Los personeros criticaron el trabajo de los abogados del Gobierno que no advirtieron los problemas de orden constitucional que afectarían a la ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Los diputados de la Bancada de Diputados Republicanos anunció que desde este lunes iniciará la búsqueda de los 62 votos que se necesitan para la constitución de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para ahondar en el caso de la frustrada venta de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno.
La iniciativa parlamentaria se funda en la compleja situación desatada por el intento de adquisición, que terminó con la solicitud de renuncia de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.
“Ya la actitud constante por parte del Gobierno, no de cometer errores, no de condorearse, como se dice en buen chileno, sino de pretender constantemente favorecerse ellos y favorecer a sus compañeros de partido, compañeros de coalición, con los recursos de todos los chilenos, es escandaloso. Ya no aguanta más. (…) Y por lo mismo, que desde la Bancada del Partido Republicano hemos decidido presentar la solicitud de que se conforme una Comisión Especial Investigadora para aclarar todos estos hechos, aclarar no sólo cómo ocurrió la suscripción de este contrato de compraventa, sino también qué es lo que ocurre ahora”, anunció el jefe de Bancada Luis Fernando Sánchez.
En esta línea, el legislador explicó que la idea es que se debata respecto de decisiones como el ir ante el Tribunal Constitucional “para iniciar el proceso de destitución, de cesación en el cargo, no sólo de la ministra (Maya) Fernández, sino que también de la senadora (Isabel) Allende”.
Sánchez también abordó la salida de la ministra Sandoval, calificando la decisión como “cortar el hilo por lo más delgado”. “Eso es inaceptable. Aquí el Presidente Boric tiene que dar explicaciones. Aquí la ministra Fernández tiene que dar explicaciones de qué es lo que hay detrás de este contrato de compraventa. Porque hay quienes dicen que esto incluso tiene que ver con la búsqueda de afianzar confianzas y vínculos entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Sería vergonzoso, inaceptable. Tenemos desde Democracia Viva hasta la casa de Salvador Allende que una vez tras otra la izquierda ha pretendido favorecerse y aprovecharse ellos de los recursos de todos los chilenos y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir y que este caso quede impune”, aseveró.
Por su parte, el diputado Cristián Araya -subjefe de Bancada-, ironizó respecto del caso, señalando que “por muy poco, los mil días de Allende se convierten en mil millones de pesos para una senadora y una ministra”.
“Aquí, evidentemente, este no es un hecho aislado, es parte de una política de Gobierno de destinar los recursos de todos los chilenos para sus chiringuitos. Parece que el año 90 no solo volvió la democracia, sino también volvieron los chiringuitos de la izquierda. Creo que aquí hay varias cosas que va a tener que aclarar no sólo la ministra Fernández, la senadora Allende, sino también el Presidente de la República. Aquí hay varias cosas que quedan en cuestionamiento para todos”, aseveró el legislador.
“¿Cómo nadie advirtió que no lo podían hacer?”
El subjefe de Bancada también fustigó a los equipos de confianza del Gobierno, que no advirtieron de los problemas desde el punto de vista constitucional que se podrían producir para la ministra Fernández y la senadora Allende, de concretarse la adquisición.
“¿Cómo nadie advirtió que no lo podían hacer? Esa es una pregunta. ¿Cómo no hubo un abogado de los cientos que han contratado? ¿Cómo no hubo uno que dijera que puede ser una mala idea, puede ser no sólo ilegal, sino inconstitucional? Bueno, parece que ninguno de los cientos de contrataciones de abogados que ha realizado este Gobierno, ninguno lo tuvo a la vista. Esa es una pregunta que va a quedar absolutamente abierta. Yo creo que esta es una situación muy lamentable porque deja en evidencia que hay una política para desviar recursos de todos los chilenos a sus negocios”, manifestó.
Consultado por la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional para buscar la remoción de la senadora del PS Isabel Allende, Araya explicó que “es parte de lo que vamos a estar revisando. Nosotros hemos presentado y anunciado hace pocos instantes el inicio de la junta de firmas para poder generar una Comisión Especial Investigadora. Con esos antecedentes, por supuesto que no descartamos ir al Tribunal Constitucional. Y a todas las instancias.
“Aquí vamos a perseguir las responsabilidades políticas y administrativas en lo que, evidentemente, era una pasada, un negocio de parte de gente muy cercana al presidente de la República, de las cúpulas del Partido Socialista, para variar. Bueno, evidentemente, van a tener que responder y ahí estaremos los republicanos persiguiendo esas responsabilidades con firmeza, como es costumbre”.
Mientras que para el diputado Agustín Romero, ya se ha configurado una inhabilidad respecto de la senadora Allende y la ministra Fernández y llamó a la Contraloría General de la República a pronunciarse de oficio.
“El contrato que es públicamente conocido y que se ha publicado por distintos medios, muestra la celebración de un contrato. La Constitución es muy clara, se habla de celebración en forma directa, aquí no hay interpretaciones posibles, lo de la Comisión Investigadora que nosotros hemos planteado obviamente dice relación con quienes intervinieron en todos estos actos de Gobierno, pero la infracción constitucional de la ministra y de la senadora está absolutamente configurada”, finalizó.
