Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
La expresión latina del título de esta columna de opinión es un conocido principio del derecho que significa que «cuando hay la misma razón, debe haber una misma disposición» y por ello aludimos y complementamos la carta publicada el 18/10/2024 en el diario El Mercurio, con nombre «Vivienda propia en Estación Central», firmada por el abogado Ignacio Pérez Walker, en la cual objeta que en esa comuna existan 4.000 departamentos vacíos porque «el alcalde Felipe Muñoz se niega a otorgar las recepciones finales de proyectos habitacionales que cumplen con la normativa vigente» (sic).
El abogado también dice que «hay acciones penales e investigación por parte del Ministerio Público».
En nuestra calidad de conocedores de la situación, motejada por la prensa como guetos verticales, expresamos que se trata de 4 altos edificios autorizados con permisos que vulneraron la normativa urbana, actos administrativos municipales que no se invalidaron oportunamente, ello conforme al contenido del reciente dictamen N° E552568/2024 del 15/10/2024, emitido por la Contraloría General de la República.
Se debe recordar que este episodio comenzó hace varios años cuando un arquitecto, ejerciendo el cargo de director de obras municipales (DOM), cursó infinidad de permisos para edificios con agrupamiento continuo, los que, por ser contrarios a derecho, fueron denunciados por organizaciones ciudadanas de la comuna de Estación Central.
En paralelo, la fundación Defendamos la Ciudad fue escuchada por el directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), presidida por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, instancia que no mostró mayor interés en resolver la situación, motivo por el cual todos los antecedentes le fueron entregados en el año 2017 a la Contraloría para que resolviera a la luz de un listado del 23/06/2017, referido a 73 de este tipo de permisos otorgados a partir del año 2013, cuando Rodrigo Delgado ejercía como alcalde.
A través de unos cuantos dictámenes del ente fiscalizador, dirigidos a la municipalidad de Estación Central, se le ordenó la paralización de faenas de los mismos y la invalidación de los permisos, orden vinculante que fue desacatada por el DOM en ejercicio, instancia que continuaba otorgando permisos, motivo por cual fue destituido y reemplazado por otra funcionaria que, campante, seguía tramitando y otorgando permisos.
Suponemos que ambos funcionarios municipales se resistían a obedecerle a la Contraloría porque sabían que en Chile no se cumplen los 2 artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que exigen las demoliciones de los edificios ilegales.
En razón a que los dictámenes de la Contraloría eran desoídos por dicha municipalidad, quien firma, se entrevistó con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, proponiéndole una solución concreta, consistente en contemplar compensaciones económicas a las empresas, para ser utilizadas en obras en el espacio público de esa comuna, ello por cuanto en esa fecha ya se habían levantado del orden de las 40 torres habitacionales transformados en hechos consumados.
Al ministro le gustó la idea y por ello nos solicitó que se la enviáramos por escrito, lo que con prontitud se hizo, pero su sucesor, Felipe Ward, no se interesó en la propuesta. El actual ministro Carlos Montes, tampoco se ha pronunciado sobre tal propuesta.
Actualmente existen unos 60 edificios construidos y habitados, por ende todos con recepciones finales otorgadas, menos los 4 edificios mencionados en el segundo párrafo, y por ello debe prevalecer obligatoriamente el principio mencionado en esta columna, ya que ese municipio no puede proceder de manera distinta con edificios levantados con el mismo vicio de origen.
Ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar la querella interpuesta, hace 3 años, en el 6° juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de prevaricación administrativa en contra de todos los funcionarios municipales que no respetaron las reglas del juego urbanístico en la comuna de Estación Central.
Quienes firmaron dicha querella criminal fueron los arquitectos Miguel Lawner, Jonás Figueroa y Miguel Prieto, el dirigente ciudadano de Estación Central, Alejandro Verdugo, el ingeniero civil Antonio García y quien suscribe, promotor de la misma.
La fiscal Giovanna Herrera inició la investigación y como después hubo nuevas querellas, una del actual alcalde Felipe Muñoz, en contra de funcionarios venales y otras en contra de él mismo, todas ellas se fusionaron en una y como la investigación, por extraños motivos no avanzaba, a pesar de nuestras solicitudes de entrevista a los fiscales Xavier Armendáriz y Ángel Valencia, la Contraloría en días recientes, se dirigió entregando todos los antecedentes de respaldo, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el propósito de que finalmente «las instituciones puedan funcionar».
En concreto, los malos funcionarios municipales deben ser sancionados por la Jueza del 6° Garantía de Santiago, Vania Boutaud, a la luz de los cargos que les imputen el fiscal que está investigando y conforme al título de la columna, somos partidarios de que los 4 edificios todavía no habitados, cuenten a la brevedad con las recepciones finales respectivas y por ello, estamos seguros de que el alcalde Felipe Muñoz instruirá al DOM en funciones para que proceda en consecuencia.
