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El IVA a las viviendas fue incorporado en 2014 durante la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La promesa de reactivar el sector inmobiliario y devolver dinamismo a la economía ha vuelto a instalar un viejo debate en Chile: el rol del impuesto en el precio de la vivienda.

El nuevo Gobierno anunció la suspensión por 12 meses del IVA en la compra de viviendas nuevas, una medida que busca, en lo inmediato, reducir el stock acumulado de unidades sin vender y reactivar una industria golpeada por la desaceleración, el alza de tasas y la caída en la demanda. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿bajarán realmente los precios?

El sector construcción atraviesa uno de sus momentos más complejos en la última década. Con cerca de 200 mil empleos perdidos y un volumen significativo de viviendas sin comercializar, la urgencia por medidas contracíclicas se ha vuelto transversal.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción han sostenido que el IVA —incorporado en la reforma tributaria de 2014 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet— ha tenido un impacto directo en el encarecimiento de las viviendas, estimando un alza superior al 12% en su valor final.

En ese contexto, la eliminación temporal del gravamen aparece como una señal clara al mercado: incentivar la compra y destrabar decisiones postergadas.

¿Baja inmediata o ajuste parcial?

Para Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, el efecto sería directo: una reducción inmediata en el precio de venta.

“El costo de adquisición podría disminuir significativamente, permitiendo que sectores de clase media —hoy al límite del financiamiento— logren acceder a créditos hipotecarios”, ha señalado. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en la magnitud ni en la forma en que ese beneficio llegaría al comprador final.

Diversos análisis en la prensa económica chilena han advertido que el precio de una vivienda no depende exclusivamente del IVA. Factores como el valor del suelo, los costos de construcción, la inflación en materiales y las condiciones del crédito hipotecario también inciden fuertemente.

En ese sentido, surge una duda clave: ¿la rebaja del impuesto se traspasará completamente al consumidor o será absorbida —al menos en parte— por las inmobiliarias?

El factor crédito: la verdadera barrera

Más allá del precio, uno de los principales cuellos de botella sigue siendo el acceso al financiamiento.

Durante los últimos años, el aumento de las tasas de interés y las mayores exigencias bancarias han dejado fuera del sistema a miles de potenciales compradores, especialmente de clase media.

Algunos economistas y analistas —citados en medios como Diario Financiero y La Tercera— coinciden en que, aunque una baja en el valor de la vivienda puede ayudar, no resuelve por sí sola el problema estructural del acceso al crédito.

En otras palabras, incluso con precios más bajos, muchas familias podrían seguir sin calificar para un préstamo hipotecario.

Un impulso necesario para la economía

Donde sí existe mayor consenso es en el impacto macroeconómico.

La construcción es uno de los sectores con mayor capacidad de generar empleo en el corto plazo y de activar encadenamientos productivos con otras industrias: desde la manufactura hasta los servicios.

Desde esa perspectiva, la medida no solo busca beneficiar a compradores, sino también reactivar la inversión privada y dinamizar la economía en su conjunto. “La eliminación del impuesto incentivaría la salida del stock acumulado y fomentaría nuevos proyectos”, plantea Ugarte.

¿Medida transitoria o solución estructural?

El carácter temporal —12 meses— abre otro frente de análisis.

Para algunos expertos, esta ventana podría generar un “efecto apuro” en la demanda, concentrando decisiones de compra en el corto plazo. Pero también podría provocar distorsiones una vez que el IVA vuelva a aplicarse.

Otros advierten que, sin políticas complementarias —como subsidios, garantías estatales o mejoras en el acceso al crédito—, el impacto podría diluirse rápidamente.

Más allá de la coyuntura, la discusión reabre una tensión estructural en Chile: el rol de la vivienda.

¿Debe entenderse principalmente como un bien de consumo, sujeto a las reglas del mercado, o como un derecho social que requiere intervención más profunda del Estado?

La suspensión del IVA aparece, en ese sentido, como una herramienta de corto plazo. Un alivio que podría dinamizar el mercado, pero que difícilmente resolverá por sí solo el problema de acceso a la vivienda.

La medida representa una señal potente para el sector inmobiliario y una posible oportunidad para miles de familias. Sin embargo, su efectividad dependerá de múltiples factores: desde la conducta de las inmobiliarias hasta la evolución del crédito y la confianza de los consumidores.

Porque en el mercado de la vivienda, como en pocos otros, las decisiones no se toman solo con incentivos, sino también con certezas.

Y hoy, más que nunca, esas certezas siguen en construcción.