La reciente crisis eléctrica que afectó a miles de hogares en Chile ha vuelto a poner en el centro del debate la capacidad de respuesta de las empresas de distribución eléctrica, con Enel como principal protagonista. Los intensos sistemas frontales que azotaron varias regiones del país no solo derribaron árboles y líneas de transmisión, sino que también dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional y la aparente inoperancia de las compañías encargadas de su mantenimiento y recuperación.
El presidente Gabriel Boric no tardó en alzar la voz, calificando la respuesta de Enel como una «grave inoperancia». La indignación de Boric se justifica no solo por la lentitud en la reposición del servicio, sino también por el incumplimiento de las promesas en cuanto al despliegue de cuadrillas y la atención al cliente. Miles de familias, muchas de ellas con personas electrodependientes, se vieron obligadas a enfrentarse a una prolongada falta de energía en un contexto de emergencia climática, exacerbando su vulnerabilidad.
La respuesta del gobierno ha sido contundente: revisar las concesiones de Enel y otras empresas del sector, con la posibilidad de imponer sanciones más severas. Esta postura refleja una creciente frustración con un sistema que parece desbordado por eventos climáticos extremos, los cuales, según expertos, solo aumentarán en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.
Sin embargo, el desafío que enfrenta Chile va más allá de las críticas a una empresa en particular. La crisis expone una necesidad urgente de modernizar y robustecer la infraestructura eléctrica del país. La red eléctrica chilena, como muchas en América Latina, fue diseñada en una época en la que los fenómenos meteorológicos extremos eran menos frecuentes. Hoy, el escenario es diferente, y las exigencias sobre el sistema son mayores.
Enel ha respondido a las críticas comprometiéndose a adelantar las compensaciones a los afectados, reconociendo la complejidad de los daños causados por la tormenta. Pero, ¿es suficiente una compensación económica para restaurar la confianza en un servicio esencial? La verdadera reparación debe incluir un plan claro y concreto de inversión en infraestructura, tecnologías de monitoreo avanzado y una mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias.
El gobierno, por su parte, tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar una revisión profunda de las políticas energéticas, asegurando que las empresas concesionarias cumplan con los más altos estándares de servicio y seguridad. El objetivo debe ser no solo evitar futuras crisis, sino también garantizar un servicio eléctrico confiable, resiliente y justo para todos los chilenos.
La situación actual exige un compromiso conjunto entre el sector público y privado, con una visión a largo plazo que integre la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los consumidores. Solo así podremos evitar que las tormentas futuras, inevitables en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, se conviertan en crisis de la magnitud que hemos vivido.
En definitiva, la tormenta que dejó a miles sin luz en Chile ha iluminado las profundas fallas de nuestro sistema eléctrico. Las declaraciones del presidente Boric no son solo una crítica a Enel, sino un llamado a la acción para transformar un sector que, como hemos visto, necesita urgentemente adaptarse a los desafíos del siglo XXI.
