Nueva Ley de Protección de Datos y las cinco medidas a implementar

La transformación digital ha permitido que el mercado inmobiliario agilice procesos, mejore la experiencia de compra y facilite el acceso a la información. Sin embargo, también ha incrementado el volumen de datos personales que circulan durante una operación inmobiliaria. Remuneraciones, capacidad de ahorro, antecedentes comerciales, créditos hipotecarios, patrimonio y datos de contacto forman parte de la información que diariamente administran inmobiliarias, corredoras, brokers, entidades financieras y plataformas tecnológicas.

Ese escenario cambiará a partir del 1 de diciembre de 2026, cuando entre en vigencia la Ley N.º 21.719 sobre Protección de Datos Personales. La normativa crea nuevas obligaciones para las organizaciones, incorpora el principio de responsabilidad demostrada y establece multas que pueden alcanzar las 20.000 UTM para las infracciones más graves.

Para Karina Cerda, abogada de la Fiscalía de Asuntos Corporativos y Legales de JetBrokers, la nueva legislación representa un cambio profundo en la forma en que el sector debe entender el tratamiento de la información.

La especialista explica que la industria inmobiliaria trabaja con antecedentes financieros y patrimoniales especialmente sensibles, por lo que el cumplimiento de la ley no dependerá únicamente de las medidas que adopte cada empresa de manera individual, sino también de la coordinación entre todos los actores que intervienen durante una compraventa. A su juicio, la protección de los datos personales deja de ser una materia exclusivamente jurídica para transformarse en un componente estratégico de toda la operación inmobiliaria.

La información se convierte en un activo que también debe administrarse

El primer paso para adaptarse consiste en conocer exactamente qué información maneja la organización.

Muchas empresas almacenan antecedentes durante años sin tener claridad sobre su utilidad, duplican bases de datos o mantienen accesos que ya no responden a necesidades operativas. La nueva legislación obliga a identificar qué datos se recopilan, con qué finalidad, quién puede acceder a ellos y cuánto tiempo permanecerán almacenados.

Más que un requisito administrativo, este diagnóstico permitirá reducir riesgos y ordenar uno de los activos más relevantes de cualquier organización: la información de sus clientes.

El consentimiento deja de ser una formalidad

Uno de los cambios más relevantes que introduce la ley es la forma en que las empresas obtienen la autorización para tratar datos personales.

El consentimiento deberá ser libre, informado, específico e inequívoco, lo que obligará a revisar formularios, contratos, sitios web y plataformas digitales. Las autorizaciones genéricas o poco claras dejarán de cumplir con los nuevos estándares.

En la práctica, las organizaciones deberán explicar de forma transparente qué información solicitan, para qué la utilizarán y durante cuánto tiempo la conservarán, fortaleciendo la confianza durante todo el proceso comercial.

La responsabilidad no termina dentro de la empresa

En el mercado inmobiliario los datos rara vez permanecen en una sola organización.

Durante una compraventa es habitual que la información sea compartida con bancos, notarías, entidades patrocinantes, proveedores tecnológicos, empresas de tasación y otros actores que participan del proceso.

Por ello, la normativa obliga a revisar contratos, políticas de privacidad y protocolos internos para establecer claramente quién es responsable del tratamiento de los datos, cuáles son las obligaciones de cada participante y qué medidas de seguridad deberán implementarse.

La coordinación entre las distintas organizaciones será uno de los aspectos más relevantes para cumplir adecuadamente la nueva regulación.

La capacidad de respuesta también será parte del cumplimiento

La ley no solo exige prevenir incidentes, sino también estar preparados para reaccionar cuando ocurran.

Las empresas deberán contar con protocolos que permitan detectar una filtración, contener sus efectos, evaluar los riesgos para los titulares de los datos y comunicar oportunamente aquellos incidentes que puedan afectar sus derechos.

La planificación previa será determinante, especialmente considerando el creciente número de ciberataques que enfrentan las organizaciones y el volumen de información sensible que maneja la industria inmobiliaria.

La protección de datos comienza con las personas

Aunque gran parte del debate suele centrarse en aspectos tecnológicos, buena parte de los riesgos proviene de errores humanos.

Ejecutivos comerciales, brokers, personal de atención, equipos de marketing y proveedores externos manipulan diariamente antecedentes personales de los clientes, por lo que deberán conocer las nuevas obligaciones y comprender cómo actuar frente a situaciones cotidianas, como el envío de documentación, el almacenamiento de antecedentes o el acceso a bases de datos.

Para Karina Cerda, la capacitación será uno de los pilares del proceso de adaptación. La abogada sostiene que levantar la información, identificar brechas y actualizar procedimientos requiere tiempo, especialmente en empresas donde intervienen múltiples proveedores y plataformas. Por ello, recomienda iniciar cuanto antes un trabajo transversal que involucre a todas las áreas de la organización y no únicamente a los equipos legales o tecnológicos.

La nueva exigencia será demostrar que la información está protegida

La Ley N.º 21.719 incorpora un cambio de enfoque que marcará un antes y un después para el sector inmobiliario. Ya no bastará con declarar que se cumplen las normas; las empresas deberán demostrar que implementaron medidas concretas para proteger la información que administran.

Ese cambio responde a una realidad evidente: la confianza también forma parte del negocio inmobiliario. Quien compra una vivienda no solo entrega recursos para concretar una inversión patrimonial; también comparte antecedentes personales, financieros y familiares que requieren un estándar de protección cada vez más alto.

En ese escenario, la entrada en vigencia de la nueva legislación no debería entenderse únicamente como una obligación regulatoria. También representa una oportunidad para fortalecer las buenas prácticas, elevar los estándares de la industria y consolidar una relación de mayor transparencia y confianza entre las empresas y sus clientes.