El costo oculto de postergar: La trampa de la "economía" en la mantención de condominios.

En el mercado inmobiliario chileno, existe una peligrosa tendencia a confundir el ahorro con la negligencia. En épocas de estrechez económica, muchos Comités de Administración, presionados por la comunidad, optan por la vía rápida para bajar el gasto común: postergar las mantenciones preventivas de las instalaciones críticas. Lo que se presenta como una "gestión eficiente" no es más que una irresponsabilidad financiera que destruye, gota a gota, el patrimonio de los copropietarios.
La Ley N° 21.442 no solo regula la convivencia; establece una obligación civil explícita respecto a la conservación de los bienes comunes. El artículo 22 es claro al señalar que el Comité y la administración deben velar por el correcto funcionamiento de la infraestructura. Ignorar este mandato bajo la excusa de "ahorrar" configura una falta grave a los deberes del cargo y expone a la comunidad a costos devastadores.
¿Cuál es el verdadero impacto de suspender una mantención?
Primero, la devaluación patrimonial activa. Un edificio con salas de bombas deficientes, calderas sin certificación o ascensores paralizados pierde valor de mercado de forma inmediata. El ahorro mensual de unos pocos pesos se transforma en una pérdida de millones en la plusvalía del inmueble.
Segundo, el efecto multiplicador del gasto. La física y la ingeniería no responden a decretos de comités. Una mantención preventiva en un sistema de agua potable o CCTV cuesta una fracción de lo que significa reparar una falla catastrófica por emergencia. Cuando un equipo crítico colapsa por falta de revisión, el costo de reparación o reemplazo es hasta diez veces superior, obligando a decretar cuotas extraordinarias que asfixian el presupuesto familiar.
Tercero, la responsabilidad legal y penal. La nueva legislación eleva los estándares de seguridad. Si un ascensor falla o un sistema de calderas colapsa causando daños a personas o bienes debido a la postergación de sus revisiones obligatorias, el Comité y la administración arriesgan demandas civiles e incluso responsabilidades penales por negligencia.
La mantención no es un gasto suntuario ni un ítem negociable; es la póliza de seguro que garantiza la habitabilidad y continuidad operativa del edificio. Es tiempo de que las comunidades dejen de aplaudir rebajas artificiales en los gastos comunes que solo esconden un deterioro estructural inminente. Administrar con responsabilidad implica entender que la prevención es la única economía real y sostenible en el tiempo.
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