Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El multimillonario Elon Musk, hombre fuerte del gobierno de Donald Trump, detectó que la USAID, agencia de los EEUU para el desarrollo internacional (sic), es una cueva de piratas, cuya misión ha sido repartir a destajo recursos financieros de los contribuyentes de ese país, que van a organizaciones de todo tipo para subvertir el orden público de diversos países. Se dice que ha sido la mayor donante del mundo y para terminar con sus pillerías, el nuevo gobierno de ese país colocó a su cabeza al duro secretario de Estado, Marco Rubio.
La USAID se creó en el año 1961 con nobles propósitos, como la ayuda humanitaria, durante el gobierno del presidente mártir, John F. Kennedy, pero a través del tiempo se transformó en un apéndice de la CIA para desempeñarse en misiones encubiertas, infiltrando partidos políticos, malversando miles de millones de dólares en sus cometidos internacionales, entre otros, financió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dirigió en el año 2014 la revuelta política en Ucrania que significó la caída violenta del presidente Yanukóvich y el posterior ascenso de Zelenski y otras tantas actividades injerencistas en todas partes, naturalmente incluyendo a Chile. Más de 100 medios de prensa y más de 600 periodistas recibieron atractivas colaboraciones de dicha nociva agencia norteamericana.
Pues bien, en algunos medios que no son meras comparsas de los grupos económicos que los guían en el tratamiento de las noticias, como éste, hemos informado acerca del contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dejó sin efecto un par de permisos de edificación, con una inversión de US$ 100 millones, en la ciudad de Viña del Mar, del empresario Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), asociación gremial empresarial que se caracteriza por ser el más efectivo lobbysta del país.
Con un lenguaje sumamente comedido, teniéndose en cuenta que el aludido proyecto se localiza en una zona de riesgo, le enviamos nuestra opinión sobre ese fallo a todos los medios de comunicación que descaradamente se autodefinen como serios, sin que ninguno de ellos se haya atrevido a publicar nuestro opúsculo que, en síntesis planteaba, que los inversionistas deben respetar los marcos regulatorios existentes para que se produzca una correcta competencia dentro de un Estado de Derecho, concluyéndose entonces que esa prensa, mayoritariamente de derecha, privilegia a todo evento los intereses de sus avisadores y mentores, negando por lo tanto a sus lectores que conozcan la verdad de los hechos.
De los cientos de casos similares que conocemos, por ser de plena actualidad y al disponer de nuevos antecedentes, volvemos a la carga dando cuenta del engaño que intentó hacer la municipalidad de Iquique, al desconocer las áreas de riesgo contenidas en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) de julio de 2022 que, conforme al mandato del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se debieron incorporar automáticamente en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique de 1981. Ello no sucedió para posibilitar solicitudes de permisos para proyectos inmobiliarios localizados en esas «áreas restringidas al desarrollo urbano», lo que se refleja en el capítulo 3.6 de ese instrumento normativo de mayor jerarquía.
Con esa argucia el afable director de obras municipales (DOM) otorgó numerosos permisos de edificación ilegales, por montos del orden de los US$ 750 millones, verdaderos trajes a la medida de sus titulares, los que, acorde al dictamen N° E310/2025 del 02/01/2025 del Subcontralor General de la República, debieron ser invalidados por el funcionario municipal que graciosamente los cursó.
Debido a que en nuestro país es difícil que se cumpla la ley, con el abogado Enzo Morales, teniéndose presente que el 03/02/2025 se promulgó el nuevo PRC, oportunamente le solicitamos audiencias al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, al DOM de Iquique, Sergio García, al Seremi Minvu, Diego Rebolledo y a la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera. Como era esperable, solo la señora Vera nos confirmó que tendremos una entrevista con ella el 14/02/2025.
Al alcalde, al DOM y al Seremi, aparte de tratar el asunto de las invalidaciones de los permisos contrarios a derecho, teníamos interés en aclararles que el uso de suelo del terreno del Club de Tenis Tarapacá, localizado en calle Bulnes 140, predio urbano que, en una lucrativa operación especulativa, la directiva del mismo vendió a un tercero inmobiliario es equipamiento deportivo, conforme lo dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que no quedó reflejado en el añejo y mal elaborado PRC de Iquique del año 1981. A raíz de este error, la directiva del club hizo el negocio.
La opinión pública de Tarapacá sabe que todos los intervinientes en la transacción comercial están formalizados y suponemos que tanto Soria, como Rebolledo y García, están calculando los costos políticos que tendrían que asumir, si nos reciben en sus despachos. Por este simple motivo, todavía no ha habido respuesta a nuestra solicitud de audiencia.
Asimismo, para ponerlos al día en esta sensible materia, le ofrecimos al gobernador regional de Tarapacá, José Carvajal, a la delegada Presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso y a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá, Roxana Galleguillo, explicarles en qué consiste y sus negativas consecuencias para el territorio, el erróneo proceder de la municipalidad de Iquique. Al parecer estos 3 funcionarios (as) públicos no desean involucrarse en este episodio, pues ninguno de ellos mostró interés en conversar con nosotros. Si no es posible entrevistarnos con las autoridades municipales y regionales mencionadas es irrelevante, pues la única reunión que producirá efectos concretos es la tendremos con la Contralora Regional de Tarapacá el próximo día 14/02/2025.
Por último, aludiendo a la espuria conducta de la USAID, sería necesario conocer oficialmente, cuáles son las ONG,s y medios de comunicación que recibieron financiamiento en Chile de esa tenebrosa y corrupta agencia norteamericana.
