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Innovación y resiliencia, como soluciones para enfrentar los desafíos económicos en la construcción en Chile.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

La industria de la construcción en Chile atraviesa un escenario desafiante especialmente marcado por el aumento de costos de materiales, restricciones de financiamiento y menor demanda en proyectos residenciales y comerciales.

Para enfrentar estas dificultades, es crucial adoptar un enfoque innovador en la industria que fomente la sostenibilidad, optimice recursos y se adapte a las necesidades actuales del mercado.

La digitalización y el uso de tecnologías innovadoras como el Building Information Modeling (BIM) pueden transformar la planificación y ejecución de proyectos, reduciendo costos y tiempos. Este enfoque permite prever problemas antes de construir, optimizando el uso de materiales y minimizando desperdicios. La automatización en procesos constructivos, como el uso de impresión 3D para estructuras, también puede reducir significativamente los costos de mano de obra y tiempo.

Por otro lado, incorporar materiales reciclados o de bajo impacto ambiental, como hormigón reciclado o madera laminada, no solo reduce costos a largo plazo, sino que también mejora la percepción de los proyectos en términos de sostenibilidad. Además, implementar principios de economía circular, reutilizando materiales de demoliciones en nuevas construcciones, contribuye a la eficiencia económica y ambiental.

A mayor abundamiento, la construcción modular ofrece soluciones rápidas y económicas, especialmente en viviendas sociales y proyectos comerciales. Al fabricar componentes en entornos controlados, se reducen desperdicios y costos asociados al tiempo en obra, contribuyendo también a una mayor sostenibilidad ambiental.

Dentro de este contexto, el sector público puede desempeñar un rol clave en la reactivación económica mediante incentivos fiscales, financiamiento a tasas preferenciales y la promoción de proyectos de infraestructura que generen empleo. Las alianzas público-privadas son una herramienta eficaz para movilizar inversiones, especialmente en proyectos que beneficien tanto al sector privado como a la comunidad.

Con la demanda de viviendas en aumento, especialmente en segmentos vulnerables, enfocarse en proyectos de viviendas sociales y asequibles puede revitalizar el sector. Esto requiere trabajar con modelos de construcción modulares y prefabricados, que reduzcan tiempos y costos.

Por otro lado, y en lugar de grandes desarrollos, apostar por proyectos más pequeños y enfocados en nichos de alta demanda, como viviendas asequibles o espacios coworking en zonas emergentes, puede ser una estrategia efectiva para mantener la actividad en tiempos de contracción económica.

Así pues, en un entorno económico volátil, la gestión eficiente de riesgos es esencial. Desarrollar una planificación robusta que considere fluctuaciones en precios de materiales, tipos de cambio y financiamiento, ayudará sin duda a garantizar la viabilidad de los proyectos a largo plazo y a hacerlos atractivos a los compradores e inversionistas.

Finalmente, la resiliencia del sector de la construcción en nuestro país dependerá de su capacidad para reinventarse, adoptar tecnologías innovadoras, creativas y colaborar con los actores clave del negocio; por ello, el desafío actual requiere un enfoque colaborativo.

La creatividad y la sostenibilidad son la base para superar las barreras actuales y construir un futuro sólido para la industria, posicionando a la construcción como líder en adaptación y resiliencia.

2025: El año decisivo para la protección de datos en Chile

Por: Marcelo Mora, CEO de IDOK

Cada 28 de enero a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, coyuntura que nos permite abordar la situación local con atención, sobre todo porque nos encontramos en medio de una nueva Ley de Protección de Datos Personales, aprobada el año pasado y que representa un paso gigantesco para Chile, pero, del mismo modo, también nos enfrenta a desafíos de gran envergadura.

La implementación de esta legislación en 2026 marca un punto de inflexión que nos equipara con estándares internacionales largamente postergados. No obstante, el camino hacia su efectiva implementación está plagado de obstáculos que requieren atención urgente.

En primer lugar, el factor tiempo. La realidad es que los plazos resultan cortos, y no es descabellado pensar que un número significativo de empresas chilenas no ha realizado siquiera un diagnóstico inicial de su situación en materia de protección de datos. Este retraso no es menor, considerando las transformaciones profundas en la gestión de información y que requieren no solo recursos tecnológicos, sino que también cambios culturales y organizacionales.

Eso sí, quizás el desafío más preocupante recae en la nueva Agencia de Protección de Datos. A pesar de ser una entidad muy necesaria bajo la nueva legislación, hay incertidumbre sobre su capacidad operativa y presupuestaria, lo que genera un manto de dudas sobre su eficiencia, levantando preguntas sobre si este organismo se encargará también de cursar multas en caso de incumplimientos o de atender las consultas que surjan desde las empresas. El trabajo no es mejor.

La implementación de sistemas regulatorios complejos, como fue el caso de la factura electrónica, requiere tiempo y recursos. Sin embargo, en este caso, los plazos establecidos parecen insuficientes ante la magnitud del cambio requerido.

Con esto, el escenario para 2025 se prevé complejo si no se toman medidas correctivas inmediatas. La implementación apresurada podría generar un caos administrativo sin precedentes, especialmente considerando que la nueva agencia deberá, además de fiscalizar, absorber consultas técnicas y contribuir a la formación de una cultura de protección de datos.

No se puede negar de que Chile necesitaba urgentemente esta actualización normativa. Estábamos rezagados en comparación con países vecinos como Perú, por lo que se hacía imperativa esta modernización. Lo que reafirma que, ante la magnitud del cambio requerido, lo mejor habría sido una implementación escalonada.

La jurisprudencia que se generará a partir de las consultas y casos presentados ante la agencia será fundamental para establecer criterios claros de cumplimiento. No obstante, sin un presupuesto adecuado y una estructura organizacional robusta, existe el riesgo de que la agencia se vea sobrepasada, comprometiendo así la efectividad de la ley.

El éxito de esta transformación dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación tanto del sector público como privado, y de la posible necesidad de ajustar los plazos de implementación para garantizar un cumplimiento efectivo y no meramente formal de la ley. La protección de datos personales es un derecho fundamental que requiere de un compromiso serio y sostenido de todos los actores involucrados.

Semejanza entre la USAID de EEUU y los negocios en Chile 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El multimillonario Elon Musk, hombre fuerte del gobierno de Donald Trump, detectó que la USAID, agencia de los EEUU para el desarrollo internacional (sic), es una cueva de piratas, cuya misión ha sido repartir a destajo recursos financieros de los contribuyentes de ese país, que van a organizaciones de todo tipo para subvertir el orden público de diversos países. Se dice que ha sido la mayor donante del mundo y para terminar con sus pillerías, el nuevo gobierno de ese país colocó a su cabeza al duro secretario de Estado, Marco Rubio. 

La USAID se creó en el año 1961 con nobles propósitos, como la ayuda humanitaria, durante el gobierno del presidente mártir, John F. Kennedy, pero a través del tiempo se transformó en un apéndice de la CIA para desempeñarse en misiones encubiertas, infiltrando partidos políticos, malversando miles de millones de dólares en sus cometidos internacionales, entre otros, financió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dirigió en el año 2014 la revuelta política en Ucrania que significó la caída violenta del presidente Yanukóvich y el posterior ascenso de Zelenski y otras tantas actividades injerencistas en todas partes, naturalmente incluyendo a Chile. Más de 100 medios de prensa y más de 600 periodistas recibieron atractivas colaboraciones de dicha nociva agencia norteamericana. 

Pues bien, en algunos medios que no son meras comparsas de los grupos económicos que los guían en el tratamiento de las noticias, como éste, hemos informado acerca del contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dejó sin efecto un par de permisos de edificación, con una inversión de US$ 100 millones, en la ciudad de Viña del Mar, del empresario Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), asociación gremial empresarial que se caracteriza por ser el más efectivo lobbysta del país. 

Con un lenguaje sumamente comedido, teniéndose en cuenta que el aludido proyecto se localiza en una zona de riesgo, le enviamos nuestra opinión sobre ese fallo a todos los medios de comunicación que descaradamente se autodefinen como serios, sin que ninguno de ellos se haya atrevido a publicar nuestro opúsculo que, en síntesis planteaba, que los inversionistas deben respetar los marcos regulatorios existentes para que se produzca una correcta competencia dentro de un Estado de Derecho, concluyéndose entonces que esa prensa, mayoritariamente de derecha, privilegia a todo evento los intereses de sus avisadores y mentores, negando por lo tanto a sus lectores que conozcan la verdad de los hechos.  

De los cientos de casos similares que conocemos, por ser de plena actualidad y al disponer de nuevos antecedentes, volvemos a la carga dando cuenta del engaño  que intentó hacer la municipalidad de Iquique, al desconocer las áreas de riesgo contenidas en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) de julio de 2022 que, conforme al mandato del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se debieron incorporar automáticamente en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique de 1981. Ello no sucedió para posibilitar solicitudes de permisos para proyectos inmobiliarios localizados en esas «áreas restringidas al desarrollo urbano», lo que se refleja en el capítulo 3.6 de ese instrumento normativo de mayor jerarquía.  

Con esa argucia el afable director de obras municipales (DOM) otorgó numerosos permisos de edificación ilegales, por montos del orden de los US$ 750 millones, verdaderos trajes a la medida de sus titulares, los que, acorde al dictamen N° E310/2025 del 02/01/2025 del Subcontralor General de la República, debieron ser invalidados por el funcionario municipal que graciosamente los cursó. 

Debido a que en nuestro país es difícil que se cumpla la ley, con el abogado Enzo Morales, teniéndose presente que el 03/02/2025 se promulgó el nuevo PRC, oportunamente le solicitamos audiencias al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, al DOM de Iquique, Sergio García, al Seremi Minvu, Diego Rebolledo y a la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera. Como era esperable, solo la señora Vera nos confirmó que tendremos una entrevista con ella el 14/02/2025. 

Al alcalde, al DOM y al Seremi, aparte de tratar el asunto de las invalidaciones de los permisos contrarios a derecho, teníamos interés en aclararles que el uso de suelo del terreno del Club de Tenis Tarapacá, localizado en calle Bulnes 140, predio urbano que, en una lucrativa operación especulativa, la directiva del mismo vendió a un tercero inmobiliario es equipamiento deportivo, conforme lo dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que no quedó reflejado en el añejo y mal elaborado PRC de Iquique del año 1981. A raíz de este error, la directiva del club hizo el negocio.   

La opinión pública de Tarapacá sabe que todos los intervinientes en la transacción comercial están formalizados y suponemos que tanto Soria, como Rebolledo y García, están calculando los costos políticos que tendrían que asumir, si nos reciben en sus despachos. Por este simple motivo, todavía no ha habido respuesta a nuestra solicitud de audiencia. 

Asimismo, para ponerlos al día en esta sensible materia, le ofrecimos al gobernador regional de Tarapacá, José Carvajal, a la delegada Presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso y a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá, Roxana Galleguillo, explicarles en qué consiste y sus negativas consecuencias para el territorio, el erróneo proceder de la municipalidad de Iquique. Al parecer estos 3 funcionarios (as) públicos no desean involucrarse en este episodio, pues ninguno de ellos mostró interés en conversar con nosotros. Si no es posible entrevistarnos con las autoridades municipales y regionales mencionadas es irrelevante, pues la única reunión que producirá efectos concretos es la tendremos con la Contralora Regional de Tarapacá el próximo día 14/02/2025. 

Por último, aludiendo a la espuria conducta de la USAID, sería necesario conocer oficialmente, cuáles son las ONG,s y medios de comunicación que recibieron financiamiento en Chile de esa tenebrosa y corrupta agencia norteamericana. 

Mercado Inmobiliario 2025: Entre desafíos y oportunidades

Por: José Felipe Sánchez, co fundador de Housepricing.cl

El mercado inmobiliario chileno ha pasado por una montaña rusa en la última década. Desde el auge del 2019, cuando las ventas mensuales en Santiago alcanzaron entre 5.500 y 6.000 transacciones, hasta los niveles actuales que rondan las 3.000-3.200, una etapa comparable a la recuperación tras la crisis de 2009. Este escenario plantea grandes desafíos, pero también abre puertas para quienes saben mirar a largo plazo.

Santiago, que representa la mitad del mercado inmobiliario de Chile, ha vivido un descenso sostenido desde el peak de 2019. Aunque los precios de las propiedades han aumentado en un modesto 1.5% anual  y las tasas de interés muestran cierta estabilidad, el acceso al crédito sigue siendo el gran obstáculo.

El promedio de los plazos hipotecarios se ha reducido, pasando de los 30 años comunes en 2019 a períodos mucho más cortos, lo que eleva la exigencia de renta para los compradores. Esta barrera afecta principalmente a los jóvenes, quienes ven cómo el sueño de la casa propia se aleja cada vez más.

Por otra parte, el mercado inmobiliario actual se caracteriza por una acumulación inusual de propiedades listas para entrega inmediata, un fenómeno que no se veía desde 2011. Además, el tipo de propiedades que se transan en la capital está concentrado en departamentos (65%), seguido por casas (35%) y, en menor medida, estacionamientos, bodegas y oficinas. Esta tendencia continuará mientras los inversionistas sean los principales actores con capacidad de acceder a créditos.

Y fuera de Santiago, la situación presenta matices. Antofagasta, por ejemplo, está viviendo un boom inmobiliario reciente, ofreciendo atractivas rentabilidades para los inversionistas. En el sur, comunas como Puerto Varas experimentaron un auge de demanda post-pandemia, impulsado por el teletrabajo, lo que elevó significativamente los precios y la plusvalía. Estas dinámicas muestran que el mercado inmobiliario en regiones se comporta de manera heterogénea y ofrece oportunidades interesantes para diferentes perfiles de compradores.

El panorama para 2025 apunta a una lenta estabilización del mercado en niveles similares a los actuales, al menos a mediano y largo plazo. Cuando las tasas de interés bajen y el acceso al crédito se flexibilice, los proyectos detenidos podrán reactivarse, lo que dinamizará nuevamente el sector. Para los inversionistas, este es un momento clave para observar el mercado, ya que los niveles de rentabilidad y plusvalía podrían volver a ser muy atractivos.

El desafío para el mercado inmobiliario sigue siendo encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda en un entorno donde las condiciones de financiamiento son más estrictas. Sin embargo, para quienes tienen la capacidad de inversión o buscan una vivienda no en el futuro inmediato, este puede ser un momento estratégico para entrar a comprar o invertir.

En tiempos de incertidumbre, mirar el mercado inmobiliario desde una perspectiva de largo plazo sigue siendo una apuesta segura. Las ciudades y regiones seguirán transformándose, y con ellas, las oportunidades para construir un futuro sólido.

El firme compromiso por BIM en la transición hacia ciudades resilientes

Por: Rodolfo Verdejo Cabello Jefe Especialidad Estructuras & Arquitectura, Arcadis

Una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planifica y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de origen, esperados o inesperados, según la definición de ONU-Habitat. Se estima que a día de hoy el 50% de la población del mundo reside en ciudades y, a 2050, la cifra superará el 70%.

Este concepto alude a que todos los sistemas urbanos son, en mayor o menor medida, vulnerables a impactos severos ocasionados por presiones de origen natural y humano. En la actualidad, estos provienen principalmente de tres fuentes: la inestabilidad política, la urbanización masiva y el cambio climático.

Naciones Unidas ha expresado que el desafío de otorgar herramientas a las comunidades –gobiernos locales y ciudadanos – para gestionar este tipo de eventos es apremiante. La capacidad de resiliencia es clave para resguardar a las personas, y a los activos económicos y naturales que son la base para la subsistencia humana.

La sostenibilidad y la innovación van de la mano en este contexto: el propósito es generar diseños que no solo sean respetuosos con el medioambiente y las comunidades, sino también seguros y funcionales (por ejemplo, considerando el tipo de materialidad o la optimización de la materia prima).

Esta premisa es esencial en el diseño de nuevos proyectos o incluso para infraestructura ya existente, tales como carreteras, puentes, hospitales, industrias o establecimientos educacionales.

La metodología BIM un modelo digital que centraliza toda la información de una obra de construcción facilita una colaboración eficiente entre las distintas disciplinas involucradas en el diseño, permitiendo la integración de prácticas sostenibles desde las primeras etapas de los proyectos, facilitando la transición hacia la consolidación de ciudades resilientes.

En nuestra experiencia (con más de 3.500 iniciativas en las que hemos participado en nuestros 40 años en Chile), la implementación de este enfoque ha permitido considerar activamente la protección del entorno y establecer un alto nivel de optimización en el uso de materiales con bajas emisiones de carbono, entre otros beneficios. La elección de desarrollar proyectos en BIM supone un firme compromiso, respaldado por acciones concretas.

Desde la conceptualización de nuestros proyectos, hemos tenido en cuenta el efecto de las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la producción, suministro de materias primas, transporte y fabricación de materiales de construcción. Gracias a esta atención integral, se logra reducir de manera significativa el impacto negativo en el medio ambiente causado por los materiales de construcción.

Incluso en situaciones donde el presupuesto o los plazos de ejecución suponen una barrera, se pueden evitar la mayoría de las emisiones incorporadas al enfocarnos en los aspectos críticos desde las primeras etapas del proyecto, utilizando una coordinación integrada facilitada por herramientas tecnológicas. El uso de materiales de bajo impacto, la optimización de las cantidades a usar o el análisis sobre la selección y fabricación de materias primas de bajo impacto son algunos ejemplos.

En la era de la crisis climática, sumado a otros grandes desafíos de la sociedad contemporánea, la construcción sostenible no es solo una opción. Es una obligación. Y para eso, el diseño innovador es un motor de cambio, con el potencial de generar valor y beneficio para los clientes y comunidades, trazando un camino hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el entorno.

El robo del brillo de Santiago Centro: ¿Puede la seguridad devolverle su esencia?

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

¿Qué pasó con nuestro querido Santiago Centro? Hace no tanto, estas calles eran el corazón palpitante de la capital: fachadas históricas, paseos llenos de vida, y un aire de movimiento que nos hacía sentir que aquí todo pasaba. Hoy, lamentablemente, el panorama es otro: inseguridad, abandono y un aire de «sálvese quien pueda» que preocupa y duele.

El Paseo Ahumada, ese ícono comercial que alguna vez fue «la» joya del retail chileno, está perdiendo brillo más rápido que un influencer sin Wi-Fi. Las razones son claras: inseguridad desbordada, un deterioro urbano evidente y la falta de una visión que reinvente lo que alguna vez fue el epicentro de todo. Mientras tanto, las empresas, comercios y personas están haciendo las maletas y mudándose al oriente, donde Sanhattan (sí, esa mezcla de Santiago y Manhattan que nos encanta decir) se consolida como el nuevo eje del poder económico. El centro, en cambio, parece congelado en el tiempo, atrapado en una nostalgia que ya no puede sostenerlo.

Los números no ayudan a cambiar esta percepción. En 2024, el mercado de oficinas en Santiago Centro registró una vacancia del 21,5%. Más de 11.000 metros cuadrados quedaron desocupados. ¿Las razones? La digitalización de servicios clave (adiós a filas en notarías y bancos) y la migración de empresas hacia zonas más modernas y seguras. A esto se suma un problema que nadie puede ignorar: la delincuencia. Los delitos violentos han crecido año tras año, posicionando a Santiago Centro como una de las comunas más golpeadas por la inseguridad en el país. Si a esto le sumamos la proliferación del comercio ambulante y la falta de proyectos renovadores, el panorama no parece muy alentador.

¿Entonces, se acabó todo para el centro? ¡Para nada! Aquí viene la parte buena: Santiago Centro todavía tiene todo para brillar. Sus calles, su historia, sus edificios con alma (aunque un poco maltrechos) y su ubicación estratégica lo convierten en un diamante en bruto. Pero, ojo, ese brillo solo será posible si se toman medidas urgentes y efectivas.

Mario Desbordes, el nuevo alcalde, tiene un reto monumental en sus manos. Seguridad, limpieza, orden e incentivos para la inversión privada son las palabras clave. Las medidas deben ser audaces y rápidas: cámaras de vigilancia, drones, mejor iluminación y, sobre todo, una estrategia seria para abordar el comercio ilegal y la falta de confianza de quienes podrían devolverle vida a la comuna. Pero esto no puede ser solo responsabilidad del gobierno local; empresas, desarrolladores y ciudadanos también tienen un rol clave.

Y no nos olvidemos del potencial turístico y cultural. Santiago Centro tiene una oportunidad única de volver a enamorar a todos con proyectos mixtos que combinen vivienda, oficinas y comercio. Además, rutas históricas, festivales y espacios culturales pueden ser ese «extra» que devuelva la energía al centro.

Al final, Santiago Centro no es solo un lugar; es un símbolo. Es el recordatorio de lo que Santiago puede ser cuando se combinan historia, modernidad y comunidad. Con voluntad política, inversión estratégica y, por qué no, un poquito de cariño, el centro puede renacer. Es hora de dejar de suspirar por lo que fue y empezar a construir lo que puede ser. Santiago Centro, ¡todavía estamos contigo!

A propósito de una gran expropiación en Punta Arenas   

Por: Patricio Herman  Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Debido a que somos promotores del sistema de libre mercado y a raíz de que muy pocos denuncian los nocivos comportamientos de ciertos actores, como una excepción, desde hace años estamos publicando columnas de opinión, en medios de prensa que consagran la libertad de expresión, como éste, dando cuenta de diversas conductas comerciales negativas de engrupidores privados, las cuales, como se entenderá, erosionan el sistema económico que nos rige y las propias instituciones, con el agravante de que, en ocasiones, estas prácticas indebidas son validadas por los servicios de la administración del Estado. 

Lo anterior se produce porque unos cuantos inversionistas actúan con el «tejo pasado» en conocimiento de que un cierto porcentaje de funcionarios públicos firman actos administrativos ilegales, ya sea por negligencia o ignorancia. Nuestro país se caracteriza por otorgar prebendas a algunos sectores de la economía que disponen de buenos lobbystas y un buen ejemplo lo vemos con las ayudas financieras al sector inmobiliario que tiene un sobre stock de 100.000 viviendas sin colocarse en el mercado. Sus inversionistas, en lugar de reducir los precios, conforme a las reglas del mercado, prefirieron pedir asistencia al gobierno.     

Hemos señalado que la información privilegiada, que brinda millonarios beneficios a quienes la utilizan, ocasiona injusticias al sistema, dejándose establecido que el dinero lo compra todo, más aún cuando los poderosos financian a los políticos que ejercen el poder, tanto en La Moneda como en el Senado y Cámara de Diputados. Nunca se han desmentido esas fundadas acusaciones formuladas a cara descubierta, las que algunas y a veces, son puestas en conocimiento de la Contraloría General de la Republica, Consejo de Defensa del Estado, tribunales de justicia, Superintendencia de Medio Ambiente, municipalidades, ministerio de Vivienda y Urbanismo, gobiernos regionales, ministerio de Medio Ambiente y otros. 

El libre mercado en el mundo desarrollado y subdesarrollado, bajo el sistema político democrático, opera en base al intercambio económico, en el cual los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda de los mismos, respetándose las diversas regulaciones de los distintos sectores de la economía y por ello existen agencias públicas especializadas, como por ejemplo las que fiscalizan la sana competencia, el monopolio, el fraude financiero, la evasión de impuestos, la colusión, el agiotismo y últimamente, en nuestro país, las que se relacionan con el irrestricto cumplimiento de la Ley N° 21.595, referida a los delitos económicos y ambientales, ley que los «regalones», en su oportunidad, la objetaron en el Tribunal Constitucional, ente serio que desoyó sus plegarias.  

Pero para que se cumpla lo anterior, la Justicia tiene que cumplir su rol enmarcándose siempre en la probidad a todo evento y en tal sentido los casos de las juezas Vivanco y Sabaj, y de los jueces Ulloa y Matus, como del ex fiscal Guerra, por lo que se lee en la prensa, son simplemente inaceptables, dejándose en claro nuevamente que la malévola «operación» urdida por la derecha en contra del juez Sergio Muñoz, se recordará como una brutal pasada de cuenta por exigir el cumplimiento de la Constitución y de la Ley en sus sentencias como presidente de la 3a Sala de la Suprema. 

Hablando de olvidos y equivocaciones en la formalización de decisiones del Ejecutivo, hemos constatado que el 06/07/2024 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 27 Exento, por lo tanto, sin toma de razón de la Contraloría, mediante el cual el Minvu expropia el terreno de 203.700 m2, rol 3.008-00001 del SII, ubicado en la avenida Bulnes 601 de la comuna de Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica Chilena, predio urbano en donde funcionó por mucho tiempo el club hípico de esa ciudad que le pertenece a la persona jurídica Club Hípico de Punta Arenas S.A. 

El propósito de tal expropiación es llevar a cabo el proyecto denominado «Construcción de viviendas con equipamientos y áreas verdes de esparcimiento y recreación». Dicho Decreto fue firmado por Carlos Montes, ministro del ramo y por Carlos Araya, subsecretario (S) de ese ministerio y el predio se le entregará al Serviu de esa región conforme al oficio reservado (sic) N° 343 del 22/05/2024 de la respectiva Seremi Minvu. Nos preguntamos, ¿cuál será la razón de que sea secreto ese acto administrativo?  

Recordamos que en el año 2011, por lo tanto hace 14 años, el doctor Matías Yacsich, residente en esa austral ciudad, nos invitó para conversar sobre este terreno y estando allí, nos reunimos con el Concejo Municipal de Punta Arenas, pues en esa fecha algunos empresarios deseaban ejecutar en esa amplia extensión un millonario proyecto inmobiliario, incluyendo, ¡era que no!, un  suntuoso mall. Supimos que dicha amplia extensión territorial, hace más de 100 años, le fue donada por el Estado a su anterior propietario para propósitos ganaderos, ecuestres, recreacionales y deportivos. En la animada conversación, se le propuso a ese Concejo, pagándose la justa indemnización al actual propietario, que se debía expropiar el terreno para transformarlo en un parque de uso público, lo que fue bien comprendido por todos sus miembros y quien mostró el mayor interés fue el concejal Roberto Sahr.  

Han transcurrieron los años y ahora, año 2025, se procederá a la expropiación, con lo cual se ha aplicado el dicho «más vale tarde que nunca», observando que el predio, calificado como comercio por el SII, tiene un avalúo fiscal de $ 9.247.425.437, por el cual su dueño paga trimestralmente $ 24.160.152 por concepto de contribuciones trimestrales de bienes raíces, a pesar de que, como se refleja en el artículo 4.8.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el terreno debiera estar clasificado en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas como equipamiento deportivo, figura que establece la exención completa de ese impuesto territorial. Desconocemos la razón que tuvo el municipio para omitir esa condición.     

Capital de Riesgo en Retroceso: Cómo Reactivar el Ecosistema Emprendedor Chileno

Por: Joan Dagá Kunze, Director Investment Banking Vector Capital

La reciente caída del 43% en la inversión chilena en startups y del 73% en el número de rondas durante 2024 en comparación con 2023, según el reporte de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), es un fuerte llamado de atención para el ecosistema emprendedor del país. Esta disminución resulta aún más preocupante si se contrasta con el incremento del 30% en la inversión de venture capital en Latinoamérica y el alza del 5% a nivel mundial en el mismo periodo. Chile, que alguna vez lideró la innovación en la región, enfrenta ahora el desafío de recuperar el terreno perdido.

Diversos factores han contribuido a esta desaceleración. Los datos de la Encuesta de Percepciones de Negocios (EPN) reflejan un ambiente empresarial marcado por restricciones y pesimismo. El módulo D de la encuesta, que analiza las condiciones crediticias y financieras de las empresas, muestra que una parte significativa de los negocios percibe que las condiciones crediticias han empeorado en los últimos meses. Altas tasas de interés, mayor escrutinio bancario y un costo de capital más elevado han puesto freno a la financiación de proyectos emergentes, lo que afecta especialmente a las startups, cuya supervivencia depende en gran medida del acceso al capital.

Adicionalmente, los empresarios han adoptado un enfoque más conservador respecto al futuro. En el módulo E, una proporción significativa de las empresas expresó inseguridad sobre sus planes de inversión en 2025. Este panorama refuerza la idea de que no solo las startups, sino también empresas más consolidadas, están limitando su exposición al riesgo en un contexto económico incierto. Esto se traduce a un cambio en el comportamiento del capital de riesgo, que ahora parece más orientado hacia sectores consolidados o proyectos con retornos más predecibles.

Es crucial reconocer que, aunque el talento emprendedor en Chile es indiscutible, la creación de nuevas startups ha disminuido en los últimos meses. Este fenómeno podría estar relacionado con desafíos estructurales, como la presión sobre los costos y el manejo de inventarios. Estas dificultades, reportadas en el módulo F, afectan directamente la capacidad de las startups para escalar, pues muchas deben priorizar la rentabilidad en lugar de la expansión, limitando su atractivo para los inversionistas.

A pesar de este escenario, existen luces de esperanza. Sectores como greentech y cleantech han demostrado resiliencia, capturando el 43% de las inversiones en 2024. Esto es una señal positiva que muestra cómo Chile puede posicionarse en mercados globales con alta demanda por soluciones sostenibles. Sin embargo, para maximizar este potencial, será necesario un entorno más estable y dinámico que facilite la innovación.

De cara a 2025, las perspectivas apuntan a una recuperación gradual. Expertos proyectan un repunte en los montos y rondas de inversión, con cifras que podrían alcanzar entre USD 800 millones y USD 1.000 millones, acercándose a los niveles de 2023. Este optimismo se basa en la disponibilidad de fondos locales aún no desplegados y en la maduración del ecosistema chileno. Sin embargo, este rebote dependerá de factores clave, como una mayor certidumbre regulatoria, políticas públicas que impulsen el acceso al capital y el fortalecimiento de sectores estratégicos como el tecnológico y el energético.

Hacia el 2030, Chile puede posicionarse como un líder regional en innovación y emprendimiento mediante la adopción de estrategias probadas en ecosistemas exitosos como los de Israel, Singapur y Estonia. Estos países han priorizado políticas públicas claras y estables para fomentar el crecimiento del capital de riesgo, con incentivos fiscales específicos para startups en sectores estratégicos como tecnología limpia, biotecnología y digitalización. Por ejemplo, Israel implementó el programa Yozma, que atrajo capital extranjero al cofinanciar fondos de venture capital locales, generando un impacto transformador en su ecosistema.

Además, Chile podría replicar las iniciativas de Estonia para la digitalización empresarial, donde una infraestructura gubernamental eficiente y el uso de plataformas digitales como la e-Residency han simplificado la creación de empresas y su conexión con mercados globales.

Para lograrlo, es fundamental combinar estos aprendizajes con acciones locales: fortalecer la educación en habilidades tecnológicas y de negocios, fomentar la colaboración entre universidades y empresas, y garantizar una regulación que promueva la innovación mientras reduce incertidumbres. Con una visión integral y sostenida, Chile no solo podrá revitalizar su ecosistema emprendedor, sino también construir una economía diversificada, resiliente y competitiva en el escenario global.

¿Conviene esperar a que bajen las tasas para tomar un crédito hipotecario?

Por: Ignacio del Río, CEO de Legria

El mercado inmobiliario chileno se encuentra en un momento único. Por un lado, la oferta de propiedades está en niveles históricos: hay 38.000 unidades terminadas y sin vender, con un tiempo promedio de 29 meses para agotar este sobrestock. Por otro lado, la demanda sigue contenida, en gran parte debido al alto costo del crédito hipotecario, un factor clave para quienes buscan financiar su vivienda.

Pero aquí hay algo que muchos no consideran: el crédito hipotecario de tasa fija, tan común en nuestro sistema financiero, está desbalanceado a favor de las personas y en desmedro de los bancos. La lógica es simple: si las tasas bajan, los usuarios tienen la opción de refinanciar su crédito para reducir su cuota mensual.

Mientras los costos asociados, como el prepago o los gastos notariales, sean razonables, el ahorro es directo. Además, si las tasas suben, el banco no puede ajustar la tasa ni aumentar la cuota, quedándose con un préstamo menos valioso en términos financieros.

En otras palabras, un crédito hipotecario de tasa fija funciona como un “seguro” contra las alzas en las tasas, pero a la vez permite aprovechar las bajas a través del refinanciamiento. Desde el punto de vista financiero, siempre estás en el “primer mes” de lo que queda de tu crédito, ya que el refinanciamiento se calcula sobre el saldo y el plazo restante.

Por esta razón, si puedes pagar el dividendo mensual del crédito con las tasas actuales, no tiene sentido esperar. ¿Por qué? Si las tasas bajan, puedes refinanciar y mejorar tu cuota; si las tasas suben, te beneficias al mantener la tasa pactada; y si se mantienen, habrás tomado una decisión correcta al aprovechar las condiciones actuales del mercado inmobiliario.

El mejor momento para entrar al mercado hipotecario no es cuando las tasas son perfectas, sino cuando encuentras una propiedad que cumple tus necesidades y puedes asumir el costo del crédito. En un mercado con sobrestock y muchas oportunidades, postergar la decisión podría significar perder buenas ofertas.

Así que, ¿vale la pena esperar? Para la mayoría de los casos, si tienes acceso a crédito, la respuesta es no. Es un buen momento para tomar la decisión, evaluar la capacidad de pago y tener en mente que: si las tasas bajan, siempre está disponible la opción de refinanciar.

Permisos sectoriales: ¿reforma o más trámites con otro nombre?

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

¿Han escuchado esa frase de «el tiempo es oro»? Bueno, parece que en Chile lo cambiamos por «el tiempo es trámite». Los permisos sectoriales son el ejemplo perfecto de cómo la burocracia puede convertir hasta el proyecto más simple en una carrera de obstáculos interminable. Y no, no es solo un drama de las grandes empresas; esto afecta a todos: desde las inmobiliarias gigantes hasta el emprendedor que solo quiere construir sin perder la cordura (ni el presupuesto).

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales viene con promesas grandes: reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%. Suena como música para los oídos de cualquiera que haya esperado meses (o años) por un permiso. ¿Un sistema unificado de información? ¡Por fin! ¿Plazos obligatorios para que el Estado cumpla? ¡Un milagro moderno! Pero seamos realistas: en este país, muchas veces el papel aguanta todo… excepto la ejecución.

Y ojo, no es solo un tema de eficiencia; es un problema que afecta la economía completa. Si los permisos se demoran eternidades, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, seguimos viendo cómo los precios de las viviendas suben mientras la oferta no alcanza para cubrir la demanda. Es un círculo vicioso que necesita romperse ya.

Además, ¿quién se asegura de que esta ley no sea otra promesa más que queda atrapada en el limbo? Las reformas son geniales en teoría, pero su éxito depende de que todas las partes involucradas cumplan su rol. El Estado, las empresas y los gremios deben alinearse para que esto no termine siendo otro parche mal puesto en un sistema que necesita cirugía mayor.

Entonces, ¿aplaudimos la intención? Claro. Pero aplaudir no basta. Necesitamos resultados reales, tangibles y rápidos. Porque si algo sabemos en este rubro es que el tiempo perdido es plata perdida. Y ya no podemos darnos el lujo de seguir jugando con eso.

En resumen, queremos menos promesas y más acción. Porque los que estamos en el terreno sabemos que no necesitamos más trámites, sino soluciones reales que beneficien a todos. Ahora, crucemos los dedos para que esta vez sí sea el cambio que esperamos… aunque yo sigo manteniendo mis expectativas moderadas

14/04/2026 21:03