Más de un centenar de proyectos habitacionales presentan fallas de postventa
Un informe del Ministerio de Vivienda identificó 106 conjuntos habitacionales con daños posteriores a su entrega. Aunque parte de los problemas ya fueron reparados, 30 proyectos siguen pendientes de solución y el Gobierno anunció cambios para endurecer las exigencias a las constructoras.


A pocos meses de que el Gobierno diera por cumplida la meta del Plan de Emergencia Habitacional con la entrega de 260 mil viviendas, un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reveló que 106 proyectos habitacionales presentan daños asociados a procesos de postventa, situación que volvió a instalar el debate sobre la calidad constructiva de las viviendas sociales.
El reporte, actualizado al 28 de julio, señala que 57 proyectos ya fueron completamente reparados, otros 19 permanecen en proceso de reparación y 30 continúan pendientes de solución, concentrándose la mayor cantidad de casos en la Región Metropolitana.
Según el catastro, la capital registra 63 proyectos con observaciones, de los cuales 40 ya fueron subsanados, ocho siguen en reparación y quince aún esperan una solución definitiva. Le siguen la Región de Valparaíso, con 15 proyectos afectados; O'Higgins, con 14; Maule, con seis; Ñuble, con cuatro; Los Lagos, con tres; y La Araucanía, con uno.
La situación tomó mayor notoriedad tras los daños provocados por el reciente sistema frontal en conjuntos habitacionales de Talagante y Curauma, donde viviendas nuevas presentaron filtraciones, anegamientos y problemas de humedad.
En Talagante, el Ministerio conformó una mesa de trabajo con la constructora Ingevec para abordar las fallas detectadas, mientras que en Curauma cerca de 200 departamentos del Condominio Mirador del Parque resultaron afectados por filtraciones y goteras, lo que llevó a los vecinos a evaluar acciones legales contra la empresa responsable.
Frente a estos casos, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó la situación como "completamente inaceptable" y anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer el control sobre las constructoras.
Entre ellas, destacó un proyecto de ley ingresado al Congreso que busca ampliar los plazos de garantía de las viviendas, reforzar las facultades de fiscalización y endurecer las sanciones cuando existan negligencias graves en la ejecución de los proyectos.
El secretario de Estado reconoció además que existen debilidades en la supervisión de las obras y sostuvo que, en numerosos casos, ha sido el propio Estado el que ha debido financiar las reparaciones. Según indicó, solo en la Región Metropolitana los trabajos correctivos superan un millón de UF, mientras que en la Región del Biobío alcanzan otras 450 mil UF.
La información abre un nuevo foco de discusión respecto del Plan de Emergencia Habitacional. Si bien el programa logró cumplir su meta de viviendas entregadas, los antecedentes conocidos muestran que el desafío no solo pasa por aumentar la oferta habitacional, sino también por asegurar estándares de calidad que garanticen la durabilidad y seguridad de las viviendas entregadas a las familias.
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