas, así como el acceso a servicios sanitarios y de seguridad pública para quienes vivan en estas urbes.

Estos factores y la certeza de la escasez o limitación de los recursos, unido al impulso que ha tenido la tecnología, ha dado paso a la concepción de las ciudades inteligentes o “Smart Cities” con el objeto de crear ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente, como una real solución a este importante dilema al que se ve actualmente enfrentada la población mundial.

Pero ¿qué es una ciudad inteligente? ¿qué define que una ciudad sea inteligente?

En términos generales, son aquellas en las que se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerlas de infraestructuras que garanticen un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y finalmente, una participación ciudadana activa.

En suma, y para poder dar respuesta a estas interrogantes, así como a los nuevos retos que presenta este tipo nuevo de ciudad, las smart cities pretenden ser ciudades con “valor agregado”, esto es, la combinación de personas, tecnología y creatividad para hacer más sostenible y eficiente a cualquier ciudad del mundo.

Se han señalado muchos modelos ideales de una ciudad inteligente, pero en resumen, ella se basaría, principalmente, en los siguientes aspectos:

En la generación distribuida o descentralizada de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación instaladas cerca del punto de consumo y basada en la cooperación entre la microgeneración y la generación de las centrales convencionales.

En el uso de una red de distribución eléctrica inteligente, permitiendo, entre otras cosas, que las viviendas y los distintos negocios puedan convertirse en un momento dado en pequeños productores de electricidad y no ser solo consumidores como hasta ahora.

Asimismo, contar con la medición inteligente de los datos de gasto energético de cada usuario, a través de un medidor eléctrico digital que recopila información sobre el uso de la energía en tiempo real y la envía de forma segura al centro de operaciones y control.

Adicionalmente, la construcción o rehabilitación de edificios inteligentes y el empleo de la domótica, en sus instalaciones y sistemas de climatización, iluminación, seguridad, telecomunicaciones, multimedia, informática, control de acceso, etc., permitiendo una gestión y control integrada, automatizada, segura, accesible y eficiente energéticamente. El uso de sensores inteligentes para recopilar los datos necesarios para el usuario y la administración pública, manteniendo la ciudad conectada e informada en tiempo real.

Por otro lado, el empleo y desarrollo del eMobility, mediante la implementación de distintas energías o combustibles no contaminantes, así como la coordinación, combinación e incentivo de sus diversos tipos.

A lo anterior, debería sumarse la implementación de la red eléctrica a través de wifi en la que los ciudadanos y las entidades administrativas pueden participar activamente en el control de la ciudad, mediante el uso de aplicaciones de telefonía móvil, entre otras.

Lo importante de todo esto, es que las Smart Cities no solo se conciben y nacen o se crean de esta forma; sino que pueden también ser transformadas en este sentido. Así, este concepto no solo se centra en los nuevos proyectos de crecimiento urbano bajo el slogan de la ciudad del futuro, sino que se dirige también a la transformación y/o adecuación de las actuales ciudades en ciudades inteligentes mediante diversas iniciativas que combinen la innovación, la eficiencia y sostenibilidad energética.

Sin embargo, esta adecuación o tránsito hacia ser o convertirse en una ciudad inteligente, requiere, de una planificación urbana y gestión pública adecuada, acorde y en dirección a dicha transformación, pues de nada sirve la adopción de medidas urbanísticas paliativas o incoherentes que no conversen entre sí en una visión global y completa del tipo de ciudad que se desea tener. Es inútil hablar de eficiencia energética si no se adoptan los medios idóneos para ello.

El fomento de una gestión pública eficiente también debe ser inteligente. Se sabe que las necesidades son muchas y los recursos escasos. Por ello, dicha eficiencia en orden a una mayor eficacia debe estar dada en priorizar adecuadamente aquellas medidas que sean necesarias y conducentes a la obtención de los resultados deseados.

Pero por sobre todo, se necesita de ciudadanos comprometidos e involucrados con estos cambios, en la que son sin duda la parte fundamental de este tipo de ciudades, pues sin su participación activa no resultaría posible llevar a cabo estas iniciativas.

Ciberseguridad en Chile: Desafíos críticos para este año 2025

Por: Patricio Campos, Gerente General, Resility.io

En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los especialistas técnicos. Hoy, es una prioridad nacional y un asunto de seguridad ciudadana. Chile no es ajeno a esta realidad: el país enfrenta amenazas cibernéticas crecientes que ponen en jaque sus infraestructuras críticas y la confianza de sus ciudadanos.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los ciberataques se encuentran entre los principales riesgos globales, mientras que la OCDE ha subrayado la urgencia de reforzar la ciberseguridad en sectores clave como energía, salud y transporte. En Chile, episodios como el ataque al Ministerio de Justicia, que expuso datos sensibles del SENAME, y el reciente ransomware que afectó a la Fundación Arturo López Pérez en 2024, ilustran la fragilidad del ecosistema digital chileno.

En este escenario, las infraestructuras críticas son un blanco atractivo para actores malintencionados, incluyendo ransomware y ataques patrocinados por otros Estados. En otros países, incidentes como el hackeo al oleoducto Colonial Pipeline, en Estados Unidos, demuestran cómo un solo ataque puede generar caos económico y social. Chile, con su creciente dependencia de sistemas interconectados, no está exento de estos riesgos.

Las pymes: motor de empleo, pero vulnerables

Las pymes chilenas, que representan el 98,6% de las empresas y generan el 65,3% del empleo formal, suelen carecer de recursos para implementar medidas de seguridad informática robustas. Aunque iniciativas como las certificaciones en ciberseguridad impulsadas por el Ministerio de Economía son positivas, su alcance es limitado. Un ejemplo inspirador es el «Kit Digital» en España, que provee soluciones básicas de ciberseguridad a través de proveedores especializados.

También debemos considerar que el impacto económico de los ciberataques es significativo. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, el costo global del cibercrimen podría alcanzar los 10,5 billones de dólares anuales para 2025. En nuestro país, un ataque exitoso contra infraestructuras críticas podría desencadenar pérdidas directas, dañar la reputación del país y desalentar inversiones extranjeras.

Ante este panorama, urge tomar medidas concretas para fortalecer la ciberseguridad en Chile. Propongo los siguientes pasos:

  • Fortalecer la Agencia Nacional de Ciberseguridad: Dotarla de recursos humanos, financieros y tecnológicos para enfrentar amenazas en tiempo real.
  • Promover la colaboración público-privada: Crear plataformas de intercambio de información entre sectores públicos y privados para coordinar respuestas.
  • Educar y concientizar: Implementar programas educativos que fomenten una cultura de ciberseguridad desde la escuela hasta el ámbito laboral.
  • Actualizar la legislación: Diseñar marcos legales modernos que incluyan sanciones claras y medidas preventivas eficaces.
  • Evaluación constante de riesgos: Realizar auditorías periódicas en infraestructuras críticas para identificar vulnerabilidades.
  • Fomentar la participación internacional: Integrarse a iniciativas globales lideradas por organizaciones como la ONU y el Foro Económico Mundial.

Chile tiene el potencial para convertirse en un referente regional en ciberseguridad, pero alcanzar este objetivo requiere una estrategia integral y colaborativa. La seguridad cibernética no es solo una necesidad técnica; es una garantía de desarrollo, estabilidad y confianza para el futuro del país.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahorran (y planifican el 2025 con estilo propio)

Por: Tracy Dustan, Chief Revenue Officer (CRO) Enlaza Ya.

Querid@s, mientras el Diario Financiero sigue en su misión de hacernos llorar con noticias de economía y mercados, hoy me encuentro con algo que me devolvió la fe en la humanidad financiera: ¡el 90% de las mujeres chilenas con ingresos sobre $1 millón espera ahorrar más en 2025! Sí, lo leyeron bien. Porque, como dice la canción, “las mujeres ya no lloran, las mujeres ahorran” (y si facturan de paso, mucho mejor).

Un estudio realizado por Fernanda Vicente y Victoria Paz nos dejó varios datos interesantes (y algo inspiradores): cada vez más mujeres están abrazando la idea de que ahorrar no es solo importante, ¡es esencial! Pero no hablamos de ese ahorro simbólico que queda después de las vacaciones o las rebajas de fin de temporada. Hablamos de ahorro planificado, con metas claras, apps financieras como mejores amigas y la capacidad de resistirse al carrito de compras online (bueno, a veces).

¿Y qué dicen los números?

  • Un 37% de las mujeres optará por depósitos a plazo (porque «seguro» sigue siendo sexy, incluso en finanzas).
  • El 34% se inclinará por fondos mutuos (más riesgo, pero más ganancia… cruzamos los dedos).
  • Solo un 17% está considerando propiedades, lo que no sorprende si pensamos en las tasas hipotecarias y ese trauma nacional que es ahorrar para un pie mientras el precio del metro cuadrado sigue subiendo como espuma. ¡Ah, y recordemos la brecha salarial que sigue presente, y cómo algunos empleadores todavía le temen a la edad fértil! (Como si eso fuera un breaking news).

Pero aquí viene la pregunta del millón (literal): ¿cómo combinamos ese espíritu de ahorro con las ganas de disfrutar el presente? Porque, seamos sinceras, nadie quiere ser la persona que ahorró tanto que se perdió de una buena cena, un viajecito o un brindis con amigas. La clave está en el equilibrio: reservar para mañana sin dejar de vivir hoy. Además, nunca está de más estar listas para los cambios inesperados (sí, hablo de esas sorpresas tipo d-i-v-o-r-c-i-o-s , porque una nunca sabe!!)

Mientras tanto, el IPSA chileno cerró el 2024 con un avance del 8%, gracias al impulso del sector retail. Mientras algunas de nosotras intentábamos resistir las tentaciones del carrito de Shein, las grandes empresas se las arreglaron para sacar buenos números. ¿La lección? Aunque el mercado es complicado, siempre hay señales de estabilidad y oportunidades para quienes saben mirar con estrategia.

Si algo nos enseñó este año, es que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo importante es estar preparadas, encontrar oportunidades incluso en las crisis y, sobre todo, ¡confiar en que siempre salimos adelante!

Feliz Año Nuevo, querid@s. ¡A conquistar el 2025 con todo!

Nota del Editor: Texto autorizado a ser publicado por la autora.

Un nuevo enfoque hídrico ante la crisis climática

Por: Francisco Valdivieso, Consulting and Sustainability Manager – Chile & Perú

El propósito de posicionar a Chile como un referente mundial en sostenibilidad, no será posible sin consolidar una óptima gestión del recurso hídrico. La situación que afecta a las zonas centro y norte del país es una muestra de la urgencia de este desafío: la crisis climática es hoy una amenaza para la disponibilidad de agua, afectando directamente a los acuíferos, la provisión del vital elemento para las comunidades y la demanda de los sectores productivos.

Chile no es solo una de las regiones del planeta más susceptibles a los impactos del calentamiento global, sino también ha experimentado una prolongada sequía por más de una década en buena parte de su territorio. Es decir, son varios los factores que se conjugan para relevar la necesidad de acciones de mitigación y adaptación que promuevan una evolución en nuestra relación con el recurso hídrico a nivel humano y productivo.

Las simulaciones predictivas, presentadas en el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático (IPCC), ratifican que la emergencia impactará con alta probabilidad a una gran cantidad de regiones en Chile, que serán cada vez más vulnerables a los impactos del aumento global de temperaturas.

Los modelos predicen, por ejemplo, un incremento en eventos extremos, tales como sequías más frecuentes e intensas, precipitaciones masivas en cortos período de tiempo (mayor intensidad) e incluso una abrupta reducción de las mismas, amenazando los caudales superficiales y los acuíferos, dos fuentes esenciales para el consumo humano, y actividades como la agricultura y la minería. Al tiempo de acrecentar la probabilidad de aluviones, la ocurrencia de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo afecta la infiltración del agua desde el suelo al acuífero, disminuyendo aún más su disponibilidad posterior a estos eventos meteorológicos adversos y cada vez más frecuentes.

Altamente dependientes del recurso hídrico, dos sectores estratégicos de la economía (minería y agricultura) se verán expuestos ante los vaivenes de esta emergencia, e incluso, eventualmente conducirlos a conflictos socioambientales asociados. La minería, por ejemplo, debe seguir impulsando su transición hacia fuentes alternativas de agua, como la desalinización, aun cuando esta signifique entrar en costos significativamente mayores. En el caso de la agricultura, especialmente la de pequeña escala, de su adecuada gestión hídrica dependerán aspectos fundamentales, tales como la seguridad alimentaria del país o el modo de vida de miles de familias, tanto en áreas rurales como urbanas.

En este escenario, tomar acción inmediata resultará imperativo, necesitamos incentivar una gestión integrada y adaptativa de nuestro vital elemento, incluyendo el uso de tecnologías de riego eficientes, la protección de áreas de recarga acuífera y el diseño de esquemas colectivos de planificación de la demanda a largo plazo, lo que contribuirá a apoyar a las distintas partes interesadas y a actualizar estrategias y políticas públicas y privadas a la nueva realidad climática, promoviendo eficiencia y eficacia en sus distintos usos y el resguardo de las aguas marítimas y continentales (superficial y subterráneo).

Parafraseando a Peter Druker: “no es posible gestionar lo que no se mide, y lo que no se gestiona no puede mejorarse”, para potenciar la probabilidad de prevalecer ante la crisis, será crucial, por un lado, impulsar acciones como una mejora en las redes de monitoreo, e idealmente hacerlo de forma colaborativa, controlando así el estado de acuíferos, lagos, ríos y cuencas completas. Resulta clave también realizar esfuerzos conjuntos en restauración de ecosistemas, lo que surge como una estrategia de mitigación hídrica ante la emergencia que estamos viviendo.

Vehículos autónomos: ¿El futuro de la logística terrestre? 

Por: Gonzalo Fuenzalida, Co-Founder & Chief Commercial Officer Tranciti.

La tecnología avanza a un ritmo imparable, y uno de los desarrollos más revolucionarios es la implementación de vehículos autónomos en la logística terrestre. Estos sistemas, que integran Inteligencia Artificial (IA), sensores avanzados y conectividad de última generación, prometen transformar radicalmente la manera en que se transportan bienes y se optimizan las cadenas de suministro. Sin embargo, esta innovación plantea una pregunta crucial: ¿estamos realmente preparados para adoptar este futuro y aprovechar todo su potencial?

Hoy empresas líderes en tecnología y transporte han realizado pruebas exitosas, demostrando que estos sistemas cuentan con varias ventajas como la reducción de costos operativos, optimización de tiempos de entrega y seguridad. Además, la capacidad de operar 24/7 sin interrupciones promete un salto significativo en la eficiencia logística.

Sin embargo, el camino hacia la masificación de los vehículos autónomos es uno lleno de desafíos. Uno de los principales es la falta de un marco regulatorio que permita su integración segura y controlada. Además, la infraestructura vial y la conectividad en muchos países, incluido Chile, aún no están completamente preparadas para soportar este nivel de automatización. 

Por otro lado, existe la preocupación sobre el impacto en el empleo, particularmente para los conductores, quienes podrían ver amenazada su estabilidad laboral ante la eventual sustitución de una parte significativa de sus puestos por vehículos autónomos. Este cambio plantea interrogantes importantes: ¿será posible mitigar este efecto mediante la creación de nuevas oportunidades en áreas relacionadas con la operación, mantenimiento y programación de estos sistemas? La transición hacia esta tecnología no sólo debe enfocarse en los avances técnicos, sino también en garantizar un modelo inclusivo que contemple la reconversión y capacitación de la fuerza laboral afectada.

A pesar de estos retos, los beneficios a largo plazo son incuestionables. La reducción de emisiones de carbono, el ahorro en costos logísticos y la disminución de accidentes asociados a errores humanos son objetivos alineados con las necesidades de sostenibilidad y eficiencia del siglo XXI. Para lograr este futuro, es esencial que el sector público y privado trabajen en conjunto, desarrollando políticas, infraestructura y tecnologías que permitan una transición responsable y ordenada.

En Tranciti, vemos este cambio como una oportunidad para liderar en innovación y transformar la logística terrestre. Apostar por los vehículos autónomos no sólo significa adaptarse a los avances tecnológicos, sino también construir un sistema logístico más inteligente, seguro y sostenible.

El futuro de la logística terrestre sin duda ya está en movimiento. La pregunta es ¿estamos preparados para dar el siguiente paso hacia la transformación del transporte? La respuesta, como suele pasar con los avances, está en nuestras manos.

Ante la corrupción municipal, ¿Qué opinión tiene Evelyn Matthei?

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Desde hace años estamos entregando, en distintos medios de expresión independientes, informaciones nunca desmentidas relacionadas con la atávica ausencia de probidad y transparencia dentro de los municipios del país y por ello no nos extraña en absoluto que recientemente se haya conocido una auditoría externa que da cuenta del constante pago mensual de «horas extraordinarias» a funcionarios regalones de los ex alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, ambos activos militantes de la UDI. El subido monto detectado fue de $ 45.688.430.000, que sus alegres receptores nunca devolverán, pues esos dineros ya se los gastaron en variadas formas de consumo.

Lo anterior se debe relacionar con la amañada indemnización de U$ 11.000.000 más IVA e intereses, que podría pagar dicha municipalidad a una inmobiliaria que construyó 2 torres habitacionales, proyecto inmobiliario erróneamente considerado como Conjunto Armónico, localizado en la esquina de las calles Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, por una presunta «falta de servicio», asunto que ni Lavín ni Peñaloza, a través de sus legos abogados municipales, supieron manejar correctamente en los tribunales de justicia.

Este es un motivo más que suficiente para que la actual alcaldesa, Catalina San Martín, ex Evópoli, acorde a nuestra interpelación dirigida a ella el 06/12/2024, en orden a que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este competente servicio público investigue el episodio en resguardo de los intereses fiscales que están en juego. 

No nos referiremos mayormente al mediático caso de la exalcaldesa UDI, Cathy Barriga, esposa de un hijo diputado, también UDI, de Joaquín Lavín, pues la prensa de farándula se ha deleitado entregando todo tipo de informaciones respecto de sus distintas medidas cautelares, pero consideramos inapropiado que su conocido suegro utilice a algunos medios para criticar a la Fiscalía y al Poder Judicial, por lo que le acontece a ella. 

En otro orden de materias, pero siempre asociado a la deshonestidad, tiempo atrás, conversando con una arquitecta, funcionaria de la municipalidad de Calera de Tango, analizamos en detalle un sinfín de prácticas corruptas que allí se cometían en el ámbito de su competencia, vale decir, vivienda y urbanismo, las que eran recurrentes por falta de control de sus autoridades locales y cuando se le consultó a ella la razón por la cual no se denunciaban, ya sea en la Seremi Minvu, en la Contraloría General de la República o en el Ministerio Público, se nos contestó que era muy comprometedor asumir esa responsabilidad por las consecuencias negativas que se producían. 

Sabemos que denunciar infracciones administrativas o delitos de los miles que existen en el aparato público traen repercusiones muy graves, no tanto para los que incurren en ellas, sino paradojalmente los que salen más perjudicados son los mismos que las revelan. Recordemos que en nuestra angosta y larga faja de tierra, la impunidad está consagrada como una norma no escrita que, con sacro escrúpulo, los que ejercen el poder saben respetarla invariablemente  A pesar de ello, le contestamos a dicha arquitecta que debía acogerse a la reciente Ley N° 21.592 que establece un estatuto de protección para todos aquellos que se atreven a acusar las malas prácticas en los servicios de la Administración y, ella como una proba funcionaria pública, procedió en consecuencia. 

Todos los antecedentes ella se los informó por escrito y presencialmente a la Contraloría, en ocasiones en compañía de este columnista y del arquitecto Víctor Manuel González, ex Seremi Minvu de la región metropolitana de Santiago y de la 4a región de Coquimbo. Reconocemos la excelente acogida que nos brindaron las altas autoridades del ente fiscalizador al escucharnos, lo que valoramos en su justa dimensión, pues nos consta que la Contraloría, por ser autónoma y de rango constitucional, ejerce irreprochablemente bien su función de control de los actos administrativos. Allí los lobbystas no tienen cabida.   

Pero, por indebidas tramitaciones burocráticas internas, la valerosa funcionaria que ejerció su derecho para combatir la corrupción acaba de ser notificada por su empleador municipal que, con fecha 31/12/2024, como un oportuno saludo de Año Nuevo, cesa en el ejercicio de su cargo, luego como se observa, operó en plenitud la represalia que la mencionada ley dice evitarla. Por casualidad, la alcaldesa de Calera de Tango, Hortensia Mora, autoridad que aparentemente desconocía la anarquía municipal, también es del partido político UDI. 

Así las cosas, queda en evidencia, con esta clarificadora y surrealista experiencia, que los funcionarios municipales de todo el país optarán por mantenerse mudos cuando conozcan violaciones a la ley, pues ellos preferirán no darlas a conocer en los organismos superiores respectivos, debido a que preferirán conservar sus cargos y sus sueldos.

Por ello, debido a que en los 4 casos descritos están involucrados alcaldes (as) UDI, es pertinente consultarle a la futura candidata presidencial de la derecha, Evelyn Mattei, qué opinión tiene al respecto.

Jardines Verticales. Su importancia y necesidad para la cara visible de la ciudad.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

Los jardines verticales son básicamente estructuras diseñadas para cultivar plantas en superficies verticales, como grandes paredes o estructuras elevadas. Estos jardines obviamente  varían en escala, desde pequeños paneles instalados en edificios hasta grandes instalaciones urbanas.

La idea principal es aprovechar el espacio vertical para crear áreas verdes y mejorar la calidad del entorno urbano. No tengo nada en contra del color gris de los edificios, pero reconozco que un poco de color colabora a una ciudad más vistosa.

Dentro de las características de este tipo de jardines, está su sostenibilidad, pues incorporan plantas resistentes y de bajo mantenimiento, ayudando a la reducción del impacto ambiental; su diseño estético, en atención a su belleza y atractivo significativo, mejorando la estética urbana y la calidad visual de los espacios; su capacidad de aislamiento térmico y acústico, ayudando a regular la temperatura en edificios y reduciendo además el ruido ambiental; la capacidad de mejorar la calidad del aire, pues absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, mejorando así la calidad del aire en entornos urbanos; y la conservación del agua, pues algunos de ellos utilizan tecnologías que hacen un uso más eficiente de este recurso.

Así, son innegables los beneficios de este tipo de jardines en su interrelación con las ciudades, ya que ayudan eficazmente a mitigar el calentamiento urbano, reduciendo la absorción de calor en superficies urbanas, disminuyendo el fenómeno de la «isla de calor urbano»; aumentan las áreas verdes sin ocupar espacio horizontal, especialmente en ciudades o comunas densamente pobladas; fomentan la biodiversidad, generando hábitats para distintas especies; mejoran el bienestar humano, ya que la presencia de vegetación se la suele asociar con beneficios para la salud mental y física de los residentes, reduciendo el estrés y mejorando la calidad de vida; y promocionan la agricultura urbana, permitiendo así el cultivo de alimentos y generando una fuente local de productos frescos.

Los jardines verticales ofrecen muchos beneficios para las ciudades que van más allá de lo estético, mejorando la sostenibilidad, la calidad del aire, la eficiencia energética y el bienestar en las nuevas ciudades inteligentes; pero, lamentablemente, aun no existen incentivos financieros y económicos suficientes, públicos y privados, que propicien su uso en los proyectos inmobiliarios.

Resulta lamentable que, en ciudades donde las áreas verdes escasean, en donde el valor del suelo es altísimo, no surjan incentivos, subsidios y beneficios fiscales para proyectos inmobiliarios en donde los jardines verticales sean una alternativa viable, oportuna y necesaria.

El desafío colaborativo en la prevención del delito en Chile 

Por: Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, empresa experta en protección de activos y reducción de delitos.

En el ámbito de la seguridad, Chile enfrenta hoy múltiples desafíos, entre los cuales destaca la necesidad de operativizar un verdadero plan de  coordinación entre el sector público y privado, en los términos que señala la nueva Ley sobre Seguridad Privada, y que entre otras cosas,  permitirá mejorar  la persecución penal. .

Es impreciso pensar que todo pasa por  el  aumento  en la dotación de  policías para  resolver los problemas de delincuencia. Si bien existen  oportunidades de  mejora entorno a la gestión policial, esto debe hacerse utilizando los datos disponibles mediante la integración de la mayor cantidad de fuentes de información disponible, sean públicas como privadas, tal como ha pretendido establecer el legislador en el marco de la Ley de Seguridad Privada y de forma global en el Plan Nacional de Seguridad. 

En ALTO, justamente   buscamos   colaborar activamente como operadores del sistema de justicia criminal, desde el  análisis de la información delictual, identificando patrones, vinculando eventos, aportando evidencia y presentando  casos sólidos que permitan  apoyar la   tarea del Ministerio Público en la obtención de  condenas y disminuir los delitos. Buscamos trabajar  de manera coordinada, y los resultados alcanzados en los mercados donde operamos nos han demostrado  que el sector privado puede ser un aliado estratégico en la lucha contra el delito.

Hemos sido testigos de  cómo la coordinación entre el sector público y empresas privadas genera resultados eficaces en el combate a la delincuencia, generando ambientes más  seguros. Esto lo vemos en todos los países donde hemos logrado operar: Estados Unidos, Colombia, México, Chile y España. En el caso específico de Chile, cuando hemos trabajado en coordinación público privada con el Ministerio Público, hemos conseguido incrementar en casi un 300% los resultados exitosos o en los procesos penales. 

En 2024, en nuestro país, gracias al trabajo coordinado  que realizamos con diversas empresas, hemos logrado reducir un 78% los delitos en la industria logística, un 74% en la industria minera y un 40% en las grandes tiendas comerciales respecto a 2023. En este caso, estamos hablando desde delitos menos complejos como el  hurto, hasta delitos violentos que involucran a bandas organizadas que atacan empresas de distintos rubros. En la misma línea, en Colombia hemos disminuido hasta un 27% los delitos y en México, un 30% en retail.

También es posible hacer un paralelo con nuestro trabajo en Ciudad de México, que a pesar de tener una población más grande que todo Chile, implementó un  sistema denominado C5, consistente en un centro de control en el que se ha apostado por la tecnología para  unificar información de más de 25 servicios públicos y privados relacionados con emergencias y seguridad. 

Este sistema permite que, en caso de emergencia, los servicios lleguen al lugar en un máximo de 5 minutos, gracias a la integración  de más de 65 mil cámaras conectadas en tiempo real. Lo más relevante es que lograron reducir drásticamente los tiempos de respuesta, y todo esto sin requerir cambios legislativos drásticos.Por otro lado, en Estados Unidos contamos con más de 700 convenios con departamentos de policía, fiscalía, compartimos información, trabajamos juntos y aportamos  evidencia, que, de otra forma, sería imposible lograr. 

Sin duda, la colaboración entre el sector público y privado desempeña un rol fundamental en el ámbito de la seguridad. Estamos convencidos de que las empresas pueden aportar soluciones innovadoras y recursos que fortalezcan estratégicamente en esta materia, contribuyendo a que nuestro país recupere la seguridad.

En materia territorial urge una reingeniería en la comuna de Colina

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

A raíz de una reciente columna de opinión, de nuestra autoría, en donde se daba cuenta de prácticas indebidas cometidas por el director de obras municipales (DOM) de Colina, funcionario que, obedeciendo directrices de influyentes propietarios de lujosas casas emplazadas en predios de 5.000 m2, acogiéndose ilegalmente al DL 3.516, aunque con los cambios que se mencionan más adelante son legales, había objetado sin razón alguna un anteproyecto de 52 viviendas económicas DFL2 en terrenos de 400 m2. Por este motivo, con posterioridad se publicaron reportajes en El Mercurio, radio Bio Bío y Las Últimas Noticias, sin que éstos dieran cuenta de la realidad que existe en esa comuna. 

Se supone que los objetores del aludido proyecto no querían tener como vecinos a familias de menor categoría social que las de ellos mismos y para cerciorarnos de lo que acontecía, el domingo 22/12/2024, visitamos esa comuna revisando además su página web, para conocer la composición de su crecimiento urbano, posibilitado por la autopista concesionada radial Nororiente, ruta Los Libertadores y el camino Juan Pablo II.

Pues bien, el sector poniente de la conocida rotonda Copec de Chicureo, comprendido entre la Avenida del Valle y el área norte de la Ruta Los Libertadores, ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas, con la proliferación de miles de viviendas orientadas a primeras residencias. Estas magníficas casas se construyeron también en terrenos de 5.000 m2 acogiéndose a la figura contraria a derecho de las «parcelas de agrado». A diferencia de la casas mencionadas en el primer párrafo, éstas siguen siendo ilegales por estar localizadas, fuera del límite urbano fijado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). 

El «pequeño problemita» radica en que estas construcciones no se emplazaron en las zonas formalmente declaradas como urbanas, según dicho PRMS, instrumento que el año 1997 estableció las Zonas Urbanas de Desarrollo Condicionado (ZODUC), recordando que el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) es del año 2010. Como vemos, todas esas elegantes casas existen en el área rural, casi siempre en subdivisiones cerradas, que no cuentan con los mínimos servicios, infraestructuras ni regulaciones necesarias para sostener este tipo de desarrollo, siendo lo más grave, en algunas de ellas, la ausencia de abastecimiento formal de agua potable. Estos inmuebles, al estar inscriptos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), ya son hechos ilícitos consumados. 

Las ZODUC de Piedra Roja, en donde se produjo el conflicto entre vecinos, y Chamisero, han sido diseñadas para absorber este crecimiento dentro de los límites urbanos, pero no parecen estar cumpliendo ese rol de manera efectiva, pues el uso de suelo de las mismas está monopolizado por las mega empresas propietarias de ellas. Sostenemos que todos sus predios disponibles obligatoriamente deben densificarse acorde a la ley. 

Aún más preocupante es la situación de la Modificación N° 109 del PRMS, Camino Chicureo, aprobada hace dos años en el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, pero cuya toma de razón,por parte de la Contraloría General de la República, sigue pendiente. Este estancamiento administrativo perpetúa la incertidumbre sobre el límite urbano y facilita la emisión de permisos de edificación «provisorios» (sic) en áreas rurales, cuyos plazos deberían haber expirado sin consecuencias para nadie. Esta impúdica situación genera un ambiente de completa ilegalidad amparada por el sistema, donde el control del uso de suelo se vuelve totalmente laxo y se da paso a desarrollos inmobiliarios truchos que pugnan y distorsionan la estructura urbana.

La revisión en terreno confirma que en la comuna de Colina, además de las viviendas mal emplazadas, existe una amplia gama de servicios y equipamientos de distinta índole que funcionan bajo patentes de microempresas familiares, cuando en realidad operan como negocios comerciales. Este subterfugio, tan típico chilensis, evidencia la necesidad urgente de regularizar y fiscalizar todas las actividades allí existentes, para evitar que la informalidad se convierta en norma. El crecimiento de viviendas y equipamientos comerciales en Colina debe darse exclusivamente en las áreas urbanas establecidas en los instrumentos de planificación vigentes, luego el PRMS de 1997 y el PRC de 2010.

Por lo anterior, debido a que los integrantes del anterior Concejo Municipal, con sola excepción de la concejal Catalina Lillo, lamentablemente no reelegida, nunca denunciaron las ilegalidades en comento, suponemos que sus nuevos miembros cumplirán sus cometidos y si se repite esta negligencia, la fundación Defendamos la Ciudad deberá poner los antecedentes, ya sea en la Seremi Minvu, dirigida por Carolina Casanova, como en la persona de Claudio Orrego, Gobernador Regional reelecto, ya que el ordenamiento territorial existe para que se cumpla.

Está claro, a pesar de que los díscolos propugnen la mantención del despelote, con una reingeniería es posible garantizar un desarrollo sostenible, respetándose tanto el medio ambiente como los derechos de los habitantes que residen en viviendas legales en Colina y por ello felicitamos a los empresarios que sí respetan las reglas del juego vigentes en dicha comuna.

12/03/2026 05:15
Jueves 12 de Marzo de 2026
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