La prevención también es infraestructura

Ya es comuna que cada invierno se pone a prueba la resiliencia de Chile. Las lluvias intensas, los desbordes de ríos, los cortes de caminos y las inundaciones vuelven a recordarnos que el cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad permanente. Sin embargo, no todos los sistemas frontales tienen las mismas consecuencias. La diferencia, muchas veces, no está en la intensidad de las precipitaciones, sino en el nivel de preparación con que las enfrentamos.

La estimación preliminar de Colliers, que sitúa los daños económicos del actual sistema frontal en más de US$150 millones, dimensiona el impacto que este tipo de eventos sigue generando sobre la agricultura, la infraestructura pública y las viviendas. La cifra es relevante, pero quizás más importante es otro dato que deja esta emergencia: por primera vez en varios años, la conversación no gira únicamente en torno a las pérdidas, sino también a la capacidad de respuesta del Estado.

Las experiencias vividas durante los temporales de 2023 y 2024 parecen haber dejado aprendizajes. Hoy existe una mayor coordinación entre el Gobierno, los gobiernos regionales, los municipios y los organismos de emergencia. Los monitoreos son más oportunos, las alertas llegan con mayor anticipación y las instituciones han demostrado una capacidad de reacción que, si bien todavía enfrenta desafíos, ha permitido contener parte de los impactos que en otros años habrían sido mucho mayores.

Esa coordinación también tiene un valor económico. Cada vivienda protegida, cada ruta que permanece operativa y cada evacuación preventiva evita costos que rara vez aparecen en los balances finales. La prevención, aunque no siempre sea visible, también es una forma de inversión pública.

No obstante, sería un error interpretar este resultado como una señal de que el problema está resuelto. Los daños siguen siendo cuantiosos y la vulnerabilidad estructural permanece intacta en numerosos territorios. Sectores agrícolas expuestos a inundaciones, ciudades con sistemas de evacuación insuficientes, viviendas emplazadas en zonas de riesgo y una infraestructura que deberá adaptarse a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes forman parte de una realidad que exige decisiones de largo plazo.

El desafío ya no consiste únicamente en reconstruir después de cada emergencia, sino en construir ciudades y territorios capaces de resistirlas. Eso implica fortalecer la infraestructura hidráulica, actualizar la planificación urbana, proteger los ecosistemas que actúan como barreras naturales y utilizar información territorial para anticipar los riesgos antes de que estos se materialicen.

La resiliencia dejó de ser un concepto técnico reservado para especialistas. Hoy constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, la inversión inmobiliaria y la calidad de vida de millones de personas. Cada peso destinado a prevención, planificación e infraestructura adaptativa representa, en realidad, un ahorro frente a los costos de futuras catástrofes.

Porque el verdadero éxito de una emergencia no se mide únicamente por los daños que provoca un temporal, sino también por aquellos que, gracias a una planificación adecuada, nunca llegan a ocurrir.