Por: Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
La transición hacia el hidrógeno verde se ha instalado en el debate público como una promesa de desarrollo sostenible, diversificación productiva y liderazgo climático para Chile. Sin embargo, bajo este escenario surge una pregunta ineludible y aún insuficientemente discutida: ¿quién paga realmente este cambio?.
El despliegue de la industria del hidrógeno verde requiere inversiones de magnitud excepcional. No solo se trata de electrolizadores y energías renovables, sino también de infraestructura habilitante: redes de transmisión, puertos especializados, plantas desalinizadoras y sistemas logísticos complejos. Este entramado supone costos iniciales elevados, largos periodos de maduración y una incertidumbre tecnológica y de mercado que el sector privado, por sí solo, difícilmente asumirá sin mecanismos de mitigación de riesgo.
En este contexto, el rol del Estado se vuelve decisivo. Subsidios, garantías, marcos regulatorios bien establecidos y financiamiento público emergen como instrumentos clave para catalizar la inversión. No obstante, esta intervención abre un dilema estructural: el uso de recursos fiscales para apalancar una industria en etapa temprana implica necesariamente priorización presupuestaria. En otras palabras, cada dólar destinado al hidrógeno verde compite con necesidades urgentes en salud, educación o seguridad social.
La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta la transición, sino en cómo se distribuyen sus costos y beneficios. Existe el riesgo de que el financiamiento público socialice las pérdidas iniciales, mientras que las rentabilidades futuras se concentren en actores privados o en mercados externos. Este escenario no es nuevo en economías basadas en recursos naturales y exige un diseño institucional cuidadoso que garantice retornos sociales efectivos.
Asimismo, resulta imperativo avanzar hacia esquemas de transparencia que permitan a la ciudadanía comprender el destino y la eficiencia del gasto público en esta materia. La legitimidad social de la transición energética dependerá, en gran medida, de la percepción de justicia en su financiamiento.
El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para nuestro país, ya que representa una nueva industria basada en fuentes renovables. Pero su viabilidad no se jugará únicamente en la eficiencia tecnológica o en la competitividad de costos, sino en la capacidad de construir un pacto social y fiscal que defina, con claridad y equidad, quién paga hoy para que Chile obtenga frutos mañana.
