El Comité de Ministros dio luz verde a uno de los mayores proyectos habitacionales del país. Pero, como suele ocurrir en Chile, la aprobación técnica no cierra el debate político, social ni ambiental.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Hay proyectos que se construyen en el tiempo. Y otros que, antes de levantar un solo muro, ya dividen a una comunidad. Maratué pertenece a esa segunda categoría.
Esta semana, el Comité de Ministros despejó el último gran obstáculo administrativo y ratificó la viabilidad ambiental del proyecto habitacional que busca levantar más de 14 mil viviendas en Puchuncaví. Una decisión que, en términos formales, pone fin a años de tramitación. Pero que, en la práctica, abre una nueva etapa: la del conflicto en terreno.
Porque si algo demuestra la historia reciente de la planificación urbana en Chile es que aprobar no es lo mismo que legitimar.
Maratué no es un proyecto menor. Se trata de una intervención a gran escala, pensada a 45 años, que proyecta la construcción de hasta 14.180 viviendas, con un desarrollo gradual de unas 300 unidades por año . En el papel, la iniciativa promete equilibrio: un 50% de áreas verdes, integración urbana y un porcentaje relevante de viviendas destinadas a primera residencia .
También promete respuesta. En una región tensionada por el déficit habitacional, la idea de sumar miles de soluciones —incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas— aparece como una oportunidad concreta .
Pero el problema nunca ha sido solo la cantidad.
En Puchuncaví, una zona históricamente marcada por conflictos ambientales, la llegada de una “ciudad nueva” no se mide únicamente en viviendas, sino en su impacto acumulado: agua, suelo, ecosistemas, identidad local.
Las objeciones que acompañaron el proyecto —y que llegaron hasta el Comité de Ministros— no eran meramente formales. Hablaban de escasez hídrica, de suelos complejos y de una comunidad que ha aprendido, a la fuerza, a desconfiar de las promesas de desarrollo.
La aprobación, en ese sentido, no borra esas tensiones. Solo las reubica.
Desde el Gobierno, la señal es clara: destrabar inversiones, acelerar decisiones y entregar certezas regulatorias. Maratué, con una inversión cercana a los US$ 2.000 millones, se convierte así en una pieza clave de esa estrategia .
En tiempos donde el crecimiento económico vuelve a instalarse como urgencia, proyectos de esta magnitud son vistos como motores más que como interrogantes.
Pero toda política de aceleración tiene su costo.
El urbanismo —como la política— no ocurre en abstracto. Ocurre en territorios concretos, con memorias, conflictos y límites. Y en lugares como Puchuncaví, esos límites no son teóricos: son visibles, tangibles, acumulativos.
Quizás por eso Maratué genera incomodidad. Porque encarna una tensión más profunda: la que existe entre la necesidad urgente de vivienda y la capacidad real de los territorios para absorber ese crecimiento sin repetir errores del pasado.
Al final, la pregunta no es si Chile necesita proyectos como este. La respuesta parece evidente. La pregunta es otra: bajo qué condiciones, con qué ritmos y con qué grado de participación real.
Porque construir ciudad no es solo sumar casas. Es definir cómo —y para quién— se habita el futuro.
Y eso, ningún comité lo puede resolver por sí solo.
