Inmobiliaria demanda a municipio de La Ligua por casi $4 mil millones tras paralización de proyecto en Los Molles

Una disputa que cruza desarrollo inmobiliario, protección ambiental y decisiones judiciales llegó a los tribunales con una millonaria demanda contra la Municipalidad de La Ligua. RD Constructora reclama una indemnización cercana a los $4 mil millones por los perjuicios que, según sostiene, habría provocado la paralización de su proyecto habitacional en Los Molles.

El conflicto se origina en torno al condominio Paseo Costanera Los Molles, iniciativa que contemplaba la construcción de un edificio de seis pisos con 195 departamentos. La empresa sostiene que el municipio incorporó los terrenos del proyecto dentro de una solicitud para declarar un humedal urbano, actuación que habría contribuido a frenar el desarrollo de las obras.

La controversia comenzó en 2021, cuando la Municipalidad de La Ligua solicitó al Ministerio del Medio Ambiente la declaración de humedal urbano para un área de 16,4 hectáreas en Los Molles. Dentro de esa superficie se encontraban los terrenos donde RD Constructora desarrollaba su proyecto.

La solicitud municipal se produjo mientras vecinos del sector recurrían a los tribunales para cuestionar la iniciativa inmobiliaria y exigir que fuera sometida a evaluación ambiental.

Ese mismo año, en junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió una orden de no innovar en el marco de uno de los recursos presentados contra el proyecto, lo que derivó en la paralización de las obras.

La superficie que quedó fuera del humedal

Uno de los principales argumentos de la constructora está relacionado con la delimitación definitiva del área protegida.

Aunque el municipio había solicitado inicialmente la declaración de 16,4 hectáreas, el Ministerio del Medio Ambiente terminó reconociendo un humedal urbano de 9,2 hectáreas.

La delimitación final dejó fuera los terrenos correspondientes al proyecto inmobiliario. Para RD Constructora, este antecedente resulta relevante para cuestionar la actuación municipal y sustentar los perjuicios económicos que atribuye a la administración comunal.

En su demanda, la empresa acusa al municipio de haber actuado con "grave negligencia" y una "total falta de razonabilidad", responsabilizándolo por las consecuencias económicas derivadas de la paralización y de las actuaciones relacionadas con la solicitud de protección ambiental.

La compañía reclama como indemnización base 100 mil UF, equivalentes a unos $3.935,7 millones, además de 500 UF mensuales, cerca de $19,7 millones, por concepto de costos financieros acumulados.

Municipio apunta a decisiones judiciales

La Municipalidad de La Ligua plantea una interpretación diferente del conflicto.

Desde la administración comunal sostienen que las paralizaciones no fueron provocadas directamente por el municipio, sino que respondieron a decisiones adoptadas por los tribunales a raíz de las acciones judiciales impulsadas por vecinos del sector.

El municipio agrega otro elemento a la discusión: a su juicio, el proyecto inmobiliario debe ingresar a un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que la controversia no estaría circunscrita únicamente al proceso de declaración de humedal urbano.

Así, el caso enfrenta dos posiciones sobre el origen de los perjuicios: mientras la constructora atribuye responsabilidad al municipio por las actuaciones vinculadas a la protección ambiental, la autoridad comunal sostiene que la paralización responde a resoluciones judiciales y a exigencias ambientales que todavía deben ser determinadas.

Un proyecto atrapado entre desarrollo y protección ambiental

El caso de Los Molles vuelve a poner sobre la mesa una tensión que se ha instalado con fuerza en distintos territorios: cómo compatibilizar el desarrollo inmobiliario con la protección de ecosistemas y las exigencias ambientales.

En este caso, el proyecto quedó detenido tras la intervención de vecinos, decisiones judiciales y un proceso de delimitación de humedal que finalmente reconoció una superficie menor a la solicitada originalmente por el municipio.

Ahora será la justicia la que deberá determinar si existió responsabilidad de la Municipalidad de La Ligua en los perjuicios reclamados por RD Constructora y, en caso de establecerse, si corresponde indemnizar los montos solicitados por la empresa.