Miles de actores, altas comisiones y prácticas poco éticas reabren el debate sobre regulación y profesionalización en el corretaje inmobiliario chileno.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El corretaje de propiedades en Chile es un mercado dinámico y en expansión, pero en los últimos días ha vuelto a estar bajo la lupa por las prácticas de algunos actores y la ausencia de regulación estricta.
Hasta 1989, la actividad estaba regulada y los corredores debían inscribirse en un registro nacional supervisado por el Ministerio de Economía. Hoy, cualquier persona puede ejercerla sin formación formal, y aunque existe un registro voluntario, no es obligatorio.
Según gremios del rubro, existen entre 5.000 y 7.000 corredores activos, especialmente concentrados en Santiago. Sin embargo, más de 30.000 entidades figuran registradas bajo el giro de corretaje de propiedades, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2020, reflejando la proliferación de independientes y la irrupción de plataformas digitales como Portal Inmobiliario, TocToc y Yapo.cl.
Empresas reconocidas como Property Partners, Engel & Völkers, Sotheby’s, Re/Max, Nexxos y Fuenzalida Propiedades lideran el sector tradicional, mientras miles de agentes independientes se suman al mercado, atraídos por la posibilidad de generar ingresos significativos por transacción.
“Las plataformas digitales han ampliado la competencia y el acceso al mercado, pero también han generado desafíos en términos de transparencia y profesionalismo”, señaló Soledad Gaete, presidenta de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (Acop), a Emol.
En una reciente carta a El Mercurio, Francisco Silva Domínguez denunció prácticas recurrentes: propiedades publicadas por múltiples corredores, anuncios sin autorización de los propietarios, ubicaciones incorrectas y ofertas de inmuebles ya vendidos. Además, indicó que algunos corredores priorizan sus comisiones sobre los intereses de sus clientes.
Javier Contreras, socio y cofundador de Sotheby’s Realty Chile, coincidió con este diagnóstico y enfatizó la necesidad de profesionalización: “Es fundamental establecer licencias obligatorias, exámenes, educación continua y sanción de malas prácticas. En Chile, cualquiera puede declararse corredor de un día para otro, lo que explica la disparidad en la calidad del servicio”, declaró a Emol.
Trinidad Cuevas, fundadora de Estudio Golondrina Propiedades, añadió que la ausencia de regulación genera un terreno fértil para abusos y fraudes, afectando la seguridad de compradores, vendedores y arrendatarios, según información entregada a Emol.
Visión gremial
Desde Acop, Gaete sostuvo que la falta de regulación favorece a quienes buscan aprovecharse del corretaje sin cumplir estándares éticos. “Tras la pandemia, muchas personas ingresaron al sector buscando ingresos extra, lo que multiplicó la oferta de corredores con calidades dispares”, comentó a Emol.
Por su parte, Patricio Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades (Anacopro), relativizó los riesgos: “Sería positivo un registro obligatorio, pero ya existen herramientas para evaluar a los corredores. La mayoría de las transacciones se realiza de buena fe y no se han reportado casos graves de fraude”, aseguró a Emol.
Francisco Labarca, académico de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el corretaje chileno opera con un déficit evidente en estándares de entrada y certificación, exponiendo a compradores y vendedores a riesgos innecesarios. “Comparado con mercados desarrollados, la actividad carece de requisitos formales de educación y validación profesional”, señaló a Emol.
En cambio, Santiago Truffa, académico del ESE de la Universidad de los Andes, advirtió sobre los costos de sobre-regulación: “Chile ya es un país sobre regulado en muchos aspectos. Imponer nuevas barreras podría trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos, mientras que el mercado ya ofrece alternativas competitivas”, manifestó a Emol.
El desafío de profesionalizar sin frenar el mercado
El corretaje inmobiliario en Chile refleja un delicado equilibrio entre oportunidades económicas, ética profesional y seguridad para los clientes. El debate sobre licencias obligatorias, educación continua y sanciones por malas prácticas aún está abierto, mientras el mercado sigue creciendo impulsado por grandes empresas, intermediarios independientes y plataformas digitales.
La profesionalización del sector es clave para garantizar transparencia y confianza, sin limitar la competencia ni el dinamismo que caracteriza al corretaje de propiedades en el país. La pregunta que persiste es cómo lograr estándares internacionales de ética y desempeño sin frenar el desarrollo de un mercado que mueve millones de dólares cada año.
