Por Carlos Saul, gerente general de AyT
Por años, hablar de crisis ambiental parecía una advertencia a futuro. Hoy, el concepto de triple crisis ambiental -cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad- ya no es una proyección, sino una realidad concreta que afecta la salud, la economía y la calidad de vida de millones de personas. En ese contexto, el reciente Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025, presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, se convierte en una herramienta clave para evaluar dónde estamos y, sobre todo, qué tan preparados estamos como país para lo que viene.
Desde la mirada de quienes trabajamos en medición, monitoreo y análisis ambiental, el reporte ofrece luces claras sobre avances relevantes, pero también deja en evidencia brechas estructurales que requieren atención urgente si Chile quiere enfrentar esta crisis con bases técnicas sólidas y decisiones oportunas.
Uno de los avances más concretos se observa en materia de descontaminación atmosférica. Según se destaca en el reporte, hoy el país cuenta con 21 Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigentes en 13 regiones, lo que representa un esfuerzo sostenido del Estado por abordar uno de los principales problemas ambientales de Chile. Estos planes impactan directamente a cerca de 12 millones de personas, una cifra que da cuenta de la magnitud del desafío y de la relevancia de estas políticas públicas.
A ello se suma la existencia de nueve normas primarias de calidad del aire actualmente vigentes, que permiten establecer umbrales claros de protección para la salud de la población. Desde el punto de vista técnico, contar con normas medibles es fundamental, porque lo que no se mide, no se gestiona. Y en este sentido, Chile ha avanzado en fortalecer su marco regulatorio y su red de monitoreo.
Sin embargo, sería un error interpretar estos avances como una tarea concluida. La contaminación atmosférica sigue siendo uno de los problemas ambientales más complejos del país, precisamente por su impacto directo en la salud pública. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muertes prematuras continúan asociadas a episodios críticos de mala calidad del aire.
Aquí emerge uno de los grandes desafíos pendientes, la calidad y oportunidad de la información ambiental. No basta con medir; es indispensable mejorar la cobertura territorial, la mantención de los equipos, la interoperabilidad de los datos y su uso efectivo en la toma de decisiones. La medición ambiental debe ser vista no solo como un requisito normativo, sino como una herramienta estratégica para anticipar riesgos, evaluar políticas y proteger a la población.
A esto se suma la necesidad de integrar la medición ambiental con otras dimensiones de la triple crisis. El cambio climático intensifica episodios de contaminación y afecta ecosistemas ya degradados, mientras que la pérdida de biodiversidad reduce la capacidad natural de los territorios para adaptarse. En ese escenario, los sistemas de monitoreo deben evolucionar hacia enfoques más integrales, que conecten aire, agua, suelo, clima y biodiversidad.
De cara a los próximos años, el desafío para Chile no es solamente avanzar en nuevas normas o planes, sino cerrar las brechas entre medición, gestión y acción. Esto implica invertir en tecnología, fortalecer capacidades técnicas a nivel regional, mayor transparencia en la información y asegurar que los datos ambientales se traduzcan en decisiones oportunas y políticas públicas efectivas y eficientes.
Medir mejor, interpretar mejor y actuar a tiempo es una urgencia ambiental, sanitaria y social que definirá la resiliencia de nuestro país en las próximas décadas.
