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diciembre 23, 2024 5:03 am

Medidas para impulsar el rubro inmobiliario. Son ciertas o solo son más especulaciones?

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios en COHLERS+PARTNERS

El Diario El Mercurio del día 01 de noviembre pasado, realizó un interesante reportaje relativo a las propuestas consolidadas relativas a las medidas para impulsar el rubro inmobiliario, tras un análisis de académicos y actores de instituciones públicas y privadas.

En resumen, se concluyeron como medidas adecuadas: la rebaja de la carga financiera de las familias para acceder a la vivienda; el apoyo fiscal traducido en ampliar los beneficios de viviendas DFL2 a 3 unidades; el cambio de régimen de inversión en compañías de seguros y AFP; el impacto del fin del Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC); la ampliación del rango de precios de los subsidios de arriendo del DS 52; y, la revisión de los procesos de otorgamiento de permisos de proyectos inmobiliarios.

Interesante debate y propuestas, pero lamentablemente tarde y pocas.

Primeramente, “tarde” por cuanto en materia de rebaja de carga financiera propuesta, el problema real es que evidentemente, pagar menos pie resulta atractivo, pero ello significa necesariamente mas cuota de crédito o una cuota mucho más elevada, lo que justamente las personas no pueden costear mes a mes, sobre todo en estratos medios, ya que ese costo (o inversión) afecta directamente en su capacidad económica familiar.

En materia del aumento del DFL2, resulta una buena idea, o que los incentivos fiscales son junstamente para eso, para incentivar una conducta que se estima como adecuada para genear una activación económica y para concentrar la circulación del capital en aspectos necesarios para activar la economía; pero, con los precios y limitaciones actuales al crédito, dudo que sea un real incentivo; y, si va de la mano de una rebaja financiera como la propuesta arriba, el efecto es el mismo. De nada sirve adquirir una tercera vivienda si la cuota es muy alta o si quedo endeudado por 20 o más años con el mismo sueldo, siendo entonces atractivo para unos pocos.

Respecto del cambio del regimén de inversión en aseguradoras y de las AFP’s, es un problema que ya suma una larga data de debates y discusiones bizantinas. Dudo que sea resuelto aquí y ahora, menos en el corto plazo.

En lo concerniente al impacto del fin del CEEC, nada que decir. Desde un principio lo he considerado inadecuado, casi discriminatorio para las empresas constructoras. Su reciente extención transitoria, solo demuestra la necesidad de su mantención.

En materia de subsidio para arriendos, parece que se olvidó que el mercado de arriendos viene subiendo por la inflación y porque los porcentajes de flujo monetario anual que deja una propiedad en relación con su valor de venta o capital inicial también. Les aseguro que si bajásemos el precio eliminando el IVA y evitamos más subsidios y intervención estatal, de seguro que los arriendos bajarían naturalmente y no de manera artificial y transitoriamente. El mercado no es tonto. Sabe reaccionar ante incentivos y estímulos reales.

En lo que respecta a la permisología, es una necesidad que se viene pidiendo a gritos por todo el mundo desde hace ya mucho tiempo atrás. Veamos cómo reaccionaran los nuevos alcaldes electos y reelegidos.

¿Qué pasó (por ejemplo) con el crédito contra el impuesto a la renta de carácter reembolsable, que se reflejaría en una rebaja anual del Impuesto Global Complementario para el comprador de una vivienda nueva, mediante un crédito hipotecario y cumpliendo además los requisitos de la citada norma, reflejándose, recién ahí en un derecho a devolución de hasta 16 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por los años tributarios del 2024 al 2029? ¿ha producido el efecto esperado?

¿Qué pasó con la propuesta de concesionar a desarrolladores privados la construcción de proyectos de viviendas en suelo fiscal, para que estas sean luego ofrecidas en arriendo, solucionando con ello el actual y grave déficit habitacional del país?

Finalmente, resultan “pocas” porque el real problema de la industria inmobiliaria y de la construcción, no se acota ni se soluciona con estas medidas que, como ya vimos, distan de ponerle un punto final a este asunto.

Sin querer señalar ni entrar en detalles de que el principal problema del escaso desarrollo inmobiliario es la gran barrera de acceso al crédito hipotecario impuesto por la banca; extraño la falta de pronunciamiento de estos expertos de varias soluciones o mecanismos de mitigación de este gran problema propuesto por privados.

Recuerdo la figura del “Loping” inmobiliario; la “tokenización” del negocio inmobiliario  o “criptoinmuebles”; el “renting” inmobiliario y el “flipping”, como mecanismos posibles, eficientes y atractivos, dado el dinamismo del negocio inmobiliario y como contribuciones reales de solución sin intervención de las duras trabas bancarias de acceso a financiamiento para la compra o arriendo de inmuebles, ni de las limitaciones socioeconómicos que solo le permiten a cierto grupo de la población el acceso a las ayudas del Estado.

Sin duda que, mientras no exista un real compromiso del gobierno de turno en querer solucionar estos problemas con la real participación y colaboración de los privados, no se vislumbra una pronta salida y salvataje del sector inmobiliario.

No es tema la permisología que afecta a los empresarios pequeños 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

Quien firma esta columna de opinión siempre ha señalado que las excesivas demoras producidas en las tramitaciones de los proyectos de inversión son por responsabilidades compartidas entre las diversas instituciones públicas y por falta de conocimiento técnico de los actores privados que solicitan sus aprobaciones. Lo anterior, por cuanto las asociaciones gremiales empresariales y sus «opinólogos» de turno argumentan, sin base alguna, que los únicos culpables en los atrasos son los organismos administrativos del Estado. Ese falaz discurso se utiliza para que el gobierno simplifique los trámites. 

Los grandes empresarios, mirando desde las alturas, sostienen que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ejerce demasiada tramitación para sus propios     proyectos, misma crítica que formulan al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otros organismos que velan por el cumplimiento de las leyes. Tampoco aceptan que las comunidades organizadas hagan prevalecer sus demandas para que se respeten sus derechos constitucionales de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero no reclaman cuando los afectados son pequeños empresarios.

Continuando con el uso de la palabrita «permisología», en esta oportunidad, como conocedores de segunda fuente de una dilación injustificada a una inversión determinada con reducida densidad habitacional, por parte del Director de Obras Municipales (DOM interino) de Colina, Iván León, se le recuerda a su función administrativa que debe atenerse a los plazos perentorios contenidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para darle curso a esa solicitud de anteproyecto de construcción en el sector urbano del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Vale la pena destacar que la Inmobiliaria Manquehue es el mayor inversionista en esta comuna, la que, por tal motivo, allí dirige el pandero. 

Los funcionarios que se desempeñan como DOM en las municipalidades tienen por misión evaluar y resolver los expedientes que llegan a sus manos respetándose los plazos vigentes y, muy importante, sin ceder ante las presiones externas que no desean las autorizaciones de ciertos proyectos que les incomodan, que es lo que sucede en este caso en particular. 

El ejemplo en comento lo observamos en la iniciativa del 15/07/2024 de unos jóvenes emprendedores, la cual fue rechazada por la DOM sin un razonamiento detallado, por lo tanto se dejó a los solicitantes sin una explicación adecuada y en una situación de total desamparo. Una resolución técnica de rechazo, emitida desde un DOM, debe ser tratada con el máximo rigor y apego a la normativa vigente, sin espacio para manipulaciones, presiones ajenas o prácticas que obstruyan el justo trámite de los proyectos. De lo contrario, se generan comportamientos arbitrarios que solo fomentan un clima propicio para la inveterada corrupción y el abuso de poder, asunto del cual ya todos los chilenos estamos aburridos de conocer día tras día.  

Los trámites de proyectos de  construcción no son complejos, si todas las partes involucradas se ajustan a la ley y su reglamento, pues así se cumplen los plazos allí estipulados. Al tener claras las normas y su aplicación, todo ello reflejado en los Certificados de Informes Previos (CIP), se facilita el camino para aquellos que buscan construir con responsabilidad y en armonía con el entorno: de esta manera se promueve la vida en una comunidad civilizada donde el desarrollo se produce de manera justa y equitativa. Somos contrarios de la descomposición y ejemplo de ello son las miles de columnas publicadas, pues hay que poner atajo a la impudicia de algunos servicios públicos que benefician a unos pocos interesados, generalmente poderosos, en desmedro de otros no apitutados con el poder.  

Es por ello que le hacemos un cordial llamado a la buenamoza alcaldesa reelecta, Isabel Valenzuela, quien en su calidad de jefa administrativa del aludido DOM, tiene la obligación de supervisar las actuaciones de él, para asegurarse que se respeten los principios contenidos en nuestro Estado de Derecho. La comunidad exige que cada proyecto sea evaluado conforme a criterios técnicos y jurídicos, pareciéndonos propicio señalar que esta situación extraña e irregular ya ha sido comunicada a la Seremi del Minvu, Carolina Casanova, quien es la jefa técnica del DOM.  

Por lo someramente relatado, estamos seguros que el mencionado DOM y la propia alcaldesa Isabel Valenzuela, comprenderán que el imperio de la legalidad y el apego a la transparencia en cada proceso administrativo son necesarios para que Colina tenga un adecuado desarrollo urbano, recordando a los lectores que esta comuna se incorporó en el año 1997 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo que tiene tuición sobre las 52 comunas de esta macro región. 

En conocimiento además que desde el 26/03/2010, está vigente el PRC de Colina, estamos convencidos que Iván León en su condición de DOM transitorio, no repetirá bajo ninguna circunstancia las malas decisiones de su antecesora, Ángela Prado, funcionaria experta en cursar permisos de edificación ilegales para viviendas en el área rural de Colina. 

Ya que estamos aludiendo a una materia que es resorte del gobernador que próximamente se elegirá, en nuestra calidad de independiente, tenemos el deber de testimoniar que nuestro voto será para Claudio Orrego.    

Desafíos y oportunidades en el crecimiento urbano de Chile

Por: Fernando Zamorano, CEO y Fundador de Tu Hipotecario y ZC Kapital Corredora de Créditos Comerciales. Director Comercial Mercados Inmobiliarios.

Chile enfrenta desafíos urbanísticos significativos, generados por densificación en algunas zonas en forma descontrolada, con cero falta de planificación y políticas inadecuadas. Para abordar estos desafíos, se requiere planificación sostenible, participativa y coordinada con los distintos entes gubernamentales, ciudadanos y privados.

Creemos que las causas principales son algunos factores administrativos, estructurales y políticos, ya que hoy no existe una planificación y fiscalización integral, muchas veces prevalece los intereses inmobiliarios sobre los intereses públicos, no se exige suficiente inversión en infraestructura en beneficio de la ciudadanía y el entorno donde se desarrollará el proyecto inmobiliario o urbanístico, lo que muchas veces va acompañado de una casi nula o débil regulación ambiental por densidad, lo que ocasiona un crecimiento demográfico descontrolado y con un equipamiento deplorable o casi nulo.

Todo esto ha ocasionado aprovechamiento político, ( Alcaldes o políticos que utilizan estas irregularidades como bandera de lucha para adherir votos comunales), zonas que se enfrentan a un gran impacto socioambiental, económico y con una calidad de vida muy deficiente para los respectivos ciudadanos que residen en estos polos urbanistas que crecieron en forma desproporcional con escasa o gran congestión vial, contaminación, escasez de espacios verdes y de esparcimiento, desigualdad social segregación, vulnerabilidad ante desastres naturales y pérdida de patrimonio cultural.

Creemos que las soluciones que visualiza en forma inmediata, es formar un Comité fiscalizador de Planificación Urbana, ( Observatorio Urbano Nacional) y que sea conformado por los distintos entes gubernamentales, ( MOP, Serviu, Alcaldes, DOM, Seremi, etc),  privados, ( Desarrolladores inmobiliarios) y participación ciudadana, los cuales deben velar por medidas viables en pro beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos, con un servicio de transporte eficiente, viviendas sociales accesibles y cercanas a redes de contactos, laboral o núcleo familiar, protección de espacios verdes, tecnologías verdes y de esparcimiento ciudadano, con un equipamiento adecuado por cantidad de residentes vs m2.

El mejor legado que nos puede dejar este gobierno, es actualizar la Ley General de Urbanismo, y las distintas Políticas y ordenanzas vigentes, muchas de las cuales hoy se encuentran obsoletas en entes cómo el MOP, DOM, SEREMI, SAG etc.

Los ejemplos mas inspiradores en LATAM o resto del mundo respecto a este tema nos comenta Zamorano, son Barcelona (España) que implantó una Planificación integral con mucho éxito, en LATAM tenemos a Medellín (Colombia), con una Transformación urbana muy armónica y en Copenhague (Dinamarca), un Desarrollo sostenible.

En resumen, Chile necesita abordar urgentemente sus desafíos urbanísticos mediante planificación sostenible, participativa y coordinada. Es muy importante la colaboración entre gobierno, sociedad civil y expertos en el rubro es fundamental para construir ciudades justas, eficientes, resilientes y con calidad de vida.

El eventual “Efecto Trump” en el negocio inmobiliario chileno.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado un primer impacto real y directo en Chile, materializado en el alza del precio del dólar, devaluando así al peso chileno, situación que se ha visto incrementada por su retórica proteccionista y la posibilidad de aranceles más altos a productos importados, especialmente de China. Se señala incluso que esto podría llevar el valor del dólar a niveles cercanos a CLP1.000.- lo que impactaría negativamente en los costos operativos de las empresas chilenas y aumentaría los precios de los productos importados.

Evidentemente, esto además, crea casi automáticamente un ambiente de incertidumbre en el negocio inmobiliario en Chile, afectando varios factores económicos que inciden directamente en este sector, ya que una posible devaluación importante del peso chileno tendría un impacto significativo en la renta de las propiedades inmobiliarias, afectando tanto a propietarios como a los arrendatarios.

Como si fuese poco lo anterior, la inflación también podría aumentar debido a las políticas económicas de nuevo presidente electo, que incluirían recortes de impuestos y un enfoque en el gasto público. Estas medidas podrían generar presiones inflacionarias tanto en Estados Unidos como en Chile, lo que obligaría a nuestro Banco Central a ser más cauteloso con la reducción de su tasa de política monetaria. Este entorno inflacionario a su paso, podría desincentivar la inversión en bienes raíces, ya que los costos de financiamiento podrían aumentar significativamente.

Adicionalmente y con la expectativa de tasas de interés más altas en EE.UU., es probable que las tasas locales también se eleven, encareciendo los créditos hipotecarios reduciendo de paso, la demanda por propiedades.

De esta manera, el sector inmobiliario en nuestro país podría experimentar varios efectos. Entre ellos:

Con la devaluación del peso, los costos de materiales de construcción y otros insumos importados tienden a aumentar. Esto puede llevar a los propietarios a ajustar los precios de los arriendos para compensar el incremento en sus gastos operativos, como mantenimiento y servicios públicos.

Una devaluación del peso podría llevar a un aumento en las tasas de interés locales, ya que el Banco Central podría ajustar su política monetaria para controlar la inflación. Esto haría que obtener financiamiento para comprar o arrendar propiedades sea más costoso, afectando negativamente tanto a compradores como a arrendatarios.

Si los arriendos aumentan debido a la inflación provocada por la devaluación, esto podría hacer que muchas propiedades se vuelvan menos asequibles para los arrendatarios, ya que si sus ingresos no se ajustan al mismo ritmo que los arriendos, esto podría resultar en una mayor carga financiera para ellos.

Por otro lado, y dentro de un contexto inflacionario, de incertidumbre económica y depreciación del peso, muchas personas pueden ver entonces la inversión en bienes raíces como una forma de protegerse contra la pérdida de valor del dinero y como un refugio seguro, aumentando así el interés en inversiones inmobiliarias y la demanda por inmuebles, generando una mayor competencia por propiedades, lo que podría elevar aún más los precios de arriendo y, a su vez, podría llevar a una sobrevaloración artificial de los precios de venta.

La incertidumbre económica y las políticas proteccionistas podrían desincentivar a los inversionistas extranjeros, resultando en un aumento significativo de la inflación y una presión sobre el tipo de cambio, lo que impactaría negativamente en los precios de las propiedades en Chile. Además, la incertidumbre económica generada por estas políticas podría desincentivar la inversión extranjera y afectar el crecimiento del mercado inmobiliario, creando un entorno complejo tanto para compradores como para arrendatarios. Esto es crucial para el mercado inmobiliario, donde la inversión foránea juega un papel importante.

Un dólar fuerte puede hacer que los bienes importados sean más costosos, lo que podría llevar a un cambio en el comportamiento del consumidor hacia productos locales. Si bien esto puede beneficiar ciertos sectores, también puede generar un efecto negativo en el mercado inmobiliario si las personas optan por reducir gastos en inversiones grandes como propiedades.

En cuanto a als eprspectivas, si bien algunos analistas sugieren que las políticas arancelarias podrían afectar el crecimiento económico global y, por ende, impactar negativamente en Chile, otros creen que los tratados de libre comercio existentes podrían mitigar algunos efectos adversos. Sin embargo, la combinación de un entorno económico más proteccionista y una posible desaceleración del crecimiento global plantea un escenario complicado para el futuro del negocio inmobiliario.

La elección de Trump trae entonces consigo una serie de desafíos para el sector inmobiliario chileno, principalmente relacionados con la inflación, el tipo de cambio y la inversión extranjera, por lo que se estima que las empresas del sector deberán adaptarse a estas nuevas condiciones para navegar eficazmente en este entorno incierto.

Una mayor inflación en EE.UU. puede afectar negativamente la estabilidad del mercado inmobiliario chileno a través del aumento de las tasas de interés, presiones inflacionarias sobre los precios de las propiedades y arriendos, así como incertidumbre económica que puede desincentivar la inversión.

Adicionalmente, puede tener también efectos significativos sobre los inversionistas inmobiliarios en Chile, incluyendo aumentos en las tasas de interés y costos de financiamiento, cambios en el valor y demanda por propiedades, así como presiones inflacionarias sobre el mercado de arriendo. El llamado es entonces también a los inversionistas que deberán estar atentos a estos factores al momento de tomar decisiones estratégicas en un entorno económico incierto. Sin embargo, también existe el potencial para que algunos inversionistas busquen refugio en bienes raíces como protección contra la inflación. La interacción entre estos factores determinará el impacto final en el mercado inmobiliario chileno.

En este escenario de inversión, se pueden adoptar varias estrategias para mitigar el impacto.

Primero, en materia de diversificación de activos, podemos ver que los bienes raíces tienden a apreciarse en entornos inflacionarios, por lo que aumentar la inversión en propiedades comerciales y residenciales puede ofrecer una cobertura natural contra la inflación.

En segundo lugar, puede resultar interesante considerar financiamiento en UF o bonos que se ajusten por inflación, lo que puede ayudar a proteger el capital invertido dada la indexación de la inflación. En complemento, y dado que la inflación puede erosionar el poder adquisitivo del peso, es recomendable minimizar la exposición a deuda denominada en esta moneda, resultando más conveniente optar por un financiamiento en dólares o UF, ya que puede ofrecer una mayor estabilidad.

En tercer lugar, invertir en acciones de empresas que históricamente se benefician de la inflación, como por ejemplo las del sector financiero o materias primas, puede ser una buena estrategia.

Asimismo, considerar inversiones en comodities o materias primas (como el cobre o el petróleo) y en activos refugio como el oro, podría servir también como una protección contra la inflación, ya que estos activos tienden a mantener su valor o apreciarse cuando hay presiones inflacionarias.

Finalmente, y sin perjuicio lo dicho, siempre es crucial realizar un seguimiento continuo del entorno económico tanto local como internacional, ajustando las estrategias de inversión según las condiciones del mercado y las expectativas inflacionarias, permitiendo así a los inversionistas adaptarse proactivamente. Por otro lado, siempre es recomendable tener reservas líquidas disponibles para aprovechar oportunidades de inversión cuando surgen, especialmente en un entorno inflacionario donde los precios pueden fluctuar rápidamente.

Llanquihue, lo que se viene para el 2025

Por: Alejandro Wahl, Jefe de proyecto en AgroWahl

Se nos va el 2024, y comienzan las proyecciones para el 2025, con eso las definiciones estratégicas para los distintos proyectos que llegarán para la cuenca del segundo lago más grande de Chile, hablamos del Llanquihue, al mismo tiempo, de la comuna que lleva el mismo nombre y también de la provincia, “Llanquihue”, la que, desde su fundación en 1968 carga con ser reconocida como ciudad industrial, por la Iansa, Nestlé y la reconocida fábrica de cecinas de la familia Mödinger.

Luego del boom y frenético paso de santiaguinos en la zona durante la pandemia, específicamente en Puerto Varas, Llanquihue alcanzo a capturar cierto interés de pequeños inversionistas y grandes grupos inmobiliarios.

Pero hay que ir un poco más atrás para situar el gran hito, el 2017 con la inauguración del proyecto gubernamental del mejoramiento de distintos sectores de bordes costeros del lago, en este caso fue la etapa 1, que generó el muelle y una gran explanada multipropósito.

Hoy ya está adjudicada la etapa 2, que hará un cruce peatonal sobre el río Maullín y mejorará todo el sector sur de la comuna, conocido como Iansa, una inversión de 6 mil millones de pesos aproximadamente. A este proyecto se suma la importante visión y apuesta que tuvo la inmobiliaria Altas Cumbres, al comprar varios terrenos del ex campo experimental y planificar tres edificios departamentos con cerca de 200 unidades en total, junto a esto terminaron de urbanizar casi 1 kilometro para seguir dando continuidad y soluciones habitacionales en ese sector, se habla que su inversión de 55 millones de dólares.

Finalmente, el proyecto que llegará a cambiarle la imagen a Llanquihue es el histórico anhelo de sumar una conexión más directa con Puerto Varas, está ya está en fase final en su estudio de ingeniería en detalle, se debe exponer pronto y se desarrollaría por etapas, iría por los campos de Molino viejo y sumará un nuevo acceso a la ciudad de las Rosas, una inversión cercana a los 76 mil millones de pesos.

Estos tres grandes hitos que sucederán durante el 2025 indudablemente generarán un importante desarrollo y crecimiento para la comuna, que hace tiempo quiere dar un giro importante de lo industrial hacía lo turístico, otro antecedente que da tranquilidad, es que ambos alcaldes electos tienen una buena relación y están de acuerdo en varios puntos para seguir potenciando juntos estas dos comunas hermanas.

Permisos y prácticas indeseables       

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

A propósito de la incisiva campaña de prensa en contra de la permisologia, con el argumento de que en Chile es muy difícil obtener permisos para iniciar proyectos de inversión, sin reconocerse que en ocasiones los retrasos se deben a incompetencias técnicas de los privados, ciertos actores del mercado han optado por no solicitarlos, a sabiendas que, según ellos, esa omisión es una simple falta que no afecta a nadie, pues el bien superior es el crecimiento económico: así opera el abusivo neoliberalismo.  

Un ejemplo de ello lo observamos con la denuncia formulada por un emprendedor de Mejillones en contra de la empresa Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, la más poderosa del mundo, que utiliza para su proceso extractivo el recurso agua de mar de la desaladora Caitan SpA. En efecto, la estación de bombeo de la anterior vulneró el Plan Regulador Comunal (PRC) de Mejillones, lo que fue denunciado por el director de obras municipales (DOM) al Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, pues la instalación carecía de un permiso y por lo tanto no disponía de una recepción de obras. 

Y por si fuera poco, la edificación clandestina se instaló en un terreno fiscal, asunto que fue corroborado por la Seremi de Bienes Nacionales, es decir, BHP ha estado usufructuando ilegalmente de este vital insumo desde el año 2020, fecha en que inició su operación. La ley en estos casos ordena la demolición, pero nadie de la municipalidad de Mejillones ni de región de Antofagasta se atreve a ejercer sus atribuciones.    

Una muestra más del desorden institucionalizado que admite las pillerías que se cometen en el territorio, lo observamos con el abyecto episodio de las dunas de Concón y por ello es muy recomendable que los lectores conozcan el informe legal del 2 de marzo de 1994, ver link: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Pierry__dunas-de-Concon-en-CIPER-Chile.pdf y elaborado hace 30 años por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Pierry, quien posteriormente ejerció el cargo de juez de la Corte Suprema. Consideramos que el máximo de gente debe leer este informe relacionado con lo sucedido en estas dunas milenarias, pues allí se deja en evidencia los malabares ejercidos por la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca S.A. (Reconsa) dueña de 674 hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón, compradas a vil precio al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) de la dictadura de Pinochet.   

El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) impide la edificación de viviendas en los terrenos rurales y le corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones del país cautelar que las subdivisiones y construcciones en ese tipo de terrenos, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

Solo se admiten las viviendas con precios de hasta UF 1.000 que se rijan por las disposiciones fijadas en dicho artículo de la LGUC, pero la opinión pública sabe que por desidia del Estado, apelándose impropiamente al DL 3.516, se han construido infinidad de viviendas fuera de los límites urbanos, actividades comerciales ilegales que son consecuencia del lobby ejercido por quienes se desenvuelven en este tipo de negocios. Debido a dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, actualmente se está tramitando una ley en el Congreso Nacional para permitir la edificación de viviendas, con algunas exigencias, en los territorios rurales. 

Asociado a lo anterior, hemos sabido que un avispado privado intenta desarrollar un proyecto inmobiliario fuera del límite urbano de la comuna de Olmué, 5a. Región de Valparaíso, disfrazándolo como un desarrollo turístico para la tercera edad. El inversionista informa a la prensa que su «sustentable» iniciativa considera 60 cabañas, 2 edificios de 4 pisos c/u (sic), con piscinas, canchas de pádel, bowling, salas de reuniones, quinchos, multi canchas y diversos juegos para sus ancianos residentes.  

Como el hombre sabe de negocios, para obtener un mayor lucro, eligió para su proyecto un predio rural, que tiene un reducido precio en el mercado y no ha solicitado un anteproyecto en la DOM. Solo se ha dedicado a promocionarlo con suma perspicacia como una imperiosa necesidad para la comuna, esperando que la municipalidad finalmente se lo apruebe. Los vecinos de la mendaz «explotación turística» se han opuesto a la misma con variados razonamientos, sobre todo del tipo ambiental, haciendo valer la condición agrícola del terreno, y por ello, si él está tan convencido de los atributos del proyecto, debería ejecutarlo en un terreno urbano, y por ende idóneo, de la comuna de Olmué.  

Con estos pocos ejemplos se demuestra fehacientemente que ni el libre mercado ni las instituciones públicas funcionan y, como conocedor de la naturaleza humana y del comportamiento atropellador de aquellos que tienen el poder económico, este columnista estima que todo seguirá igual, salvo que se produzca un milagro. 

Estrategias clave para combatir el Greenwashing en el sector inmobiliario

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

Dentro de los principales efectos del greenwashing en el sector inmobiliario, se puede señalar que éste puede dificultar que los consumidores identifiquen proyectos verdaderamente sostenibles, sustentables y/o ecológicos, lo que puede resultar en una falta de confianza en las afirmaciones de sostenibilidad de las empresas. Adicionalmente, las prácticas de greenwashing pueden crear una competencia desleal en el mercado, donde los desarrolladores que realmente implementan prácticas sostenibles se ven en desventaja frente a aquellos que simplemente hacen afirmaciones sin fundamento; todo lo anterior motivado por la falta de regulación clara sobre lo que constituye un proyecto sostenible, sustentable o ecológico, puede permitir que el greenwashing prospere.

Así, pues, se propone para evitar el greenwashing en la industria inmobiliaria, los siguientes aspectos:

Primeramente, es fundamental que las empresas inmobiliarias proporcionen datos verificables sobre sus prácticas sostenibles. Esto incluye informes anuales que detallen las inversiones en sostenibilidad y los resultados obtenidos.

Por otro lado, la industria debe trabajar en la creación de estándares claros y medibles para lo que constituye un desarrollo sostenible. Esto ayudaría a los consumidores a tomar decisiones informadas y a las empresas a ser responsables.

Adicionalmente, el vital el informar a los consumidores sobre cómo identificar prácticas verdaderamente sostenibles puede ayudar a mitigar el impacto del greenwashing. Esto incluye educar sobre las certificaciones y sellos de sostenibilidad reconocidos.

La implementación de regulaciones más estrictas que penalicen y sancionen adecuadamente el greenwashing puede ser también una herramienta efectiva para proteger a los consumidores y fomentar prácticas empresariales responsables.

Pero también es necesario regular y homogeneizar al menos los criterios con los que medir la sostenibilidad. Esto es necesario para cuidar al consumidor y evitar el greenwashing. De esta manera, es posible establecer una competencia leal y evitar que hayan distorciones en los discursos. Esa es la tarea del legislador o al menos, de la autoridad competente, pues el objetivo principal es poder darle a los inversores y en general a los clientes, la posibilidad de tomar decisiones con información fidedigna y poder comparar las alternativas de distintas opciones sin que el discurso de venta esté distorsionado.

Desde la perspectiva del desarrolldor inmobiliario, si su departamento de marketing no trabaja alineado con el equipo de desarrollo de proyectos, es muy probable que los atributos que se promuevan no cuenten con algún método de verificación que los certifiquen. Lo anterior, no sólo podría originar la percepción de una publicidad engañosa para el cliente, sino que además, comprometería la responsabilidad y veracidad de la industria incentivando una mayor cantidad de controles y restricciones para el rubro.

Una alternativa, quizás, para evitar caer en el grupo de empresas que utilizan el greenwashing, sea por desconocimiento o de forma intencional, es comenzar por reconocerse como una empresa contaminante y, en consecuencia, tomar acciones concretas, verificables y medibles para reducir el impacto ambiental que genera en alguna de las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto.

Para mitigar el impacto del greenwashing en el sector inmobiliario, es esencial que las empresas adopten un enfoque más transparente y responsable hacia la sostenibilidad. Esto implica la provisión de datos verificables, la creación de estándares claros, la educación de los consumidores y la implementación de regulaciones estrictas que penalicen prácticas engañosas. Además, es crucial que los departamentos de marketing trabajen en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo de proyectos para garantizar que las afirmaciones sobre sostenibilidad estén respaldadas por métodos de verificación confiables. Al reconocer su impacto ambiental y tomar acciones concretas para reducirlo, las empresas pueden no solo evitar caer en el greenwashing, sino también contribuir a un mercado inmobiliario más justo y responsable.

Educación financiera: una deuda pendiente

Por: Julián Blas, Cofundador y COO de Fraccional.cl

El endeudamiento de los chilenos, que representa el 48,4% del PIB según el último informe del Banco Central, es una señal clara de la falta de educación financiera.

Es más, 1 de cada 5 personas presenta una alta deuda, superior al 50% de su ingreso mensual. Durante décadas, el sistema educativo ha omitido esta formación esencial, dejando a las personas sin las herramientas necesarias para tomar decisiones responsables con sus finanzas.

Es urgente que la educación financiera se integre desde la enseñanza escolar y/o universitaria para preparar a las generaciones a enfrentar los desafíos económicos actuales, promover el ahorro e invertir con criterio. Sin este conocimiento, las personas seguirán cayendo en el ciclo del endeudamiento.

No podemos seguir  auspiciando el consumo a crédito. Es hora de priorizar la educación financiera para construir una sociedad más informada y económicamente estable.

Desafíos en seguridad vial 

Por: Pedro García, CEO en MIGTRA

Con la cercanía de un nuevo fin de semana largo, surge la necesidad urgente de reflexionar sobre la seguridad vial en nuestras carreteras. Los recientes datos de las Fiestas Patrias son alarmantes: a pesar de las campañas preventivas, el número de fallecimientos por accidentes aumentó un 64.9% en comparación con el mismo período de 2019, cuando las celebraciones duraron la misma cantidad de días que en 2024.

Si bien los accidentes de tránsito disminuyeron un 30%, el incremento de las muertes evidencia la gravedad de los riesgos que persisten en nuestras carreteras y concluyendo que hoy los accidentes son más fatales.

Para abordar esta situación, es fundamental identificar los factores que contribuyen a los accidentes:

1. Comportamientos de los conductores: En este factor las principales causas de accidentes son el exceso de velocidad, Consumo de alcohol y distracciones o actitudes imprudentes.

2. Vulnerabilidad y comportamiento de peatones y ciclistas: Este es un factor doble, que por un lado se refiere a la condición de precariedad en que se encuentran estos usuarios de las vías y por el otro lado el hecho de que parte de los accidentes también es explicado por el comportamiento de ellos mismos.

3.- Infraestructura deficiente: Este factor está relacionado con la falta de mantenimiento de las vías, la ausencia de infraestructura de seguridad y, no menos importante, la ausencia de señalética vial.

4.- Ausencia de control o ambiente de control por parte de Carabineros o dispositivos automáticos que detecten y alerten ante conductas de riesgo y que puedan desincentivar conductas riesgosas.

Atendiendo a que el próximo fin de semana ya está encima, repasemos aquello que puede implementarse rápidamente y que puede ayudar a disminuir de manera muy significativa los accidentes de tránsito, hagámoslo cubriendo lo que deben hacer cada uno: 

-Conductores, Peatones y Ciclistas: Es crucial que todos quienes usan las vías cumplan con las normativas de tránsito, adopten comportamientos responsables y actitudes de conducción a la defensiva. Aquí ayudan bastante las campañas de comunicacionales que implementa CONASET y que buscan generar consciencia y mejorar la cultura vial.

– Carabineros: Dentro de sus posibilidades debe aumentar de manera significativa su presencia en las calles de tal forma de ayudar a generar un ambiente de control que desincentive las conductas temerarias asociadas a exceso de velocidad y conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Quizá podríamos imitar lo que hacen otros países implementando tecnología que nos permita multiplicar la percepción de presencia policial en las calles con radiopatrullas y personal de carabineros simulados (literalmente de cartón), también ayudarían puestos de control de itinerantes, no solo en las principales carreteras y calles.

– Empresas responsables de la operación de flotas de transporte: Deben multiplicar los esfuerzos de concientización a sus conductores para que puedan conducir con mayor precaución atendiendo a la mayor cantidad de vehículos que se esperan en las carreteras, al tiempo que incrementen los esfuerzos de supervisión y control del comportamiento vial de sus propios conductores.

Ojalá podamos lograr que los fines de semana largos ya no sean noticia por el número de accidentes, sino por las actividades y celebraciones. La seguridad en nuestras carreteras es un desafío que podemos superar si trabajamos juntos, con compromiso y utilizando todas las herramientas a nuestra disposición.

Una buena decisión adoptó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la ciudad.

En un amplio terreno tipificado como área verde en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes,  localizado en la esquina de las vías Américo Vespucio Norte, Cerro Colorado y Alonso de Córdova, funcionaron durante muchos años 22 canchas de tenis explotadas por unos particulares, a través de una concesión gratuita, entregada a ellos por el gobierno de Pinochet y al término de la misma, como esos concesionarios, ya en democracia, se negaban a devolver el terreno al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), fue necesario que el gobierno iniciara acciones judiciales, las que tuvieron éxito en la Corte Suprema, gracias a la mano conductora del abogado René Abeliuk (QEPD).

Cuando el Estado pudo recuperar el predio, con rol 907-25 del Servicio de Impuestos Internos (SII), con la totalidad de sus canchas de tenis operativas, el Serviu se lo entregó en comodato a la Federación de Tenis de Chile para que sus canchas fueran ocupadas en sus actividades propias, pero como su utilización no era la correcta, entre otras cosas, se eliminaron algunas de ellas para dar paso a actividades mercantiles más productivas, el Serviu con fecha 23 de diciembre de 2015 puso término anticipado al contrato, sin que produjera efecto.

Tiempo después, Cristián Monckeberg, titular el Minvu, en conjunto con Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, se pusieron de acuerdo para construir en ese terreno urbano unos cuantos edificios de departamentos orientados a familias de escasos recursos, interesante proyecto de bien público que, por distintas razones, todas imputables a la municipalidad, nunca prosperó y no tiene sentido dar a conocer los motivos por los cuales fracasó esa excelente idea de ambas autoridades.

El actual gobierno de Boric tomó el toro por las astas, dentro de la política pública llamada Plan de Emergencia Habitacional, y decidió tiempo atrás edificar allí 2 edificios para familias vulnerables que tengan acceso a los subsidios del Minvu, conformando un espectacular parque. Para tal propósito la municipalidad de Las Condes debía notificar a la Federación de Tenis de Chile que restituyera el terreno al Serviu fines de mayo de 2024, lo que se incumplió, por lo tanto lesionándose las confianzas suscritas en un formal convenio. Se debe tener presente que ambas partes -Minvu y municipalidad- habían declarado que la integración social es una necesidad impostergable, recordándose que en nuestro país hay 700.000 familias que carecen de una vivienda digna.     

Así las cosas, dado que este indispensable proyecto del gobierno entregará una solución concreta, en un par de años más, para 340 familias necesitadas, las que dispondrán de sus hogares en esos 2 edificios en altura, rodeados de magníficas áreas verdes consolidadas y otros servicios comunitarios, valoramos en su justa dimensión que la devolución del predio, por parte de la municipalidad de Las Condes al Minvu, será el próximo miércoles 30 de octubre de 2024, en una actividad social vecinal y oficial, dentro de un sano ambiente. Entendemos que en esa ocasión estrecharan sus manos el ministro Carlos Montes o la Seremi Carolina Casanova, con la alcaldesa que resulte electa el próximo domingo 27 de octubre.  

diciembre 23, 2024 5:03 am
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