El decreto permite a la AABE efectuar medidas y deslindes necesarios para vender propiedades ocupadas sin título legítimo o cuya fiscalización esté obstruida.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El Gobierno argentino ha anunciado planes para vender una amplia variedad de empresas, terrenos y edificios públicos. Con la reciente reorganización del Gabinete, las privatizaciones estarán bajo la supervisión del ministro de Economía, Luis Caputo. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para reestructurar el aparato estatal y generar ingresos adicionales.
En la reorganización, Caputo asumirá el control de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, que previamente dependía de la Jefatura de Gabinete. Además, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el nuevo ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibirán áreas específicas del gobierno, disminuyendo la influencia del jefe de ministros.
El gobierno, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, busca avanzar con privatizaciones aprobadas por el Congreso y explorar vías legales para desmantelar otras entidades estatales como Correo Argentino y Tandanor. Paralelamente, se espera la venta de terrenos y edificios públicos administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dirigida por Nicolás Pakgojz, un exfuncionario vinculado a IRSA y al empresario Eduardo Elzstain.
La auditoría inicial realizada por el gobierno identificó más de 40,000 propiedades estatales, de las cuales unas 400 estarían destinadas a la venta en esta primera fase. El decreto permite a la AABE efectuar medidas y deslindes necesarios para vender propiedades ocupadas sin título legítimo o cuya fiscalización esté obstruida.
La AABE también puede delegar la venta de estos inmuebles a entidades bancarias especializadas, tanto nacionales como internacionales. Además, la Agencia puede solicitar la intervención de la Cancillería para gestionar la venta de propiedades ubicadas en el extranjero. El procedimiento incluye la posibilidad de reducir el precio venal en hasta un diez por ciento en caso de que no haya postores u oferentes.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se vendieron propiedades del Estado por aproximadamente 842 millones de dólares, muchas veces por debajo de la tasación oficial y en subastas cuestionables. Entre los beneficiarios estuvieron Nicolás Caputo y otros empresarios cercanos al expresidente. El actual gobierno parece seguir un camino similar, con la venta de bienes públicos a empresarios allegados.
En cuanto a las privatizaciones de empresas públicas, el gobierno tiene planes para Agua y Saneamiento Argentino (Aysa), Corredores Viales y otras entidades. Algunos proyectos requieren la aprobación del Congreso, mientras que otros podrían avanzar bajo la interpretación de leyes y decretos vigentes, como la Ley 24.156 de 1992. Entre las empresas en la mira se encuentran Correo Argentino, Tandanor, IMPSA y EANA.
La primera versión de la Ley Bases del gobierno incluía la privatización de 41 empresas, incluyendo Arsat, Banco Nación, y Aerolíneas Argentinas. Después de negociaciones, la lista se redujo, y el Congreso finalmente aprobó la privatización parcial de Energía Argentina SA, Intercargo SAU y otras entidades. Sin embargo, cualquier venta significativa aún requerirá pasar por comisiones parlamentarias y auditorías de organismos como la SIGEN y la AGN.
En el caso específico del Correo Argentino, el gobierno sostiene que puede avanzar con la privatización basándose en el decreto 721/2004. Sin embargo, algunos abogados argumentan que esto podría contravenir la «doctrina de los actos propios». Los trabajadores del Correo denuncian despidos y retiros voluntarios que, según ellos, son parte de un plan para vaciar la empresa y transformarla en una franquicia.
El gobierno, liderado por la Libertad Avanza, continúa con su plan de privatización, enfrentando tanto desafíos legales como resistencias políticas y sindicales en su intento por reducir el tamaño del Estado y privatizar sus activos.
