Tras años de litigios y una orden de demolición dictada por la Corte Suprema, el edificio de US$ 80 millones no será destruido.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Luego de más de 14 años de paralización y controversias, el cuestionado hotel Punta Piqueros en Concón tendrá una segunda vida bajo un nuevo concepto: Punta Mar.
La transformación surge de una conciliación alcanzada entre la municipalidad de Concón, los dueños del proyecto y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, con lo cual se pone fin a uno de los conflictos urbanísticos más prolongados de la Región de Valparaíso.
El edificio —que implicó una inversión cercana a los US$ 80 millones y cuya construcción comenzó en 2011— estuvo en el centro de disputas legales debido a que se emplaza en un área donde el actual Plan Regulador Comunal (PRC) solo permite edificaciones de hasta 7 metros de altura.
Pese a que en enero de 2024 la Seremi Minvu ordenó su demolición, los propietarios resistieron la medida, advirtiendo además que buscarían compensaciones económicas por falta de servicio de la municipalidad.
De hotel a hub mixto
El nuevo proyecto mantendrá los 10 pisos del diseño original, pero cambiará de giro: no será un hotel, sino un complejo mixto de oficinas y espacios de uso público. El plan considera coworking, salas de reuniones, áreas gastronómicas, galería de arte, spa, piscina y zonas para emprendedores.
Según el acuerdo, este nuevo modelo busca no solo viabilizar la inversión ya realizada, sino también entregar un beneficio a la comunidad local y a los visitantes de la costa.
Fuentes vinculadas al pacto señalan que el ingreso del anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón será el paso clave en las próximas semanas. Una vez aprobado, se proyecta que en un plazo de cinco meses el inmueble pueda estar operativo, considerando que la estructura ya se encuentra prácticamente concluida.
Un precedente urbano
La conciliación alcanzada el 8 de agosto en la Corte Suprema pone término a un largo proceso judicial y abre un precedente en la manera de abordar proyectos inmobiliarios cuestionados por la ciudadanía.
Si bien implica dejar de lado el límite de altura que fija el actual PRC, se privilegia la conservación de la obra existente, evitando los costos ambientales y económicos de una demolición.
Abogados como Gabriel Muñoz, representante de la Corporación Pro-Defensa, y Juan Carlos Manríquez, por los inversionistas, tendrán la misión de ajustar los aspectos legales para permitir la operación de Punta Mar dentro del marco de esta salida negociada.
Con ello, Concón se prepara para recibir un nuevo polo de servicios y cultura en un espacio que hasta hace poco era símbolo de irregularidades y conflicto urbano.
