El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, cuestiona decisiones judiciales y administrativas en dos emblemáticos conflictos del sector Vivienda y Urbanismo, advirtiendo graves impactos para el interés público y la planificación urbana.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Dos controversias de alto impacto para la planificación urbana y la probidad administrativa mantienen en alerta a organizaciones ciudadanas y especialistas. Se trata, por una parte, del proceso de expropiación del terreno que ocupaba una estación de servicio Copec en el sector El Golf, en Las Condes, hoy en manos de la Corte Suprema; y por otra, del polémico permiso de edificación otorgado a la inmobiliaria Fundamenta para levantar cuatro torres de gran altura en Ñuñoa, caso que se encuentra en análisis de la Contraloría General de la República.
En el primer caso, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recordó que el terreno expropiado —afectado desde hace décadas por utilidad pública— fue tasado inicialmente en más de $4.200 millones por peritos del MOP, cifra que la empresa Copec consideró insuficiente, argumentando que el predio tenía aptitud inmobiliaria para construir una torre de hasta 15 pisos. “Resulta al menos curioso que Copec alegue ahora una capacidad edificatoria que nunca ejerció, pese a haber explotado comercialmente el terreno durante años”, señaló Herman.
El dirigente enfatizó que el predio estaba claramente afecto a utilidad pública, situación acreditada mediante el Certificado de Informaciones Previas (CIP) emitido por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, documento administrativo vinculante. “Aquí el Consejo de Defensa del Estado actuó correctamente, defendiendo el interés fiscal y recordando que no se puede valorar un terreno como si fuera edificable cuando la normativa lo destina a vialidad y transporte público”, afirmó. Pese a ello, el 5 de enero de 2026 la Corte Suprema validó la indemnización fijada por los tasadores, decisión que, según Herman, “confunde una conciliación económica con la correcta aplicación del derecho urbanístico”.
Respecto del segundo caso, Herman apuntó directamente a la inmobiliaria Fundamenta y al permiso otorgado para construir cuatro torres de 32 pisos en el ex estadio Manuel Plaza de Ñuñoa. El proyecto fue aprobado un día antes de que entrara en vigencia una modificación al Plan Regulador Comunal que reducía drásticamente la altura permitida. “Se aprovechó una ventana normativa para consolidar derechos adquiridos mediante un simple anteproyecto, una práctica conocida pero profundamente cuestionable desde el punto de vista del interés urbano”, sostuvo.
La principal controversia, explicó Herman, radica en el Estudio de Conos de Sombra presentado por la inmobiliaria, el cual —según especialistas— no se ajustaría a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. “El estudio no proyectó las sombras desde la altura máxima permitida de continuidad, lo que alteró artificialmente la comparación y permitió validar un proyecto sobredimensionado”, afirmó. Pese a las denuncias presentadas desde 2024 y las gestiones realizadas ante la Contraloría, hasta ahora no existe un pronunciamiento definitivo del ente fiscalizador.
Finalmente, el presidente de Defendamos la Ciudad valoró el reciente convenio firmado entre el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado para el intercambio de información. “Esperamos que esta coordinación fortalezca el rol del Estado y evite que operaciones inmobiliarias o expropiaciones se resuelvan en desmedro del interés público”, concluyó Herman, insistiendo en la necesidad de mayor rigor técnico y transparencia en decisiones que marcan el desarrollo de las ciudades.
