Fundación Defendamos la Ciudad pide a Contraloría revisar modificación de la OGUC por eventual impacto en los planes reguladores

La Fundación Defendamos la Ciudad presentó el pasado 2 de agosto un requerimiento ante la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento respecto de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), normativa que actualmente se encuentra en proceso de toma de razón por parte del organismo fiscalizador.

La presentación, ingresada bajo el N° 349394/2026 y dirigida a la contralora general, Dorothy Pérez Gutiérrez, plantea dudas sobre la legalidad de algunos cambios incorporados al reglamento, particularmente aquellos que, a juicio de la fundación, podrían dejar sin efecto disposiciones contenidas en los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales.

El requerimiento surge a partir de una publicación realizada en LinkedIn por el abogado especialista en derecho inmobiliario Rodrigo Andreucci, cuyo análisis fue considerado por la organización como un antecedente relevante para solicitar la intervención de la Contraloría.

Según expone la fundación, si bien históricamente ha sostenido que la OGUC posee una jerarquía superior a los instrumentos de planificación territorial, el planteamiento del abogado abre un debate sobre los límites que debe tener la potestad reglamentaria del Ejecutivo cuando esta podría modificar, en la práctica, normas definidas en los planes reguladores.

Uno de los puntos cuestionados corresponde al cambio del factor utilizado para convertir habitantes en viviendas, aspecto que, según la organización, tendría efectos directos sobre las densidades urbanas autorizadas.

Como ejemplo, la fundación señala que un plan regulador comunal con un límite de 840 habitantes por hectárea actualmente permitiría construir alrededor de 210 viviendas. Sin embargo, con el nuevo criterio contenido en la modificación de la OGUC, podrían autorizarse hasta 600 viviendas en el mismo terreno, lo que implicaría una ocupación cercana a los 1.680 habitantes por hectárea, superando ampliamente la densidad originalmente establecida.

A juicio de Defendamos la Ciudad, esta situación podría traducirse en una modificación indirecta de los instrumentos de planificación urbana mediante un simple reglamento, alterando reglas que fueron definidas a través de procedimientos distintos y de mayor jerarquía normativa.

Por ello, la organización solicitó a la Contraloría que, si durante el proceso de revisión concluye que los cuestionamientos son fundados, el decreto sea devuelto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para su corrección antes de concluir la toma de razón.

En su presentación, la fundación también recordó que anteriormente ha manifestado reparos respecto del artículo 6.1.8 de la OGUC, disposición que, según sostiene, vulnera las reglas establecidas en los planes reguladores comunales.

Con este requerimiento, Defendamos la Ciudad busca que el órgano contralor determine si la modificación reglamentaria se ajusta al marco jurídico vigente o si corresponde introducir cambios antes de su entrada en vigor.