Por: Sergio Correa, gerente Inmobiliario de Colliers
En el ámbito del desarrollo inmobiliario la permisología y la certeza jurídica son elementos fundamentales. La permisología se refiere a la obtención de permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar proyectos, mientras que la certeza jurídica garantiza que, una vez obtenidos estos permisos, las reglas del juego no cambien arbitrariamente. Sin estas garantías, las inversiones se vuelven riesgosas y la confianza en el sistema se erosiona, afectando el crecimiento y desarrollo de las ciudades.
El reciente fallo que condena al municipio de Las Condes a pagar US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf por la paralización indebida de su proyecto, resalta la importancia de la certeza jurídica en el mercado inmobiliario. Este caso evidencia cómo las decisiones arbitrarias por parte de las autoridades pueden tener un costo significativo, no solo para las empresas, sino también para la confianza y estabilidad del sector.
La situación del Proyecto Egaña Sustentable en Ñuñoa es otro ejemplo relevante. Este proyecto enfrentó una paralización injustificada y un rechazo administrativo a través de WhatsApp, lo que llevó a una querella por prevaricación. Esta situación pone de relieve las irregularidades y presiones políticas que pueden entorpecer el desarrollo de proyectos que cuentan con todos sus permisos legales. Casos similares han ocurrido con los edificios en Estación Central y el edificio Pajaritos en Maipú, donde decisiones municipales han amenazado importantes inversiones.
Estas acciones arbitrarias no solo afectan directamente a las empresas involucradas, sino que también generan un clima de incertidumbre que puede desincentivar futuras inversiones. La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de cualquier mercado, y el sector inmobiliario no es la excepción. Cuando las autoridades locales actúan con prudencia y responsabilidad, respetando los permisos otorgados y fomentando un ambiente de colaboración, se asegura un entorno dinámico y seguro que beneficia tanto a las empresas como a los ciudadanos.
La relación entre las autoridades y los desarrolladores debe basarse en el respeto mutuo y en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Solo así se puede garantizar que los proyectos inmobiliarios contribuyan al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad, sin que las decisiones arbitrarias interfieran en el progreso y la innovación.
La parálisis de proyectos por decisiones municipales arbitrarias puede tener consecuencias devastadoras. No solo detiene el progreso de proyectos individuales, sino que también envía una señal negativa al mercado en general. Si los inversionistas perciben que no hay garantías suficientes para la ejecución de sus proyectos, buscarán oportunidades en otros mercados donde el marco regulador sea más fiable.
Además, las decisiones arbitrarias pueden tener un impacto negativo en la comunidad. Los proyectos inmobiliarios no solo generan empleo y actividad económica, sino que también contribuyen al desarrollo urbano y a la mejora de la infraestructura local. La paralización de proyectos importantes puede retrasar mejoras necesarias en áreas urbanas, afectando la calidad de vida de los residentes.
En conclusión, la certeza jurídica no es solo un requisito legal, sino un pilar esencial para un mercado inmobiliario saludable y en crecimiento. Las autoridades deben asumir su rol con responsabilidad y transparencia, asegurando que los proyectos que cumplen con todos los requisitos legales puedan desarrollarse sin obstáculos indebidos. La protección de los derechos de las empresas y la promoción de un entorno confiable son esenciales para el futuro del desarrollo urbano en nuestro país. Solo con un marco regulador estable y predecible se podrá fomentar un mercado inmobiliario dinámico que beneficie a todos los actores involucrados, desde los desarrolladores hasta la comunidad en general.
