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Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

Como ya lo dijera hace buen tiempo atrás Yuri en su famosa canción, recientemente Chile experimentó un apagón masivo que afectó a 14 de las 16 regiones del país, dejando sin suministro eléctrico a más de 19 millones de personas, representando el 98,5% de la población nacional.

Este evento, considerado uno de los más significativos en la historia energética chilena, puso en claro las vulnerabilidades tanto técnicas como regulatorias en el sistema eléctrico nacional. Y eso que debemos agradecer que no ocurrió en invierno, durante copiosas lluvias o en un fin de semana largo entre fiestas… Para que decir respecto de las claras vulnerabilidades estratégicas ante eventuales ataques violentos de cualquier naturaleza de grupos asistémicos.

En medio de las primeras horas de desconocimiento absoluto de lo ocurrido, se mencionaron varias hipótesis de lo ocurrido, pasando incluso por la idea de un ciberataque. Resulta extraño e impresentable que el gobierno, como dueño del “negocio”, haya tomado tanto tiempo en dar respuestas claras (aunque fuesen negativas) de lo ocurrido. La falta de información clara y precisa solo genera dudas, incertidumbre y desconfianza. Ni siquiera me pronunciaré respecto de lad ecisión de adoptar un toque de queda.

Finalmente, y luego de una importante espera, se esgrimió que la causa principal del apagón se identificó en la desconexión de la línea de transmisión de 500 kV «Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar», ubicada entre Vallenar y Coquimbo, la que habría sido provocada por una «operación no deseada» en los sistemas de protección y control gestionados por la empresa privada que la controla (para no mencionar nombres), culpandola de lo ocurrido e incluso amenazandola con el inicio de acciones legales correspondientes.

Los sistemas electrónicos no habrían funcionado según lo previsto, lo que llevó a una desconexión automática de la línea, produciéndose una reacción en cadena que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), resultando así en un corte masivo de energía. Aunque la empresa informó haber solucionado la falla inicial en 44 minutos, la restauración completa del servicio se prolongó durante aproximadamente siete horas debido a dificultades en la coordinación y comunicación entre las distintas empresas generadoras y transmisoras… ¿error del sistema, de la empresa, o del coordinador del sistema?

Desde una perspectiva legal, la responsabilidad de garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro recae tanto en las empresas operadoras como en las entidades reguladoras del Estado. El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) tiene la función de supervisar y coordinar la operación del sistema eléctrico, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes. En este caso, se identificaron deficiencias en la supervisión y en la implementación de recomendaciones técnicas previas. Un informe de auditoría de 2020 ya había señalado anomalías en los sistemas de protección y control de la subestación Nueva Pan de Azúcar, operada por ISA Interchile. Aunque la empresa afirmó haber subsanado dichas observaciones, la falta de una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes pudo haber contribuido a la ocurrencia del apagón.

Además, la reacción del gobierno durante la crisis fue objeto de críticas. La información proporcionada a la ciudadanía fue considerada insuficiente y poco oportuna, lo que generó confusión y desconfianza. La falta de una comunicación clara y coordinada entre las autoridades y las empresas involucradas evidenció la necesidad de establecer protocolos más efectivos para la gestión de crisis en el sector energético.

Lo cierto es que este evento evidenció la clara fragilidad de un sistema interconectado que, si bien en términos generales ofrece ventajas en eficiencia y cobertura, es también susceptible (evidentemente) a fallas sistémicas cuando se produce una interrupción en una de sus líneas troncales. Expertos señalaron que la inversión en infraestructura de transmisión y en la resiliencia del sistema no ha avanzado al ritmo de las necesidades del país, lo que ha dejado al sistema vulnerable ante contingencias. Lo que resulta claro con lo ocurrido.

Así, y con un afán colaborativo, aunque no pretendo descubrir la pólvora con esto, para abordar las vulnerabilidades detectadas y fortalecer el sistema eléctrico chileno, he pensado en que se deberían desarrollar las siguientes acciones:

1.- Acelerar y ampliar las inversiones en líneas de transmisión y subestaciones, asegurando que la infraestructura esté acorde con la demanda energética actual y futura. Esto incluye la implementación de sistemas de respaldo y redundancia que minimicen el impacto de posibles fallas, así como la injección al sistema de energías renovables como alternativa.

2.- Fomentar la inversión en fuentes de energía renovable y descentralizada, como la solar y eólica, para reducir la dependencia de grandes líneas de transmisión y minimizar el impacto de posibles fallas en puntos específicos del sistema.

3.- Además de una red interconectada fuerte y robusta, es esencial desarrollar capacidades locales de generación y almacenamiento de energía. Esto permitiría a regiones específicas mantener el suministro eléctrico en caso de desconexiones en la red principal, mediante fuentes propias basadas, ojalá en energías renovables.

4.- Actualizar y mantener regularmente los sistemas de protección y control es crucial para prevenir operaciones no deseadas. La implementación de tecnologías avanzadas y la realización de auditorías periódicas pueden ayudar a identificar, mitigar y corregir posibles vulnerabilidades.

5.- Las entidades reguladoras en la materia, como la SEC y el CEN, cuenten con facultades claras y recursos suficientes para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normativas. Esto incluye la capacidad de imponer sanciones efectivas y de asegurar que las recomendaciones técnicas sean implementadas pronta y adecuadamente.

6.- Establecer procedimientos y protocolos claros y coordinados entre el gobierno, las empresas eléctricas y los medios de comunicación, como condición fundamental para manejar adecuadamente situaciones de emergencia. Es más, una comunicación transparente y oportuna puede reducir la incertidumbre y mantener la confianza pública durante eventos adversos.

Creo que al menos Implementar estas medidas y ojalá muchas más, contribuirán a fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico chileno, reduciendo la probabilidad de futuros apagones de gran magnitud y asegurando un suministro energético estable para toda la población.

Somos una larga franja de tierra y nuestro sistema interconectado central de energía la recorre de norte a sur como la Panamericana. Tratemos de encontrar soluciones inteligentes a eventuales cortes y reparaciones en la ruta que no signifiquen aislar el país energéticamente y volver a la Edad de Piedra, pues al menos en este país, sin electricidad, no somos nada.