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Acceso a la vivienda: ¿Es la UF la única culpable?

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

Producto de las distintas complejidades que enfrenta el acceso a las viviendas, la Unidad de Fomento (UF) se ha convertido en una especie de chivo expiatorio para cubrir las múltiples problemáticas que han llevado al escenario actual. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja y no puede reducirse a un simple indicador económico.

La UF ha sido desde hace mucho tiempo, el vehículo de indexación para créditos hipotecarios, pero no es el origen del problema actual en las dificultades de acceso a la vivienda. Desde 2019 a la fecha, la UF ha experimentado un incremento del 36%, lo que indudablemente impacta el valor de las propiedades. Pero este aumento no es algo al azar, ya que el mercado inmobiliario actual, es un ecosistema en el que confluyen distintas variables.

Recientes estudios muestran que las familias chilenas requieren en promedio 11,4 años ahorrando su sueldo íntegramente para acceder a una vivienda. Más alarmante aún, la proporción de familias propietarias ha descendido del 65% en 2011 al 57% en este 2024, posicionándonos como el país de la OCDE con la caída más pronunciada en este indicador.

En su gran mayoría de las compras de propiedades se realizan mediante créditos hipotecarios. Las tasas de interés, que anteriormente rondaban el 2%, hoy superan el 4%. Este incremento no es gratuito, sino consecuencia directa de la inestabilidad económica, los retiros previsionales, la volatilidad política y el riesgo país.

Asimismo, la oferta de proyectos inmobiliarios está experimentando una contracción significativa. Menos proyectos en desarrollo generan un desequilibrio entre oferta y demanda, presionando inevitablemente los precios al alza.

El ticket promedio de las propiedades ha mutado dramáticamente. De un rango entre 2 mil y 4 mil UF, hoy oscilan entre 3 mil y 6 mil UF. Este incremento no es simplemente especulativo, sino que responde a una serie de factores: aumento en costos de construcción, encarecimiento del suelo, materiales, mano de obra y seguridad.

Frente a este panorama, es fundamental explorar alternativas pragmáticas. Las familias pueden considerar complementar rentas entre varios integrantes para acceder a una propiedad, diseñar estrategias que faciliten mayores porcentajes de pie, y aprovechar ofertas de inmobiliarias que buscan liquidar su stock.

La UF no es el problema, es apenas un instrumento. La solución no está en estigmatizar un indicador, sino en comprender y abordar los múltiples factores que configuran nuestra realidad inmobiliaria.

La verdadera complejidad radica en combatir la inestabilidad económica, la inflación persistente y un mercado inmobiliario que requiere intervenciones estructurales. En el mundo ideal, lo sensato sería poder repensar integralmente la política habitacional, trascendiendo la mera facilitación de créditos, para construir un ecosistema que garantice el acceso real a la vivienda para aumentar el número de propietarios.

El Registro de administradores según la nueva ley 21.442

Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.

Cómo bien se sabe, la ley 21.442 dentro de las modificaciones que establece indica que para poder realizar la actividad de administrador de edificios y condominios uno debe estar inscrito en un registro creado hace un par de meses, para lo cual tiene el plazo de un año desde su creación.

No obstante lo indicado anteriormente es menester explicar lo siguiente:

No importa si usted es profesional (abogado, ingeniero comercial, ingeniero en administración de empresas, por nombrar sólo algunas carreras), tiene Magíster o Doctorado en la materia, independiente de aquello se envía a estudiar un curso en una OTEC, muchas veces creada para este efecto con escasas horas de docencia con lo que el estado con esta orden NO valora los estudios profesionales de distintas disciplinas.

Resulta al menos raro que la ley indique que usted debe estar inscrito en un registro para desarrollar una actividad toda vez que la Constitución Política que nos rige indica en su artículo 19 número 16 textual lo siguiente “Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.”

Dentro de lo exigido se encuentra estudiar formas de resolución de conflictos con enfoque en los derechos humanos. ¿Cómo pueden exigir resolver problemas con enfoque en derechos humanos si usted carece de los conocimientos sobre qué son los derechos humanos y su alcance efectivo? ¡No será que nos están imponiendo temáticas establecidas en alguna agenda! (Agenda 2030).

Nos encontramos ante una ley que deja mucho que desear y que por lo demás a dos años de dictación aún no se legisla sobre el Reglamento de la ley para que ésta tenga vigencia efectiva, siendo que la misma ley dice que este Reglamento se dictará en el plazo de seis meses, llevamos dos años sin que éste Reglamento sea dictado y dudo que en este gobierno se dicte.

La gente podrá lícitamente pensar en lo bueno que es este registro pero la verdad es que no da garantías de nada, si usted piensa que el Estado va a supervisar el actuar de administradores o hacer seguimiento del trabajo realizado pidiendo por ejemplo conciliaciones u otro tipo de actuaciones para poder revisar el actuar de los inscritos en el registro está muy equivocado, solamente basta inscribirse, al Estado no le importa la forma en que usted realice su trabajo, los procesos que utilice o los valores que tenga usted o su empresa, si le importa al Estado que para inscribirse en dicho registro estudie un curso que de poco servirá en una OTEC y por supuesto que usted entregué al Estado los datos y contactos de sus clientes, exigencia esta última que al parecer dejaron de solicitar ante un par de Recursos de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad presentados ante tal exigencia.

No hay dudas que quizás se buscó realizar un registro de forma correcta pero en la práctica se ha logrado ser efectista y no efectivo, la nueva ley no soluciona los problemas y la Contraloría tampoco se ha hecho cargo de la labor propia para la cual está creada, colocar cortapisas para ingresar a dicho registro carece de toda lógica, usted puede estar certificado hace 10 años pero con la nueva ley hay una  exigencia en que lo envían a estudiar un curso que de poco le servirá basado en la nueva ley de Copropiedad en la cuál aún no se dicta el Reglamento, el cual podría modificar lo establecido en ella. Usted puede ser un delincuente pero si realiza este curso que de poco sirve no hay problemas en que realice la gestión de administrar.

Qué podemos decir del Minvu, si se cree que quienes están a la cabeza del mismo son expertos en materia de Copropiedad está muy equivocado, la mayoría de “las cabezas” de dicho organismo son operadores políticos colocados ahí por su Partido o por acuerdos entre distintas coaliciones políticas.

El llamado al público en general es a tomar conocimiento sobre este tipo de registros, sobre las materias de qué trata la administración de edificios y condominios y sobre el actuar tanto de los legisladores como de instituciones como el Minvu que hasta el momento dejan mucho que desear, con el registro actual usted puede ser un delincuente pero si está inscrito en dicho registro nadie le prohibirá ejercer la función de administrador, independiente de que carezca de los conocimientos mínimos para ello.

La Tokenización Inmobiliaria. Una innovación y acceso democrático en el mercado de bienes raíces

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

La tecnología continúa revolucionando diversas industrias, y el sector inmobiliario no es la excepción de aquello. La incorporación de herramientas innovadoras ha abierto nuevas posibilidades para que más personas accedan al mercado de bienes raíces, democratizando la inversión y ofreciendo beneficios derivados del arriendo o la venta de propiedades.

En este contexto, la tokenización inmobiliaria surge como un modelo disruptivo que permite dividir propiedades físicas en activos digitales denominados tokens. Estos tokens, respaldados por inmuebles reales, pueden ser comercializados a través de plataformas basadas en tecnología blockchain, lo que puede garantizar transacciones ágiles, seguras y flexibles desde cualquier lugar del mundo. Este modelo no solo permite mejorar la experiencia de los inversionistas, sino que también abre la posibilidad de generar ingresos tanto por renta como por plusvalía.

Para quienes no están familiarizados, los tokens son activos digitales emitidos por sociedades inmobiliarias, respaldados por propiedades tangibles. Estas empresas conservan la titularidad y gestión de los inmuebles y, como medida de seguridad, establecen garantías hipotecarias a favor de compañías aseguradoras para proteger los intereses de los inversionistas. Este respaldo tangible minimiza los riesgos asociados a la volatilidad de las criptomonedas y fortalece la confianza en el sistema.

Entre las principales ventajas de la tokenización inmobiliaria destacan su accesibilidad, pues posibilita inversiones sin grandes capitales ni necesidad de créditos. Otra ventaja es que este modelo permite transacciones eficientes, ya que gracias a la blockchain, las operaciones son más rápidas, seguras y líquidas que en modelos tradicionales.

Adicionalmente, otras ventajas de la tokenización son su alta rentabilidad, en atención a que los tokens, pueden ofrecer mayores retornos en comparación con las propiedades convencionales; su diversificación, pues permite invertir en diversos proyectos inmobiliarios simultáneamente; la protección contra la inflación, en atención a que los ingresos denominados en UF preservan el poder adquisitivo.

Finalmente, también se puede señalar que la tokenización de activos inmobiliarios permiten una gestión integral, pues los emisores de tokens asumen tareas como arrendamiento, mantenimiento y seguros del inmueble.

De esta forma, en un mercado inmobiliario que enfrenta el importante desafío de reactivar su dinamismo tras años de cifras negativas, la tokenización, conocida también como “criptoinmuebles”, se posiciona entonces como una alternativa innovadora y atractiva, pues este nuevo enfoque no solo podría tener el potencial de revitalizar el sector inmobiliario y de la construcción, sino también de atraer a nuevos inversionistas con una propuesta disruptiva y de alto valor para el mercado inmobiliario.

Vecinos en alerta: la unión como antídoto contra la inseguridad

Por: Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones de Grupo Federal Chile

El 90,6% de los chilenos se siente inseguro en su día a día. Esta alarmante cifra, revelada por la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, no solo evidencia una crisis de seguridad pública, sino también un cambio en cómo los ciudadanos perciben su entorno inmediato. Hoy, la inseguridad no es solo una preocupación del Estado, sino un desafío compartido que requiere respuestas desde los propios barrios y condominios.

Ante este panorama, la colaboración entre vecinos ha emergido como una herramienta crucial. Más que un acto reactivo, es una apuesta por reconstruir el tejido social y devolver la sensación de control y protección a las comunidades. La unión vecinal no solo fortalece la seguridad física, sino que también fomenta la confianza y la cohesión social.

Hoy más que nunca es importante que los vecinos se coordinen, que usen todos los mecanismos de seguridad disponibles para alertarse entre sí sobre actividades sospechosas. Este llamado no es un cliché. Es una invitación a la acción estructurada y consciente, donde cada residente asume un rol activo en la protección mutua.

Construyendo comunidades más seguras: claves de la colaboración vecinal

La coordinación vecinal puede tomar muchas formas, pero todas comparten un principio esencial: el trabajo en equipo. Desde programas de vigilancia hasta patrullas comunitarias, estas iniciativas no solo disuaden posibles delitos, sino que también refuerzan la sensación de pertenencia entre los vecinos.

Otro aspecto crucial es el compartir recursos y conocimientos. Por ejemplo, instalar sistemas de seguridad comunitaria, como botones de pánico o cámaras compartidas, permite una protección más amplia a un menor costo por hogar. También se pueden organizar talleres sobre prevención del delito, que no solo educan, sino que también unen a los participantes.

La comunicación abierta y la solidaridad son pilares fundamentales. Crear redes de mensajería para alertar sobre incidentes, o simplemente conocerse entre vecinos, construye un clima de confianza que trasciende la seguridad. Como dice el dicho: “la unión hace la fuerza”.

Finalmente, la colaboración no solo combate el miedo al delito, sino que transforma los barrios en entornos más acogedores. Una comunidad que trabaja junta por su bienestar proyecta estabilidad, lo que la hace más atractiva para nuevos residentes y eleva la calidad de vida de quienes ya habitan en ella.

Un futuro compartido

La inseguridad no desaparecerá de la noche a la mañana, pero eso no significa que los ciudadanos deban resignarse al miedo. En la colaboración vecinal se encuentra una oportunidad para recuperar el control sobre los espacios que habitamos. Es un acto de resistencia ante la desconfianza, pero también un gesto de esperanza. Porque al final, un barrio unido no solo se protege: se fortalece.

En Las Condes, San Martín tendrá que hacer lo que Peñaloza no hizo  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En una ocasión pasada dimos cuenta de un mega proyecto inmobiliario, de 2 edificios en altura, ejecutado en la esquina de Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, comuna de Las Condes, acogiéndose a los beneficios constructivos contemplados para los Conjuntos Armónicos, ello pues se estimaba que el predio en donde se emplaza tenía algo más de 7.500 m2, superficie mínima para hacer valer esta disposición.

El arquitecto patrocinante de la fusión de predios y del proyecto era Pablo Letelier, el arquitecto revisor de la fusión de los predios, dependiente del Departamento de Urbanización de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes era Jorge Bravo y, el arquitecto revisor independiente de arquitectura, que firmó la solicitud del permiso era Mauricio Molina, quien en el pasado había ejercido el cargo de DOM en Las Condes. 

Pero como todos esos destacados profesionales se «equivocaron» al establecer la superficie del terreno, unos vecinos que tenían conocimientos de aritmética básica, reclamaron al alcalde Joaquín Lavín, pues el terreno fusionado sólo alcanzaba a una superficie algo superior a los 7.300 m2 con lo cual se evidenciaba que era inaplicable la figura del Conjunto Armónico que aumenta en un 50% el coeficiente de constructibilidad y admite una altura superior del 25% de la fijada en el Plan Regulador Comunal (PRC). 

Por ello, el alcalde Lavín le pidió a Rocío Crisosto, titular de la DOM, que procediera a invalidar dicho acto administrativo ilegal, lo que fue puesto en duda por dicha funcionaria municipal y por ello, para zanjar el intríngulis, fue necesario que la Seremi Minvu resolviera la controversia. Esa función ministerial ofició a la DOM de que era procedente invalidar el permiso, pero ésta le desobedeció, a pesar de que es su jefatura superior, motivo por el cual, como era indiscutible el «error» cometido, Lavín procedió a firmar la invalidación, sin tener atribuciones para ello, lo que sabía. En rigor, él debió ser imperativo con la funcionaria municipal, pues era su jefe administrativo, pero no lo hizo. Algunas de las obras estuvieron paralizadas por un escaso período de tiempo, pero en la actualidad el proyecto está edificado, ¡era que no!, con todas las franquicias y beneficios de la norma de excepción de Conjunto Armónico.   

Ello aconteció porque los inversionistas fueron a los tribunales y la 3a Sala de la Corte Suprema, con 4 votos a favor y uno en contra, sin ir al fondo de la cuestión, sentenció que Lavín no estaba habilitado para invalidar el permiso y que, por lo tanto, el proyecto se debía considerar viable. Acto seguido, la empresa exigió una indemnización por falta de servicio, la cual fue acogida por la Justicia y ahora la municipalidad tendrá que desembolsar US$ 11.000.000 más IVA e intereses, importante suma que ya estaría provisionada en el proyecto de presupuesto del año 2025.  

Los abogados municipales intentaron dejar sin efecto la indemnización, pero lo hicieron con sospechosos y garrafales errores jurídicos, propios de estudiantes en práctica, por lo tanto les fue mal, y así se rechazó la causa civil, rol 11144-2024, con lo cual, como el proyecto logró los privilegios de Conjunto Armónico, al obtenerse ganancias adicionales por este concepto, se concluye que dispuso de un incorrecto provecho acumulado de US$ 25.000.000. 

Dado que es inaceptable el lucro a expensas de falsear las superficies reales de los predios fusionados, que es sinónimo de burlas al sistema, el 20/11/2024 la fundación Defendamos la Ciudad le entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitándole que se reciba a este columnista con el abogado Gabriel Muñoz y con la concejal de Las Condes, Isidora Alcalde, para explicarle todo el curioso proceso, pues estamos hablando de ingentes recursos fiscales que pagaría la negligente municipalidad de Las Condes. 

La reunión tuvo lugar el lunes 02/12/2024, la cual fue muy aclaratoria, pues se nos informó que el municipio no le ha solicitado a dicho órgano público su intervención, razón más que suficiente para que la alcaldesa electa, Catalina San Martín, haga cuando asuma el cargo, lo que la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, no hizo. Conforme al desarrollo de la entrevista, valoramos el aporte expresado por la concejal Isidora Alcalde, la que, según hemos sabido, por decisión propia no postuló para su reelección.  

Finalmente, a pesar de que el permiso de edificación, por el excesivo tiempo transcurrido, ya no se podrá anular, además, pues los 2 edificios ya están terminados, lo que nuestra fundación busca es evitar el pago, por parte del municipio, de la arbitraria y millonaria indemnización. 

Inserción de mujeres en sectores estratégicos ayuda a reducir la brecha salarial de género.

Por: Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay

La brecha salarial de género es uno de los problemas más persistentes en el mercado laboral. A pesar de los avances en igualdad, los datos muestran que, en muchos sectores, las mujeres siguen recibiendo salarios significativamente menores que los hombres.

Según el V Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, la diferencia llega al 9,9% en el nivel administrativo y al 10,8% en el nivel ejecutivo. Esta desigualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino también una oportunidad desaprovechada para potenciar sectores clave de la economía.

Un reciente informe de Randstad ha identificado siete sectores donde una mayor presencia femenina podría ser clave para cerrar esta brecha. Se trata de industrias de altos salarios, pero con una baja participación femenina, como la minería, la industria automotriz, banca y finanzas, energía, tecnología, ciencias y logística.

Estas áreas no solo ofrecen salarios por encima de la media, sino que también enfrentan una escasez de talento, lo que convierte la inserción femenina en una estrategia no solo de equidad, sino también de competitividad.

La explicación de esta brecha persistente radica, en parte, en la distribución desigual de mujeres y hombres en diferentes sectores. Las mujeres están sobrerrepresentadas en áreas y sectores que suelen tener menores remuneraciones, como el servicio doméstico, la educación y el cuidado de personas.

Mientras tanto, su presencia en sectores con salarios por encima de la media, como la tecnología, la minería o la banca, sigue siendo baja. Este desbalance contribuye a perpetuar la desigualdad de ingresos para las mujeres.

Sectores clave para la igualdad salarial:

1.    Banca y Finanzas. El sector financiero es uno de los más remunerados en Chile. Aumentar la participación femenina en este ámbito podría tener un impacto significativo en la reducción de la brecha salarial. Aquí, las mujeres suelen estar concentradas en roles administrativos y de atención al cliente, mientras que los puestos de liderazgo y decisión están dominados por hombres. Es necesario fomentar políticas de inclusión y promoción que permitan a más mujeres alcanzar posiciones de liderazgo en este sector.

2.    Tecnología. Aunque la participación femenina en el sector tecnológico ha aumentado en los últimos años, la brecha de género sigue siendo significativa. Si bien las mujeres tienen una presencia destacada en áreas como el desarrollo de software, UX, sopote a usuarios, ciberseguridad y algunos roles de liderazgo, aún enfrentan desafíos en su representación general dentro de la industria. Fomentar vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde edades tempranas y promover una educación inclusiva son pasos esenciales para cerrar esta brecha y construir un futuro más equitativo en tecnología.

3.    Ciencias. En las ciencias exactas y naturales, particularmente en áreas como la física, existe una baja presencia femenina, especialmente en roles de investigación y liderazgo. Romper con los estereotipos de género y promover el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo en estas disciplinas es esencial para lograr un equilibrio.

4.    Minería. Tradicionalmente dominada por hombres, la industria minera presenta grandes barreras para la inserción femenina debido a factores culturales y a la naturaleza física de algunos trabajos. Sin embargo, con el avance de la automatización y las nuevas tecnologías, se abren oportunidades para incluir más mujeres, especialmente en roles técnicos y de ingeniería.

5.    Industria Automotriz. A pesar de los avances en los últimos años, las mujeres siguen siendo una minoría en áreas de producción, ingeniería y mantenimiento. Promover la capacitación y la inserción femenina en estos roles podría ayudar a cerrar tanto la brecha de género como la escasez de talento en la industria.

6.    Energía y Gas. La participación de mujeres en este sector estratégico ha sido históricamente baja. Sin embargo, con la creciente demanda de talento en energías renovables y tecnologías limpias, se abre una oportunidad única para fomentar una mayor inclusión femenina, contribuyendo no solo a la igualdad, sino también al desarrollo sostenible.

7.    Logística. A pesar de ser un sector diverso, muchas áreas de la logística siguen dominadas por hombres. La gestión de la cadena de suministro y la conducción de camiones son algunos ejemplos. El desafío es cambiar las percepciones tradicionales y los prejuicios sobre qué roles son adecuados para mujeres y fomentar su participación en todas las áreas del sector.

El desafío de cambiar la cultura y fomentar la educación

El gran paso necesario para reducir la brecha salarial de género es desafiar los preconceptos y los mandatos culturales que dictan que algunas profesiones o trabajos son exclusivas para hombres o mujeres.

La educación y el fomento de vocaciones en áreas STEM desde temprana edad son estrategias clave para lograr un cambio sostenible en el tiempo. Datos recientes de la OCDE indican que, al ritmo actual, a Chile le tomaría más de medio siglo cerrar la brecha salarial. Por ello, es fundamental acelerar el proceso mediante políticas activas de inclusión y diversidad.

Como actor central en el mercado laboral, estamos comprometidos con promover la equidad y la inclusión. Creemos que fomentar una mayor participación de mujeres en sectores estratégicos de altos salarios no solo contribuirá a cerrar la brecha salarial de género, sino que también enriquecerá nuestro mercado laboral y fortalecerá la competitividad de la economía.

La igualdad no solo es un objetivo deseable, sino también una ventaja estratégica que no podemos darnos el lujo de ignorar.

Resiliaciones en Valparaíso: ¿Un espejo de la nacional?

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario

La Región de Valparaíso, otrora joya de las costas chilenas, enfrenta una crisis que amenaza con redefinir su posición en el mercado inmobiliario. Y es que, hasta agosto de 2024, el 34,4% de las compras de viviendas en la región han sido desistidas, marcando un récord histórico desde 2016, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Con 200 desistimientos de 582 ventas, se superó incluso el 29,8% del año anterior. Pero ¿Qué está ocurriendo en este mercado, antiguamente muy codiciado? 

Primero, hay que saber que Chile aún lidia con secuelas del estallido social y la pandemia. La inversión local se ha vuelto cautelosa, y los extranjeros dudan en comprometer sus capitales en nuestro país. Valparaíso, con su mercado dual de primera y segunda vivienda, está resintiendo esto de manera particular.

En tiempos de incertidumbre financiera, muchos prefieren perder el pie antes que arriesgarse a una compra potencialmente insostenible, por lo que la alternativa de comprar una segunda vivienda ya no está en los planes de muchos chilenos. Además, con la normalización de los viajes internacionales, la inversión en experiencias compite directamente con la adquisición de propiedades secundarias en territorio local.

El panorama laboral complica aún más la situación. El aumento del desempleo y la proliferación del trabajo informal han reducido drásticamente el número de compradores calificados para créditos hipotecarios. Los bancos, por su parte, han endurecido sus criterios, limitando el acceso al financiamiento.

Pero quizás el factor más poderoso sea el miedo. La incertidumbre sobre el futuro económico ha generado una aversión al riesgo que se traduce en decisiones más conservadoras. Comprar una propiedad para segunda vivienda ya no es visto como la inversión tan segura que alguna vez fue; se ha convertido en un compromiso a largo plazo que muchos prefieren evitar en escenarios como el nuestro. 

Asimismo, factores específicos de la región también contribuyen. Los recientes eventos, como los socavones, si bien no son gran parte del problema, sí han sembrado dudas sobre la estabilidad del terreno en ciertas áreas, añadiendo una preocupación adicional para los potenciales compradores.

Para los inversores, este momento de crisis representa tanto riesgos como oportunidades. Aquellos con visión a largo plazo podrían encontrar valor en un mercado que otros abandonan precipitadamente.

Algo es seguro: Valparaíso debe reinventarse. Su atractivo natural y cultural sigue siendo innegable, pero el mercado inmobiliario necesita evolucionar para reflejar las nuevas realidades económicas y sociales. La región tiene el potencial de emerger de esta crisis más fuerte y resiliente, dado que mantiene un atractivo natural y cultural, pero requerirá innovación, colaboración y una visión a largo plazo que vaya más allá de los ciclos inmobiliarios tradicionales.

El efecto de las multas por desistimiento de la promesa de compraventa inmobiliaria.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios en COHLERS+PARTNERS

Las promesas de compraventa de inmuebles siempre han tenido dentro de sus cláusulas, multas que penalizan si alguna de las partes decide no cumplir con sus compromisos.

Este tema ha adquirido ahora gran relevancia, dada la actual situación que atraviesa el negocio inmobiliario y de la construcción, pues están en alza los desistimientos en estas operaciones respecto a años anteriores dada la crisis de acceso al crédito y los aun altos costos de venta de inmuebles, versus las ventajas de los arriendos.

Algunos, discuten respecto de las posibilidades de eliminar el cobro de dichas multas. Sin embargo, y sin querer entrar a las razones de fondo de la existencia de dichas cláusulas penales dentro de un contrato en general, no hay que olvidar los efectos reales que ello podría producirle al negocio inmobiliario mismo.

Primeramente, hay un efecto local relacionado con el impacto que podría generar en la inmobiliaria que se desistan un departamento, especialmente al momento de terminar la obra, pues deberá volver tratar de vender la unidad y además no podrá recuperar los costos incurridos en dicha operación fallida, como la comisión del vendedor y la prima de la póliza de venta en verde, entre otros.

Segundo, hay un efecto global especulativo que afecta a toda la industria inmobiliaria, pues para el promitente comprador que busca hacer “el negocio”, si tiene varias unidades promesadas, podría escriturar sólo las unidades que subieron de precio una vez terminada su construcción y recepción final y se arrepentiría de cumplir el contrato prometido a la inmobiliaria respecto de aquellos que le reporten menor o nula plusvalía, generando con ello una inestabilidad en el mercado, ya que la industria celebraría maravillosas ventas en blanco y en verde, pero que caería estrepitosamente al momento de escriturarlas, produciendo una alza artificial de los precios y creando una burbuja inmobiliaria; y para el promitente vendedor, al ver esta alza del precio final de la unidad prometida, podría tentarse en ponerle término a sus promesas de menor ganancia, dejando a sus clientes si su vivienda y estando de buena fe.

De esta forma, la multa, en si mismo, actua u opera como un control o moderador de este espíritu especulativo que domina muchas veces el negocio inmobiliario, protegiendo recíprocamente a las partes y manteniendo el equilibrio en la industria.

El tema no es respecto del monto de la multa o de la posibilidad de establecer exensiones de ella para casos específicos y acotados (por ejemplo, pérdida de trabajo por necesidad de la empresa o enfermedad grave y costosa); eso es otra discusión. Por lo tanto, es importante leer (y entender) bien las cláusulas de las promesas de compraventa inmobiliaria antes de asumir los compromisos que adquieren ambas partes.

Desorganización en protección contra incendios

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Con majadería en diversas ocasiones hemos dado cuenta del desorden imperante con la aplicación de las pinturas intumescentes y como nadie se ha dado por aludido, en esta oportunidad reproducimos un reportaje publicado el reciente 6 de noviembre de 2024, en donde se dice que la Cámara de Diputados citará a las autoridades para que se aclare finalmente lo que sucede con el Estadio de San Antonio, 5a región de Valparaíso, ver link

Este estadio aún carece de su recepción final de obras y la respuesta de las autoridades del poder ejecutivo ha brillado por su ausencia y por ello los diputados han decidido citar a estas autoridades para que esclarezcan los problemas que afectan a esta instalación, lo cual es un paso concreto hacia la rendición de cuentas.

Sin embargo, es alarmante que, a estas alturas, no se haya abordado un problema crucial: la pintura Sherwin Williams Modelo Fire Control, utilizada en el estadio no cumple con los estándares de resistencia al fuego. Este incumplimiento no solo representa un riesgo para la seguridad de los asistentes, sino que también es totalmente evitable. La solución es sencilla: retirar la pintura inadecuada y aplicar una pintura intumescente que sí cumpla con los requisitos necesarios. Es incomprensible que, después de más de dos años, esta situación no se haya resuelto, a pesar de que se asignaron fondos específicos para ello. Con incredulidad nos preguntamos ¿dónde está la Ministra Jessica López? ¿Será que el anuncio de nuevas autopistas le impide abordar lo indicado? 

Este problema no es exclusivo del Estadio de San Antonio. Los diputados deben ser conscientes que las pinturas intumescentes son obligatorias según el contrato, ya que forman parte de las especificaciones técnicas para cumplir con la resistencia al fuego demandada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El verdadero problema radica en que no existe un respaldo documental adecuado que garantice la aplicación correcta de estas pinturas, lo cual es un grave incumplimiento de la norma NCh935/1 y evidencia una falta de compromiso en el cumplimiento del contrato.

Cabe destacar que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha adoptado la norma NCh3040 como parte obligatoria en sus contratos desde finales de 2022. Este marco normativo, que se puede consultar en los Requisitos Técnicos para Proyectos de Arquitectura y Especialidades (D05), incluye requisitos de seguridad que deben ser respetados. Sin embargo, se enfrentan a un mar de contratos problemáticos donde la falta de aplicación de esta norma deja indefensos a muchos proyectos, incluyendo el de San Antonio.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) decidió incorporar la norma NCh3040 dentro de su propuesta de actualización de la OGUC, un proceso que ha estado estancado desde 2017 (sic), a pesar de la reciente exigencia de informar el estado de la actualización hecho por la Contraloría General de la República. Es crucial que dicho ministerio le informe a la ciudadanía sobre el estado actual de este proceso, ya que se trata de una normativa esencial para la protección de la vida detodos quienes viven en Chile. 

La necesidad de las pinturas intumescentes es universal en numerosos contratos y su costo es asumido con recursos públicos. Ante esta preocupación, la Contraloría debe aclarar cuál es el mecanismo que valida la correcta aplicación de estas pinturas, pues así se garantiza el cumplimiento de la norma NCh935/1 y los requerimientos de resistencia al fuego que cada contrato exige. Actualmente, la norma NCh3040 es el único mecanismo oficial en Chile para asegurar el cumplimiento de esta vital regulación.

Adicionalmente, el papel de la Contraloría se torna un tanto curioso, ya que su función de supervisar estas obras no ha detectado a tiempo el incumplimiento de la norma NCh935/1. El ente fiscalizador debe exigir la sanción de los revisores de arquitectura, ya que, tal como señala un experto en el tema, podría haber un trasfondo de fraudes en la seguridad contra incendios y por tal motivo esperamos que doña Dorothy Pérez, lúcida nueva Contralora, resuelva la situación asociada al cumplimiento de la norma NCh935/1. Recomendamos a los lectores que conozcan lo que dice el Especialista Certificado por la NFPA, Christian Curihuan : ver link 

https://www.linkedin.com/pulse/fraudes-en-seguridad-contra-incendios-el-tongo-de-la-christian-ffjee/?trackingId=XZA5uKkp13YLvwdL53z4TQ%3D%3D

Ese experto entrega a la opinión pública informada su lapidario comentario, lo que nos debería obligar a recapacitar, motivo por el cual sostenemos que ha llegado la hora para que el Estado chileno actúe como un solo ente público bien coordinado, pues la seguridad de las obras públicas, financiadas con el dinero de todos los contribuyentes, no puede depender de las interpretaciones aisladas de cada institución. 

La fundación Defendamos la Ciudad, con el mejor espíritu de cooperación ciudadana, nuevamente insta a todos los servicios públicos, con competencia en la materia, para que le representen a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU que actualice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para que se trate correctamente el tema de los incendios, dejando regulado de una vez por todas esta temática, asegurándose así que los proyectos de infraestructura cumplan con estándares claros y transparentes de seguridad contra incendios, protegiéndose el bienestar de la ciudadanía y de los recursos públicos.

En todo caso, ya que estamos aburridos de emplazar, con publicidad, a los políticos que ejercen el poder respecto de este tema, más todavía si el Cuerpo de Bomberos de Chile, el principal interesado en la prevención de incendios se mantiene silente, informamos que nunca más lo abordaremos, a sabiendas que pocos medios de prensa, por motivos inexplicables, lo informan.   

Medidas para impulsar el rubro inmobiliario. Son ciertas o solo son más especulaciones?

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios en COHLERS+PARTNERS

El Diario El Mercurio del día 01 de noviembre pasado, realizó un interesante reportaje relativo a las propuestas consolidadas relativas a las medidas para impulsar el rubro inmobiliario, tras un análisis de académicos y actores de instituciones públicas y privadas.

En resumen, se concluyeron como medidas adecuadas: la rebaja de la carga financiera de las familias para acceder a la vivienda; el apoyo fiscal traducido en ampliar los beneficios de viviendas DFL2 a 3 unidades; el cambio de régimen de inversión en compañías de seguros y AFP; el impacto del fin del Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC); la ampliación del rango de precios de los subsidios de arriendo del DS 52; y, la revisión de los procesos de otorgamiento de permisos de proyectos inmobiliarios.

Interesante debate y propuestas, pero lamentablemente tarde y pocas.

Primeramente, “tarde” por cuanto en materia de rebaja de carga financiera propuesta, el problema real es que evidentemente, pagar menos pie resulta atractivo, pero ello significa necesariamente mas cuota de crédito o una cuota mucho más elevada, lo que justamente las personas no pueden costear mes a mes, sobre todo en estratos medios, ya que ese costo (o inversión) afecta directamente en su capacidad económica familiar.

En materia del aumento del DFL2, resulta una buena idea, o que los incentivos fiscales son junstamente para eso, para incentivar una conducta que se estima como adecuada para genear una activación económica y para concentrar la circulación del capital en aspectos necesarios para activar la economía; pero, con los precios y limitaciones actuales al crédito, dudo que sea un real incentivo; y, si va de la mano de una rebaja financiera como la propuesta arriba, el efecto es el mismo. De nada sirve adquirir una tercera vivienda si la cuota es muy alta o si quedo endeudado por 20 o más años con el mismo sueldo, siendo entonces atractivo para unos pocos.

Respecto del cambio del regimén de inversión en aseguradoras y de las AFP’s, es un problema que ya suma una larga data de debates y discusiones bizantinas. Dudo que sea resuelto aquí y ahora, menos en el corto plazo.

En lo concerniente al impacto del fin del CEEC, nada que decir. Desde un principio lo he considerado inadecuado, casi discriminatorio para las empresas constructoras. Su reciente extención transitoria, solo demuestra la necesidad de su mantención.

En materia de subsidio para arriendos, parece que se olvidó que el mercado de arriendos viene subiendo por la inflación y porque los porcentajes de flujo monetario anual que deja una propiedad en relación con su valor de venta o capital inicial también. Les aseguro que si bajásemos el precio eliminando el IVA y evitamos más subsidios y intervención estatal, de seguro que los arriendos bajarían naturalmente y no de manera artificial y transitoriamente. El mercado no es tonto. Sabe reaccionar ante incentivos y estímulos reales.

En lo que respecta a la permisología, es una necesidad que se viene pidiendo a gritos por todo el mundo desde hace ya mucho tiempo atrás. Veamos cómo reaccionaran los nuevos alcaldes electos y reelegidos.

¿Qué pasó (por ejemplo) con el crédito contra el impuesto a la renta de carácter reembolsable, que se reflejaría en una rebaja anual del Impuesto Global Complementario para el comprador de una vivienda nueva, mediante un crédito hipotecario y cumpliendo además los requisitos de la citada norma, reflejándose, recién ahí en un derecho a devolución de hasta 16 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por los años tributarios del 2024 al 2029? ¿ha producido el efecto esperado?

¿Qué pasó con la propuesta de concesionar a desarrolladores privados la construcción de proyectos de viviendas en suelo fiscal, para que estas sean luego ofrecidas en arriendo, solucionando con ello el actual y grave déficit habitacional del país?

Finalmente, resultan “pocas” porque el real problema de la industria inmobiliaria y de la construcción, no se acota ni se soluciona con estas medidas que, como ya vimos, distan de ponerle un punto final a este asunto.

Sin querer señalar ni entrar en detalles de que el principal problema del escaso desarrollo inmobiliario es la gran barrera de acceso al crédito hipotecario impuesto por la banca; extraño la falta de pronunciamiento de estos expertos de varias soluciones o mecanismos de mitigación de este gran problema propuesto por privados.

Recuerdo la figura del “Loping” inmobiliario; la “tokenización” del negocio inmobiliario  o “criptoinmuebles”; el “renting” inmobiliario y el “flipping”, como mecanismos posibles, eficientes y atractivos, dado el dinamismo del negocio inmobiliario y como contribuciones reales de solución sin intervención de las duras trabas bancarias de acceso a financiamiento para la compra o arriendo de inmuebles, ni de las limitaciones socioeconómicos que solo le permiten a cierto grupo de la población el acceso a las ayudas del Estado.

Sin duda que, mientras no exista un real compromiso del gobierno de turno en querer solucionar estos problemas con la real participación y colaboración de los privados, no se vislumbra una pronta salida y salvataje del sector inmobiliario.

15/04/2026 00:12