El Ministro de Vivienda y Urbanismo, acompañado por el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, participó en la sesión inaugural donde se discutió el proyecto de ley sobre Protección del Territorio y la Vida Rural (Boletín 17006-01).
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Ambos ministros, Carlos Montes y Esteban Valenzuela, detallaron el alcance de esta legislación propuesta, que tiene como objetivo principal salvaguardar a las familias de posibles fraudes en la adquisición de terrenos rurales, además de preservar terrenos agrícolas y áreas de alto valor ecológico.
El proyecto busca abordar problemas como la venta de terrenos sin los permisos necesarios, lo que ha resultado en que muchas personas compren propiedades en áreas donde no es posible construir.
Montes enfatizó la magnitud del problema: «Hoy en día, numerosas personas están siendo víctimas de estafas, comprando terrenos que aún no tienen la aprobación del SAG y que, en muchos casos, ni siquiera existen como parcelas legales. Este proyecto tiene la intención de prevenir estas prácticas fraudulentas y de incrementar la transparencia en el mercado. Nos han informado de casos en los que personas han pagado hasta 40 millones de pesos por terrenos que no cuentan ni con agua ni con caminos, porque simplemente no existen».
El proyecto de ley, que fue presentado a la Cámara de Diputadas y Diputados el 30 de julio, será debatido en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
Valenzuela subrayó la relevancia de esta discusión, destacando que, tras 40 años, se comienza a debatir un proyecto que protege los mejores terrenos agrícolas de Chile, respetando las normas de subdivisión para actividades agropecuarias, y evitando la proliferación de «loteos ilegales» que no respetan la legislación vigente.
Esta iniciativa ha sido desarrollada mediante la participación de diversos actores de la sociedad civil y ha sido examinada por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), en un esfuerzo por lograr un amplio consenso antes de su debate legislativo.
Montes también señaló que «este proyecto fue elaborado en conjunto con Comicivyt, una entidad que agrupa a 12 ministerios. Aunque el proyecto puede ser perfeccionado y ajustado durante su tramitación legislativa, busca abordar un problema nacional grave, donde grandes terrenos se subdividen ilegalmente para su venta, contribuyendo mínimamente al desarrollo urbano. En regiones como O’Higgins y otras, estos ‘loteos irregulares’ están causando problemas significativos».
La ley propuesta establece la subdivisión predial mínima en 0,5 hectáreas, reforzando las restricciones para evitar usos no agropecuarios y fortaleciendo las capacidades de fiscalización. Además, se introduce un nuevo mecanismo específico para la subdivisión con fines inmobiliarios en áreas rurales, con requisitos claros que aseguren un desarrollo sostenible en estas zonas.
El objetivo de esta ley no es prohibir la vida rural, sino establecer una normativa clara que permita la coexistencia de actividades agropecuarias y residenciales, evitando abusos que han distorsionado el uso de la tierra en Chile.
Según estimaciones del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MINVU, existen más de 350.195 predios no agrícolas de entre 0,5 y 1 hectárea, lo que representa una superficie considerable que ha sido objeto de este tipo de prácticas.
Finalmente, Montes subrayó la necesidad urgente de regular estas prácticas para evitar el daño ambiental y social que provocan, especialmente en regiones como Aysén, donde existen casi 10 mil parcelas en zonas vírgenes que no son habitadas y solo sirven para acumular capital y poder. Este proyecto representa un paso esencial para proteger las zonas rurales de Chile.
