La polémica sobre la reconstrucción en El Olivar que tensiona la gestión comunicacional del Gobierno

La reconstrucción de El Olivar, uno de los sectores más golpeados por el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024, volvió a quedar en el centro del debate. Esta vez, sin embargo, la discusión no giró en torno a la entrega de viviendas o al cumplimiento de los plazos comprometidos, sino a una disputa pública entre autoridades que terminó de forma tan inesperada como comenzó: con la eliminación de todos los videos que alimentaron la polémica.

Lo que parecía una diferencia técnica sobre el estado de las viviendas derivó rápidamente en un enfrentamiento político y comunicacional. En pocas horas, un parlamentario, un ministro y un seremi fijaron posiciones opuestas mediante redes sociales. Horas más tarde, los tres registros desaparecieron sin explicación.

El episodio abrió una nueva interrogante: ¿se trató de decisiones individuales o de una estrategia para desactivar una controversia que comenzaba a tensionar la gestión del proceso de reconstrucción?

Una visita que encendió el conflicto

La controversia comenzó con una fiscalización realizada por el diputado Andrés Celis (RN) a las viviendas prácticamente terminadas de El Olivar, conjunto habitacional que el Ministerio de Vivienda evalúa demoler tras informes técnicos que detectaron fallas estructurales.

Tras recorrer el lugar, el parlamentario aseguró que las viviendas presentaban un avance cercano al 99,5% y que no observó daños atribuibles a las lluvias registradas en la Región de Valparaíso. Aunque insistió en que su objetivo no era abrir una disputa política, cuestionó que las familias continuaran esperando una solución habitacional y anunció oficios para acelerar el proceso de reconstrucción y las compensaciones a los afectados.

El mensaje era claro: desde su perspectiva, las viviendas no evidenciaban deterioros visibles que justificaran su demolición.

La respuesta del Ministerio

La reacción del ministro de Vivienda, Iván Poduje, fue inmediata y también ocurrió a través de redes sociales.

En un video, el secretario de Estado cuestionó directamente las conclusiones del diputado, calificando de irresponsable emitir un juicio basado únicamente en una inspección visual.

Según explicó, las deficiencias detectadas corresponden a problemas estructurales que no son perceptibles a simple vista y que comprometen la seguridad de las edificaciones. Incluso advirtió que algunas viviendas presentaban riesgo de colapso, razón por la cual serían acordonadas para impedir el ingreso de personas.

La diferencia entre ambas versiones dejó en evidencia dos diagnósticos completamente distintos respecto del estado de las obras.

El respaldo técnico

Horas después, el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, reforzó la postura del ministro mediante un nuevo registro audiovisual.

La autoridad regional explicó que los informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y el Idiem de la Universidad de Chile identificaron problemas asociados al diseño estructural, al proceso constructivo y al incumplimiento de normas contra incendios, descartando que la discusión estuviera relacionada con simples filtraciones o daños superficiales provocados por el invierno.

Con ello, el Gobierno buscó instalar que la decisión de demoler parte de las viviendas responde a criterios técnicos y no a evaluaciones visuales.

Los videos desaparecen

Cuando la controversia parecía escalar, ocurrió un hecho que cambió completamente el foco.

Primero desapareció el video publicado por el diputado Celis. Luego ocurrió lo mismo con el registro del ministro Poduje y, posteriormente, con el del seremi Ruiz.

Ninguna de las tres autoridades informó públicamente las razones de la decisión ni emitió declaraciones posteriores que aclararan el episodio.

La eliminación prácticamente simultánea de los registros terminó alimentando especulaciones sobre una eventual coordinación para cerrar un conflicto que comenzaba a instalar diferencias públicas en medio de un proceso de reconstrucción altamente sensible.

La gestión comunicacional bajo la lupa

Para el periodista y doctor en Comunicaciones, Felipe Vergara, la secuencia difícilmente puede interpretarse como una coincidencia.

A su juicio, la eliminación de los videos sugiere que existió algún nivel de coordinación entre las partes para desescalar una controversia que terminaba perjudicando la imagen del propio proceso de reconstrucción.

Más allá de esa interpretación, Vergara sostiene que el verdadero problema quedó relegado por una discusión mediática. Mientras las autoridades debatían públicamente sobre el estado de las viviendas, las familias afectadas continúan esperando una solución definitiva y los plazos comprometidos por el Ejecutivo siguen acumulando retrasos.

Más preguntas que respuestas

Independiente de cuál sea el diagnóstico correcto sobre las viviendas de El Olivar, el episodio deja expuestas las dificultades que enfrenta la gestión comunicacional de una crisis habitacional de alta sensibilidad pública.

Si las viviendas representan un riesgo estructural inminente, como sostiene el Ministerio, el foco termina desplazándose hacia una disputa política en redes sociales. Si, por el contrario, existían antecedentes para cuestionar la demolición, tampoco resulta evidente por qué quienes defendían esa posición decidieron retirar los registros que la respaldaban.

La desaparición simultánea de los tres videos no modifica el problema de fondo: una reconstrucción que avanza con retraso, familias que siguen esperando una respuesta definitiva y una controversia que, lejos de despejar dudas, terminó dejando abiertas nuevas preguntas sobre la coordinación política y comunicacional del proceso.